Gris panza de burro: Tolerancia a la corrupción en el Perú

Comparte Comparte Comparte Comparte

Por Samuel Rotta. Hace casi medio siglo, Arnold Heidenheimer, en un texto clásico dentro de la literatura académica sobre corrupción, se preguntaba por qué algunas conductas corruptas tenían más probabilidades de extenderse en determinados tipos de sociedades que en otros.

Para responderse, elaboró una simple escala de grises: etiquetó como “corrupción blanca” a aquellas conductas que no generan un rechazo vigoroso en ningún sector social; como “corrupción negra” a aquellas conductas sobre las que hay amplio consenso en que no pueden ser toleradas y deben ser sancionadas; finalmente, como “corrupción gris” a aquellas conductas frente a las cuales solo algunos sectores, particularmente las elites, tienen una actitud de rechazo, mientras que la mayoría las tolera o no es tajante en su rechazo.

Heidenheimer aplicó este esquema a un grupo de conductas de corrupción en cuatro tipos distintos de comunidades para analizar la tolerancia a en cada una de ellas.  Verificó que en el sistema moderno basado en la cultura cívica había una menor recurrencia y un mayor rechazo que en las otras tres comunidades: sistemas tradicionales basados en relaciones de parentesco o patronazgo y el sistema moderno basado en relaciones clientelares.

 

 

En el Perú

Como en cualquier sociedad, distintos sistemas de intercambio socio-políticos conviven en el Perú. Hay decisiones públicas que se toman por el peso de relaciones familiares o amicales (contrataciones en puestos de confianza, por ejemplo), por los compromisos asumidos a través de redes de clientela política (entrega de certificados de posesión en zonas de riesgo, como volvimos a ver a propósito de las tragedias generadas por los deslizamientos e inundaciones del verano pasado) o para satisfacer expectativas de beneficios económicos que se hicieron actores corporativos luego de apoyar financieramente una campaña política (reformas normativas o relajo de regulaciones), entre otras razones.

Mapear las distintas conductas, según su grado de tolerancia y las razones que lo explican, puede ayudar a diseñar y gestionar programas anticorrupción más “inteligentes”, que enfrenten causas particulares para cada una de ellas, con medidas que no se queden en la solución facilista de reformas legales universales que se implementan a tientas, si no que se dirijan a cambiar actitudes y prácticas cotidianas.

Un ejercicio muy preliminar en nuestro país puede hacerse con datos de la Encuesta Nacional sobre Corrupción (Proética 2017). Aunque son pocas conductas analizadas y limitadas a pequeña corrupción, podemos apreciar que el rechazo está lejos de ser consensual hacia ninguno de los casos evaluados y lo que predomina es una actitud ambigua (corrupción gris).

 

 

El ejercicio puede profundizarse para ver cómo se comportan los distintos grupos sociales frente a cada conducta; en particular para encontrar si es que, como sugería Heidenheimer para el caso de comunidades con alto rechazo a la corrupción, las élites presentan una inclinación a reflejar una “cultura cívica” más clara que otros sectores.

Aunque sí hay un rechazo a las conductas de corrupción mayor entre el grupo económicamente más acomodado (A), este no es categórico y más bien está en ligera desventaja frente a los que se muestran ambiguos (gris).  Prácticamente, a medias.

 

 

 

 

Por su parte, las clases medias (B-C) y los sectores populares (D-E) presentan datos parecidos frente a las tres conductas: una ambigüedad bastante alta, con barras grises entre 55% y 70%, complementado con rechazos que van de 15% a 34%. Hay una tendencia a que se reduzca el mientras más bajo es el NSE.

Este ejercicio preliminar comprueba la actitud ambigua ante la corrupción –al menos, pequeña corrupción—extendida entre todos los sectores socioeconómicos; ni siquiera en el grupo más acomodado hay una “cultura cívica” que predomine.  Esto sugiere, por lo pronto, la necesidad de estrategias dirigidas a quebrar la idea de la corrupción como algo inevitable y “natural”, sea con campañas informativas y de sensibilización, como con ejemplos de sanción efectiva y difusión, dirigidas a públicos muy distintos entre sí.

