Las frases que dejó el Papa Francisco sobre la corrupción

Durante su visita a Puerto Maldonado, Trujillo y Lima, Jorge Bergoglio, el papa Francisco, reflexionó sobre varios de los problemas más profundos y controversiales que afectan a la sociedad peruana.

En una de las actividades programadas en Palacio de Gobierno, el papa Francisco aprovechó la oportunidad y la presencia de autoridades para referirse a un tema que está muy presente en gran parte de América Latina: la corrupción. Al respecto dijo “La corrupción: cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados”. Asimismo, precisó que para luchar contra ello es necesario una mayor “implicación y mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso”.

Sin embargo, no fueron las únicas frases que dejó el Sumo Pontífice sobre este “virus social” como llamó a la corrupción. Aquí les dejamos una breve lista con sus mensajes más resaltantes sobre esta amenaza para el país y que, para ser consecuentes, deberían sean tomadas en serio por políticos y autoridades de un Perú que se reconoce mayoritariamente católico:

– “En Latinoamérica hay muchos focos de corrupción”.

– “El problema de la crisis política es no solo del Perú sino de toda Latinoamérica (…). Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia debido en parte a la corrupción. El Caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita”.

– “Hoy está de moda hablar de Odebrecht, pero es apenas un botón de muestra”.

– “¿Qué pasa en Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? Humala está preso, Toledo está preso (se halla prófugo), Fujimori estuvo preso hasta ahora y Alan García está que entro y no entro; y presos con rabia, ¿no? El sistema llama la atención”.

– “Gana la oposición y acusa de corrupto a los anteriores. Vuelve la otra y acusa de corruptos a ellos y los dos tienen algo de razón. Entonces el juego político es muy difícil y a nosotros nos ponen en dificultad si queremos ser pastores, ¿cómo evangelizar el mundo de la política? No es fácil”.

– “La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”.

– “Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma –muchas veces sutil– de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital: la corrupción”.

– “Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas. Y esta lucha nos compete a todos”.

– “Nadie puede estar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”

– “(La corrupción) es la destrucción de la persona”

– “La política está enferma, está muy enferma. Y hay excepciones. Pero, en general, está más enferma que sana”.

– “Si nos dejamos guiar por personas que solo hablan el lenguaje de la corrupción, estamos condenados”.

– “Todos somos pecadores (…) pero luego intentamos no volver a hacerlo. Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción, que te va viciando el alma y el cuerpo”.

Finalmente, el papa se despidió de los miembros de su iglesia en el Perú exhortándolos a que no se dejen robar la esperanza; sin embargo, cabe recordar que según la más reciente encuesta de Proética, la gran mayoría se siente desanimada y cree que no se va a poder mejorar la situación de corrupción en los próximos años. Por ello, la insistencia de Francisco en este tema debiera servir de fuerte llamado de atención a políticos y autoridades que gobiernan un país que se reconoce mayoritariamente católico para promover las reformas más urgentes, adoptarlas e implementarlas. Podrían empezar, por ejemplo, revisando las Recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad, entregado al presidente Kuczynski hace más de un año.

  • 24/01/18
  • Foto: AFP

Los jueces en el banquillo y los riesgos de una intromisión política

Por Walter Albán. Bajo las actuales circunstancias en el Perú, los riesgos para el sistema jurisdiccional, comprendiendo aquí tanto al Poder Judicial (PJ) como al Ministerio público (MP) y al Tribunal Constitucional (TC), son enormes. Y ello es así, no solamente por nuestra secular debilidad institucional y los problemas propios de cada una de estas entidades, sino principalmente por los procesos judiciales iniciados por lo menos en los últimos dos años, a propósito de los escándalos de corrupción derivados del caso Lava Jato.

Tales procesos, ahora sustantivamente concentrados en la labor del MP, han ingresado a una nueva etapa desde que quedó finalmente allanado el camino para obtener las declaraciones del señor Jorge Barata, principal operador de la empresa Odebrecht en el Perú en los últimos años, quien ha sido señalado por el titular de la misma, Marcelo Odebrecht, como la persona que posee toda la información de detalle acerca de cómo se manejaron los recursos ilícitos con los que esta constructora brasileña financió campañas electorales y candidaturas en el Perú en diferentes momentos, pagando además cuantiosos sobornos a nuestras más altas autoridades, para obtener concesiones y otros beneficios indebidos.

