A través del Portal Nacional de Datos Abiertos, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) viene liberando información relacionada a las contrataciones de las entidades públicas que se están ejecutando para atender la emergencia sanitaria para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Los datos públicos en formato abierto permiten ser procesados y analizados por cualquier persona, periodistas, organizaciones civiles, comunidad académica, analistas de datos, entre otros, facilitando el escrutinio público de las acciones y decisiones de las entidades del Estado.

Han pasado más de cinco meses desde que iniciara la emergencia sanitaria en nuestro país. En este tiempo, las adquisiciones públicas se han realizado principalmente bajo el esquema de las contrataciones directas, las cuales le han permitido a las entidades públicas regularizar la publicación de la información sobre los procesos de contratación hasta treinta días después de iniciado el servicio o entregado el bien adquirido (cuarenta, en el caso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios). Esto quiere decir que, en paralelo a la atención a la emergencia, las entidades públicas debieran haber estado regularizando su información ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) del OSCE y por el mismo motivo éstas debieran figurar en el portal de datos abiertos de contrataciones.

Proética hizo una primera lectura de la información en el portal de datos abiertos a fines de abril. Ahora emitimos este segundo reporte, que contiene dos revisiones: una al 3 de junio y la segunda al 20 de agosto. Con los datos, hemos analizado la evolución de gasto y de las contrataciones públicas, así como la identificación de los proveedores con mayores ventas, con mayores montos adjudicados y las respectivas entidades públicas que contrataron.

A la fecha de corte de este segundo informe (20 de agosto), el monto transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para enfrentar la pandemia supera los S/ 13 mil millones (según el aplicativo de consulta amigable “Recursos para el Covid-19”). No todo ese dinero está destinado a adquisiciones; pues hay una gran proporción destinada a los bonos de apoyo a las familias más pobres y los programa Reactiva Perú.

Si se toma en cuenta solamente la línea (o genérica de gasto) etiquetada como “bienes y servicios”, que asciende a S/ 4090 millones, se podría afirmar que la proporción destinada a contrataciones es alrededor de la tercera parte. Y siguiendo esta misma fuente de información, al día de corte de este reporte, se había ejecutado el 46.2% de esa línea, que representa unos S/ 1888 millones.

Por su parte, en el portal de datos abiertos del OSCE están registrados procesos de contratación que suman S/ 184 millones a la misma fecha. Esto quiere decir que menos del 10% del monto destinado a contrataciones para enfrentar la pandemia está reflejado entre los datos abiertos. Para tener una idea de lo limitado de este porcentaje, puede recordarse que, por ejemplo, sólo los municipios recibieron algo más de S/ 200 millones para la adquisición y distribución de canastas de alimentos, casi al inicio de la emergencia.

Si bien la información descargada el 20 de agosto del portal de datos abiertos indica estar actualizada hasta el 19 de agosto, las últimas contrataciones identificadas en el archivo corresponden al 17 de agosto.

El universo de compras registradas asciende a 5851 procesos. Al 03 de junio pasado, fecha de nuestro corte anterior, habíamos encontrado 2912 contrataciones. El último dato representa un incremento del 100% en el periodo de dos meses y medio entre una y otra revisión.

Del último corte, 361 procesos pertenecen al FONAFE, 2166 han sido realizados por entidades del gobierno nacional, 1160 por los gobiernos regionales, 2144 por los gobiernos locales y 20 contrataciones pertenecen a otro tipo de entidades. En el gráfico 1 puede notarse el incremento del registro entre los meses de junio a agosto.

Estas contrataciones se dividen en contrataciones de consultorías de obra, obras, bienes y servicios. En el cuadro 1 puede verse la distribución según los tipos de entidades consideradas en la base de datos de OSCE, según el tipo de objeto contratado.

En nuestro primer reporte, publicado a fines de abril, pudimos identificar cuatro tipos de rubros en las compras; sin embargo, como se puede observar en el cuadro 2, se ha ido agregando categorías y modificando ligeramente algunas de las existentes tanto en junio como en agosto. Esto puede limitar la elaboración de análisis más complejos, por ejemplo los comparativos longitudinales.

El gráfico 2 muestra la cantidad de contrataciones registradas en cada rubro. Puede notarse que la mayor cantidad de procesos se concentra en las canastas de víveres y en materiales y equipamiento médico.

La información también permite identificar la cantidad de contrataciones realizadas en cada región. En el gráfico 3 se muestra también el incremento de contrataciones de junio a agosto. La gran mayoría de contrataciones se agrupa, largamente, en Lima (2530).

Dos de cada tres contrataciones del gobierno central fueron realizadas por los siguientes sectores: Ministerio de Salud (27,33%), Ministerio de Defensa (20,36%) y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (16,9%). Este último triplicó los procesos registrados en el portal de datos abiertos entre junio y agosto. Por su parte, salud los cuadruplicó. Esto puede apreciarse en el gráfico 4.

Los datos abiertos muestran que los gobiernos regionales habían registrado en total 1160 contrataciones al 20 de agosto. Al igual que en junio, el GORE San Martín continúa siendo la región que más contrataciones refleja en este instrumento, representando el 12,93% del total. En el gráfico 5 se puede observar la distribución de las contrataciones por región y el incremento de número de contrataciones en comparación a las del mes de junio.

