El titular del Legislativo, Daniel Abugattás, anunció la elaboración de un proyecto de ley que permitirá calificar como actos de traición a la patria los actos de corrupción en la compra de equipos y recursos militares para la defensa.

“Hemos iniciado la elaboración de un proyecto de ley que va a equiparar los actos de corrupción en la compra de pertrechos o abastecimiento militares, y todo lo que tenga que ver con la seguridad nacional, con actos de traición a la patria”, afirmó en declaraciones a la prensa.

A propósito de las denuncias sobre los chalecos antibalas deficientes y raciones malogradas, Abugattás dijo que no se puede aceptar que haya gente que lucre con este tema, mientras soldados y policías combaten contra el terrorismo en el VRAE.

“Quizás algunos dirán que es un exceso, pero yo creo que llego el momento de ponerle freno a esto, y en mi opinión sí son traidores a la patria aquellos que están lucrando con recursos del Estado, en perjuicio de la población”, aseveró.

Abugattás anunció la próxima presentación de este proyecto de ley en medio del pesar por el sacrificio del suboficial de la Policía Nacional, César Vilca Vega, cuyo cuerpo sin vida fue hallado hoy en Vilcabamba, Cusco, luego de permanecer 20 días desaparecido tras un combate con narcoterroristas.

Según una reciente denuncia, un lote de chalecos antibalas adquiridos para el personal militar que combate contra los narcoterroristas en el VRAE no ofrece protección contra proyectiles de alto calibre, lo cual pone en grave riesgo sus vidas.

Asimismo, otra denuncia señala que la adquisición de raciones alimenticias para este grupo de soldados no siguieron los procedimientos que garanticen la calidad y las condiciones sanitarias adecuadas.

Controversia por pedido de facultades extraordinarias para atacar las redes de corrupción que manejan las cortes superiores de justicia

César Romero C.

La oposición, democrática y hasta natural, a la iniciativa del presidente del Poder Judicial, César San Martin para combatir la corrupción judicial pretendería ser utilizada para mellar su gestión y promover otras candidaturas dentro y fuera del sistema judicial.

Esto es lo que piensa una buena parte de los jueces de la Corte Suprema que respaldan a San Martín. El Proyecto de Ley N°424/2011-PJ busca atacar las redes de corrupción judicial que no puede tocar la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que investigan casos individuales.

Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso, con la opinión favorable del Ministerio de Justicia y el CNM, y está pendiente de debate y aprobación en el pleno. Si el proyecto es aprobado, va a ser difícil que pueda ser utilizado por San Martín, pues su mandato vence en diciembre próximo, le quedan ocho meses de gestión.

Por esto, dicen los supremos, las declaraciones del ex presidente del PJ, Javier Villa Stein contra el proyecto tendrían como objetivo darle presencia mediatica a una eventual postulación a la Defensoria del Pueblo.

ANTICORRUPCIÓN

El referido proyecto de ley fue discutido y aprobado por la Corte Suprema entre septiembre y octubre del año pasado. En primera votación obtuvo 13 votos a favor y en la segunda votación 14 votos a favor.

La iniciativa legislativa fue presentada al Congreso el 28 de octubre del 2011 y obtuvo opinión favorable de la Comisión de Justicia, el 17 de abril, último.

En esta norma por primera vez se aborda la existencia de mafias organizadas dentro del Poder Judicial, de lo que siempre se habló en los discursos oficiales, pero que nunca se combatió directamente.

Cuando la OCMA o el CNM afecta a uno de sus integrantes rápidamente se recompone con nuevos miembros y sigue para adelante.

En síntesis, dicho proyecto de Ley 424/2011-PJ propone otorgar facultades extraordinarias al presidente del Poder Judicial para por 60 días intervenir una corte superior de justicia, ante un desborde en la corrupción que afecte su normal desarrollo de actividades.

La intervención se iniciaría con una investigación e informe previo de la OCMA y debe ser aprobado por la mayoría absoluta de la Sala Plena de la Corte Suprema.

En uso de las facultades extraordinarias, el presidente del PJ podrá cambiar, rotar y suspender jueces y personal administrativo, quienes podrán apelar a la Sala Plena Suprema o el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, instancias que vigilarán todo el proceso.

