Caso Cuellos Blancos del Puerto: Decisión de la Comisión Permanente constituye un acto que favorece la impunidad

Ante la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la República de exonerar de proceso penal al magistrado César Hinostroza Pariachi por el delito de criminalidad organizada, Proética manifiesta a la opinión pública lo siguiente:

  1. Una organización criminal se caracteriza por estar compuesta por varias personas que, de manera sistemática y con distribución de funciones, ejecutan actos delictivos. Las informaciones recogidas en los audios y demás elementos contenidos en la denuncia constitucional de la Fiscalía constituyen indicios suficientes como para abrir una investigación penal, de la existencia de una organización de este tipo, de la cual participaban el juez supremo César Hinostroza y los cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Dicha información indica, además, que era Hinostroza quien dirigía y realizaba las coordinaciones de esa organización a través de llamadas, reuniones, ofertas y requerimientos ilegales, tal como está acreditado en el informe elaborado por el congresista Oracio Pacori.

  2. La función del Congreso no es la de acusar ni juzgar a quienes gozan del fuero especial ni discutir los tipos penales contenidos en la denuncia constitucional, sino evaluar si ésta tiene o no una motivación política. Si no la tuviera, se debe proceder al levantamiento del fuero, en los términos planteados por la Fiscalía, y así habilitarla a proceder con la investigación preparatoria, instancia en la que recién se determinará si las pruebas son suficientes para pasar o no a una acusación penal.

  3. La decisión de la Comisión Permanente constituye un grave acto de favorecimiento a la impunidad de Hinostroza y los ex miembros del CNM, por lo que exhortamos al pleno a que, en la sesión de mañana, jueves 4 de octubre, se corrija tamaño despropósito, que no hace más que debilitar la lucha contra la corrupción y exacerbar la indignación ciudadana.

  4. Lo ocurrido confirma, además, la necesidad de limitar los privilegios de antejuicio, en tanto éstos se han convertido en una garantía de impunidad para corruptos y criminales, desnaturalizando su espíritu original de proteger a altos funcionarios de arbitrariedades.

Lima, 03 de octubre de 2018

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