Proética rechaza el indulto otorgado a Alberto Fujimori

Lima, 27 de diciembre del 2017.- Ante la reciente decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar los beneficios de indulto y gracia presidencial al ex presidente Alberto Fujimori, Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, expresa su rechazo a tal medida por las siguientes consideraciones:

  1. El contexto en el que esta decisión ha tenido lugar y lo expeditivo del trámite observado, además de las deficiencias denunciadas con respecto al proceso mismo, constituyen claras evidencias de que no nos encontramos ante un caso de indulto humanitario, único supuesto en el que cabría admitir la aprobación de tan excepcionales beneficios.
  2. La escasa o nula transparencia con la que se ha procedido en este asunto, sumada al hecho de que el presidente Kuczynski haya faltado al expreso compromiso asumido durante su campaña electoral, respecto de que no otorgaría tal indulto y recibiría a los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos, quienes hasta la fecha no son compensados, agrava una situación en la que el descrédito y la desconfianza de la ciudadanía hacia su persona, han adquirido niveles extremadamente preocupantes que afectan la gobernabilidad del país.
  3. Resulta claro que el gobierno del presidente Kuczynski ha perdido el rumbo en lo que atañe a la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que es urgente que tome acciones con el propósito de revertir esta situación. Bajo las actuales circunstancias, es imperativo proceder a una recomposición del gabinete ministerial que refleje esa opción de gobierno. Asimismo, es indispensable que se garantice también el derecho de la ciudadanía a expresar su descontento ante el indulto, en un marco de respeto a la Constitución y la ley.

Desde Proética nos mantendremos en alerta, apoyando las acciones que puedan emprenderse para obtener una rectificación de tan controversial medida ante los tribunales, ya sea a nivel interno o ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Walter Albán, Director Ejecutivo de Proética

Proética: Las empresas tienen que cambiar su actitud pasiva

(Por El Comercio)

Si algo –digamos, positivo– deja el escándalo de corrupción que terminó de ensombrecer el 2017, eso es la oportunidad que como país tenemos para aprender de los errores y empoderar a la ciudadanía –incluida la clase empresarial– para lograr un verdadero cambio. Así lo considera el presidente de Proética, Jorge Medina, quien en su calidad de empresario, inversionista ángel y director de empresas, no duda en alzar la voz para que los hombres de negocios mejoren la percepción que tiene la ciudadanía sobre ellos.

 

Terminamos el año con el Caso Lava Jato haciendo remecer los cimientos del Gobierno y de algunas de las más importantes empresas del país. ¿Cuál es la principal reflexión a la que debemos arribar?
Lo que está ocurriendo no surge hoy, es algo crónico y muy grave que pone de manifiesto la perversa relación entre el mal poder político y el mal poder económico que, a su vez, pone de manifiesto dos cosas muy graves: la infiltración de dinero ilícito en la política y la penetración de la corrupción.

 

¿Imaginaba que la corrupción había llegado a tal nivel?
Solo te puedo decir que [la corrupción] existe y ha existido siempre y, mientras hablamos, sigue existiendo. Quizá, en la década de los 90, en la época del fujimontesinismo, estaba centralizada desde la cabeza del Estado, pero a partir del 2002, con la regionalización, se descentralizó y de las 1.800 autoridades locales, por ejemplo, 9 de cada 10 están implicadas en procesos de corrupción.

 

¿Qué hacer frente a esa realidad?
​Hoy estamos concentrándonos en la fiebre, pero el problema es la infección que origina esa fiebre. Vemos las consecuencias, pero no la causa y cuando ataquemos la causa, recién empezaremos a resolver el problema.

 

¿Por dónde empezar para que esa infección no se siga propagando?
Hay varios temas. No pretendamos resolver el problema si vamos a tener políticos que resultan del financiamiento ilícito. Desafortunadamente, la reforma que tenemos para impedir la penetración del dinero ilícito en la política es parcial y no ha tocado el fondo. Y, si un partido o agrupación política comete una ilegalidad, debe tener sanción política.