  • Fecha de publicación: 30/01/2018
  • Foto: Propia

Proética exige respetar el pronunciamiento de la Corte IDH respecto al indulto de Alberto Fujimori y los cuatro miembros del TC

Comparte Comparte Comparte Comparte

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, señaló que la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en San José de Costa Rica, sobre el indulto del expresidente Alberto Fujimori y la acusación constitucional en el Congreso de la República contra los miembros del Tribunal Constitucional, será de obligatorio cumplimiento para las distintas autoridades del Estado.

Recordó que conforme al artículo 205 de nuestra Constitución, los peruanos tenemos el derecho de acudir a dicha instancia internacional, cuando no conseguimos que se protejan nuestros derechos fundamentales a través de la jurisdicción interna. En esa situación, tenemos expedita la posibilidad de acudir entonces a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Además, recalcó que esta experiencia la vivimos muy intensamente los peruanos durante el gobierno autoritario de Fujimori, cuando los derechos fundamentales quedaron desprotegidos cuando bajo ese régimen fueron prácticamente intervenidos el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el Tribunal Constitucional.

Aunque manifestó que no podemos adelantarnos a lo que finalmente resolverá la Corte Interamericana sobre los asuntos que habrá de abordar, consideró preocupante que algunas autoridades de nuestro país, hayan insinuado desde ya que podrían no acatar lo que se resuelva si el resultado no es satisface.

“La defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción van de la mano, y no podemos permitir que nos escamoteen, como ha ocurrido con el pueblo venezolano, la posibilidad de acudir a estos organismos internacionales, cuando así corresponda conforme a nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Lo que decida la Corte, deberá ser cumplido a cabalidad”, finalizó.

Foto: El Peruano

29/01/2018

Cinco lecciones para enfrentar la corrupción

Comparte Comparte Comparte Comparte

Por Débora Dongo-Soria. Transparencia Internacional, el movimiento global que lucha contra la corrupción, organiza una vez al año un curso anticorrupción de siete días en Vilna, la capital de Lituania, para jóvenes líderes. Desde su lanzamiento, en el 2010, han participado unas 800 personas de 90 países. En el 2017 fuimos tres peruanos.

El curso es una oportunidad para entender las causas y efectos de la corrupción, saber en qué dirección está yendo el mundo para enfrentarla y adquirir mejores habilidades para difundir un mensaje de integridad y transparencia.

Estas son las cinco conclusiones que saqué del curso:

