El Decreto de Urgencia N° 020-2019 estableció el deber de toda alta autoridad del Estado de presentar una Declaración Jurada de Intereses (DJI), en donde consten sus vínculos personales, familiares y profesionales, con el fin de prevenir o detectar algún conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción pasible de sanción administrativa.
Sin embargo, el lunes 24 de agosto, el Congreso de la República aprobó una autógrafa de ley que derogaría el Decreto de Urgencia N° 020-2019, eliminando las disposiciones sobre infracciones (y sanciones), por lo que no podría sancionarse a los que no cumplan con presentar su Declaración o lo hagan de forma deficiente. Al mismo tiempo, las obligaciones generales del nuevo régimen no aplicarían al Congreso de la República, quien establecería sus propias reglas respecto a las DJI. En consecuencia, de promulgarse el proyecto aprobado, ocurriría un serio retroceso en el campo de la integridad pública.
Por estas razones, Proética y la Asociación Civil Transparencia, exhortan al Poder Ejecutivo a observar dicho dispositivo, a fin de que la representación nacional pueda revisar este proyecto corrigiendo estas graves deficiencias.
Lima, 28 de agosto de 2020