Samuel Rotta: “La tolerancia hacia la pequeña y mediana corrupción se mantiene”

Comparte Comparte Comparte Comparte

Entrevista a Samuel Rotta, Director Ejecutivo de Proética, en el programa Nada Está Dicho de RPP Noticias

(Vía El Correo) Sobornos, coimas, interrogatorios, indicios, pruebas, prisión preliminar, preventiva, arresto domiciliario: palabras que, por estas fechas, forman parte de nuestras vidas. Samuel Rotta, director de Proética, opinó sobre la corrupción, el tema que se encuentra latente en la coyuntura nacional a raíz del Caso Lava Jato, y que tiene como principal protagonista a la constructora brasileña Odebrecht.

Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y surgió a raíz de la corrupción en los años ´90 durante la dictadura fujimorista. A partir de 2002, esta Ong realiza encuestas a nivel nacional sobre esta lacra social que origina la pérdida de millones para el estado peruano. Su director, Samuel Rotta, sostiene que, si se toman en cuenta los estudios que vienen realizando, el sentir de la población es contradictorio.

“Si ves la línea de tiempo, tú ves la preocupación de la ciudadanía por la gran corrupción, la indignación va aumentando claramente. Pero si ves la tolerancia de la gente hacia la pequeña y mediana corrupción, se mantiene estable, no se mueve nada. Son 2/3 de peruanos y peruanas que toleran pagar un sencillo para que te perdonen una multa”, indicó Rotta en entrevista con RPP, poniendo el foco sobre un indicador que no debemos pasar por alto, y que ciertamente refleja una ausencia de valores en la cotidianidad de los peruanos.

Asimismo, el director Samuel Rotta sostiene que existe un factor determinante en los escándalos de corrupción que viene involucrando a las altas esferas del poder en los últimos años.

“Hay un concepto clave que es de institucionalización. Si no fortalecemos nuestras instituciones, la cosa no va cambiar. Ya tuvimos un proceso de saneamiento en el cambio de siglo, con Fujimori, Montesinos, hubo sanciones, sentencias, intentos de cambios normativos importantes. Pero no llegamos a cambiar porque no avanzamos enserio en los procesos de institucionalización”, sostuvo.

Sin embargo, Rotta dice que los políticos están actuando para que esta lacra no vuelva a repetirse con ese nivel de gravedad que vienen padeciendo los ciudadanos. “Los procesos de reforma de sistema de justicia, reforma del sistema político, son un inicio, parece que hay un interés, un entendimiento de parte de las más altas esferas del poder”

Fecha: 04  de mayo del 2019

Comunicado: Por un Perú sin corrupción, la verdad no puede detenerse

Comparte Comparte Comparte Comparte

Ante la trágica muerte del ex-presidente Alan García, ocurrida durante una diligencia en una investigación de un caso de corrupción, Proética desea expresar que la pérdida de una vida humana es siempre lamentable y, por ello, extiende sus condolencias a sus deudos.

Rechazamos, sin embargo, la intención política de desacreditar las investigaciones del caso “Lava Jato”, que se esconde detrás de la actitud irresponsable de varios actores y sectores políticos, de pretender culpar de este trágico suceso al gobierno, a la prensa o al equipo especial de fiscales.

Reconocemos que uno de los factores más importantes en el avance de las investigaciones contra la gran corrupción es la independencia de los cuerpos de fiscales responsables de las mismas y de los jueces que toman las decisiones en cada etapa. Esta condición, que ha sido lograda en nuestro país a pesar de muchos obstáculos, debe respetarse y preservarse.

La verdad de lo que ocurrió en torno al robo multimillonario de recursos de los peruanos, perpetrado durante años por empresas y políticos corruptos, debe abrirse paso. Sabemos que tomará meses, o quizá años, hasta llegar a las primeras sentencias; sin embargo, la ruta está trazada. Por el desarrollo del Perú que merecemos, no debemos permitir que ésta se quiebre ni que se consagre, una vez más, la impunidad.

Lima, 19 de abril de 2019

Descarga nuestro comunicado aquí.