Si los pocos avances hasta ahora conocidos de estas investigaciones han impactado con tanta fuerza en el escenario político nacional, lo que debiera ocurrir en adelante amenaza con provocar un verdadero terremoto en este mismo espacio, considerando los alcances de la información que se presume maneja Barata, según lo ya declarado por su empleador.

No es casual entonces que  la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación en el Congreso de la República, promovida por Fuerza popular, haya tenido lugar casi inmediatamente después de que el MP decidiera ampliar el testimonio de Marcelo Odebrecht en Brasil, para despejar varias incógnitas respecto a probables financiamientos otorgados por su empresa a la campañas de Keiko Fujimori y Alan García, además de explorar otros indicios que aportarían al desarrollo de varias de las investigaciones en curso.

El hecho de que dicha acusación coincida también con la reapertura de la investigación que se sigue a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y mecenas de esa organización política, por supuesto lavado de activos, permite afirmar la hipótesis de que, lo que se quiere evitar, es que la actuación de la fiscalía pueda continuar avanzando en la dirección descrita.

De otro lado, la acusación formulada también en el Congreso contra cuatro magistrados del TC (teniendo presente que su composición es de siete en total)  esta vez impulsada principalmente por Fuerza Popular y el APRA, si bien se origina en una motivación distinta, no puede ser entendida al margen de lo anterior. En la actualidad, sectores mayoritarios del Parlamento evidencian un claro propósito de controlar, o al menos neutralizar, la actuación de esta entidad, cuyas decisiones podrían modificar sustantivamente (a través de procesos constitucionales de Amparo o Hábeas Corpus) las medidas adoptadas por el MP o el PJ, contra las personas involucradas en los procesos por lavado de activos o corrupción.

Si a lo anterior sumamos la actuación del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde se ha iniciado, en paralelo al Congreso, un proceso disciplinario contra el fiscal de la Nación, al tiempo de haber concluido pocas semanas atrás el proceso de nombramiento de cuatro nuevos jueces supremos y cuando se apresta a convocar a “concurso” para cubrir las plazas de magistrados titulares en el PJ con competencia para ocuparse de los casos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado, la conclusión no puede ser distinta a la señalada al inicio: Nos encontramos en una situación en la que urge defender la autonomía e independencia de nuestros organismos jurisdiccionales, si queremos evitar que la impunidad y la corrupción, se instalen definitivamente en la ya débil institucionalidad con la que contamos en el Perú.

  • Fecha de publicación: 24/01/18
  • Foto: Agencia Andina

Pedirán cerrar el caso contra los miembros del TC

Los representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las víctimas de El Frontón pedirán que se cierre definitivamente el proceso que se sigue en el Congreso a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Para recordar: hay una denuncia constitucional presentada por ex marinos vinculados con la matanza de El Frontón en contra de los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña. Según los demandantes, cambiaron el sentido del voto del ex magistrado Juan Vergara Gotelli en una sentencia del año 2013.

Para los marinos, la rectificación implicaría que las muertes de presuntos terroristas ocurridas en 1986 son delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

Los magistrados del TC han respondido que ellos solo contabilizaron de nuevo los votos, a pedido del propio procurador del Estado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pidió la destitución e inhabilitación por diez años de Espinosa-Saldaña y suspensiones por 30 días para sus colegas Ledesma, Ramos y Miranda.

Sin embargo, en diciembre la Corte resolvió requerir al Estado peruano la suspensión inmediata del procedimiento de acusación constitucional. Esto ante la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por los representantes de las víctimas del caso El Frontón.

Esta suspensión corre “hasta que el Pleno de la Corte conozca la solicitud de medidas provisionales durante su 121 Período Ordinario de Sesiones”, de acuerdo con la resolución conocida de manera pública el 17 de diciembre pasado.

La Corte IDH, en su resolución, estableció que necesita contar con “todos los elementos necesarios para adoptar una decisión”.

Por cierto, ya existe fecha para la audiencia: será el viernes dos de febrero, a partir de las 8:30 de la mañana.

Horas después será la audiencia –en la misma Corte– para analizar el indulto presidencial humanitario a favor de Alberto Fujimori.

