• Por José Ugaz, presidente de Transparency International
• Publicado en el diario El Comercio

Este mes ha estado cargado de sorpresas en el contexto del Caso Lava Jato, el escándalo de corrupción más impactante que ha golpeado a América Latina, llegando a penetrar los niveles más altos del poder político en los 14 países en los que operó –a través de sobornos o financiamiento de campañas políticas– y generando pingües ganancias gracias al sobrecosto de grandes obras de infraestructura.

La dimensión y complejidad de las operaciones que lo componen auguran que, después de 4 años de haberse iniciado las investigaciones, recién estamos en los capítulos iniciales de lo que promete ser una serie por entregas al mejor estilo de Netflix.
En las últimas semanas, diversos acontecimientos han remecido a varios de nuestros países, en algunos casos con consecuencias negativas, y en otros, alentadoras. Veamos.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala y ex cómico profesional, ensayó una broma de muy mal gusto. Como se sabe, hace casi 10 años, ante los altísimos niveles de grave criminalidad e impunidad en ese país, Naciones Unidas decidió crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una especie de fiscalía internacional con un equipo de 50 investigadores calificados de diversos países del mundo. La Cicig, que trabaja de la mano con la fiscalía guatemalteca, ha logrado éxitos notables en la lucha contra la corrupción, al punto que el ex presidente Pérez Molina y su vicepresidenta están en prisión tras haberse demostrado que lideraron una trama corrupta llamada La Línea.

Pues bien, la Cicig investiga al presidente Morales (cuyo hijo y hermano están presos por corrupción), y para ello pidió el levantamiento de su inmunidad. Morales reaccionó declarando persona non grata a Iván Velásquez, el impecable colombiano jefe de la Cicig, y ordenó su expulsión del país. La reacción de rechazo interno e internacional fue unánime (salvo los corruptos, claro está), y la Corte Constitucional declaró inconstitucional la orden presidencial. El presidente ha dado marcha atrás por ahora, pero esta ópera bufa está inconclusa.

En Panamá, la Corte Suprema de ese país, seriamente cuestionada por corrupción, decidió esta semana archivar el caso Finmeccánica, un escándalo de corrupción que involucra al ex presidente Martinelli y en el que sobran las pruebas. Pese a ello, la Suprema, retorciendo el derecho, cerró el proceso. Casi en simultáneo, la fiscal de la Nación, Kenya Porcell, declaró, en conferencia de prensa, en clara alusión al Poder Judicial y a otros oscuros actores, que “poderes políticos, económicos, mediáticos, de la banca y empresariales, están tratando de impedir que las investigaciones sean concluidas, amenazando e intimidando a los fiscales”. La corrupción siempre contraataca.

Sin embargo, en una nota positiva, un juez de Miami decidió el jueves conceder la extradición de Martinelli a Panamá, donde existen varias investigaciones en su contra, entre ellas, una por haber recibido, con sus hijos, decenas de millones de dólares de Odebrecht.

En Ecuador, el recientemente electo vicepresidente, Jorge Glas, ha sido procesado por corrupción, acusado de recibir sobornos para favorecer a Odebrecht con la entrega ilegal de contratos. El nuevo presidente, Lenin Morales, ha marcado distancia de Correa y ha prometido luchar frontalmente contra la corrupción.

En Venezuela, la chavista ex fiscal de la Nación Luisa Ortega ha fugado del país y viene acusando a Maduro y a varias otras altas autoridades de ese país de estar comprometidos en graves casos de corrupción. Dice contar con pruebas irrefutables. Venezuela es el país donde Odebrecht obtuvo más contratos.

En México, Emilio Lozoya, ex director de Pemex, la gigante empresa petrolera estatal, ha sido acusado de recibir diez millones de dólares de Odebrecht para asegurar los contratos de la empresa brasileña.

Finalmente, en lo que a los peruanos nos toca, Joseph Maiman, amigo y encubridor de Toledo, se ha acogido a la colaboración eficaz, con lo cual no hay que ser pitoniso para saber que este “ya fue”.

¿Alguien duda de que la corrupción en la región es sistémica?