Agenda anticorrupción y liderazgo político. Hacia una nueva etapa

Comparte Comparte Comparte Comparte

Después del referéndum y de la salida del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, desde algunos sectores se ha venido señalando que la agenda de la lucha contra la corrupción del gobierno se ha desgastado como fuente de apoyo político y que al presidente Vizcarra le convendría trasladar su liderazgo a otros campos, usualmente entendidos como más cercanos al día a día de la ciudadanía.

Hay tres motivos, desde nuestro punto de vista, por los que descartar el tema anticorrupción o ponerlo en un segundo plano sería un error. En primer lugar, las investigaciones relacionadas al caso Lava Jato seguirán siendo protagonistas de nuestra vida política, tal como acaba de demostrarse con la orden de detención al ex presidente Pedro Pablo Kuczinsky, por lo que, mientras vayan conociéndose más detalles de las operaciones del elenco político y empresarial relacionado al caso, mientras vayan tomándose medidas restrictivas o no y, principalmente, en la forma en la que vayan respondiendo los imputados en el terreno político, la corrupción se mantendrá altamente visible en la agenda pública.

En segundo término, no hay que olvidar que en nuestro país los escándalos de corrupción son como los temblores: sabemos que van a ocurrir, aunque no sepamos cuándo ni dónde. Cuando el próximo escándalo suceda, se le reclamará al gobierno haber dejado de darle la prioridad que se merece al tema. Se puede replicar que si el gobierno ha estado activo en el tema, cuando surja un nuevo escándalo igual se le reclamará no haberlo previsto. Pero este riesgo es normal; más bien, si ha estado activo, contará con más elementos para manejar la crisis de mejor manera. La gran diferencia entre países percibidos como corruptos de los íntegros no es que no haya corrupción, sino la forma en la que se responde ante ella.

Y, tercero, el plan reformista está todavía a medias. La presentación de los proyectos de ley que configurarán la reforma política debe tener lugar esta semana, y se abrirá una crucial fase de discusión en el parlamento, en la cual toca cuidar que no se metan de contrabando candados que busquen asegurar que nada cambie. Mientras eso ocurra, se está entrando recién a la etapa de implementación de la reforma de justicia. Y aún falta sumar reformas pendientes en otros campos menos visibles, como el necesario fortalecimiento de la autoridad de transparencia, anunciado hace ocho meses y que aún no se concreta.

El nivel de control por parte del gobierno sobre la mayoría de estos procesos varía notoriamente, con un claro balance al déficit, pues la aprobación de leyes en el Congreso o la puesta en marcha de la Junta Nacional de Justicia, dependen de otros actores. Sin embargo, el papel de liderazgo político es indispensable para avanzar sustancialmente en todos esos frentes. En la última encuesta nacional sobre corrupción de Proética (setiembre 2017), cuando preguntábamos a la ciudadanía quién debería liderar la lucha contra la corrupción en el país, la principal respuesta era “el presidente” (44%). Al mismo tiempo, también registramos que solo 1 de cada 4 peruanos consideraba que el gobierno de Kuczynski estaba siendo eficaz contra la corrupción, a solo un año de haber asumido su mandato y cuando el escándalo Lava Jato todavía no lo había tocado, revelando una brecha entre expectativa y realidad.

El gobierno no solo no debe desentenderse de esta agenda, sino que debe redefinir su posición, entendiendo con mayor profundidad la dimensión y horizonte del reto, proponiendo el cambio al cual se quiere llegar como país y liderando la ruta para ello.

Fecha de publicación: 10/04/19

Informalidad, corrupción y la ruta a la institucionalización

Comparte Comparte Comparte Comparte

La cochera que funcionaba como paradero donde se incendió el bus de la empresa Sajy el domingo pasado había sido clausurada un mes atrás por la Municipalidad de San Martín de Porres, debido a que no tenía licencia para operar dando este servicio, según los reportes periodísticos. Los buses de Sajy salían de ese lugar porque poco antes, a inicios de febrero, el municipio había encontrado que el terminal formal que usaban solo tenía licencia para una empresa, no para las 60 que lo utilizaban. Y, sin embargo, luego de los dos inconvenientes, los buses siguieron saliendo y llegando.