PRESIÓN

Mientras se espera la audiencia de la Corte, el Congreso dominado por el fujimorismo no quiere darse por vencido. El domingo, el titular del Legislativo, Luis Galarreta, adelantó que la Comisión Permanente del Congreso podría debatir el informe contra los cuatro magistrados del TC.

Esto a pesar de que la suspensión decretada por la Corte IDH se mantiene vigente a la espera de la audiencia del dos de febrero.

En conversación con La República, el abogado Carlos Rivera, quien representará a las víctimas en la audiencia, señaló que frente a las declaraciones de Galarreta se le solicitará a la Corte IDH que tome una decisión lo más rápido que se pueda.

Se busca que el proceso que afecta a los cuatro miembros del TC se cierre de manera definitiva.

Los abogados nombrados en representación del Estado peruano son Helmut Olivera y Sofía Donaires.

Albán: “O hay desinformación o se quiere mandar un mensaje”

-Para el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Galarreta, pueden ser interpretadas de dos maneras. El titular del Legislativo adelantó que se debatiría el informe sobre los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de la suspensión requerida por la Corte IDH.

– “Imagino que hay desinformación, porque el Estado está obligado a acatar. O se trata de mandar un mensaje, de presionar, para mantener viva la expectativa de que el caso del TC se vería de todas maneras, más allá de lo que diga la Corte”, dijo.

– Para Albán, lo dicho por Galarreta es preocupante. “Si algo no se debe tocar en estos tiempos es a los organismos jurisdiccionales”, comentó.

24/01/2018

Proética felicita el éxito de la campaña “Habla Castañeda”

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, saludó el éxito de la iniciativa ciudadana “Habla Castañeda” tras haber superado las 25 mil firmas válidas para que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, rinda cuentas sobre cuestiones tan importantes de su gestión municipal como por ejemplo las obras del By Pass de 28 de Julio o el puente Bella Unión o como se ha hecho la reforma del transporte público.

“Queremos felicitar al colectivo que llevo adelante la campaña Habla Castañeda, a la cual Proética se sumó, porque no aceptamos una administración opaca, una administración que no quiera rendir cuentas y que no sea transparente”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Ahora el burgomaestre de Lima deberá responder a un pliego interpelatorio de 108 preguntas clasificadas en 17 temas.

“El señor Castañeda puede guardar silencio sobre su vida personal o incluso sobre aspectos internos de su organización política, pero de ninguna manera sobre asuntos que son de interés público”, dijo.

Tras la validación de los planillones entregados por la Reniec, señaló que ahora continúa el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones pero lo importante es que esta información  se brinde completa y cuente con mecanismos que permitan contrastarla y verificarla.

Cabe resaltar que es la primera vez que en nuestro país se aplica el mecanismo de demanda de rendición de cuentas  de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano – Ley 26300 vigente desde 1994. Sin embargo, para Albán, esta experiencia ha demostrado la necesidad de actualizarla, toda vez que algunos de sus contenidos resultan ya obsoletos.

“Para mejorar la participación ciudadana es importante promover una reforma de toda esta normativida”, precisó.

Aunque Lima es un caso extremo, reiteró que esta situación de autoridades que no quieren rendir cuentas sobre el trabajo que realizan, se repite en muchos lugares del país.

“Vamos a difundir los resultados exitosos de esta campaña, para promover que hayan réplicas en diferentes lugares del país, a nivel de gobiernos regionales, provinciales o distritales. De esa manera, estaremos fortaleciendo la democracia y nos hacernos menos vulnerables a la corrupción, problema que, como sabemos, agobia de manera muy alarmante al Perú desde hace varios años”, finalizó.

22/01/18

 

Proética se suma a Pacto de Madre de Dios junto a organizaciones de sociedad civil

A fin de fomentar la buena gobernanza ambiental en el país, Proética firmó el “Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú”, impulsado por el Poder Judicial junto a diversas instituciones públicas y de sociedad civil, el cual busca mejorar el acceso a la justicia ambiental, y garantizar procesos y medidas contra el avance de actividades ilegales que se dan en nuestra Amazonía.

