(Fuente: Radio Francia Internacional)

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, instaló una comisión de “honorables” para preparar en apenas dos semanas una propuesta de reforma judicial, a raíz del escándalo de unos audios de jueces que ofrecen rebajas de penas o fijan tarifas por servicios turbios.

Perú continúa sacudido por el escándalo de la corrupción judicial destapado a raíz de la divulgación de grabaciones donde se escucha a jueces y funcionarios judiciales ponerle tarifa a sus sentencias. La Policía peruana capturó este domingo al suspendido juez Walter Ríos tras revelarse diversos audios que lo vinculan a presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, informó el ministerio Público.

El viernes, el presidente peruano Martín Vizcarra destituyó el viernes al ministro de Justicia, Salvador Heresi, poco después de que se divulgara una conversación telefónica suya con un cuestionado juez en el escándalo de los audios.

Horas antes, eran suspendidos varios magistrados, entre ellos Walter Ríos, presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao. Ríos aparece en uno de los audios divulgados pidiendo dinero.

Entretanto, se ordenó el impedimento de salida del país del magistrado de la Corte Suprema César Hinostroza, a quien se le escucha negociando sus sentencias.

En este contexto convulsivo, el presidente peruano nombró el viernes una comisión de siete juristas, encabezada por el excanciller Allan Wagner, que presentará una propuesta de reforma judicial en menos de dos semanas.

La iniciativa es celebrada por Samuel Rotta, Director Ejecutivo de Proétia, capítulo peruano de la organización anticorrupción Transparencia Internacional.

“Nos parece saludable que el presidente haya salido a plantear la reforma integral del sistema de justicia. Luego del colapso del régimen fujimorista, hace ya cerca de dos décadas, hubo propuestas bastante ambiciosas ofreciendo una nueva forma de organizar nuestro sistema de justicia. Incluso el informe de la comisión especial contemplaba ya una gran cantidad de proyectos de ley ya redactados para que el congreso los aprobara y se implementara la reforma en toda su extensión”, recuerda.

“Sin embargo, eso quedó empantanado, hubo mucha resistencia en los propios operadores del sistema de justicia, considerando que era una intromisión al fuero judicial y que ellos se podían reformar solos, cosa que evidentemente nunca ocurrió. Estamos viendo las consecuencias. Nosotros creemos que si [el presidente Vizcarra] dedica su gobierno a llevar adelante la reforma e implementarla y salir al final de los tres años que le quedan con un nuevo sistema de justicia, creo que habrá hecho una gran cosa por el país”, concluye.

“Tenemos dos planos, el plano de la reforma y el plano de la detención, de la sanción a los involucrados. El gobierno tiene que concentrarse en eso y llevarlo con mucho cuidado, milimétrico, estratégico y ser muy serios, eso en el plano de la reforma y en el plano de la sanción, lo ideal es que presenten su carta de renuncia, pero como no lo van hacer, ahí le corresponde actuar al Congreso de la República.” aseguró el Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta en DigitalTv.

Los audios publicados por IDL-Reporteros este fin de semana ponen en evidencia graves inconductas funcionales y eventuales actos de corrupción por parte de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Frente a esta situación, Proética manifiesta lo siguiente:

1) Saludamos la reacción del presidente Martín Vizcarra de solicitar al Congreso de la República que active el artículo 157 de la Constitución y remover a los miembros del CNM involucrados en los hechos que revelan los audios. La magnitud de los hechos justifica una medida de esta naturaleza. Exhortamos a los grupos parlamentarios a dar curso a este proceso con responsabilidad y diligencia, poniendo por delante los intereses del país. A tales efectos, el Congreso puede seguir las reglas del procedimiento de destitución de altos funcionarios, como ocurrió con el caso del ex Consejero Efraín Anaya o con el anterior Contralor General de la República.

2) La decisión del CNM de suspender todo proceso de evaluación y nombramiento de jueces y fiscales en curso es apropiada. Esta medida debe extenderse hasta que se designen a nuevos consejeros.

3) Asimismo, debe suspenderse la participación del CNM en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

4) Consideramos que, paralelamente y en el menor tiempo posible, debe hacerse la reforma constitucional y legal del CNM,  garantizando especialmente que el mecanismo de designación responda a las exigencias de independencia y probidad; y asegurando la autonomía de los consejeros frente al poder político: ni el Ejecutivo ni el Legislativo deben estar representados en la nueva conformación. El gobierno debe actuar de forma más activa y la comisión de Constitución del Congreso debe darle prioridad a la discusión de los proyectos de ley, comprometiéndose públicamente a realizarla en un plazo determinado.

5) Saludamos la inmediata reacción de la Fiscalía de la Nación al iniciar las investigaciones preliminares correspondientes a todos los involucrados, lo cual incluye a los magistrados Hinostroza Pariachi y Ríos Montalvo. Una nueva composición del CNM deberá también conocer las inconductas que carezcan de contenido penal en las que hayan incurrido estos magistrados.

Lima, 09 de julio de 2018

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