Sin embargo, cabe insistir en que esta crisis de proporciones abre una ventana de oportunidad para repensar nuestros sistemas de control, de inversiones, de compras, de financiamiento de la política y de cómo se hacen los negocios en esta parte del mundo. Si la dejamos pasar, tal vez no haya otra.

Illustración: Giovanni Tazza

4/09/2017

•   Por Carlos Arroyo
•   Coordinador de Gobierno Abierto y Auditorías Ciudadanas
•   @carlosarroyo007 

La Presidencia de Consejo de Ministros presentó una versión preliminar del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, para recibir aportes de los gobiernos regionales y locales, así como de la sociedad civil hasta el 04 de setiembre.

La inversión para la reconstrucción supera los S/ 23 mil millones y el gobierno calcula se generarán al menos 150 mil empleos formales.  El plan establece que las obras sean ejecutadas por las municipalidades. Si se encuentran limitaciones para su ejecución, aquellas pasarán a cargo del gobierno regional o el ministerio competente. En última instancia, o para obras de gran magnitud, será la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARC) la responsable de la ejecución.

El director de la ARC, Pablo de la Flor, ha manifestado que se viene construyendo una web para transparentar los avances de las obras. Esto se complementará con la presencia de la Contraloría General de la República en los concursos y adjudicaciones. El plan compartido reafirma ambos puntos.

Gobierno abierto y reconstrucción

Uno de los tres ejes transversales de la Política de Modernización de la Gestión Pública del país es el Gobierno Abierto, el cual, de forma muy sintética, busca que los ciudadanos puedan obtener fácilmente información relevante y comprensible e interactuar con las instituciones públicas, participando en las tomas de decisión o fiscalizándolas.

Al poner en consulta pública el plan de reconstrucción, la ARC empieza a cumplir con esta obligación. Queda pendiente ver si los aportes llegan a ser atendidos por la Autoridad, incluyéndolos en el plan o, al menos, respondiéndolos.

También es positivo el uso de tecnologías digitales para aumentar la transparencia. Aunque aún es pronto para evaluar el portal, si éste llega a ofrecer información en formato de datos abiertos estaría poniéndose un largo paso por delante de los numerosos portales de transparencia del Estado ya existentes.

La opinión ciudadana

El Observatorio de Integridad viene preparando auditorías ciudadanas al proceso de reconstrucción, para lo cual está reuniéndose con organizaciones civiles de las zonas afectadas. Como parte de esas conversaciones, se ha podido identificar demandas y sugerencias respecto al proceso de reconstrucción que pueden ayudar a promover una efectiva participación ciudadana y mejorar la calidad de la transparencia del proceso. Las principales son:

• Se debe definir con claridad el rol que cumplirá la ciudadanía dentro de los propios instrumentos de gestión de la reconstrucción. Que el ciudadano sea el centro del proceso no se agota con que sea beneficiario de éste, puede ser un agente de colaboración y vigilancia; sin embargo este papel no está reconocido en la ley que crea la ARC ni en el borrador del plan.
• En cada nivel de gobierno debe determinarse las responsabilidades sobre la difusión de información acerca del proceso de reconstrucción. Hasta el momento, pareciera que la comunicación de la ARC con gobiernos regionales y locales está funcionando;  sin embargo, en opinión de los actores que hemos consultado, la comunicación con la ciudadanía es muy débil, pues sienten que saben muy poco del proceso.
• La transparencia activa desde un portal electrónico no basta, por más funcional que este sea. Nuestra experiencia nos dice que muchas personas interesadas en vigilar obras públicas no necesariamente cuentan con recursos o posibilidades para acceder a Internet. Cabildos abiertos, rendiciones de cuentas públicas o notas informativas en medios de comunicación locales pueden ser más efectivos.
• Lo más importante: sin acceso a información pública es imposible ejercer vigilancia ciudadana. Por ello, sería de mucha utilidad que el plan oriente a las entidades gubernamentales vinculadas a la reconstrucción a facilitar el ejercicio del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que establece el acceso directo a la información, inmediato y en las propias oficinas públicas, como complemento al mecanismo más conocido de solicitud de información.