Se puede hacer una tipología tentativa de las relaciones entre informalidad y corrupción. Un primer tipo ocurre porque las actividades empresariales informales requieren romper algunas manos de funcionarios fiscalizadores para que sus ojos se hagan de la vista gorda, permitiéndoles reproducirse sin mayores contratiempos. Un ejemplo de manual es el conductor de la chatarra sobre ruedas que soborna a un policía para que pase por alto que no tiene la revisión técnica. La ineptitud o la escasez de recursos son una buena justificación de los órganos supervisores para ocultar la corrupción. Podría ser que estuviéramos ante este tipo de relación en el caso de los terminales informales.

En una segunda forma de la relación, la informalidad es una oportunidad para obtener proactivamente rentas ilegales por parte de funcionarios públicos. Era lo que ocurrió con la gestión del ex alcalde de La Victoria, Elías Cuba, que habría organizado un sistema de cobro de cupos a los ambulantes de Gamarra y otras zonas comerciales del distrito para permitirles vender sus productos. Es una relación inversa con respecto de la primera.

Hay un nivel más avanzado de relación, en el cual se complejizan las actividades y escalan hasta un punto en que informalidad y corrupción se vuelven indistinguibles. Es lo que pasaba con los alcaldes de Punta Negra, Santa Rosa y Tacna, entre otros, capturados en distintos “mega-operativos”, sospechosos de pertenecer a organizaciones criminales de tráfico de terrenos o liderarlas desde sus respectivos municipios.

Frente a las 17 muertes en el bus Sajy, las medidas reactivas son necesarias, pero insuficientes. En el mejor escenario, se podrá esclarecer responsabilidades y corregir deficiencias específicas: la empresa perderá su licencia, se clausurará el local, alguien irá a la cárcel y posiblemente se llegue a determinar qué órgano fiscalizador falló y por qué (si es que hubo corrupción) y se le sancione.

Sin embargo, el problema es claramente mayor. Se ha señalado de forma recurrente que ante la informalidad todos tenemos alguna responsabilidad. Solo como ejemplo, los datos de la última edición de la encuesta nacional sobre corrupción de Proética (setiembre 2017), recogen el nivel de tolerancia a conductas corruptas y transgresoras, una de las cuales es el “pirateo” de servicios, como electricidad, agua, TV cable e internet. Entre aquellas personas que toleraban abiertamente esa conducta y quienes respondían con una actitud ambigua, se agrupaba un sólido 72% de peruanos y peruanas.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra está realizando un esfuerzo muy saludable por fortalecer la institucionalidad del país que, por ahora, está concentrado en el sistema de justicia y en la política. Esta nueva tragedia podría moverlo a pensar también en las actividades económicas informales, empezando por el transporte interprovincial. Pero, además, debiera servir para recordar que este impulso institucionalista no puede quedarse en la necesaria y, sin duda, complicada aprobación de reformas, sino que debe ir considerando la fase crucial de la implementación y el ambiente social en el que se van a tener que desplegar estas normas; un ambiente cruzado por la tolerancia a la corrupción y la prevalencia de relaciones informales.

Fecha de publicación: 02/04/19

Balance de las propuestas contra la corrupción del primer año del gobierno de Vizcarra

Comparte Comparte Comparte Comparte

Martín Vizcarra llegó al poder en medio de dos escándalos: las acusaciones contra el entonces presidente Kuczynski por el uso “poco diligente” de sus empresas en sus pasados negocios con Odebrecht y el destape de los “Mamani-audios”, que evidenciaron la compra de votos de congresistas de oposición para salvar al todavía presidente de la vacancia y que terminaría forzándolo a renunciar. Además, desde la publicación de la confesión de Odebrecht ante la justicia norteamericana en diciembre de 2016, el caso Lava Jato ya llevaba más de un año salpicando a líderes de todo el espectro político.

Era necesario que el nuevo presidente pusiera el tema en un lugar prioritario dentro de su plan de acción. “Los graves acontecimientos que se han conocido ameritan que cualquier irregularidad cometida sea penada como corresponde. Estamos comprometidos a desmontar todo esquema corrupto que funcione en cualquier área del Estado”, dijo Vizcarra al asumir el mandato constitucional que le correspondía, reconociendo la gravedad del problema.