A FAVOR Y EN CONTRA

El proyecto de Ley 424/2011-PJ ha recibido el respaldo del Ministerio de Justicia, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Consorcio Justicia Viva.

En tanto, se han pronunciado en contra la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia (Jusdem), la asociación civil Projusticia y su director Fernando O’Phelan y los jueces de la Corte Superior de Tumbes.

Los opositores consideran que ya existen mecanismos suficientes para la lucha contra la corrupción judicial y que solo es necesario reforzar a la OCMA.

Además, consideran que el proyecto ofende a los jueces honestos, pues parte del principio que la corrupción desborda en el PJ.

extraído de: http://www.larepublica.pe/02-05-2012/la-lucha-anticorrupcion-divide-al-poder-judicial

Se contó con la participación de diversas organizaciones de América Latina.

Se está llevando a cabo hoy en las oficinas de Proética la Cuarta reunión de organizaciones socias de Rendir Cuentas: Iniciativa Regional de la Sociedad Civil, con la participación de organizaciones de Argentina (Fundación SES), Colombia (CCONG), Ecuador (Grupo FARO), Perú (Proética), Uruguay (ICD) y Nicaragua (Alianza Organizaciones Civiles por la Transparencia).

El evento tuvo como objetivo principal intercambiar información sobre el desarrollo de la Iniciativa Regional en los diferentes países, así como identificar propuestas y sugerencias para hacer llegar al Grupo de Trabajo de OSC de IATI (Iniciativa Internacional por la Transparencia de la Ayuda).

Para llevar a cabo la reunión se contó con el apoyo financiero del Grupo de Trabajo de OSC de la IATI, del cual hace parte Rendir Cuentas a través de sus codirectoras, para incluir en la agenda de la reunión la pertinencia o no de utilizar los estándares de la IATI para la transparencia de las OSC en América Latina. El propósito de la IATI es la construcción de estándares de transparencia que aseguren que la información sobre la ayuda y la cooperación internacional será fácil de localizar, de comprar y que sea más accesible para todo tipo de usuarios.

La consigna está clara: modificar las normas para evitar de una vez por todas que los jueces que están a punto de ser expectorados del Poder Judicial por serios cuestionamientos, hagan de las suyas hasta el último segundo de permanencia en su cargo.

La idea del congresista Juan Díaz Dios es que no existan más magistrados como José Manuel Gonzales López, extitular del 32º Juzgado Especializado Civil de Lima, quien emitió recientemente un escandaloso fallo para beneficiar indebidamente a 34 extrabajadores del Banco Central de Reserva (BCR), a pesar de que desde el 24 de agosto del año pasado no había sido ratificado en su cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por acumular 75 sanciones funcionales en siete años de ejercicio.

¿Por qué lo mantuvieron en el cargo durante ocho meses al sancionado magistrado? Aunque parezca increíble, la ley así lo permite. La habilidad de Gonzales López fue la de presentar una reconsideración para dilatar el proceso y permanecer así en su cargo hasta que se resuelva su pedido.

Si bien sabía que su recurso no iba a prosperar, al menos logró dilatar su salida el tiempo suficiente como para hacer de las suyas y emitir el mismo día que se oficializó su salida en El Peruano (el 12 de abril) el fallo histórico que terminó por ordenar la reincorporación de estos 34 extrabajadores del BCR, trayéndose abajo las sentencias de otras dos instancias judiciales y del propio Tribunal Constitucional que señalaban lo contrario. Ahora los extrabajadores fueron repuestos, cobran sin hacer nada y buscan una millonaria indemnización, pese a que renunciaron voluntariamente hace 20 años atrás, y cobrar jugosos beneficios.

Al respecto, el fujimorista Díaz Dios advirtió que resulta sumamente peligroso que un juez que no ha sido ratificado y está en la cuerda floja, siga en su cargo emitiendo resoluciones. “Es urgente parar todas estas maniobras que solo dan cabida a la corrupción y que impiden aplicar justicia”, remarcó.

En ese sentido se comprometió a impulsar de inmediato en el Congreso, a través de la Comisión de Justicia, de la cual es miembro, las reformas que permitan la separación inmediata de los jueces que no son ratificados por el CNM.

“Podrán, claro, presentar luego un recurso de reconsideración, pero este solo tendrá un efecto si el CNM les da luego la razón y cambia de opinión con respecto a la primera decisión que tomó. Y si el CNM no les da la razón, se ratificará su salida”, aseveró tras señalar que, sin ser abogado, la lógica señala que se debe actuar así.