 

¿Podemos confiar en esa sanción política considerando el famoso ‘rabo de paja’?
Me refiero a la sanción política de los organismos electorales, como quitarte el registro para que no participes en política.

 

¿Tenemos que pensar en nuevas leyes?
Es verdad que se requieren algunas reformas, pero ante indicios o conductas que no son las mejores en el sector privado, debe haber sanción moral y social.

 

¿Resultará fácil aplicar esa sanción social cuando mientras conversamos, como usted dice, se pueden estar transando negocios bajo la mesa?
En el mundo empresarial hay indicios y, más o menos, sabes quién es quién. Hace algunos años, una empresa dejó de participar en licitaciones cuando sabía o intuía que iban a estar amañadas. Por eso, cuando sabes que hay algo que no está bien, abstente, no lo avales con tu presencia. Eso es ejercer sanción social.

 

Hay tres empresas socias de Odebrecht que están investigación. ¿Sería parte de esa sanción social que sus pares privados les cancelen contratos?
Déjame contestarte de esta manera. Si han perdido o no contratos, no lo sé, pero han sufrido efectos negativos: han vendido activos para pagar deudas, el valor de sus acciones ha bajado y es probable que sus bancos les pidan mayores garantías, porque su riesgo ha aumentado. A donde no podemos llegar es al extremo de hacer aseveraciones que solo el Poder Judicial puede hacer. Lo importante es que ya están en investigación.

 

Si entre bambalinas se sabía que existían prebendas y pagos, ¿por qué dejamos que la corrupción se empodere tanto?
Según la historia, en el Perú y en América Latina la impunidad ha reinado siempre. La corrupción se ha insertado de tal manera que compra voluntades en el Poder Judicial, en la fiscalía, en la policía, en la política, en el Congreso o en autoridades regionales. Pero hoy hay muchísima más conciencia ciudadana y los empresarios no podemos desligarnos.

 

¿Cuál debe ser el rol de los empresarios?
Las empresas tienen que cambiar su actitud pasiva. Si tengo buenas prácticas y programas de combate a la corrupción y de buen gobierno corporativo, me toca influir positivamente en mi cadena de valor (proveedores, clientes, abogados y gestores de intereses). Pero, también me toca influir en políticas públicas para saber qué origina la fiebre y cómo mato la infección. Me debo pronunciar, no puedo seguir poniéndome de costado porque antes que empresario soy un ciudadano, soy peruano y no puedo ser indiferente.

 

Dos firmas que trabajan junto a ex consorciadas con Odebrecht me decían que seguirán trabajando con estas compañías porque, de comprobarse los delitos, las corruptas serían las personas, no las empresas.
En efecto, las personas son las corruptas. No podemos pretender cerrar empresas por conductas de algunos de sus dirigentes. Las empresas tienen su propia personería jurídica y, además, tienen trabajadores, proveedores y obligaciones con el Estado. No puedes matar a la empresa porque cortas la cadena de pago y causas un peor problema.

 

Entonces, ¿está en contra del DU 003 que pretende impedir que participen en futuras licitaciones públicas?
El 003 tuvo buenas intenciones, pero fue pésimamente diseñado y ahora, con las modificaciones del Congreso, están agravando el problema. Aunque se debe hacer responsable a la empresa no podemos matarla.

 

Tras lo sucedido, ¿habrá un verdadero cambio en el tratamiento del gobierno corporativo en las empresas?
El buen gobierno corporativo es fundamental, pero hay que ser realistas, el problema estaba en que se creía que había que ganar las licitaciones comprando voluntades.

 

¿Cuál debe ser el rol de los directorios?
Los directorios van a ser mucho más sensibles al riesgo de corrupción y las empresas deberían tener un sistema ad hoc de prevención y combate a la corrupción, pero también se deben hacer públicos los resultados de los programas de cumplimiento, prevención y combate a la corrupción.

 

¿Se podrá?
Claro, se requiere de una buena dosis de valentía y coraje y, sobre todo, de visión. Sería un extraordinario paso en el sector privado.

