Desde el año 2016, venimos haciendo seguimiento a los procesos penales contra distintas empresas peruanas, que en el año 2015 mediante la nave Yacu Kallpa, exportaron madera ilegal desde el puerto de Iquitos – Perú, con destino a los países de República Dominicana, México y Estados Unidos, utilizando guías de transporte forestales con información falsa, emitidas por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) de Loreto. Estas irregularidades fueron evidenciadas gracias al operativo internacional denominado Operación Amazonas 2015, liderado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), con el apoyo de la Organización Mundial de Aduanas, INTERPOL, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y la participación decisiva de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Los resultados de las supervisiones en el bosque realizadas por el OSINFOR, demostraron que el 96% de la madera era ilegal.

El 15 de septiembre del 2021, la fiscalía de delitos ambientales de Iquitos presentó ante el Quinto Juzgado Especializado en materia ambiental de Maynas, la acusación formal contra  41 exfuncionarios, 38 concesionarios y 14 empresarios por la comisión del delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables y otros. (Fuente: SAIP enviadas y Ojo Público)

A casi 9 años desde la ocurrencia del desmantelamiento de esta enorme operación no se tienen sanciones claras a los responsables, por el contrario, la prescripción de los procesos penales plantea una preocupación significativa para la justicia ambiental y la protección de los recursos naturales del Perú. Ello debido a que existe el riesgo cercano de que los procesos penales relacionados a los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables, la responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos y la responsabilidad por información falsa contenida en informes; prescriban en el Perú, lo que implicaría la continuidad de impunidad en el país, perdiendo la oportunidad de sentar un precedente en esta materia, en tanto Yacu Kallpa es el caso más grande de tráfico de madera de la Amazonía.

Esta situación plantea serios desafíos para el sistema de justicia que debe priorizar la urgencia de resolver casos ambientales que, por su naturaleza, no solo afectan al presente, sino también el futuro de los ecosistemas y de las comunidades locales que dependen de ellos. La prescripción de estos delitos supondría, a su vez, un retroceso en los esfuerzos del Estado peruano por combatir la tala ilegal y enviar un mensaje de compromiso contra la criminalidad ambiental.

Al ser este el caso más emblemático de tráfico ilegal de madera y corrupción de funcionarios, nuestras actividades consisten en dar seguimiento al curso de las investigaciones en trámite, a fin de vigilar su correcto desarrollo y el eficiente desempeño de los operadores de justicia que participan en los procesos penales abiertos en contra de funcionarios públicos, trabajadores y representantes de las empresas y demás partícipes de estos hechos, hasta que se sancione a los responsables de estos delitos.

Debido al impacto sobre los bosques primarios y a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente, es necesario un seguimiento y control a los actos de los funcionarios públicos de los diferentes sectores, tanto a nivel nacional, regional y local. Asimismo, es necesario un trabajo articulado con los operadores de justicia, en particular, la fiscalía de la nación, la procuraduría pública y el poder judicial para prevenir y luchar contra las actividades ilegales facilitadas por actos de corrupción.

Reportaje publicado el 26 de junio de 2024 y producido por Epicentro y Proética, con el apoyo de Earth Journalism Network.

Reportaje publicado el 27 de febrero de 2024 y producido por Epicentro y Proética.

Reportaje publicado el 18 de enero de 2022 y producido por Epicentro y Proética.

El tráfico de tierras es uno de los principales motores de la deforestación de la Amazonía peruana. Además, de generar pérdida de bosques y especies, de la mano de la corrupción, constituye la puerta de ingreso para el despojo de territorios de comunidades nativas y pequeños agricultores.

Los principales afectados de ese sistema ilegal son los usuarios del bosque, poblaciones indígenas, sobre cuyos territorios se establecen derechos que se contraponen a los derechos colectivos de las comunidades, colocándolos en una posición altamente vulnerable. La corrupción a diversas escalas está íntimamente relacionada con el tráfico de tierras de la Amazonía peruana.

Desde Proética se viene realizando un seguimiento a los casos de corrupción vinculados al tráfico de tierras en Ucayali. Puedes revisar las investigaciones fiscales de cada uno de los casos que son monitoreados aquí:

Proética a través del Programa de Gobernanza Ambiental (PGA), busca contribuir a la agenda ambiental sumando nuestro conocimiento de esquemas de corrupción que afectan los desafíos socioambientales en Perú, especialmente en áreas sensibles como tala ilegal y su comercio asociado, tráfico de tierras, derechos humanos y corrupción, industria extractiva (minería, pesca), y financiamiento climático. El PGA toma como referencia la trayectoria de Transparencia Internacional en esta área, a escala global, desde la promoción de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas hasta nuestro Programa de Integridad en el Financiamiento Climático.

Tiene como objetivo principal incidir en la mejora de la información pública, exigiendo una mayor transparencia e integridad en la gestión de los recursos naturales con énfasis en la gestión forestal y REDD+. Además, de vigilar y fomentar la buena gobernanza del financiamiento climático en Perú.

Estos son los convenios suscritos por Proética con instituciones públicas.