Posteriormente, el primer ministro, César Villanueva, al solicitar el voto de confianza del Congreso, propuso nueve medidas, de las cuales el gobierno ha cumplido siete, tal como se puede apreciar en el material gráfico que acompaña esta columna. Los compromisos cumplidos, como establecer la obligatoriedad de que altas autoridades del Ejecutivo presenten su declaración de interés o incorporar el delito de corrupción en el sector privado, por ejemplo, son importantes; sin embargo, son claramente insuficientes. Al respecto, basta con recordar que la Comisión Presidencial de Integridad (diciembre, 2016) recomendó 100 medidas para enfrentar la corrupción.

El escándalo de los “CNM-audios”, a pocas semanas de las fiestas patrias, obligó al gobierno a convocar a una comisión de expertos que elaboró propuestas de reforma judicial, que alimentaron el discurso por 28 de julio y que fueron entregadas al Congreso, bajo la forma de siete proyectos de ley. Solo se ha aprobado el que crea la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM, el cual había sido sometido al referéndum junto con tres propuestas más que buscaban reformar el sistema político: el retorno a las dos cámaras parlamentarias, la prohibición de reelección de congresistas y el financiamiento de partidos políticos.

En gran parte del periodo, las investigaciones fiscales del caso Lava Jato también contribuyeron a remecer el escenario político con destapes y detenciones. El gobierno, tal vez fortalecido por el apoyo ciudadano, decidió apoyar la autonomía del equipo especial que se veía hostilizado desde la propia cabeza de la Fiscalía de la Nación.

Lo pendiente

Si bien el balance resulta positivo, hay grandes retos por delante y conviene señalar algunos. En cuanto a lo más urgente, aún deben aprobarse en el congreso seis proyectos sobre la reforma de justicia, algunos cruciales, como los referidos a los órganos de control de jueces y fiscales. Suponiendo que se superan los contrabandos y trampas y se aprueban sin desnaturalizarse, el siguiente gran reto será pasar a la implementación de las nuevas regulaciones.

También en este horizonte de urgencia se ubican, o deberían ubicarse, los proyectos de reforma política contenidos en el informe de la comisión Tuesta, entregado a inicios de marzo al presidente Vizcarra. Al respecto, convendría que el presidente y su primer ministro definan una postura clara y osada al respecto. Los cambios de fondo que necesita el sistema político son clamorosos.

Lejos del interés público van pasando varios temas. Señalo, para terminar, solo uno: el postergado fortalecimiento de la autoridad de transparencia, creada a inicios de 2017 con limitaciones que le impiden desplegar las acciones que deberían corresponderle como garante efectivo del derecho a acceder a la información pública.

Fecha de publicación: 26/03/19

Redes de pesca y redes de influencia: Produce debe aprovechar la oportunidad para adoptar reformas de fondo contra la corrupción

Comparte Comparte Comparte Comparte

La conversación del congresista Roberto Vieira con un primo suyo, dedicado al negocio pesquero, publicada por Panorama la noche del domingo, en la cual el parlamentario le pide miles de dólares al empresario para ayudarlo a solucionar un problema administrativo en el Ministerio de Producción, ofrece sobradas evidencias para que el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación inicien en contra de Vieira, como ya lo han hecho de forma oportuna, investigaciones por haber incurrido en delitos contra la administración pública que deberían conllevar a un levantamiento de la inmunidad e, incluso, al desafuero.

Sería un error, sin embargo, que las investigaciones se limitasen a identificar y definir la responsabilidad individual de Vieira. Es fundamental determinar si el parlamentario, que tiene una larga actividad en el sector pesquero, pudo haber llegado a tejer redes de influencia dentro de algunas de las oficinas que regulan y supervisan ese sector, y determinar si el ofrecimiento registrado respondía a una mera fanfarronada o a un servicio prácticamente garantizado, pues el contenido del diálogo podría sugerir esto último. Y si así fuera, cabrían preguntas sobre la extensión, vigencia y construcción de esa red que deben hacerse, incluyendo el rol de Vieira en el tejido de la misma, pero también sobre la participación de otras autoridades y funcionarios del sector.