Asimismo, el parlamentario exigió una investigación al exjuez Gonzales López, “pues no me extrañaría que un magistrado que sabe que va a salir del Poder Judicial, termine cometiendo actos cuestionables”.

PELIGRO LATENTE

El congresista fujimorista señaló también que actualmente la Comisión de Justicia evalúa un proyecto de ley que permita a la Sala Plena del Poder Judicial destituir o separar provisionalmente a los magistrados que cometan casos graves mientras duren las investigaciones al respecto. “Sin embargo, somos de la opinión de que estas decisiones se tomen a través de ternas y no de una sola persona”, señaló tras exigir, sin embargo, al CNM mayor celeridad en su labor de evaluación.

LUIS ENDO: lendo@diario16.com.pe

tomado de: http://diario16.pe/noticia/15701-plantean-reformas-para-evitar-faenones-judiciales

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, propuso hoy la creación de una Autoridad Nacional Autónoma para garantizar la fiscalización de las normas de transparencia y acceso a la información pública, así como la solución oportuna de los conflictos que se presentan en la relación de la ciudadanía con el Estado.

“En nuestro país, la propuesta de implementar una Autoridad Nacional Autónoma, además de contribuir en la construcción de una administración pública al servicio del ciudadano, evidenciará el compromiso del Estado peruano en favor de la transparencia y el acceso a la información pública y significará un avance positivo en esta importante materia”, manifestó el Defensor del Pueblo durante el Seminario Internacional denominado “La Transparencia y el Acceso a la Información Pública: La Experiencia Peruana y Chilena” que se desarrolla en el Swissotel de San Isidro.

En tal sentido, en su discurso Vega Luna, “propuso a los Poderes del Estado apreciar positivamente las bondades y beneficios que representaría para nuestro país el que pueda contar con una Autoridad Nacional Autónoma especializada e independiente comprometida con la promoción de la transparencia y la plena vigencia del derecho fundamental de acceso a la información pública”.

Asimismo, Marisol Espinoza, Primera Vicepresidenta de la República y Congresista, expresó el compromiso del actual gobierno en impulsar la propuesta de crear una institución garante, en la medida que la transparencia y el acceso a la información pública es la única herramienta para garantizar y consolidar la democracia.

tomado de: http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=8129

Titular de la cartera consideró que dicha agencia ayudará a la transparencia y eficiencia en las adquisiciones del sector.

El gobierno creará una Agencia Central de Compras Militares. Así lo anunció el titular del Ministerio del Interior, Alberto Otárola.

Mediante un comunicado de prensa, el jefe del Mindef remarcó que esta entidad centralizará las adquisiciones de los institutos armados y permitirá el desarrollo planificado y de economía de escala en las compras, como ocurre en los países más avanzados del mundo.

En ese sentido, agregó que se busca lograr mayor transparencia y eficiencia en el gasto asignado:

“Esto permitirá también mejorar el control y la ejecución del presupuesto asignado al sector Defensa”, agregó Otárola Peñaranda.

Además, en lo referido a las adquisiciones de sistemas de armas, precisó que se priorizarán las compras de Gobierno a Gobierno, a través de los diferentes convenios de cooperación suscritos por el Perú con otros estados, con lo cual se suprimirá la actuación de empresas intermediarias.

“De esta manera no sólo estaremos garantizando la idoneidad del bien o servicio que se adquiere y la seriedad del proveedor, sino que también se mejorará la posición de negociación del Perú para la fijación de los precios definitivos de la oferta”, consideró el ministro.

En otro momento agregó que “esta nueva política considera, como elemento central de las adquisiciones, la transferencia tecnológica y el desarrollo del sistema offset como requisito indispensable en el caso de las compras Gobierno a Gobierno”.

tomado de: http://www.larepublica.pe/26-04-2012/ministerio-de-defensa-creara-una-agencia-central-de-compras-militares

La empresa Axis International Business S.A.C. estuvo involucrada en la escandalosa venta de raciones alimenticias sobrevaloradas al Seguro Integral de Salud (SIS) para los damnificados del terremoto de Pisco en el 2007. Pese a este antecedente, la compañía del mayor EP (r) Néstor Zegarra Valencia ahora provee de alimentos a los soldados del VRAE.

Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, en noviembre del año pasado, el Ejército le compró a esta empresa raciones de combate por un valor de S/. 3’426.400. El consorcio que formó Axis Internacional Business S.A.C con Duke Logistic S.A.C. y la firma colombiana La Huerta de Oriente fue el único postor en la licitación.

La Comisión de Fiscalización del Congreso le recomendó en el 2008 al Ministerio de Salud la inhabilitación de la compañía de Zegarra Valencia como proveedora del Estado. Sin embargo, las autoridades del sector no hicieron la denuncia ante el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode).

Además, en la lista de 28 personas procesadas por asociación ilícita para delinquir, estafa, colusión ilegal, peculado y otros delitos por el caso del SIS, se encuentra Zegarra Valencia. Él también fue procesado por colusión desleal (defraudación a la administración pública) por la venta irregular de material publicitario a Petro-Perú por US$ 29 mil en el 2006.

CCFFAA TAMBIÉN LE COMPRÓ

Por medio de otra de sus empresa, Duke Logistic S.A.C., el militar en retiro concretó una venta de raciones de combate envasadas por S/. 654 mil al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La operación comercial se concretó gracias a una exoneración de concurso público por desabastecimiento inminente.

Lo que llama la atención de esta acción, es que cada ración adquirida por el CCFFAA por un valor de S/. 41.95 cuando otras empresas en el mercado la ofrecen a S/. 39.

“SÍ, ESTOY EN JUICIO”

En diálogo con El Comercio, Zegarra admitió que enfrenta un juicio por la venta sobrevalorada de alimentos para los damnificados de Pisco, pero sostuvo que su empresa Axis International Business S.A.C. nunca fue inhabilitada para participar en licitaciones públicas. En el caso del SIS el Estado peruano pagó S/. 2.2 millones en exceso por los productos.

“Sí, estamos en un juicio desde hace 5 años, pero no estamos prohibidos de concursar”, manifestó.

Zegarra fue la persona que denunció en mayo del 2011 a su competidor, el Consorcio Prolac LTDA-Jadar S.R.L., ante la contraloría por una presunta venta de alimentos en mal estado para los soldados del VRAE, caso que ha sido conocido en los últimos días y que no está referido a las actuales provisiones.

tomado de: http://elcomercio.pe/politica/1406803/noticia-empresa-que-sobrevaloro-raciones-pisco-ahora-provee-soldados-vrae

Lima, abr. 26 (ANDINA). El Perú necesita una institución absolutamente técnica que realice las compras de todas las instituciones públicas y, de esta manera, se optimice el uso de los fondos públicos y elimine la corrupción, planteó hoy la directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet.

Indicó que un primer paso sería el establecimiento de un Registro Único de Proveedores del Estado y un sistema de compras altamente tecnificado, con mecanismos de transparencia y de control social y difuso.

Cuestionó que en el Perú se registren casos de compras cuestionables en las Fuerzas Armadas, como el caso de la adquisición de chalecos o de raciones de combate para el VRAE, ocurridas en el anterior gobierno.

“Necesitamos una institución autónoma de compras del Estado, ultra técnica, que asegure y garantice que todos los proveedores están registrados y que nos venderán productos de calidad”, declaró a la Agencia Andina.

Indicó que las autoridades deben impulsar mecanismos para evitar que casos similares continúen presentándose y que el “compadrazgo” impida o frustre después eventuales investigaciones.

“El tema de las raciones militares es un ejemplo. La empresa proveedora pertenecía a militares en retiro, con juicios pendientes con el Estado, pero se les siguió comprando. En adelante, tenemos que asegurarnos que no existan estas compras entre compadres”, opinó.

Blondet lamentó que las instituciones peruanas aun enfrenten el flagelo de la corrupción y que en doce años, tras la caída del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, no se haya podido limpiar ni ordenar las compras en el Estado, esencialmente en los institutos armados.

“Han pasado doce años y seguimos viendo las mismas componendas, los mismos negociados, no se ordenó, limpió ni se puso en vereda todo como se esperaba”, añadió.

(FIN) FPQ/GCO

tomado de: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proetica-necesitamos-un-ente-absolutamente-tecnico-para-compras-del-estado-409792.aspx