 

Pero el año pasado una encuesta de EY revelaba que cerca del 50% de los equipos financieros justificaría comportamientos poco éticos con el objetivo de alcanzar metas financieras.
Si fuese así, no significa que eso no pueda cambiar. Pero se trata de un cambio desde la cabeza, es en ese lugar donde se parte el pastel para hacer las reformas y los cambios.

 

¿Lograremos hacerlo en el breve plazo?
Si no se hace, ponemos en serio riesgo a la sostenibilidad empresarial. Aquellos líderes que tengan la visión suficiente y hayan desarrollado ese nivel de conciencia, lo van a hacer, no tengo duda, pero se requiere una visión de largo plazo. Quizá al inicio te signifique perder algunos negocios y tu competidor te gane porque usó malas armas pero, al final del día, serás sostenible.

 

¿Qué esperar de la clase empresarial a la que pertenece?
El sector privado tiene que bajar de la tribuna, ir a la cancha, jugar y ganar el partido. Eso es liderazgo y visión de largo plazo. No debemos seguir jugando el rol de víctimas sino de líderes, no podemos desentendernos porque no somos gobierno, tenemos que participar.

 

Al final de túnel, ¿Lava Jato permitirá iniciar la verdadera lucha contra la corrupción?
Podría ser el punto de quiebre y aquello que nos abra los ojos.

 

¿Cómo avizora a la clase empresarial después de este escándalo?
Si participamos y dejamos el miedo atrás y la hipocresía de decir lo que es políticamente correcto, y nos involucramos con acciones y predicamos con el ejemplo, veo a una clase empresarial exitosa, generando empleo y bienestar, con impactos positivos en el país.

 

¿Participando con efectos positivos en política, porque hay quienes dicen que como políticos no la hacen?
Esa es una falsa dicotomía porque, sin pertenecer a un partido, los empresarios sí hacemos política, que es ejercer influencia positiva en lo que tiene que ver con el bien común, con el progreso del país y su desarrollo.

 

¿Veremos gremios más fortalecidos?
Insisto, si es que nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos y cambiamos nuestras actitudes, sí, incluso mejoraremos la percepción que tiene la ciudadanía sobre nosotros, que no tiene una buena percepción de los empresarios, y no le echemos la culpa a las ONG, a los medios o a los de izquierda, es un tema nuestro y no es gratuito.

 

26/12/2017

Congreso está obligado a acatar orden de la Corte IDH sobre jueces del TC

(Por La República) El Poder Legislativo está obligado a acatar la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender de inmediato el proceso que se sigue a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón. Si no lo hace, estaría yendo contra la normativa nacional e internacional, advirtió el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán.

En ese sentido, dijo esperar que la mayoría parlamentaria cumpla con lo resuelto por el organismo supranacional y el proceso al que son sometidos los magistrados del TC en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quede congelado hasta el próximo 2 de febrero, fecha en que la Corte IDH realizará la audiencia de supervisión del caso El Frontón y evalúe el cumplimiento de su sentencia contra el Estado peruano.

Precisamente, la Corte señaló que el caso de los magistrados del TC le compete porque la decisión que estos adoptaron en el recurso de reposición de ex marinos procesados por ejecuciones extrajudiciales en el Frontón podría incidir en el juicio oral.

El organismo supranacional ordenó al Perú, en el 2000, investigar y sancionar, así como iniciar nuevos procesos a eventuales responsables de las muertes y desapariciones ocurridas durante el motín en El Frontón, en junio de 1986.

Albán, abogado defensor de uno de los procesados, sostuvo que ningún representante del Estado peruano puede desconocer un mandato del sistema interamericano, del cual el Perú forma parte a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “Hacerlo traería consecuencias graves, más aún en el contexto de crisis que vivimos”, sostuvo.

Como se sabe, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó destituir a Eloy Espinosa-Saldaña y suspender a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda por supuestamente haber cambiado el fondo de la sentencia del caso El Frontón.

Por su parte, el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, advirtió que si el Congreso no cumple con el mandato de la Corte IDH se generaría un “nivel de responsabilidad internacional del Estado”, que el organismo supranacional tendrá que especificar respecto a las consecuencias y acciones que eso conllevaría.