En ese esfuerzo, convendría no pasar por alto que, durante los primeros meses en su curul, el legislador presentó un proyecto de ley para cambiar los requisitos para ser jefe del Instituto del Mar Peruano (IMARPE). Una propuesta con la que, en principio, nadie podría estar en desacuerdo: que el presidente de esta institución ya no sea un almirante retirado, sino “un profesional investigador en áreas afines a las actividades del IMARPE”, pero que, a la luz de los intereses subalternos que parecieran gobernar las acciones de Vieira, termina siendo profundamente sospechosa.

Con respecto al caso específico, han sido saludables las primeras reacciones de la ministra de Produce, Rocío Barrios aclarando la naturaleza de la reunión sostenida el viernes pasado con el congresista, anunciando investigaciones internas e invitando a los administrados a denunciar casos en los que se hayan visto expuestos a funcionarios corruptos. Pero la experiencia muestra que en situaciones agravadas de corrupción, tomar medidas que busquen resolver un hecho puntual generalmente resulta insuficiente.

En un estudio exploratorio preliminar realizado por nuestra institución el año pasado sobre la vinculación entre pesca ilegal y corrupción, encontramos riesgos que pueden facilitar que se cometan actos de corrupción en distintos niveles y de distinto tipo. Entre estos riesgos, los menos sorprendentes son la falta de transparencia sobre información de la actividad pesquera, la insuficiencia de los controles tanto internos como externos sobre la gestión y la trazabilidad, así como la poca capacidad de disuasión de las sanciones, que favorece las reincidencias. Un mapeo de riesgos de corrupción más exhaustivo debería brindar un panorama más certero de la situación a enfrentar.

Las recomendaciones que correspondería implementar en seguimiento contemplan, entre varias otras, poner en marcha una plataforma de transparencia en formato abierto con información de la actividad industrial bajo control del gobierno, como, por ejemplo, la gestión de las capturas, desembarques o las mediciones biológicas, lo cual, además del control de actores externos, como periodistas de investigación o activistas medioambientales, incentivaría la producción científica independiente. También sería recomendable contar con un registro público de las licencias canceladas, particularmente de aquellos patrones de la pesca que incurrieran en actividades de pesca ilegal.

A lo que se debe apuntar es a una revisión y adaptación rigurosa del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 2021, que es el documento que debería estar en la cabecera de todo ministro y toda ministra para prevenir que los Vieiras arrojen sus redes en las aguas de sus carteras.

Fecha de publicación: 20/03/19

2018: el año en que cambió el modo cómo los peruanos veían la corrupción

Comparte Comparte Comparte Comparte

(Por CNN Español) — “La corrupción es como un cáncer, si no la erradicamos, nunca vamos a tener paz”, dicen los peruanos.

El peso de todos los escándalos de corrupción que salieron a la luz en 2018 se deja sentir en esta frase de Irene Johnson, residente de Lima, ciudadana peruana que conversó con CNN sobre un tema que parece estar presente en todos los aspectos de la vida del país. Irene lo deja muy claro cuando comenta que “económicamente, este país siempre va a ser pujante, el problema es el mal manejo debido a la corrupción”.

En Perú, cuando se les pregunta a los ciudadanos cuáles son los principales problemas del país, la corrupción ocupa el segundo lugar detrás de la delincuencia. Estos son los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción, que cada dos años elabora la ONG Proética. Según estos resultados, la percepción de la corrupción como problema nacional ha desplazado a la pobreza, al desempleo y al consumo de drogas, que en un país como éste no son temas menores.

Sin embargo, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, observa en estos números un atisbo de esperanza. En 2002, cuando comenzaron a hacerse estos estudios, el porcentaje que identificaba a la corrupción como un problema nacional era de sólo 29% pero en 2017 llegó a 52%. Rotta pone además atención sobre otro número interesante: el 86% de los encuestados cree que la corrupción está afectando su vida cotidiana. Para el especialista, esto es un buen comienzo, pues indica que la corrupción ya no es vista como algo lejano por los peruanos, sino como algo que les toca y les afecta.