  1. INVOLUCRAR A TODOS. La corrupción funciona a través de fuertes estructuras y redes. Si queremos combatirla eficazmente, toda la ciudadanía se tiene que involucrar en la solución del problema. Todos, desde donde nos toque estar (empresa, universidad, entidades públicas, medios de comunicación), tenemos una responsabilidad, un liderazgo y un poder que ejercer para construir un país más transparente, íntegro y justo. Por ello, Proética busca ser un movimiento que lidere esfuerzos por un Perú libre de corrupción, y desarrolla diferentes movilizaciones, campañas y actividades de vigilancia ciudadana.
  1. ATRAER A LOS JÓVENES. Los jóvenes de 15 a 29 años conforman el 26.9% de la población peruana, según el INEI. En las elecciones generales del 2016, los menores de 30 años fueron el grupo etario más numeroso (30.25%), por lo que su voto es decisivo para elegir autoridades honestas. Hay que buscar a los jóvenes y construir comunidades —como Jóvenes Proética— en las que desde ahora puedan comprender el rol que les toca jugar y aportar con su energía y creatividad. Así, cuando asuman posiciones de poder, será más difícil que caigan o acepten actos de corrupción.
  1. RECHAZAR LA CORRUPCIÓN (¡PERO EN SERIO!). Tenemos que tener tolerancia cero frente a la corrupción porque impide nuestro desarrollo económico y social. No debemos aceptar ni un “poquito” de contrabando, ni a quien “roba pero hace obra”, ni pensar que alguien “la hizo linda” por enriquecerse a costa del Estado sin que nadie se dé cuenta. La conducta ética debe ser parte de nuestra cultura y de nuestro día a día. Es urgente reformar el sistema judicial, policial, político y educativo. Empecemos a reconocer el valor de hacer las cosas bien, dejemos de quejarnos y de echarle la culpa a alguien más. Hay quepasar de la indignación a la acción.          
  1. CONSTRUIR INDICADORES. Todos los años Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de la Corrupción. En el 2016, el 69% de los 176 países evaluados obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción). El Perú obtuvo 35 puntos. Cada dos años, Proética publica una encuesta nacional sobre percepción de la corrupción. En el año 2017 la encuesta revela que el 62% considera la corrupción de funcionarios y autoridades como el principal problema del Estado. Pero las percepciones y opiniones deben complementarse también con evaluaciones rigurosas sobre la efectividad de nuestros esfuerzos por erradicar la corrupción y la impunidad para saber si estamos yendo por el camino correcto. Por ejemplo, hay que evaluar qué se ha conseguido con las leyes anticorrupción, cuántas redes de corrupción se han desarticulado, o cuántas autoridades o empresas han sido sancionadas por actos de corrupción.
  1. EMPEZAR AHORA Y NO RENDIRSE. La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, según la última encuesta nacional sobre corrupción de Proética. El momento y la oportunidad para enfrentarla son ahora. Es difícil, pero no imposible. Querer es poder. Antes, a nadie se le ocurría usar el cinturón de seguridad en el auto, reciclar o salir a marchar en contra de la violencia contra la mujer, pero hoy son prácticas comunes. Ese cambio de actitud también puede darse en la lucha contra la corrupción. Hay que innovar, ejercer presión y liderazgo, tener paciencia y nunca —pero nunca— rendirse.

Solo juntos podremos construir el Perú que todos queremos. Y tú, ¿qué vas a hacer para combatir la corrupción? Aquí hay 15 maneras en la que los jóvenes pueden dar la pelea.

  • Foto: Transparency International School on Integrity 2017
  • Fecha de publicación: 26/01/18

Las frases que dejó el Papa Francisco sobre la corrupción

Comparte Comparte Comparte Comparte

Durante su visita a Puerto Maldonado, Trujillo y Lima, Jorge Bergoglio, el papa Francisco, reflexionó sobre varios de los problemas más profundos y controversiales que afectan a la sociedad peruana.

En una de las actividades programadas en Palacio de Gobierno, el papa Francisco aprovechó la oportunidad y la presencia de autoridades para referirse a un tema que está muy presente en gran parte de América Latina: la corrupción. Al respecto dijo “La corrupción: cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados”. Asimismo, precisó que para luchar contra ello es necesario una mayor “implicación y mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso”.

Sin embargo, no fueron las únicas frases que dejó el Sumo Pontífice sobre este “virus social” como llamó a la corrupción. Aquí les dejamos una breve lista con sus mensajes más resaltantes sobre esta amenaza para el país y que, para ser consecuentes, deberían sean tomadas en serio por políticos y autoridades de un Perú que se reconoce mayoritariamente católico:

– “En Latinoamérica hay muchos focos de corrupción”.

– “El problema de la crisis política es no solo del Perú sino de toda Latinoamérica (…). Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia debido en parte a la corrupción. El Caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita”.

– “Hoy está de moda hablar de Odebrecht, pero es apenas un botón de muestra”.

– “¿Qué pasa en Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? Humala está preso, Toledo está preso (se halla prófugo), Fujimori estuvo preso hasta ahora y Alan García está que entro y no entro; y presos con rabia, ¿no? El sistema llama la atención”.

– “Gana la oposición y acusa de corrupto a los anteriores. Vuelve la otra y acusa de corruptos a ellos y los dos tienen algo de razón. Entonces el juego político es muy difícil y a nosotros nos ponen en dificultad si queremos ser pastores, ¿cómo evangelizar el mundo de la política? No es fácil”.

– “La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”.