Rivera calificó la disposición de la Corte como un “hecho de carácter histórico”.

“Se cumplirá lo resuelto”
En declaración pública, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional anunciaron que cumplirán “estricta y escrupulosamente” lo resuelto por la Corte IDH, en cumplimiento de la Constitución Política, que reconoce a los tratados firmados por el Estado como parte del derecho nacional.

19/12/2017

Comisión de Ética debe ser disuelta para su recomposición, sugiere Proética

(Por Agencia Andina) El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, dijo hoy que la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso debe ser disuelta para pasar por un proceso de recomposición y no pueda ser usada como un instrumento de agresión política.

En declaraciones a la Agencia Andina, precisó que este grupo de trabajo generó “una decepción total” debido a su controvertida forma de actuar frente a determinados casos de inconducta legislativa sometidos a su fuero.

“La Comisión de Ética tiene que ser reformulada (en su composición), en primer lugar, disolverla y ver un nuevo diseño, para que esa función la cumpla gente que no tenga la posibilidad de utilizarla como un instrumento de agresión política y de protección o blindaje a los fieles y leales que son a su causa”, señaló.

Albán señaló que el mencionado grupo parlamentario, que preside Juan Carlos Gonzales, “no es una instancia seria”, porque en ella “se castiga a los enemigos y protegen a los propios”.
“Nos parece bien que algunos integrantes de diversas bancadas hayan decidido salir de este grupo de trabajo, para, de esta manera, se evite suscribir alguna pantomima promovida por dicha comisión. Por ello, consideramos que deben verse otras formas de conformación”, añadió.

Recordó que existen muchos casos que dieron vergüenza por la forma como fueron resueltos por este grupo de trabajo, como el caso de la legisladora de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, que participó en el tráfico de tierras y que pagó por un certificado de estudios y que no fue sancionada.

“Esa congresista, estuvo en primera fila en la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) evaluando a los magistrados del Tribunal Constitucional, es vergonzoso”, agregó.

Foto: Agencia Andina

18/12/2017

Proética frente a la delicada coyuntura política que atraviesa el país

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que antes que presionar por salidas abruptas de renuncia o vacancia, lo que corresponde es un debido proceso para que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, responda frente a los cuestionamientos de los que ha sido objeto. Solamente en el caso en el que después de ello, quedara establecido que ha faltado a la verdad u ocultado información, comprometiendo su integridad como funcionario público, debiera quedar apartado del cargo.

Dada esa circunstancia, Albán sostuvo la necesidad de optar por las salidas institucionales, lo que implica seguir el camino que la Constitución ha previsto en una situación así. Por otra parte, exigió que cese todo intento de afectar la independencia de los organismos jurisdiccionales, debiendo quedar sin efecto las acusaciones interpuestas en el Congreso de la República contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, así como el anunciado nombramiento de cuatro nuevos jueces supremos por el cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

18/12/2017

Condenarlos al ostracismo, por Jorge Medina

Por Jorge Medina, presidente de Proética
Publicado en el diario El Comercio

Hace unos días, Proética realizó el foro “Por un Perú Libre de Corrupción: Retos y Compromisos”. El debate tocó el rol del sector privado. Daniel Paredes, un joven líder de la audiencia, nos preguntó a los panelistas: “Ustedes dicen que todos [los empresarios] sabían sobre Odebrecht y que fueron laxos. Ahora, ¿saben de alguien más? Y si es así, ¿qué harán?”.
La respuesta merece ser ampliada. Una medida comprobadamente efectiva es la sanción social: dejar de tener relaciones con empresas y empresarios corruptos, aunque eso signifique perder oportunidades en el corto plazo.

Un informe del Banco Mundial señala que en los países donde se acepta la corrupción y no hay sanción social, no se respeta a las personas honestas y hasta se burlan de ellas. Esto refleja que la corrupción es influida por normas sociales. Sin sanción social, se normaliza el delito.

El Banco Mundial y el BID publican una lista de empresas envueltas en corrupción, detectadas durante procesos administrativos. Estas pueden llegar a ser castigadas hasta con la inhabilitación temporal para la adjudicación de contratos con esos bancos.

