Dicha sesión contó con la participación de la Comisionada de Lobby de Canadá, Karen Shepherd. Foto: Proética

Durante la primera sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de 2016, el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, se pronunció sobre la grave crisis que enfrenta el Consejo Nacional de la Magistratura y expresó los reparos de la institución que representa, para aceptar la participación del actual titular del CNM, Guido Águila, en la Comisión Nacional Anticorrupción.

En tal sentido, señaló que, conforme a la opinión que Proética ha hecho pública respecto a la situación del CNM, por una cuestión de principios y en congruencia con el precedente establecido cuando se pronunció el año 2014, cuestionando la participación del ex Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, en la propia CAN, cumplía con formular este nuevo cuestionamiento, que ampliaría más adelante.

(Fuente: La República) El exministro del Interior y actual director ejecutivo de Proética, Walter Albán, advirtió que no existe mucho compromiso para luchar contra la corrupción por parte de la mayoría de los candidatos a las elecciones generales.

Señaló que la corrupción ha entrado en la política nacional y pidió a los candidatos que “trabajen este tema en serio” y que desde ya difundan propuestas para combatirla. En ese sentido, refirió que Proética está promoviendo una reunión especial con las organizaciones políticas para abordar este tema.

Trabajo pendiente

Albán explicó que hay muchos temas a trabajar en materia de corrupción como el otorgar herramientas legales para que la oficina especializada en lavados de activos pueda acceder a la información tributaria y bancaria.

También indicó que las cooperativas de ahorro y crédito “no tienen la supervisión de nadie” y recordó que la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió al Congreso que se legisle a fin que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) pueda tener competencia sobre ellas.

Finalmente consideró necesario un rediseño de la Contraloría, a fin de concentrar los esfuerzos en las inversiones y grandes obras que no están siendo supervisadas y no en las instituciones que manejan pocos recursos y la mayor parte de sus recursos se gastan en “gasto corriente y planillas”.

(Fuente: Andina) El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, advirtió hoy una falta de compromiso por parte de los candidatos para las elecciones presidenciales de este año en la lucha contra la corrupción, un hecho que, a su juicio, ya ha cobrado visos muy preocupantes.

“A juzgar por lo que dijeron los candidatos en la última reunión de CADE, en la primera semana de diciembre, más allá de algunas generalidades que a estas alturas no nos dicen nada, no ha habido en realidad ni un compromiso, ni algún tipo de propuesta”, declaró a la Agencia Andina.

Señaló que el tema de corrupción está vinculado al crecimiento de la criminalidad organizada y a la economía ilegal, y cómo ha penetrado en la política nacional, “precisamente a través de organizaciones políticas” que como el resto de las instituciones muestran una extrema debilidad.

“Creo que se hace indispensable exigir a todos los candidatos y candidatas a que trabajen este tema en serio, si no lo han hecho antes, es indispensable que no lo dejen para cuando lleguen al gobierno sino que lo tomen en serio en este momento y difundan compromisos en esa perspectiva”, señaló.

En ese sentido, refirió que Proética está promoviendo una reunión especial con todas las organizaciones políticas que están en los niveles más altos en las encuestas para abordar este tema.

“Porque mínimamente tenemos que llegar a cierto nivel de señalamiento de cuál es la política a implementar en el país, cualquiera sea quien gane las elecciones para gobierno y quienes lleguen a estar representados en el Congreso”, dijo.

Albán señaló que hay una “multiplicidad” de temas a trabajar en la lucha contra la corrupción que van desde otorgarle las herramientas legales necesarias a la oficina que se especializa en la investigación de lavado de activos para acceder a la información tributaria y bancaria.

“Eso ya es una muestra muy preocupante de lo que ocurre en el Congreso ¿Qué investigación de lavado de activos puede hacer esta agencia sino cuenta con estas herramientas?”, subrayó.

Asimismo, indicó que las cooperativas de ahorro y crédito “no tienen la supervisión de nadie” y recordó que la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió al Congreso que se legisle a fin que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) pueda tener competencia sobre ellas.

“No se le ha dado a la SBS, las cooperativas de ahorro y crédito siguen creciendo como hongos y sabemos que son instrumentos de lavado, y crecen, no por casualidad en zonas de producción cocalera y vinculada al tráfico de drogas, y ahí hay una muestra de que no se está haciendo lo que es indispensable”, dijo.