– “Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma –muchas veces sutil– de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital: la corrupción”.

– “Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas. Y esta lucha nos compete a todos”.

– “Nadie puede estar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”

– “(La corrupción) es la destrucción de la persona”

– “La política está enferma, está muy enferma. Y hay excepciones. Pero, en general, está más enferma que sana”.

– “Si nos dejamos guiar por personas que solo hablan el lenguaje de la corrupción, estamos condenados”.

– “Todos somos pecadores (…) pero luego intentamos no volver a hacerlo. Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción, que te va viciando el alma y el cuerpo”.

Finalmente, el papa se despidió de los miembros de su iglesia en el Perú exhortándolos a que no se dejen robar la esperanza; sin embargo, cabe recordar que según la más reciente encuesta de Proética, la gran mayoría se siente desanimada y cree que no se va a poder mejorar la situación de corrupción en los próximos años. Por ello, la insistencia de Francisco en este tema debiera servir de fuerte llamado de atención a políticos y autoridades que gobiernan un país que se reconoce mayoritariamente católico para promover las reformas más urgentes, adoptarlas e implementarlas. Podrían empezar, por ejemplo, revisando las Recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad, entregado al presidente Kuczynski hace más de un año.

  • 24/01/18
  • Foto: AFP

Los jueces en el banquillo y los riesgos de una intromisión política

Comparte Comparte Comparte Comparte

Por Walter Albán. Bajo las actuales circunstancias en el Perú, los riesgos para el sistema jurisdiccional, comprendiendo aquí tanto al Poder Judicial (PJ) como al Ministerio público (MP) y al Tribunal Constitucional (TC), son enormes. Y ello es así, no solamente por nuestra secular debilidad institucional y los problemas propios de cada una de estas entidades, sino principalmente por los procesos judiciales iniciados por lo menos en los últimos dos años, a propósito de los escándalos de corrupción derivados del caso Lava Jato.

Tales procesos, ahora sustantivamente concentrados en la labor del MP, han ingresado a una nueva etapa desde que quedó finalmente allanado el camino para obtener las declaraciones del señor Jorge Barata, principal operador de la empresa Odebrecht en el Perú en los últimos años, quien ha sido señalado por el titular de la misma, Marcelo Odebrecht, como la persona que posee toda la información de detalle acerca de cómo se manejaron los recursos ilícitos con los que esta constructora brasileña financió campañas electorales y candidaturas en el Perú en diferentes momentos, pagando además cuantiosos sobornos a nuestras más altas autoridades, para obtener concesiones y otros beneficios indebidos.

Si los pocos avances hasta ahora conocidos de estas investigaciones han impactado con tanta fuerza en el escenario político nacional, lo que debiera ocurrir en adelante amenaza con provocar un verdadero terremoto en este mismo espacio, considerando los alcances de la información que se presume maneja Barata, según lo ya declarado por su empleador.

No es casual entonces que  la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación en el Congreso de la República, promovida por Fuerza popular, haya tenido lugar casi inmediatamente después de que el MP decidiera ampliar el testimonio de Marcelo Odebrecht en Brasil, para despejar varias incógnitas respecto a probables financiamientos otorgados por su empresa a la campañas de Keiko Fujimori y Alan García, además de explorar otros indicios que aportarían al desarrollo de varias de las investigaciones en curso.

El hecho de que dicha acusación coincida también con la reapertura de la investigación que se sigue a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y mecenas de esa organización política, por supuesto lavado de activos, permite afirmar la hipótesis de que, lo que se quiere evitar, es que la actuación de la fiscalía pueda continuar avanzando en la dirección descrita.

De otro lado, la acusación formulada también en el Congreso contra cuatro magistrados del TC (teniendo presente que su composición es de siete en total)  esta vez impulsada principalmente por Fuerza Popular y el APRA, si bien se origina en una motivación distinta, no puede ser entendida al margen de lo anterior. En la actualidad, sectores mayoritarios del Parlamento evidencian un claro propósito de controlar, o al menos neutralizar, la actuación de esta entidad, cuyas decisiones podrían modificar sustantivamente (a través de procesos constitucionales de Amparo o Hábeas Corpus) las medidas adoptadas por el MP o el PJ, contra las personas involucradas en los procesos por lavado de activos o corrupción.