El WEF pone énfasis en el liderazgo ético, que es actuar en base a valores y con autoridad moral, pues es lo que los consumidores premian. La OCDE asegura que liderar con el ejemplo es el factor que más impacta en el comportamiento ético y la confianza de los trabajadores.

Daniel, los empresarios podríamos seguir este ejemplo: evitar relacionarnos con quienes están vinculados a la corrupción. Tenemos que apartar a los corruptos que atentan contra el Perú y el gremio, tal como en la antigua Grecia, donde se condenaba al ostracismo a quienes atentaban contra su sociedad.

Ilustración: Victor Aguilar

18/12/2017

Cómo fue que le ahorramos más de 24 millones al Estado en obras públicas

Los escándalos de gran corrupción que están marcando nuestra coyuntura, sumados a casos menos conocidos pero muy cotidianos de corrupción en obras públicas, nos recuerdan que la falta de un efectivo monitoreo y control por parte de las autoridades en la ejecución de obras de infraestructura permite que la corrupción se haya instalado y se reproduzca, ocasionando cuantiosas pérdidas al Estado.

Sin embargo, un estudio experimental de casi dos años ha demostrado que esta situación, al menos a nivel de municipios distritales y obras consideradas menores, puede cambiar con un trabajo en conjunto entre la sociedad civil y las entidades fiscalizadoras.

“Guardianes de la Administración Pública” es el nombre del estudio elaborado por el profesor e investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU.), Paul Lagunes, que evaluó los efectos de la vigilancia ciudadana de Proética dirigida a la ejecución de obras públicas menores, como pistas y veredas, lozas deportivas y mercados municipales, por parte de un grupo de municipios distritales en todo el país.

Según los resultados arrojados por este estudio, la intervención llevada a cabo por Proética, en alianza con la capacidad disuasiva de la Contraloría General de la República, el costo promedio total de las obras vigiladas resultó 24.3 millones de soles menos que el de un grupo de obras similares que no fueron vigiladas.

Puede descargar el resumen de la investigación a través de Dropbox aquí.

 

Veamos en la siguiente infografía el detalle de la intervención y del estudio:

13/12/2017

Decisión del Congreso sobre TC será anulada por justicia internacional

(Fuente: Agencia Andina). El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, afirmó hoy que la decisión que tome el Congreso respecto a la destitución o suspensión de algunos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), será posteriormente anulada por el sistema interamericano de justicia al tratarse de una acusación “absurda a toda regla de derecho”.

Cuatro magistrados del TC, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza, fueron denunciados por 11 marinos en retiro, al considerar que cambiaron uno de los votos de una sentencia que establecía que, en la intervención en el penal de El Frontón, no hubo delitos de lesa humanidad.

“Sin duda, una decisión de esta naturaleza (destituir y suspender magistrados) será anulada por el sistema interamericano, tal como ocurrió en el pasado (durante el gobierno de Alberto Fujimori), por lo que se repondrán a quienes hayan podido ser destituidos, por ejemplo”, manifestó a la Agencia Andina.

Asimismo, señaló que quienes serán evaluados y juzgados en su momento serán todos aquellos congresistas que promovieron esta acusación constitucional, “porque actuaron contra toda norma y principio constitucional y atropellando la institucionalidad”.

“Están tumbándose a combazos la poca institucionalidad que nos queda en el país, (la bancada fujimorista) quiere capturar y neutralizar al Tribunal Constitucional”, aseguró.

Dijo que la posible destitución de un magistrado y la suspensión de otros dos, se parece a lo que hizo Fujimori en el año 1992, cuando cerró el Congreso de la República.

“Aunque acá cerrarían la independencia del Tribunal Constitucional en buena medida. Además, sería una advertencia a los que quedarían como diciéndoles: ‘de que de aquí en adelante o se portan como ellos quieren o los sacan’”, dijo.

Albán agregó que la actuación de una parte del Congreso coloca al país en un campo distinto al derecho, porque la acusación no tiene argumentos jurídicos y “lo único que se esgrime es fuerza bruta”.

13/12/2017