La reconstrucción con cambios es una gran oportunidad para mostrar eficiencia en la gestión pública y también para hacer efectiva y real la promesa del gobierno abierto.

Foto: Agencia Andina

1/09/2017

(Por Rodrigo Cruz/El Comercio). El fiscal brasileño Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato en Curitiba, fue quien confirmó –hace dos semanas– a la fiscalía peruana que existe la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. El fiscal, en esta entrevista telefónica, cuenta que existen otras personas en Brasil –además de Jorge Barata y Ricardo Boleira– que están dando información sobre los sobornos pagados en el Perú.

— ¿Cuándo llegará al Perú la anotación de Marcelo Odebrecht en la que se menciona a Keiko Fujimori?
Yo fui quien le pidió formalmente al juez Sergio Moro que autorice compartir esa información porque vi que la necesitaban. Esta ya fue enviada la semana pasada a nuestra Secretaría de Cooperación Internacional en Brasilia para que sea mandada al Perú. Lo tramité como una colaboración espontánea.

— ¿Por qué espontánea?
Primero, porque el pedido que hizo inicialmente el Perú estaba demorando. Además, sabía que la fiscalía peruana tenía prisa por tener esa información. El fiscal [peruano] Alonso Peña Cabrera me pidió que verifique aquí, en Curitiba, ese documento, lo localice y lo envíe como una colaboración espontánea.

—Hechos esos trámites, ¿cuándo cree que llegará?
No tengo cómo dar una precisión a eso porque no está bajo mi control. Pero sé que no hay problemas para que sea entregada. Falta apenas una gestión burocrática que puede ser resuelta en uno o dos días. Lo único que demoraba era conseguir la autorización del juez Sergio Moro.

— ¿Qué gestiones faltan para que llegue la anotación?
La traducción del documento y la asignación de un compromiso que diga que esa información no se usará en contra de nuestros colaboradores [eficaces]. Se trata de un trámite muy rápido. Por eso digo que puede demorar uno o dos días. Alonso Peña [quien se encuentra en Brasil] tiene una buena relación con Vladimir Aras, el jefe de la Cooperación Internacional del Ministerio Público de Brasil. Así que puede que esa información ya se le esté entregando a él en estos días.

— ¿Solo enviarán la anotación o tienen más pruebas?
Solamente enviaremos esa información porque no tenemos nada más en Curitiba.

— ¿No tienen más información respecto a Keiko?
No en los documentos que tenemos. Pero es posible que haya más información en las delaciones hechas por los ex ejecutivos de Odebrecht. Existe un material que está separado en Brasilia con todas las irregularidades que sucedieron en el Perú . Es posible que en esos testimonios se hayan revelado más cosas sobre Keiko Fujimori.

— ¿También sobre otros políticos peruanos?
También es posible. Sin embargo, el contenido de ese material no lo conozco.

— ¿Por qué esa información solo está en Brasilia?
Porque fue hecha como parte de la colaboración premiada de la empresa. Todo ese material fue encaminado a Brasilia. No solo la parte respecto al Perú, sino la que refiere a todos los demás países. Además, en Curitiba no tenemos competencia jurisdiccional para procesar lo sucedido fuera de Brasil.

— ¿Y por qué recién envían la anotación sobre Keiko?
Porque no sabíamos que había una anotación importante [para ustedes]. Esa anotación por sí sola no era relevante para nosotros.

—¿Cómo la obtuvieron?
Estaba en el celular de Marcelo Odebrecht que fue incautado cuando lo arrestamos [en el 2015]. Analizamos su contenido, y ahí estaba. Pero fue por el pedido de la fiscalía peruana, creo que a raíz de la publicación de un medio, que se hicieron las gestiones para que sea remitida oficialmente.

—Para usted, ¿esa anotación prueba que Odebrecht financió a Keiko Fujimori?
No puedo concluir eso. Se tiene que comprender el contexto y oír a las personas involucradas. Puede ser un punto de partida para investigar. Pero hay que recordar que en las anotaciones de Marcelo Odebrecht había anotaciones sobre conversaciones con varias personas. De hecho, aparecen nombres de políticos brasileños en esas agendas pero no quiere decir que estén involucrados en algún ilícito.