Si a lo anterior sumamos la actuación del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde se ha iniciado, en paralelo al Congreso, un proceso disciplinario contra el fiscal de la Nación, al tiempo de haber concluido pocas semanas atrás el proceso de nombramiento de cuatro nuevos jueces supremos y cuando se apresta a convocar a “concurso” para cubrir las plazas de magistrados titulares en el PJ con competencia para ocuparse de los casos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado, la conclusión no puede ser distinta a la señalada al inicio: Nos encontramos en una situación en la que urge defender la autonomía e independencia de nuestros organismos jurisdiccionales, si queremos evitar que la impunidad y la corrupción, se instalen definitivamente en la ya débil institucionalidad con la que contamos en el Perú.

  • Fecha de publicación: 24/01/18
  • Foto: Agencia Andina

Pedirán cerrar el caso contra los miembros del TC

Comparte Comparte Comparte Comparte

Los representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las víctimas de El Frontón pedirán que se cierre definitivamente el proceso que se sigue en el Congreso a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Para recordar: hay una denuncia constitucional presentada por ex marinos vinculados con la matanza de El Frontón en contra de los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña. Según los demandantes, cambiaron el sentido del voto del ex magistrado Juan Vergara Gotelli en una sentencia del año 2013.

Para los marinos, la rectificación implicaría que las muertes de presuntos terroristas ocurridas en 1986 son delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

Los magistrados del TC han respondido que ellos solo contabilizaron de nuevo los votos, a pedido del propio procurador del Estado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pidió la destitución e inhabilitación por diez años de Espinosa-Saldaña y suspensiones por 30 días para sus colegas Ledesma, Ramos y Miranda.

Sin embargo, en diciembre la Corte resolvió requerir al Estado peruano la suspensión inmediata del procedimiento de acusación constitucional. Esto ante la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por los representantes de las víctimas del caso El Frontón.

Esta suspensión corre “hasta que el Pleno de la Corte conozca la solicitud de medidas provisionales durante su 121 Período Ordinario de Sesiones”, de acuerdo con la resolución conocida de manera pública el 17 de diciembre pasado.

La Corte IDH, en su resolución, estableció que necesita contar con “todos los elementos necesarios para adoptar una decisión”.

Por cierto, ya existe fecha para la audiencia: será el viernes dos de febrero, a partir de las 8:30 de la mañana.

Horas después será la audiencia –en la misma Corte– para analizar el indulto presidencial humanitario a favor de Alberto Fujimori.

PRESIÓN

Mientras se espera la audiencia de la Corte, el Congreso dominado por el fujimorismo no quiere darse por vencido. El domingo, el titular del Legislativo, Luis Galarreta, adelantó que la Comisión Permanente del Congreso podría debatir el informe contra los cuatro magistrados del TC.

Esto a pesar de que la suspensión decretada por la Corte IDH se mantiene vigente a la espera de la audiencia del dos de febrero.

En conversación con La República, el abogado Carlos Rivera, quien representará a las víctimas en la audiencia, señaló que frente a las declaraciones de Galarreta se le solicitará a la Corte IDH que tome una decisión lo más rápido que se pueda.

Se busca que el proceso que afecta a los cuatro miembros del TC se cierre de manera definitiva.

Los abogados nombrados en representación del Estado peruano son Helmut Olivera y Sofía Donaires.

Albán: “O hay desinformación o se quiere mandar un mensaje”

-Para el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, las declaraciones del presidente del Congreso, Luis Galarreta, pueden ser interpretadas de dos maneras. El titular del Legislativo adelantó que se debatiría el informe sobre los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de la suspensión requerida por la Corte IDH.

– “Imagino que hay desinformación, porque el Estado está obligado a acatar. O se trata de mandar un mensaje, de presionar, para mantener viva la expectativa de que el caso del TC se vería de todas maneras, más allá de lo que diga la Corte”, dijo.

