ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL SOLICITAN A PAÍSES DE AMÉRICA LATINA FIRMEN ACUERDO DE ESCAZÚ

Este 27 de septiembre, 33 Estados de Latinoamérica y el Caribe pueden hacer historia si firman el Acuerdo de Escazú, el acuerdo más importante de los últimos 20 años sobre los derechos humanos y protección ambiental. Por ello, más de 200 organizaciones de sociedad civil, entre ellos Proética, vienen solicitando a los gobiernos a que firmen este acuerdo y se adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en sus respectivos países.

Aprobado el 4 de marzo en San José (Costa Rica) por representantes de 24 países, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en América Latina que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.

Para que este acuerdo entre en vigor, al menos 11 países deberán firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020. Hasta la fecha, solo tres países se han comprometido abiertamente a suscribirlo.

Puedes leer la carta completa suscrita por las organizaciones políticas aquí: https://bit.ly/2CerdLQ

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, la BRIGADA ANTICORRUPCIÓN realizó una auditoría ciudadana a los planes de gobierno de las organizaciones políticas, la que sirvió para identificar las propuestas enfocadas en materia anticorrupción y a través de este espacio darlas a conocer a la ciudadanía haciendo posible contar con más elementos para emitir un voto responsable.

 

¡Todos cumplimos un rol importante en la lucha contra la corrupción!

-Los planes de gobierno revisados corresponden a aquellos, cuyas organizaciones políticas presentaron al 19 de junio, fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante Jurado Electoral Especial, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Se encuentran disponibles a la ciudadanía en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones.

-No se han considerado contextos políticos ni antecedentes partidarios.

-Se consideran, exclusivamente, las propuestas anticorrupción concretas, aquellas que puedan ser sujetas de rendición de cuentas.

-Fecha de revisión de planes de gobierno: 20 y 21 de julio de 2018.

Pronunciamiento: Medidas de excepción para superar la crisis del sistema de justicia

En el informe de la fiscal provincial del Callao, Sandra Castro, sobre la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” se involucra en graves hechos delictivos a un grupo de fiscales y jueces del más alto nivel, incluyendo al actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Esta información es profundamente preocupante y agrava la crisis en la que ya se encontraba el sistema de justicia desde la publicación de los llamados “CNM audios”.

Al respecto, Proética considera que todas las autoridades involucradas deben suspender sus funciones, al menos mientras duren las investigaciones, para evitar el riesgo de obstaculizarlas o contaminarlas.

Sin embargo, nuestra institución considera que es más urgente enfrentar el problema de la falta de un mecanismo vigente que permita, de forma ágil, apartar del cargo a fiscales y jueces vinculados a investigaciones criminales, pues este vacío aumenta la vulnerabilidad en que se encuentran las instituciones de justicia de nuestro país. Mientras no se apruebe la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para crear un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), urge adoptar normas de excepción que permitan, a la brevedad: i) la separación de jueces y fiscales mientras duren las investigaciones en contra de ellos, ii) el nombramiento de jueces y fiscales provisionales y iii) la revisión de los nombramientos que realizó el CNM que fue recientemente desactivado.

Para poner en práctica esta solución, Proética exhorta a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) a que asuma un rol facilitando la elaboración de los proyectos de ley que deben llenar excepcionalmente los vacíos señalados y que el Congreso de la República, como miembro de la CAN, viabilice la aprobación de los mismos en atención a su urgencia. Este mecanismo debe dejar de funcionar en cuanto un nuevo CNM sea creado y entre en actividad.

Por supuesto, en caso de que el actual Fiscal de la Nación insista en no dar un paso al costado, los demás miembros titulares de la CAN deben pedirle que se abstenga de participar de las discusiones que tengan lugar en ese foro.

Finalmente, exigimos que se desplieguen todas las garantías necesarias para que el cuerpo de fiscales responsable de las investigaciones contra la organización criminal que involucra a altos funcionarios del sistema de justicia continúe con su labor. Esto involucra no solo dotar los recursos necesarios sino, principalmente, impedir cualquier tipo de amedrentamiento u hostigamiento desde dentro de la propia institución. A ese grupo de profesionales le hacemos llegar nuestro respaldo institucional.

Lima, 01 de setiembre de 2018.

Descarga nuestro pronunciamiento aquí.

Transparencia Internacional condena los intentos de bloquear la lucha anticorrupción en Guatemala

El Presidente es acusado de intimidación contra las personas e instituciones que luchan contra la corrupción.

(Comunicado de Transparencia Internacional). El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, revocó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala (CICIG), el organismo auspiciado por la Naciones Unidas y encargado de apoyar las investigaciones contra la corrupción en el país. La Comisión Internacional ha trabajado con las autoridades nacionales desde 2007 y ha tenido un éxito significativo en el procesamiento de numerosos casos de corrupción de alto nivel.

