En medio de las complejas circunstancias políticas por las que está atravesando el Perú, Proética considera necesario llamar la atención sobre el grave riesgo en que se encuentra el acuerdo de colaboración eficaz conseguido por la justicia peruana con la empresa Odebrecht.
En efecto, en un contexto de colaboración eficaz empresarial de esta envergadura, en el que está por medio la potencial delación a expresidentes, líderes políticos, altos funcionarios y empresarios peruanos, el acceso a fondos para evitar la quiebra de la empresa y así asegurar su presencia en el país, es parte de la negociación prevista por las leyes peruanas, que busca mediar en el difícil equilibrio entre impunidad, acceso a la verdad e impacto económico y social.
Con la apariencia de una supuesta “firmeza” contra la empresa, bloqueando sus flujos financieros, se desvanecerían las posibilidades de continuar con la colaboración eficaz, se perderían las pruebas ya aportadas y se impondría la impunidad, además de hacer imposible el cobro de la reparación civil.
El Poder Judicial debe garantizar la autonomía y seguridad de la jueza María Álvarez para que resuelva sin presiones indebidas, la controversia suscitada en torno a la vigencia del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, conforme a derecho y considerando el interés superior del país.
El acuerdo aprobado por el Poder Judicial permite, conforme lo establece la ley 30737, el acceso de esta empresa, en condición de colaboradora, al 25% de los fondos obtenidos por la venta de activos, para cumplir con sus obligaciones con terceros, lo que ha sido aprobado por el Ministerio de Justicia y acertadamente respaldado por la Procuraduría Ad-Hoc.
Exhortamos a las autoridades a preservar el acuerdo, en tanto es la principal herramienta con la que cuenta el Perú, para conocer la verdad del esquema de gran corrupción que se desplegó atravesando varios gobiernos, posibilitando así castigar a los responsables, desterrar la impunidad y evitar un impacto negativo en el desarrollo económico del país con sus consiguientes implicancias sociales.
Lima, 03 de octubre de 2019
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