El Pacto contiene diez compromisos para mejorar la justicia ambiental en el país, muchos de los cuales se articulan con el trabajo que venimos impulsando a través de nuestro Programa de Gobernanza Climática como difundir el alcance e importancia de los principios y derechos ambientales, así como fomentar la educación y ética ambiental en la ciudadanía y en los operadores de justicia

Desde el año 2011, Proética a través de este programa busca promover la mejora de la información pública, exigir una mayor responsabilidad, transparencia e integridad en la gestión de los recursos destinados a proyectos climáticos a nivel nacional. Así como la buena gobernanza en el manejo de los recursos naturales a través de la participación de los distintos actores involucrados, impulsando acciones para mejorar los mecanismos de control y fiscalización existentes, en especial, los vinculados a la gestión forestal a nivel nacional y subnacional.

El Pacto de Madre de Dios será entregado al Papa Francisco, debido al compromiso de este con el cuidado del ambiente, el domingo 21 de enero en la sede de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.

Lee los compromisos del Pacto de Madre de Dios aquí.

18/01/18

(Foto: Poder Judicial)

Proética reitera la necesidad de impedir se afecte la independencia y autonomía de los organismos jurisdiccionales

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, reiteró la importancia de cuidar que las instituciones jurisdiccionales no sean objeto de medidas que puedan afectar su autonomía e independencia. En ese sentido, recordó que se mantienen en curso en el Congreso de la República, procesos de acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación y 4 magistrados del Tribunal Constitucional.

Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de la Magistratura ha abierto un proceso disciplinario también al Fiscal de la Nación. En el actual contexto, en el que deben darse pasos decisivos desde el Ministerio Público para avanzar en las investigaciones por el caso Lava Jato, causa preocupación que una institución cuestionada como el CNM, pretenda interferir en la tarea del Fiscal.

“Es precisamente en esta institución (CNM) en la que hay que poner la mayor atención, por cuanto existen razones suficientes para desconfiar de su actual conducción”, agregó.

Por la misma razón, calificó como un despropósito que el Poder Judicial recurra al CNM para pedir la convocatoria a concurso para el nombramiento de magistrados titulares en la Sala Penal Nacional contra Crimen Organizado y el Sistema Nacional contra la Corrupción.

“De concretarse una medida así, corremos el riesgo de que todas las investigaciones y procesos judiciales se vean perjudicados sustantivamente”, sostuvo en la última edición de La Voz de Proética.

Por ello, exhortó al Poder Judicial a hacer lo posible para evitar ese desenlace y a realizar todo el esfuerzo necesario para llegar a un entendimiento, que permita aprovechar al máximo la experiencia acumulada y la probada idoneidad de muchos de los magistrados que integran la Sala Nacional y la Sala Anticorrupción.

“Los intereses del Perú demandan una actuación prudente y responsable por parte de las altas autoridades del sistema judicial, así como de los magistrados involucrados en el conflicto de competencias suscitado”, finalizó

15/01/2018

Crece malestar en ciudadanía peruana por casos de corrupción

(Por John Lossio/ HispanTV)

Crece el malestar entre los peruanos por los numerosos casos de corrupción que se destapan a diario en el país. Son casi 40 mil las denuncias, en su mayoría por delitos de peculado y colusión, registradas hasta el momento por corrupción de funcionarios a nivel nacional.

Según estimaciones de la Defensoría del Pueblo, en el Perú la corrupción causa pérdidas por casi 12 mil millones de soles, unos 3 mil millones de dólares al año. Estas desalentadoras cifras se registran en todo el país.

Walter Albán, ex defensor del Pueblo y director de Proética, afirma que estos casos de corrupción se traducen en una pérdida de confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades.

Las últimas manifestaciones en las calles evidencian el malestar ciudadano frente al crecimiento de la corrupción en el país. Albán saluda la posición activa de la población, pero cree que no es la única alternativa.

La ciudadanía exige al Gobierno profundas reformas para erradicar este mal endémico que es la corrupción, mientras los expertos aseguran que es indispensable un mayor presupuesto para reforzar las instituciones destinadas al control del Estado.

Foto: Agencia Andina

15/01/2017

Walter Albán: “Se busca movilizar a la ciudadanía para luchar contra la corrupción”

(Por Revista La Cámara). Walter Albán, director de Proética, menciona que la Brigada Anticorrupción, busca que el protagonista sea la sociedad civil, para que esta no se desvincule de temas que deben ser de su propio interés.