– Para Albán, lo dicho por Galarreta es preocupante. “Si algo no se debe tocar en estos tiempos es a los organismos jurisdiccionales”, comentó.

24/01/2018

Proética felicita el éxito de la campaña “Habla Castañeda”

Comparte Comparte Comparte Comparte

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, saludó el éxito de la iniciativa ciudadana “Habla Castañeda” tras haber superado las 25 mil firmas válidas para que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, rinda cuentas sobre cuestiones tan importantes de su gestión municipal como por ejemplo las obras del By Pass de 28 de Julio o el puente Bella Unión o como se ha hecho la reforma del transporte público.

“Queremos felicitar al colectivo que llevo adelante la campaña Habla Castañeda, a la cual Proética se sumó, porque no aceptamos una administración opaca, una administración que no quiera rendir cuentas y que no sea transparente”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Ahora el burgomaestre de Lima deberá responder a un pliego interpelatorio de 108 preguntas clasificadas en 17 temas.

“El señor Castañeda puede guardar silencio sobre su vida personal o incluso sobre aspectos internos de su organización política, pero de ninguna manera sobre asuntos que son de interés público”, dijo.

Tras la validación de los planillones entregados por la Reniec, señaló que ahora continúa el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones pero lo importante es que esta información  se brinde completa y cuente con mecanismos que permitan contrastarla y verificarla.

Cabe resaltar que es la primera vez que en nuestro país se aplica el mecanismo de demanda de rendición de cuentas  de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano – Ley 26300 vigente desde 1994. Sin embargo, para Albán, esta experiencia ha demostrado la necesidad de actualizarla, toda vez que algunos de sus contenidos resultan ya obsoletos.

“Para mejorar la participación ciudadana es importante promover una reforma de toda esta normativida”, precisó.

Aunque Lima es un caso extremo, reiteró que esta situación de autoridades que no quieren rendir cuentas sobre el trabajo que realizan, se repite en muchos lugares del país.

“Vamos a difundir los resultados exitosos de esta campaña, para promover que hayan réplicas en diferentes lugares del país, a nivel de gobiernos regionales, provinciales o distritales. De esa manera, estaremos fortaleciendo la democracia y nos hacernos menos vulnerables a la corrupción, problema que, como sabemos, agobia de manera muy alarmante al Perú desde hace varios años”, finalizó.

22/01/18

 

Proética se suma a Pacto de Madre de Dios junto a organizaciones de sociedad civil

Comparte Comparte Comparte Comparte

A fin de fomentar la buena gobernanza ambiental en el país, Proética firmó el “Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú”, impulsado por el Poder Judicial junto a diversas instituciones públicas y de sociedad civil, el cual busca mejorar el acceso a la justicia ambiental, y garantizar procesos y medidas contra el avance de actividades ilegales que se dan en nuestra Amazonía.

El Pacto contiene diez compromisos para mejorar la justicia ambiental en el país, muchos de los cuales se articulan con el trabajo que venimos impulsando a través de nuestro Programa de Gobernanza Climática como difundir el alcance e importancia de los principios y derechos ambientales, así como fomentar la educación y ética ambiental en la ciudadanía y en los operadores de justicia

Desde el año 2011, Proética a través de este programa busca promover la mejora de la información pública, exigir una mayor responsabilidad, transparencia e integridad en la gestión de los recursos destinados a proyectos climáticos a nivel nacional. Así como la buena gobernanza en el manejo de los recursos naturales a través de la participación de los distintos actores involucrados, impulsando acciones para mejorar los mecanismos de control y fiscalización existentes, en especial, los vinculados a la gestión forestal a nivel nacional y subnacional.

El Pacto de Madre de Dios será entregado al Papa Francisco, debido al compromiso de este con el cuidado del ambiente, el domingo 21 de enero en la sede de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.

Lee los compromisos del Pacto de Madre de Dios aquí.

18/01/18

(Foto: Poder Judicial)