También consideró necesario un rediseño de la Contraloría, a fin de concentrar los esfuerzos “en aquello que valga la pena” porque deben priorizarse las inversiones y grandes obras que no están supervisadas y no en las instituciones que manejan pocos recursos y la mayor parte de sus recursos se gastan en “gasto corriente y planillas”.

“No se trata que haya más sanciones, sino que se cumpla lo que está en la ley, que no haya impunidad”, puntualizó.

(Fuente: InfoRegión) Luego de conocerse el informe de la Comisión Especial Encargada de Investigar y Determinar la influencia del Narcotráfico en los Partidos Políticos y Movimientos Regionales y Locales, que presidió la parlamentaria Rosa Mavila, el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que la economía ilegal; es decir narcotráfico, el lavado de activos o la minería ilegal, entre otros, se ha extendido por todo el país.

“Las prácticas que se vienen instalando nos hablan entonces de un fenómeno que ha ido de menos a más, y que en este momento, ya pone en riesgo la institucionalidad en el país”, señaló Albán en la última edición del año de La Voz de Proética.

Advirtió que si estas instituciones continúan siendo penetradas por el crimen organizado a través de la corrupción, ya no será posible pensar en que se tomen las medidas indispensables para luchar abierta y eficientemente contra estos fenómenos.

“La sociedad civil no sólo debe mantener una actitud alerta, es indispensable movilizarse para conseguir que revierta esta situación”, añadió.

(Fuente: El Comercio/ Por Eduardo Vega, Defensor del Pueblo)El jueves 10 se presentó la IX Encuesta Nacional sobre Corrupción, de Proética. Siguiendo la tendencia de los últimos sondeos, las cifras son desalentadoras. El 46% considera a la corrupción como uno de los principales problemas del país y el 61%, que la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal obstáculo del Estado. El 78% cree que el problema ha aumentado en los últimos cinco años y el 53%, que se incrementará en los siguientes. El Poder Judicial, el Congreso, la Policía Nacional y los partidos siguen siendo considerados los más corruptos y el 85% percibe que los esfuerzos del Gobierno para cambiar esta situación son ineficaces.

El empresariado es también cuestionado. Se lo percibe no solo como víctima sino también como cómplice. Por otro lado, la ciudadanía tiene una alta tolerancia frente a la corrupción cotidiana, la de la coima para evitar multas, la del obsequio para agilizar trámites, la del robo de servicios públicos.

No todo es gris. Casi la mitad de los encuestados está totalmente en desacuerdo con la idea de que sea necesario algo de corrupción para poder promover el crecimiento económico y el desarrollo, así como para facilitar trámites y procedimientos en las instituciones públicas. Otro 30% señala que está “algo en desacuerdo” con las ideas anteriores.

Las cifras reflejan un panorama realmente difícil para luchar contra la corrupción. El principal problema es la desconfianza ciudadana. La gente confía poco o nada en el prójimo (95%) y en el Estado, y no encuentra razones para hacerlo. La política se percibe infiltrada por el crimen organizado y la transparencia de su financiamiento sigue siendo un punto débil.

La impunidad campea y la voluntad política no se traduce en presupuesto, recursos y acciones efectivas para fortalecer a las instituciones llamadas a enfrentar la corrupción. Las instituciones de control y de persecución están rezagadas en personal y recursos y, ciertas veces, como lo hemos visto en el 2014, algunos de sus agentes se encuentran comprometidos en redes mafiosas. Si a ello le sumamos un ciudadano poco informado y poco proclive a la denuncia (aunque esta cifra ha aumentado al 11%), tenemos un panorama propicio para que la corrupción se instale en nuestro país y afecte gravemente su gobernabilidad.

Frente a ello, es imprescindible que la ciudadanía reaccione decididamente contra la corrupción, especialmente al momento de elegir a sus autoridades, de exigirles que hagan público sus gastos de campaña y quien los financia, así como exigir que los partidos garanticen que sus candidatos no estén vinculados con actividades ilícitas.

Asimismo, debemos hacer un mayor uso de los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas de nuestras autoridades, denunciándolas cuando corresponda. Tenemos que cambiar radicalmente la cultura de la tolerancia frente a la corrupción. Para ello los medios de comunicación son un aliado fundamental que genera confianza (36%).

Exijamos a los candidatos y a nosotros mismos acciones concretas contra la corrupción. No solo nos jugamos una elección presidencial y congresal sino también la viabilidad del Estado, la democracia y la nación.