El Presidente hizo el anuncio rodeado de líderes militares y policiales mientras los medios informaban del despliegue simultáneo de militares en las inmediaciones de las oficinas de la CICIG. La medida fue anunciada precisamente cuando el Congreso de Guatemala inició audiencias preliminares contra el Presidente Morales por irregularidades en el financiamiento de campañas, y es otro intento de atacar y debilitar la lucha contra la corrupción en el país.

La decisión no cuenta con respaldo nacional ni internacional. Una encuesta reciente muestra que el 70% de los guatemaltecos confía en el trabajo de la CICIG. De hecho, la Comision Internacional ha producido excelentes resultados, desmantelando redes de corrupción en el país. La Fiscal General de Guatemala, contraparte nacional de la CICIG, afirmó que estará vigilante ante las consecuencias para el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad y la corrupción causada por la no renovación del mandato de la Comisión.

Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional dijo: “El anuncio del presidente Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala representa un duro golpe contra la transparencia y la integridad en Guatemala y en toda América Latina. La CICIG ha sido un modelo en la lucha contra la corrupción. El hecho que el Presidente hiciera el anuncio rodeado de militares y el despliegue de fuerzas militares cerca de las oficinas de la CICIG son un intento de intimidación. Es muy peligroso involucrar a los militares en asunto políticos o de justicia”.

“Transparencia Internacional reconoce el excelente trabajo y los resultados del CICIG, apoya plenamente su continuación en Guatemala y expresa su solidaridad con el Comisionado Iván Velázquez. Esta es una decisión política que sólo beneficiará a los corruptos, quienes podrán actuar con impunidad mientras los guatemaltecos continúan sufriendo de la corrupción endémica”.

Esta decisión es la continuación de una serie de intentos del Presidente y sus aliados para detener la lucha contra la corrupción, reducir la libertad de expresión y restringir a las organizaciones de la sociedad civil. Manfredo Marroquin, Presidente de Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia International en Guatemala, fue víctima de acoso político por parte del Congreso de la República en abril de 2018. Transparencia International está muy preocupada por la tendencia a socavar las normas democráticas, cuyo resultado es la proliferación de corrupción, impunidad y autoritarismo.

Transparencia Internacional insta a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a que muestren un apoyo enérgico a la lucha contra la corrupción en Guatemala y apoyen la continuación e la independencia del CICIG.

 

Berlin, 01 de septimebre de 2018

Descarga el comunicado aquí.

Programa de Auditoría ciudadana y Gobierno Abierto

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El Programa de Auditoría Ciudadana y Gobierno Abierto de Proética tiene como objetivo involucrar y movilizar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción desde el ejercicio del acceso a la información y la vigilancia ciudadana.

Estrategia de implementación de estándares de integridad aplicado a proyectos de inversión pública, que serán monitoreados por una Red de Integridad.

El proyecto busca mejorar las capacidades de la sociedad civil y las condiciones habilitantes de transparencia y rendición de cuentas de los procesos de presupuesto participativo a nivel subnacional en dos regiones

Proética, desde su Programa de Auditoría Ciudadana y Gobierno Abierto, desarrolla investigaciones para comprender mejor los nexos entre el género y la corrupción, así como realizar incidencia y capacitación en la temática.

Infórmate sobre las tareas que están pendientes para fortalecer la lucha contra la corrupción

La Auditoría Ciudadana a la Transparencia Universitaria verificó el cumplimiento de los estándares de transparencia universitaria, conforme al artículo 11 de la Ley Universitaria Nº 30220, establecidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) por parte de las universidades públicas y privadas licenciadas a nivel nacional.

El proyecto busca aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre los datos de inversión pública disponibles en Perú, así como incrementar las capacidades para la vigilancia a través de las plataformas “MapaInversiones Desde el Territorio” y “MapaInversiones Perú País Minero”.

Como parte de nuestras acciones vinculadas a la vigilancia ciudadana y rendición de cuentas, Proética se sumó como observadora del proceso de adquisición de tablets destinado a escolares y docentes de las zonas rurales o en situación de pobreza del país.

“Lupa sobre la transferencia” es un monitoreo ciudadano a las transferencias contempladas en los decretos de urgencia emitidos por el gobierno, en el marco de la atención a la emergencia contra el COVID-19.

Infórmate y vigila la ejecución del gasto destinado a combatir la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 en nuestro país.

La Brigada Anticorrupción es una acción de la Red Nacional Anticorrupción orientada a la vigilancia ciudadana de la gestión pública para identificar casos o riesgos de corrupción en instituciones públicas.

Es un espacio de encuentro dirigido a universitarios, periodistas y representantes de organizaciones civiles para que fortalezcan sus capacidades para identificar, discernir y entender el fenómeno de la corrupción, así como plantear y ejecutar iniciativas anticorrupción en sus regiones.

