Redes de pesca y redes de influencia: Produce debe aprovechar la oportunidad para adoptar reformas de fondo contra la corrupción

La conversación del congresista Roberto Vieira con un primo suyo, dedicado al negocio pesquero, publicada por Panorama la noche del domingo, en la cual el parlamentario le pide miles de dólares al empresario para ayudarlo a solucionar un problema administrativo en el Ministerio de Producción, ofrece sobradas evidencias para que el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación inicien en contra de Vieira, como ya lo han hecho de forma oportuna, investigaciones por haber incurrido en delitos contra la administración pública que deberían conllevar a un levantamiento de la inmunidad e, incluso, al desafuero.

Sería un error, sin embargo, que las investigaciones se limitasen a identificar y definir la responsabilidad individual de Vieira. Es fundamental determinar si el parlamentario, que tiene una larga actividad en el sector pesquero, pudo haber llegado a tejer redes de influencia dentro de algunas de las oficinas que regulan y supervisan ese sector, y determinar si el ofrecimiento registrado respondía a una mera fanfarronada o a un servicio prácticamente garantizado, pues el contenido del diálogo podría sugerir esto último. Y si así fuera, cabrían preguntas sobre la extensión, vigencia y construcción de esa red que deben hacerse, incluyendo el rol de Vieira en el tejido de la misma, pero también sobre la participación de otras autoridades y funcionarios del sector.

En ese esfuerzo, convendría no pasar por alto que, durante los primeros meses en su curul, el legislador presentó un proyecto de ley para cambiar los requisitos para ser jefe del Instituto del Mar Peruano (IMARPE). Una propuesta con la que, en principio, nadie podría estar en desacuerdo: que el presidente de esta institución ya no sea un almirante retirado, sino “un profesional investigador en áreas afines a las actividades del IMARPE”, pero que, a la luz de los intereses subalternos que parecieran gobernar las acciones de Vieira, termina siendo profundamente sospechosa.

Con respecto al caso específico, han sido saludables las primeras reacciones de la ministra de Produce, Rocío Barrios aclarando la naturaleza de la reunión sostenida el viernes pasado con el congresista, anunciando investigaciones internas e invitando a los administrados a denunciar casos en los que se hayan visto expuestos a funcionarios corruptos. Pero la experiencia muestra que en situaciones agravadas de corrupción, tomar medidas que busquen resolver un hecho puntual generalmente resulta insuficiente.

En un estudio exploratorio preliminar realizado por nuestra institución el año pasado sobre la vinculación entre pesca ilegal y corrupción, encontramos riesgos que pueden facilitar que se cometan actos de corrupción en distintos niveles y de distinto tipo. Entre estos riesgos, los menos sorprendentes son la falta de transparencia sobre información de la actividad pesquera, la insuficiencia de los controles tanto internos como externos sobre la gestión y la trazabilidad, así como la poca capacidad de disuasión de las sanciones, que favorece las reincidencias. Un mapeo de riesgos de corrupción más exhaustivo debería brindar un panorama más certero de la situación a enfrentar.

Las recomendaciones que correspondería implementar en seguimiento contemplan, entre varias otras, poner en marcha una plataforma de transparencia en formato abierto con información de la actividad industrial bajo control del gobierno, como, por ejemplo, la gestión de las capturas, desembarques o las mediciones biológicas, lo cual, además del control de actores externos, como periodistas de investigación o activistas medioambientales, incentivaría la producción científica independiente. También sería recomendable contar con un registro público de las licencias canceladas, particularmente de aquellos patrones de la pesca que incurrieran en actividades de pesca ilegal.

A lo que se debe apuntar es a una revisión y adaptación rigurosa del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 2021, que es el documento que debería estar en la cabecera de todo ministro y toda ministra para prevenir que los Vieiras arrojen sus redes en las aguas de sus carteras.

Fecha de publicación: 20/03/19

2018: el año en que cambió el modo cómo los peruanos veían la corrupción

(Por CNN Español) — “La corrupción es como un cáncer, si no la erradicamos, nunca vamos a tener paz”, dicen los peruanos.

El peso de todos los escándalos de corrupción que salieron a la luz en 2018 se deja sentir en esta frase de Irene Johnson, residente de Lima, ciudadana peruana que conversó con CNN sobre un tema que parece estar presente en todos los aspectos de la vida del país. Irene lo deja muy claro cuando comenta que “económicamente, este país siempre va a ser pujante, el problema es el mal manejo debido a la corrupción”.

En Perú, cuando se les pregunta a los ciudadanos cuáles son los principales problemas del país, la corrupción ocupa el segundo lugar detrás de la delincuencia. Estos son los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción, que cada dos años elabora la ONG Proética. Según estos resultados, la percepción de la corrupción como problema nacional ha desplazado a la pobreza, al desempleo y al consumo de drogas, que en un país como éste no son temas menores.

