Este año, la encuesta nacional sobre corrupción de Proética cumple 20 años desde su primera publicación en el 2002
En un contexto caracterizado por recurrentes escándalos de corrupción que han llegado a tocar al propio presidente de la República, Pedro Castillo durante el ejercicio de su cargo, la más reciente encuesta nacional sobre corrupción de Proética, publicada hoy, registra un notorio deterioro de percepciones y actitudes de la ciudadanía ante la corrupción en el Perú al compararse con ediciones anteriores.
La sensación de que en los últimos cinco años la corrupción ha aumentado y llegado a un nivel inédito de 81%, mientras que la esperanza de que se pueda reducir este problema en los próximos cinco años solo está presente en 10% de las personas encuestadas. Por el contrario, más de la mitad (53%) tiene la seguridad de que seguirá aumentando en el futuro.
Por primera vez desde el año 2004, el gobierno central es percibido como una de las instituciones más corruptas (42%), por debajo del Congreso de la República (60%, que sigue sobre su promedio histórico) y por encima del Poder Judicial (34%). Al mismo tiempo, la mención al gobierno nacional como quien debiera liderar la lucha anticorrupción se ha reducido notablemente con respecto del año 2017 (44% a 22%), mientras que el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso aumentaron fuertemente como los llamados a cumplir ese rol, seguidos de la Procuraduría Anticorrupción.
Sin embargo, la evaluación sobre el desempeño contra la corrupción de las instituciones es muy preocupante: el Congreso obtiene la peor calificación (83% lo evalúa mal o muy mal), seguido del gobierno central (73%) y los partidos políticos (72%). Las valoraciones menos críticas dentro del Estado son obtenidas por la Fiscalía (12% la evalúan bien o muy bien), la Defensoría del Pueblo (15%) y las fuerzas armadas (26%).
Ante este ambiente de extendida sensación de corrupción e ineficiencia para combatirla, la población percibe el impacto negativo sobre su vida cotidiana y la vida del país, principalmente en el aspecto económico. Así, a nivel familiar, la mayoría reconoce que la corrupción perjudica su economía familiar y reduce sus opciones de conseguir empleo; mientras que en cuanto al país, hay una mayor coincidencia en el menor crecimiento económico y en el aumento de la pobreza y desigualdad como los principales impactos negativos de esta.
Frente a este panorama de desánimo social, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, señaló que más allá de una necesaria salida al actual entrampamiento político, es indispensable garantizar que no se siga retrocediendo en las reformas que se había iniciado en años anteriores, en particular la modernización del servicio civil, la función de integridad pública, la justicia, el financiamiento de la política, la transparencia y el acceso a la información pública o el control gubernamental.
“Además de iniciar discusiones técnicas serias sobre una reforma al régimen de contratación pública para que las obras públicas dejen de ser vistas como un botín por parte de autoridades y empresas corruptas”, agregó Rotta.
La XII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética ha sido ejecutada por Ipsos en agosto y ha sido posible por la colaboración del Proyecto Inversión Pública Transparente de USAID, Proyecto Construyendo Gobernanza con Integridad implementado por la GIZ, así como de Rainforest Foundation Norway y Environmental Investigation Agency (EIA).
También puedes descargar los resultados de la XII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en formato SPSS aquí.
