(Fuente: The dialogue)
El presidente peruano Martín Vizcarra instó el 28 de julio al Congreso dirigido por la oposición a avanzar los planes para un referéndum que incluiría límites de mandato para legisladores, entre una serie de otras propuestas para reformar el sistema político y judicial del país tras escándalos de la corrupción y el tráfico de influencias. ¿Es la reelección del Congreso sin control un factor importante en la lucha contra la corrupción en América Latina, y son efectivos los límites de mandato para frenarla? ¿Qué tan bien han funcionado los límites de mandato para legisladores en otros países de América Latina? ¿Qué otros factores han permitido la continuación de corrupción en las Américas?
Samuel Rotta Castilla, Director Ejecutivo de Proética, el capítulo peruano de Transparency International: “No hay evidencias que sugieran que limitar la reelección de parlamentarios, por sí misma, pueda reducir la corrupción política que se produce en los congresos. En América Latina, según el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional (2017), la mitad de habitantes considera que todos o casi todos los parlamentarios de sus países son corruptos. La notoria excepción es Uruguay, en donde la proporción no pasa del 20%. Como casi todos los países latinoamericanos, la reelección de parlamentarios en Uruguay no está prohibida ni limitada. Por contraste, México, donde no se permite la reelección inmediata, la percepción de corrupción llega al 56%. 64% de peruanos comparten esta opinión. Con el descontento que genera esta sensación, es esperable que medidas como limitar o prohibir la reelección encuentren apoyo popular. Sin embargo, si esta discusión no avanza sobre aspectos sustanciales, la corrupción encontrará la manera de adaptarse a cualquier límite establecido. Los escándalos de corrupción de los últimos meses involucrando a congresistas en el Perú muestran qué factores específicos podrían cambiarse: políticas de conflictos de intereses muy débiles, una comisión de ética dominada por la dinámica política, sanciones poco disuasivas y generalmente no aplicadas, falta de transparencia de las decisiones administrativas de la mesa directiva y un órgano de control interno sometido al poder político son algunos de estos. A ellos podrían sumarse los débiles mecanismos para el desafuero que, en la práctica, han venido sirviendo para asegurar la impunidad de los parlamentarios y alimentar, a su vez, la percepción de corrupción.”
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16/08/2018