El Director Ejecutivo de PROÉTICA, Walter Albán, anunció en conferencia de prensa que la institución que representa, en acuerdo con otras organizaciones de la sociedad civil, presentará una iniciativa para modificar el diseño institucional de las Procuradurías a cargo de la lucha contra el crimen organizado, ello para evitar que se repitan casos como el de la destitución a la ex Procuradora, Julia Príncipe Trujillo.
Según mencionó, esta propuesta contemplará un régimen especial sobre la forma en la que se seleccionen a estos procuradores del Estado con la finalidad de que se seleccione a gente idónea, no solo por su calificación profesional, sino también por su trayectoria democrática. Adicionalmente señaló que las personas designadas para cumplir estas funciones debían ser seleccionadas por concurso público, y que su permanencia en el cargo debiera corresponder al plazo que se establezca para el ejercicio de su mandato. Todo ello además, debía ir aparejado de completa autonomía para desarrollar su importante labor.
En tal sentido, Albán consideró necesaria la aprobación en el Congreso la República de una ley que contemple este nuevo diseño institucional para tales Procuradurías. “Por esa razón, nos hemos dirigido a la Defensoría del Pueblo, pidiéndole canalizar esta iniciativa, recogiendo los aportes que PROÉTICA, así como los de otras organizaciones de la sociedad civil, abriendo un debate al respecto. Todo ello con el propósito de que la misma Defensoría del Pueblo, presente una iniciativa legislativa que, atribución que, como sabemos, constituye una de las competencias que le otorga a esta institución la Constitución de la República”, declaró a los medios de prensa.
Por su parte, el presidente de Transparencia Internacional (TI), Jose Ugaz, expresó su apoyo a esta propuesta ya que, en su opinión, no existe actualmente un liderazgo ético para llevar adelante las reformas que se requiere para luchar contra la corrupción y evitar la impunidad en esta materia. Respecto al caso de la destitución de la ex procuradora Julia Príncipe, indicó que resulta inaceptable que exista una norma que obligue a un procurador a estar pidiendo permiso al Poder Ejecutivo, cada vez que tiene que dar cuenta a la opinión pública de los avances de su trabajo.
“Nos parece indispensable sumarnos a esta propuesta de afincar una institucionalidad en defensa de los intereses del Estado. Estamos totalmente de acuerdo con que se busque una reforma de esta norma inadecuada que impide a los procuradores informar libremente de su trabajo, particularmente en aquellas procuradurías que tienen que ver con temas de interés nacional como corrupción, lavado de activos y terrorismo”, indicó Ugaz.
A su turno, el representante del Centro Liber, Roberto Pereira, también expresó su preocupación sobre el hecho de que se recurra a un reglamento que le impone a los procuradores la obligación de pedir permiso, bajo pena de sanción, para brindar declaraciones al público sobre asuntos relacionados a su trabajo.
“Esta es una norma absolutamente contraria a los estándares internacionales, fundamentalmente en materia de libertad de información y de expresión, porque no se trata solo del derecho de la procuradora Príncipe, sino también del derecho que tenemos todos los ciudadanos de estar informados, acerca de la manera en la que el Estado defiende estos casos de alto interés público, como son los que impulsan estas procuradurías especializadas”, señaló Pereira
Pereira indicó además, que este tipo de normas sólo ha servido en la práctica para dar sanciones a procuradores que han realizado un trabajo imparcial en el ejercicio de sus funciones, por lo cual dicha medida debía ser derogada.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, acogió esta iniciativa de la sociedad civil y consideró también necesario que se derogue la norma que prohíbe a los procuradores expresarse sin permiso previo. “Es importante esta iniciativa de lanzar al debate la necesidad de fortalecer las procuradurías y en su momento presentar un proyecto de ley”, mencionó.
Finalmente, Walter Albán señaló que la referida norma reglamentaria, que prohíbe a los procuradores brindar declaraciones, sin antes pedir permiso al Ejecutivo, debía en efecto ser derogada, ya que carece de fundamento legal y sólo se ha utilizado en casos excepcionales para afectar un derecho constitucional como el de la libertad de expresión.
Recordó que el tema de la inseguridad ciudadana está vinculado al fenómeno de la corrupción, por lo que se hace indispensable adoptar medidas que puedan complementar la transparencia del Estado. En ese sentido, exhortó a que el Ejecutivo apruebe y promueva la creación de una Autoridad Autónoma para la Transparencia, un compromiso que estuvo contemplado en la primera versión del Plan de Acción de Gobierno Abierto que lamentablemente no fue adoptado en su versión final aprobada, sin la participación de la sociedad civil, por el Ejecutivo en julio pasado, a pesar del pedido de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Proética.
Destacó que dicha propuesta ha sido retomada a pedido de Proética en la CAN, en la última sesión de este organismo que tuvo lugar el jueves de la semana pasada, bajo la nueva Presidencia del Dr. Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación.
Durante la Conferencia de Prensa estuvieron presentes el Presidente del Consejo Directivo de PROÉTICA, Jorge Medina y el miembro del mismo Consejo y Director de IPYS, así como el Ex Procurador y miembro de Liber, Julio Arbizu.