No es para menos. Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, señala que hemos transitado en estas décadas de una corrupción menuda, de funcionarios menores, a niveles de corrupción que invaden las altas esferas del sector empresarial y de la política. “Nuestros expresidentes están, prácticamente todos los que se encuentran vivos, en algún nivel de investigación o de proceso por corrupción principalmente por el caso Lava Jato”. Sin contar los escándalos que implicaron a altos funcionarios judiciales. Todo ello contribuye, según Távara, a que el ciudadano sienta que los hechos de corrupción lo afectan de manera directa. “Puedes perder un juicio por un hecho de corrupción, puedes terminar preso o puede haber impunidad frente a mi niña a la que violaron, por un hecho de corrupción; por lo tanto, la corrupción ya no es algo lejano que dicen que existe o que sólo aparece en la prensa”, acota.

En estos días, se respira un evidente cambio de mentalidad entre los ciudadanos y los actores políticos. En una conferencia de prensa, los periodistas le consultaron al ministro de Economía, Carlos Oliva, por la preocupación que causaba en algunos sectores el efecto que podía tener en el PIB el hipotético cese de operaciones de varias empresas investigadas o implicadas en presuntos hechos de corrupción. Su respuesta fue una clara muestra de la filosofía del gobierno frente al tema: “Si por combatir a la corrupción va a caer el PIB, bueno, pues, mala suerte, lo principal es combatir la corrupción con una mirada de mediano y largo plazo. Si hay un efecto en el corto plazo porque se va una empresa, o porque deja de actuar una empresa, pues vendrá otra empresa y lo hará seguramente mejor y sin corrupción”.

Mucho de este clima se debe a las revelaciones sobre la naturaleza de las operaciones ocultas del Odebrecht en distintos países de la región, así como al escándalo de Lava Jato, sumado todo esto a los audios que dieron a conocer la existencia de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una presunta red criminal que operaba en el sistema de justicia del país, y que, según las primeras investigaciones, implicaba a magistrados de alto rango. Si bien el vaso de la conciencia ciudadana sobre la corrupción estaba lleno, el 2018 se rebasó.

Para Samuel Rotta, esto no es motivo de pesimismo, sino todo lo contrario, porque una de las claves para darle vuelta al fenómeno es reemplazar la tolerancia por indignación, un sentimiento que se vio en las marchas que en las calles de Lima exigían desterrar del sistema todo vestigio de los funcionarios corruptos, y defendían a jueces y fiscales, percibidos por la ciudadanía como honestos, cuando se veía amenazada su independencia o su continuidad en casos emblemáticos. “Aquí, marchar para defender a jueces y fiscales sí que es una novedad”, apuntó Gerardo Távara.

2019 ha sido declarado por el gobierno peruano como el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”, mediante un decreto supremo firmado por el presidente Martín Vizcarra, quien ha señalado que la única manera de hacer sostenible esta lucha es mediante la educación. Le espera una dura tarea al Presidente y al país para que esa frase no sólo quede como tinta impresa en el encabezado de los documentos oficiales.

Organizaciones de sociedad civil de América Latina presentaron siete peticiones ante la CIDH para mejorar el sistema nacional de justicia

Comparte Comparte Comparte Comparte

La corrupción ha alcanzado dimensiones exorbitantes y se ha introducido en la estructura de los Estados en casi la totalidad de países de América Latina. Por ello, las organizaciones de sociedad civil, entre ellas Proética, que participaron el pasado 15 de febrero en la audiencia pública regional “Corrupción y DDHH: el rol de los Sistemas de Justicia en las Américas”, organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Sucre, en Bolivia, presentaron siete peticiones que buscan mejorar el sistema de justicia frente a este problema global.

Mira nuestra participación en la audiencia pública de la CIDH: “Corrupción y DDHH: el rol de los sistemas de Justicia en las Américas”

“En los años 90, la dictadura fujimorista capturó al sistema de justicia en el Perú. Hoy, después de 19 años de democracia, volvemos a sufrir una nueva crisis judicial bajo otras formas de cooptación”.

Natasha Gutiérrez / Coordinadora del Área Legal de Proética