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, la Brigada Anticorrupción realizó una auditoria ciudadana orientada a revisar si los planes de gobierno ofrecidos por las diversas organizaciones políticas plantean propuestas anticorrupción.

El Observatorio de Integridad es una plataforma interinstitucional para el impulso, difusión y seguimiento de medidas en favor de la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción como elementos esenciales de la democracia.

Esta información ha sido recogida mediante la observación de gastos en mítines, pasacalles y actividades pro-fondos de las agrupaciones políticas que participaron en la elecciones generales 2016.

Es un espacio de encuentro de personas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas en activar propuestas y acciones en contra de la corrupción. Tiene como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en cada región del país.

La Comisión Presidencial de Integridad (CPI), en el marco de una propuesta contra la corrupción, propuso que todas las altas autoridades del Estado, sus asesores directos y quienes ocupan cargos de confianza presenten ante sus respectivas entidades sus Declaraciones Juradas de Intereses, conteniendo la información relativa a sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales, anteriores al ejercicio de sus respectivos cargos.

“Habla Castañeda” es una iniciativa ciudadana que logró reunir más de 25 mil firmas, las suficientes para que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio rinda cuentas sobre su actual gestión municipal. Proética se sumó a este pedido recolectando alrededor de 5 mil firmas. Esta iniciativa ciudadana logró que por primera vez en nuestro país, se aplique el mecanismo de demanda de rendición de cuentas de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano – Ley 26300.

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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, la BRIGADA ANTICORRUPCIÓN realizó una auditoría ciudadana a los planes de gobierno de las organizaciones políticas, la que sirvió para identificar las propuestas enfocadas en materia anticorrupción y a través de este espacio darlas a conocer a la ciudadanía haciendo posible contar con más elementos para emitir un voto responsable.

 

¡Todos cumplimos un rol importante en la lucha contra la corrupción!

-Los planes de gobierno revisados corresponden a aquellos, cuyas organizaciones políticas presentaron al 19 de junio, fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante Jurado Electoral Especial, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Se encuentran disponibles a la ciudadanía en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones.

-No se han considerado contextos políticos ni antecedentes partidarios.

-Se consideran, exclusivamente, las propuestas anticorrupción concretas, aquellas que puedan ser sujetas de rendición de cuentas.

-Fecha de revisión de planes de gobierno: 20 y 21 de julio de 2018.

¿Los nuevos límites de mandato en Perú ayudarían a frenar la corrupción?

(Fuente: The dialogue)

El presidente peruano Martín Vizcarra instó el 28 de julio al Congreso dirigido por la oposición a avanzar los planes para un referéndum que incluiría límites de mandato para legisladores, entre una serie de otras propuestas para reformar el sistema político y judicial del país tras escándalos de la corrupción y el tráfico de influencias. ¿Es la reelección del Congreso sin control un factor importante en la lucha contra la corrupción en América Latina, y son efectivos los límites de mandato para frenarla? ¿Qué tan bien han funcionado los límites de mandato para legisladores en otros países de América Latina? ¿Qué otros factores han permitido la continuación de corrupción en las Américas?

Samuel Rotta Castilla, Director Ejecutivo de Proética, el capítulo peruano de Transparency International: “No hay evidencias que sugieran que limitar la reelección de parlamentarios, por sí misma, pueda reducir la corrupción política que se produce en los congresos. En América Latina, según el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional (2017), la mitad de habitantes considera que todos o casi todos los parlamentarios de sus países son corruptos. La notoria excepción es Uruguay, en donde la proporción no pasa del 20%. Como casi todos los países latinoamericanos, la reelección de parlamentarios en Uruguay no está prohibida ni limitada. Por contraste, México, donde no se permite la reelección inmediata, la percepción de corrupción llega al 56%. 64% de peruanos comparten esta opinión. Con el descontento que genera esta sensación, es esperable que medidas como limitar o prohibir la reelección encuentren apoyo popular. Sin embargo, si esta discusión no avanza sobre aspectos sustanciales, la corrupción encontrará la manera de adaptarse a cualquier límite establecido. Los escándalos de corrupción de los últimos meses involucrando a congresistas en el Perú muestran qué factores específicos podrían cambiarse: políticas de conflictos de intereses muy débiles, una comisión de ética dominada por la dinámica política, sanciones poco disuasivas y generalmente no aplicadas, falta de transparencia de las decisiones administrativas de la mesa directiva y un órgano de control interno sometido al poder político son algunos de estos. A ellos podrían sumarse los débiles mecanismos para el desafuero que, en la práctica, han venido sirviendo para asegurar la impunidad de los parlamentarios y alimentar, a su vez, la percepción de corrupción.”

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16/08/2018