La tolerancia a la corrupción, grande y pequeña, se mantiene extendida según la última Encuesta Nacional sobre Corrupción de Proética

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El estudio ofrece una mirada a las actitudes y experiencias de los peruanos frente a la corrupción, más allá de los grandes escándalos

 

En seis años, la identificación de la corrupción como uno de los principales problemas del país ha aumentado casi 20 puntos porcentuales: de 44% en 2013 a 62% en 2019, de acuerdo con la encuesta nacional sobre corrupción de Proética, publicada hoy. De esta forma, se ubica a solo cuatro puntos de la delincuencia (66% en 2019), que se ubica en el primer puesto, pero que a diferencia de la corrupción no muestra tendencias claras en su comportamiento entre las prioridades de la gente. Además, un 73% de la ciudadanía considera que la corrupción seguirá aumentando en los próximos cinco años.

“Si bien se puede señalar un impacto de los constantes escándalos de corrupción sobre el dramático incremento de esta preocupación, no se puede decir lo mismo con respecto a la tolerancia a las conductas de corrupción, ni pequeñas ni grandes”, señaló Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética. A pesar que la ciudadanía se muestra algo más intolerante con aquellas conductas que pueden calificarse como gran corrupción (que una autoridad elegida entregue contratos de grandes obras a empresas que financiaron su campaña o que un magistrado influya en decisiones de operadores de justicia de menor jerarquía, por ejemplo), en ningún caso se registra un rechazo mayoritario y, más bien, sigue prevaleciendo una actitud ambigua que, en promedio, está en el orden del 68%, tanto frente a este tipo de conductas como a las de pequeña corrupción (pagar una propina para evitar una multa o para agilizar un trámite) o transgresoras (no pedir recibo para evitar pagar el IGV). “Quebrar la tolerancia a la corrupción es el gran desafío que tenemos como país, más allá de las investigaciones contra la gran corrupción”, señaló el director de Proética.

En cuanto a experiencias con la corrupción, se registra que 13% de peruanos y peruanas pagó, al menos una vez en los últimos doce meses, un soborno al tener contacto con la policía, los servicios de educación, salud, la justicia o los municipios. Este valor ha descendido de 16% registrado en la última edición de 2017. Lo que no ha descendido es la tasa de denuncia, pues solo 7% de las personas a las que se les pidió un soborno denunciaron el hecho. Quienes no lo hicieron señalaron como principal razón (33%) que no sirve de nada. En relación con esto, el conjunto de entrevistados muestra una valoración mayoritariamente negativa de las denuncias: 71% considera que denunciar la corrupción es poco o nada efectivo.

Por otra parte, se ha recogido la experiencia de la población en cuanto a la solicitud de actos de carácter sexual para acceder a servicios o trámites públicos, registrándose un 10% de personas directamente afectadas en los últimos doce meses o que conocen personalmente a alguien que fue afectado. La tasa de denuncia fue del 15% de los casos y la principal razón para no denunciar fue también que hacerlo no serviría de nada (42% de este grupo).

En el ranking de las instituciones percibidas como las más corruptas por la ciudadanía, el primer puesto lo ocupa el Congreso de la República (76%), seguido por el Poder Judicial, que se mantiene en el segundo lugar con un 47%, mientras que los partidos políticos ocupan el tercer puesto con un 31% de menciones. Cabe señalar que en las macrorregiones de la sierra y selva, la percepción sobre municipios y gobiernos regionales es bastante más elevada que en la costa.

Respecto al caso Lava Jato, 74% de los peruanos considera que tanto los políticos que recibieron sobornos como las empresas implicadas comparten la misma responsabilidad. Además, el 50% muestra una actitud de respaldo al uso de la prisión preventiva cuando se trata de las investigaciones relacionadas a este caso.

Para mejorar los niveles de integridad pública, los peruanos consideran que lo más importante es que las autoridades rindan cuentas sobre sus actos y decisiones. Por su parte, la mayoría de personas cree que comprometiéndose a no pagar coimas y no votar por candidatos o partidos con sospechas de corrupción estaría colaborando con estos esfuerzos.

Puedes descargar la encuesta completa aquí.

También puedes visitar el dashboard de la Encuesta Nacional sobre Corrupción 2019 y revisar todos los resultados que arrojó esta medición.

Puedes descargar la infografía aquí.