¿De qué trata el programa Brigada Anticorrupción de Proética y cuál es su objetivo?

La Brigada Anticorrupción es una acción de la Red Nacional Anticorrupción orientada a la vigilancia ciudadana de la gestión pública, para identificar casos o riesgos de corrupción en instituciones públicas. Además, tiene como objetivo reducir los incentivos que tienen las autoridades y funcionarios públicos para corromperse, por lo que se requiere aumentar los niveles de vigilancia efectiva de los recursos públicos.

¿Quiénes pueden ser parte de la Brigada Anticorrupción?

En Proética se convoca al voluntariado a cualquier persona que quiera informarse de lo que está pasando en las gestiones municipales tanto en Lima como en las otras regiones del país. Mayormente estás convocatorias se hacen a través de las redes sociales y la página web de Proética.

¿Cuándo comenzaron a actuar las brigadas?

Primero se comenzó en el 2016, organizando las brigadas en municipalidades distritales, luego, al ir aumentando la cantidad de colaboradores, se empezó a trabajar con las municipalidades provinciales. Ahora nos estamos preparando para hacer auditorías en otras entidades del Estado, ya que cada institución requiere de una preparación distinta.

¿Cuál es el rol de los ciudadanos en la brigada?

Esta iniciativa busca, por un lado, movilizar a la ciudadanía para la lucha contra la corrupción a nivel local, haciendo que ejerzan sus derechos a acceder a la información pública y vigilando la gestión de las instituciones públicas. Buscamos que el protagonista sea la sociedad civil, porque mayormente existe una separación entre el Estado y la ciudadanía, por ello tratamos de que la ciudadanía no se desvincule de temas que deben ser de su propio interés.

¿Qué acciones se ejecutan cuando una brigada realiza una auditoría?

Durante varios días un grupo capacitado por Proética, pide a las municipalidades, los expedientes de las áreas más sensibles, como licencias de construcción, licencias de funcionamiento y obras realizadas por cada gestión municipal, con las cuales se hace un reporte y se brindan recomendaciones a los alcaldes si existieran fallas y se realiza un seguimiento para saber cómo fueron atendidas esas recomendaciones.
Además, se busca estar al tanto de cómo se están manejando los recursos, con qué prioridad se ejecutan las obras o se ponen en práctica los planes o políticas de las instituciones del Estado. También se realizan campañas cívicas alrededor de las municipalidades, para que la gente conozca sus derechos, presente sus quejas y reclamos, y así combatir de mejor forma la corrupción que tiene lugar en sus municipalidades.

¿Qué ocurre si se encuentran con un acto de corrupción?

Si nos encontramos con algún acto de corrupción o delito, lo que hace la brigada es derivarlo al Ministerio Público. Aunque mayormente lo que hemos encontrado es deficiencia en la manera como se han tramitado expedientes. Y en otros casos hemos hallado riesgos de corrupción que no pueden ser fácilmente detectados. Aquí vemos que los municipios no tienen mecanismos que les permitan detectar rápidamente las áreas donde se producen las irregularidades.

Entonces nuestras recomendaciones están más orientadas a una cuestión preventiva, ya que muchas veces estos problemas están dentro de la misma entidad. En muchos casos los trabajadores no son supervisados o no existen sistemas de control que permitan detectar oportunamente lo que sucede en cada área.

¿Cómo se están preparando para las siguientes brigadas?

Cada institución requiere de una preparación distinta, por ello el programa de construcción del fenómeno del Niño Costero, nos está ayudando a preparar a más ciudadanos y a organizaciones de las diversas regiones del norte del país, para que puedan fiscalizar a los gobiernos regionales y distritales.

¿Qué sucederá con las brigadas en este año?

Para este 2018 esperamos ampliar las redes y obtener una mayor experiencia de trabajo para ampliarnos a los gobiernos regionales y municipalidades provinciales. Queremos que los voluntarios estén mejor entrenados, para que realicen una labor más amplia en todas las áreas de la entidad que se le señale. Adicionalmente, estamos trabajando para hacer las auditorías en simultáneo, es decir no solo queremos trabajar con una municipalidad cada cierto tiempo, sino que se pueda llegar a varias entidades al mismo tiempo.

11/01/2018