— Según su experiencia, ¿es posible que Odebrecht haya financiado a más de un partido político en el Perú?
Solamente puedo hablar respecto de Brasil porque no conozco la realidad en el Perú. En Brasil era común que Odebrecht financiara a los principales candidatos porque uno u otro iba a ganar la elección. Entonces, lo hacía para estar bien con todos. Es posible que haya pasado lo mismo en el Perú. Solo es una hipótesis.

— ¿Solo Jorge Barata y Ricardo Boleira están hablando sobre sobornos en el Perú, o hay más colaboradores?
Hay más personas.

— ¿Luiz Mameri, ex jefe de la constructora en América Latina, es uno de ellos?
No le puedo decir porque no tengo los testimonios conmigo. Pero sé que hay más.

— ¿Ya se han hecho las coordinaciones con el Perú para que sean interrogados los nuevos colaboradores?
Falta que se haga un acuerdo. Es necesario que se proteja a los colaboradores. Ellos quieren hablar, pero no pueden ser procesados por lo que dicen. Es necesario que el Perú haga un acuerdo que permita que entreguen las pruebas. Creo que la empresa no está totalmente protegida en su parte civil en el Perú.

— ¿Sería un acuerdo como el que firmó la fiscalía peruana con Marcelo Odebrecht en Curitiba?
Aquella vez, por ejemplo, los fiscales se comprometieron a no utilizar su testimonio contra él o la compañía.

— ¿Hay un nuevo pedido para interrogar a Odebrecht?
No lo sé aún. Los pedidos llegan primero a Brasilia y luego son enviados a nosotros.

— ¿Y para Jorge Barata?
En el caso de Jorge Barata, el pedido no viene a Curitiba porque él no está aquí. Creo que Barata está en Bahía.

— En setiembre entrará Raquel Dodge como procuradora general de Brasil, ¿es posible que con su entrada cambie la cooperación que tienen con el Perú?
No creo que nada cambie. Es cierto que esta pregunta debe ser hecha a ella, pero puedo decir que la doctora Dodge es una persona con mucha experiencia y comprende la importancia de la cooperación internacional, sobre todo en casos transnacionales y de gran complejidad.

Foto: El Comercio

(Fuente: El Peruano). Una propuesta normativa para regular la  declaración jurada de intereses, ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos con el propósito de convertirla en una herramienta eficaz de prevención de la corrupción que permita detectar posibles conflictos de interés en la administración pública elaborará la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en 45 días hábiles.

Ese grupo de trabajo llevará a cabo esa tarea junto con otras instituciones, como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Con ese objetivo, en la última sesión de la CAN, los miembros de esta comisión acordaron formar un subgrupo de trabajo, que se instaló formalmente con la participación de representantes de las referidas instituciones.

En su primera reunión se acordó incorporar a Proética como miembro de este subgrupo; además, se invitará a otras entidades, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Al culminar su labor, el subgrupo de trabajo presentará la propuesta normativa ante el pleno de la CAN para que la apruebe y, posteriormente, la derive al Congreso de la República como un proyecto de ley, mediante la intervención de uno de sus miembros con iniciativa legislativa.

Respecto a la declaración jurada de intereses, existe un anteproyecto elaborado por la CAN y un proyecto de decreto legislativo, desarrollado por el Minjus, que serán insumos importantes para redactar la propuesta normativa.

En cuanto a la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, existe la Ley Nº 30161, modificada por la Ley Nº 30521, que no rige porque no se aprobó su reglamento.

Trascendencia

A criterio de la CAN, resulta importante contar con un marco legal que permita una mayor eficiencia en la supervisión de los ingresos, bienes, rentas e intereses de los principales funcionarios y servidores públicos, y que incorpore, además, la utilización de las nuevas tecnologías para contrastar y supervisar de manera efectiva la información proporcionada.

El objetivo es contar con un sistema articulado y coordinado entre diversas instituciones para prevenir los actos de corrupción, así como los conflictos de intereses en el Estado, acorde con los estándares internacionales, informó la CAN.

Foto: CAN

25/08/2017