También puedes descargar la base de datos aquí:

Red Anticorrupción Forestal de Madre de Dios participa en la Feria del Conocimiento de la “Semana Forestal Nacional 2019”

El pasado 14 de noviembre de 2019, la Red Anticorrupción Forestal de Madre de Dios participó en la Feria del Conocimiento de la “Semana Forestal Nacional 2019”, organizado por la Universidad Nacional De San Antonio de Abad del Cusco, a través de su Escuela Profesional de Ingeniería Forestal Filial Puerto Maldonado.

El Equipo de la RAF Madre de Dios tuvo un stand donde a través de dinámicas concientizó a los asistentes sobre la importancia de conservar los bosques de nuestra Amazonía.

Red Anticorrupción Forestal de Ucayali solicita a GOREU, SERFOR, OSINFOR, FEMA, SERNANP y DICAPI información sobre concesiones forestales

El pasado 24 de octubre de 2019, Red Anticorrupción Forestal de Ucayali solicitó a la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), SERFOR, OSINFOR, FEMA, SERNANP y DICAPI información sobre concesiones forestales para identificar posibles irregularidades.

Solicitudes de Acceso a la Información enviadas

Respuesta de la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali

Respuesta de SERFOR

Ocho regiones participaron en la Escuela Anticorrupción del Norte en Chiclayo

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Del 16 al 18 de octubre de 2019, estudiantes, periodistas y representantes de organizaciones civiles de ocho regiones del país participaron en la Escuela Anticorrupción del Norte que se llevó a cabo en la ciudad de Chiclayo. Este evento tuvo como objetivo empoderar a ciudadanos en temas de integridad y lucha contra la corrupción, y contó con el apoyo de Hanns-Seidel-Stiftung.

Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Lambayeque y Ancash fueron las regiones convocadas para esta nueva edición.

Las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas de Proética e invitados en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, acceso a la información pública, derechos humanos, contrataciones del Estado y periodismo de investigación. También participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Integridad Pública, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y la Contraloría General de la República.

Para reforzar la capacitación de los participantes también se realizaron talleres en simultáneo donde elaboraron propuestas anticorrupción de periodismo, de activismo juvenil y de articulación de sociedad civil para fortalecer la lucha contra este flagelo social en cada una de sus regiones.

Para conocer toda la verdad es indispensable preservar el acuerdo de colaboración con Odebrecht

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En medio de las complejas circunstancias políticas por las que está atravesando el Perú, Proética considera necesario llamar la atención sobre el grave riesgo en que se encuentra el acuerdo de colaboración eficaz conseguido por la justicia peruana con la empresa Odebrecht.

En efecto, en un contexto de colaboración eficaz empresarial de esta envergadura, en el que está por medio la potencial delación a expresidentes, líderes políticos, altos funcionarios y empresarios peruanos, el acceso a fondos para evitar la quiebra de la empresa y así asegurar su presencia en el país, es parte de la negociación prevista por las leyes peruanas, que busca mediar en el difícil equilibrio entre impunidad, acceso a la verdad e impacto económico y social.

Con la apariencia de una supuesta “firmeza” contra la empresa, bloqueando sus flujos financieros, se desvanecerían las posibilidades de continuar con la colaboración eficaz, se perderían las pruebas ya aportadas y se impondría la impunidad, además de hacer imposible el cobro de la reparación civil.

El Poder Judicial debe garantizar la autonomía y seguridad de la jueza María Álvarez para que resuelva sin presiones indebidas, la controversia suscitada en torno a la vigencia del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, conforme a derecho y considerando el interés superior del país.

El acuerdo aprobado por el Poder Judicial permite, conforme lo establece la ley 30737, el acceso de esta empresa, en condición de colaboradora, al 25% de los fondos obtenidos por la venta de activos, para cumplir con sus obligaciones con terceros, lo que ha sido aprobado por el Ministerio de Justicia y acertadamente respaldado por la Procuraduría Ad-Hoc.

Exhortamos a las autoridades a preservar el acuerdo, en tanto es la principal herramienta con la que cuenta el Perú, para conocer la verdad del esquema de gran corrupción que se desplegó atravesando varios gobiernos, posibilitando así castigar a los responsables, desterrar la impunidad y evitar un impacto negativo en el desarrollo económico del país con sus consiguientes implicancias sociales.

Lima, 03 de octubre de 2019

Puedes descargar nuestro pronunciamiento aquí.

Equipo de voluntarios de Proética participaron en feria informativa “Transparencia y Acceso a la Información Pública Responsable”

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El pasado 28 de setiembre, Proética participó en la feria informativa “Transparencia y Acceso a la Información Pública Responsable”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  en el marco de las celebraciones por el “Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información”. Esta actividad tuvo lugar en el Parque Kennedy, en Miraflores.

