Por Walter Albán. Bajo las actuales circunstancias en el Perú, los riesgos para el sistema jurisdiccional, comprendiendo aquí tanto al Poder Judicial (PJ) como al Ministerio público (MP) y al Tribunal Constitucional (TC), son enormes. Y ello es así, no solamente por nuestra secular debilidad institucional y los problemas propios de cada una de estas entidades, sino principalmente por los procesos judiciales iniciados por lo menos en los últimos dos años, a propósito de los escándalos de corrupción derivados del caso Lava Jato.
Tales procesos, ahora sustantivamente concentrados en la labor del MP, han ingresado a una nueva etapa desde que quedó finalmente allanado el camino para obtener las declaraciones del señor Jorge Barata, principal operador de la empresa Odebrecht en el Perú en los últimos años, quien ha sido señalado por el titular de la misma, Marcelo Odebrecht, como la persona que posee toda la información de detalle acerca de cómo se manejaron los recursos ilícitos con los que esta constructora brasileña financió campañas electorales y candidaturas en el Perú en diferentes momentos, pagando además cuantiosos sobornos a nuestras más altas autoridades, para obtener concesiones y otros beneficios indebidos.
Si los pocos avances hasta ahora conocidos de estas investigaciones han impactado con tanta fuerza en el escenario político nacional, lo que debiera ocurrir en adelante amenaza con provocar un verdadero terremoto en este mismo espacio, considerando los alcances de la información que se presume maneja Barata, según lo ya declarado por su empleador.
No es casual entonces que la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación en el Congreso de la República, promovida por Fuerza popular, haya tenido lugar casi inmediatamente después de que el MP decidiera ampliar el testimonio de Marcelo Odebrecht en Brasil, para despejar varias incógnitas respecto a probables financiamientos otorgados por su empresa a la campañas de Keiko Fujimori y Alan García, además de explorar otros indicios que aportarían al desarrollo de varias de las investigaciones en curso.
El hecho de que dicha acusación coincida también con la reapertura de la investigación que se sigue a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y mecenas de esa organización política, por supuesto lavado de activos, permite afirmar la hipótesis de que, lo que se quiere evitar, es que la actuación de la fiscalía pueda continuar avanzando en la dirección descrita.
De otro lado, la acusación formulada también en el Congreso contra cuatro magistrados del TC (teniendo presente que su composición es de siete en total) esta vez impulsada principalmente por Fuerza Popular y el APRA, si bien se origina en una motivación distinta, no puede ser entendida al margen de lo anterior. En la actualidad, sectores mayoritarios del Parlamento evidencian un claro propósito de controlar, o al menos neutralizar, la actuación de esta entidad, cuyas decisiones podrían modificar sustantivamente (a través de procesos constitucionales de Amparo o Hábeas Corpus) las medidas adoptadas por el MP o el PJ, contra las personas involucradas en los procesos por lavado de activos o corrupción.
Si a lo anterior sumamos la actuación del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde se ha iniciado, en paralelo al Congreso, un proceso disciplinario contra el fiscal de la Nación, al tiempo de haber concluido pocas semanas atrás el proceso de nombramiento de cuatro nuevos jueces supremos y cuando se apresta a convocar a “concurso” para cubrir las plazas de magistrados titulares en el PJ con competencia para ocuparse de los casos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado, la conclusión no puede ser distinta a la señalada al inicio: Nos encontramos en una situación en la que urge defender la autonomía e independencia de nuestros organismos jurisdiccionales, si queremos evitar que la impunidad y la corrupción, se instalen definitivamente en la ya débil institucionalidad con la que contamos en el Perú.
- Fecha de publicación: 24/01/18
- Foto: Agencia Andina