En el caso de las municipalidades (gráfico 6) se ha identificado 2144 contrataciones registradas. Las tres regiones con mayor número de contrataciones a cargo de gobiernos locales son las mismas que en el mes de junio: Lima pasó de 165 a 245 (perteneciendo 139 de estas a la Municipalidad Metropolitana de Lima), le sigue Cajamarca, de 148 a 176, y Puno, de 132 a 136. Llama la atención que hay regiones donde no hay o es ínfimo el incremento de las contrataciones por parte de sus gobiernos locales; por ejemplo, en Madre de Dios y Moquegua las contrataciones siguen siendo 10 en agosto, y en el Callao sólo se aumentó una contratación, de 12 a 13. Esto puede deberse a que no están ingresando a la base de datos abiertos o no están realizando adquisiciones.

Por último, en el caso de FONAFE, que es la corporación de empresas públicas del Perú, 353 de sus contrataciones (97,78%) han sido realizadas por entidades pertenecientes a Lima, 7 son del Callao y 1 es de Ucayali. Por otro lado, aquellas contrataciones pertenecientes a la categoría “otros” en nivel de gobierno, se reparten en 15 en Lima Metropolitana, 3 en Loreto, una en Cajamarca y una en Huánuco.

Con la información descargada del portal de datos abiertos se puede identificar qué proveedores se han visto beneficiados con la mayor cantidad de procesos de contratación o han obtenido los contratos más grandes.

En el cuadro 3 se ha identificado las cinco empresas proveedoras que se han beneficiado más a través de las contrataciones con el Estado. El cuadro identifica la entidad que realizó la compra, la fecha en que se realizó, la región a la que pertenece, el rubro de contratación que corresponde y detalla el costo adjudicado por cada compra. Aquella que ocupa el primer lugar ha acumulado más de S/ 73 millones, vendiendo material y equipo médico. Llama la atención los altos montos y procesos por la categoría indefinida “otros servicios”.

El cuadro 4 muestra a los seis proveedores que han obtenido la mayor cantidad de contrataciones (hubo un empate). Con respecto a junio, se ha identificado que la empresa L & M Medical Supplies SAC subió del segundo puesto (14 contrataciones) al primero (42 contrataciones). Del mismo modo, Utilitarios Médicos S.A.C. que se encontraba en el cuarto lugar con 14 contrataciones en junio, en agosto llegó al tercer lugar, acumulando un total de 31 contrataciones.

De este cuadro también se puede deducir que el obtener un mayor número de contrataciones no necesariamente refleja tener mayor presencia en regiones, pues éstas muchas veces se centran únicamente en la capital o en alguna región en específico.

En el cuadro 5 se presenta a los proveedores que tienen presencia en más regiones a nivel nacional. PRAXAIR PERÚ SRL que ocupaba el segundo lugar en junio, con presencia en 5 regiones, subió al primer lugar en agosto obteniendo contrataciones en 10. Asimismo, se observa que ha ampliado sus rubros de atención de dos (material y equipo médico y otros bienes) a tres (agregando obras, construcciones y consultorías). Los otros proveedores están presentes en seis regiones o menos.

En nuestro reporte de abril, dimos cuenta de reportajes periodísticos sobre sospechas de corrupción en procesos de adquisición realizados por dependencias de la Policía Nacional del Perú y señalamos otras contrataciones que habían sido obtenidas por los proveedores investigados por la Fiscalía, que no estaban siendo divulgadas.

En el cuadro 6 hemos incluido otras contrataciones relacionadas a los proveedores cuestionados (Five Networks Solutions S.A.C, Finance Group G & P S.A.C., Lanao Salvatierra Michelle Alexis y Uniform Sniper E.I.R.L.), según la revisión que hicimos en junio de la base de datos abiertos de contrataciones y que no figuraban en nuestro primer reporte. Aquí identificamos un grupo de contrataciones que llegaron hasta el 12 de mayo. En la última revisión del 20 de agosto no hemos encontrado más contrataciones con estos proveedores.

Los datos abiertos permiten realizar distintas interpretaciones de las contrataciones; sin embargo, menos del 10% del presupuesto destinado a bienes y servicios dentro de la atención a la emergencia se ha publicado bajo este formato. En tanto las bases de datos proporcionadas por OSCE a través del Portal Nacional de Datos abiertos no terminen de reflejar la dimensión total de las contrataciones respecto a la inversión para enfrentar al Covid-19, o acercarse razonablemente a ella, será difícil explotar las posibilidades de esta herramienta. Al respecto, cabe añadir que en el artículo 36.1 del Decreto de Urgencia N° 070 (19 de junio de 2020) se establece que: “Los sectores responsables de la implementación de las medidas, desarrollan mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre las medidas dispuestas y los publican en el portal web del sector correspondiente; así como la difusión de la información en formato abierto y legible por máquina que sustenten la información asociada, según corresponda. Asimismo, los datos que sustenten dicha publicación deberán ser publicados en el Portal Nacional de Datos Abiertos de la Presidencia del Consejo de Ministros, considerando al menos una frecuencia semanal”. Por ello, recordamos a las autoridades a cumplir con lo dispuesto al respecto.

De otro lado, la revisión también se ha visto limitada pues no se está considerando dentro de la base de datos aquella información referida a la cantidad de bienes adquiridos y a los precios unitarios de cada compra. Por ello, insistimos en la recomendación realizada en nuestro reporte de abril, con respecto a la importancia de incluir este detalle, lo que permitiría un mejor escrutinio de las compras públicas por parte de la ciudadanía y otros actores externos al Estado, colaborando con el control de la gestión pública.