Nuestro equipo de voluntarios se encargaron de informar a la ciudadanía sobre la importancia del acceso a la información pública en la lucha contra la corrupción a través de divertidas dinámicas y juegos.

También la feria contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial y la Contraloría de la República.

Puedes revisar la galería de fotos aquí:

Proética capacitó a jueces y fiscales ambientales de Loreto para fortalecer la lucha contra la tala ilegal

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El pasado 23 y 24 de setiembre de 2019, el Programa de Gobernanza Ambiental de Proética realizó un taller dirigido a jueces y fiscales ambientales sobre delitos forestales en la ciudad de Iquitos. Esta actividad buscó capacitar a los operadores de justicia en el entendimiento de la problemática de estos delitos como uno de los principales factores que impulsan la deforestación en nuestra Amazonía.

Este taller contó con la participación de especialistas de Proética y expositores invitados como el Procurador Público del Ministerio del Ambiente,  Julio Guzmán Mendoza; Ing. José Luis Cerón Villanueva del Organismo Supervisor Forestal y de Fauna Silvestre (OSINFOR); y el experto ambiental, César Ipenza.

Cabe resaltar que desde el año 2011, el Programa de Gobernanza Ambiental viene promoviendo la mejora de la calidad de la información pública, mayor rendición de cuentas, transparencia e integridad en la gestión de los recursos naturales no renovables con énfasis en la gestión forestal y REDD+.

Puedes revisar la galería de fotos del taller aquí:

Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional: Extendida corrupción en el acceso y uso de servicios públicos sigue siendo un desafío para el Perú

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Las investigaciones del caso Lava Jato han impacto fuertemente sobre la percepción ciudadana relacionada a la prevalencia de la corrupción en el Estado

Este lunes, Transparencia Internacional (TI) presentó los resultados del Barómetro Global de Corrupción, correspondientes a América Latina y el Caribe. La encuesta se aplicó entre enero y marzo de este año a más de 17 mil personas en 18 países del continente.

En promedio, las instituciones percibidas como más corruptas en el continente son los poderes ejecutivos (53%) y los parlamentos (52%). En el Perú, la percepción de que la mayoría o todos los miembros del congreso son corruptos se eleva hasta el 80% de encuestados, el valor más alto entre todos los países; mientras que en el caso del Ejecutivo, el valor llega a 59%.

De otra parte, el desempeño anticorrupción del gobierno recibe una evaluación satisfactoria por parte de 52% de encuestados, frente al 41% que lo evalúa de forma negativa, remontándose así los valores obtenidos el 2017, cuando solo 16% lo aprobaba y 73% lo cuestionaba. Sin embargo, al mismo tiempo, 2 de cada 3 peruanos (65%) considera que la corrupción aumentó en el país, mientras que la desconfianza hacia el Estado (94%) y hacia el sistema de justicia en particular (95%) son las más altas de toda la región. El 96% que considera que la corrupción en el Estado peruano es un problema grave también es la proporción más alta del continente.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo en Perú de esta organización internacional, señaló que es importante considerar el contexto en el que se realizó el trabajo de campo para este estudio. “Recordemos que fue un momento marcado por la discusión sobre la firma del acuerdo con Odebrecht y que veníamos de la detención de Keiko Fujimori, de la frustrada solicitud de asilo de Alan García, del referéndum y de la destitución de fiscales del equipo especial”, apuntó.

En ese sentido, un dato que llama la atención es la percepción de que los ciudadanos y las ciudadanas comunes pueden lograr un cambio real contra la corrupción. 79% está de acuerdo con esa afirmación, mostrando un aumento de 17 puntos con respecto a la medición que se hizo en la edición anterior de esta encuesta. “La gente salió a las calles en pleno año nuevo y en los días que siguieron. Claro que hubo otros factores, pero esta sensación de efectividad queda y es importante” anotó el director de Proética.

Coimas y extorsión sexual en instituciones públicas

30% de los peruanos y de las peruanas que estuvieron en contacto con una institución pública en el último año reporta haber tenido que pagar coima. Es el índice más alto en América Latina y el Caribe, luego de Venezuela (50%) y México (34%). Por otra parte, 1 de cada 5 personas encuestadas reportó haber sufrido de extorsión sexual en su experiencia con entidades públicas o conocer directamente a alguien que lo ha sufrido. La extorsión sexual es entendida como requerir favor sexual a cambio de conceder un servicio público o un beneficio del gobierno. El dato del país coincide con el promedio de la región y con el resultado de países como Brasil y México. Sin embargo, la percepción de que este tipo de abuso es recurrente alcanza el 84%, siendo el valor más alto de la región.

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