Sin embargo, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, observa en estos números un atisbo de esperanza. En 2002, cuando comenzaron a hacerse estos estudios, el porcentaje que identificaba a la corrupción como un problema nacional era de sólo 29% pero en 2017 llegó a 52%. Rotta pone además atención sobre otro número interesante: el 86% de los encuestados cree que la corrupción está afectando su vida cotidiana. Para el especialista, esto es un buen comienzo, pues indica que la corrupción ya no es vista como algo lejano por los peruanos, sino como algo que les toca y les afecta.

No es para menos. Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, señala que hemos transitado en estas décadas de una corrupción menuda, de funcionarios menores, a niveles de corrupción que invaden las altas esferas del sector empresarial y de la política. “Nuestros expresidentes están, prácticamente todos los que se encuentran vivos, en algún nivel de investigación o de proceso por corrupción principalmente por el caso Lava Jato”. Sin contar los escándalos que implicaron a altos funcionarios judiciales. Todo ello contribuye, según Távara, a que el ciudadano sienta que los hechos de corrupción lo afectan de manera directa. “Puedes perder un juicio por un hecho de corrupción, puedes terminar preso o puede haber impunidad frente a mi niña a la que violaron, por un hecho de corrupción; por lo tanto, la corrupción ya no es algo lejano que dicen que existe o que sólo aparece en la prensa”, acota.

En estos días, se respira un evidente cambio de mentalidad entre los ciudadanos y los actores políticos. En una conferencia de prensa, los periodistas le consultaron al ministro de Economía, Carlos Oliva, por la preocupación que causaba en algunos sectores el efecto que podía tener en el PIB el hipotético cese de operaciones de varias empresas investigadas o implicadas en presuntos hechos de corrupción. Su respuesta fue una clara muestra de la filosofía del gobierno frente al tema: “Si por combatir a la corrupción va a caer el PIB, bueno, pues, mala suerte, lo principal es combatir la corrupción con una mirada de mediano y largo plazo. Si hay un efecto en el corto plazo porque se va una empresa, o porque deja de actuar una empresa, pues vendrá otra empresa y lo hará seguramente mejor y sin corrupción”.

Mucho de este clima se debe a las revelaciones sobre la naturaleza de las operaciones ocultas del Odebrecht en distintos países de la región, así como al escándalo de Lava Jato, sumado todo esto a los audios que dieron a conocer la existencia de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una presunta red criminal que operaba en el sistema de justicia del país, y que, según las primeras investigaciones, implicaba a magistrados de alto rango. Si bien el vaso de la conciencia ciudadana sobre la corrupción estaba lleno, el 2018 se rebasó.

Para Samuel Rotta, esto no es motivo de pesimismo, sino todo lo contrario, porque una de las claves para darle vuelta al fenómeno es reemplazar la tolerancia por indignación, un sentimiento que se vio en las marchas que en las calles de Lima exigían desterrar del sistema todo vestigio de los funcionarios corruptos, y defendían a jueces y fiscales, percibidos por la ciudadanía como honestos, cuando se veía amenazada su independencia o su continuidad en casos emblemáticos. “Aquí, marchar para defender a jueces y fiscales sí que es una novedad”, apuntó Gerardo Távara.

2019 ha sido declarado por el gobierno peruano como el “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”, mediante un decreto supremo firmado por el presidente Martín Vizcarra, quien ha señalado que la única manera de hacer sostenible esta lucha es mediante la educación. Le espera una dura tarea al Presidente y al país para que esa frase no sólo quede como tinta impresa en el encabezado de los documentos oficiales.

Organizaciones de sociedad civil de América Latina presentaron siete peticiones ante la CIDH para mejorar el sistema nacional de justicia

La corrupción ha alcanzado dimensiones exorbitantes y se ha introducido en la estructura de los Estados en casi la totalidad de países de América Latina. Por ello, las organizaciones de sociedad civil, entre ellas Proética, que participaron el pasado 15 de febrero en la audiencia pública regional “Corrupción y DDHH: el rol de los Sistemas de Justicia en las Américas”, organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Sucre, en Bolivia, presentaron siete peticiones que buscan mejorar el sistema de justicia frente a este problema global.

Mira nuestra participación en la audiencia pública de la CIDH: “Corrupción y DDHH: el rol de los sistemas de Justicia en las Américas”

“En los años 90, la dictadura fujimorista capturó al sistema de justicia en el Perú. Hoy, después de 19 años de democracia, volvemos a sufrir una nueva crisis judicial bajo otras formas de cooptación”.

Natasha Gutiérrez / Coordinadora del Área Legal de Proética

Proética participó en presentación de estudio sobre producción ilegal de harina de pescado en el Perú

Este 12 de abril de 2019, la directora del Programa Gobernanza Ambiental de Proética, Magaly Avila, participó como panelista en la presentación del estudio “Producción ilegal de harina de pescado en Perú”, organizado por Oceana.

Esta investigación de Oceana buscó identificar el estado del procesamiento ilegal de harina de pescado en el Perú, los flujos de abastecimiento y su comercialización.

“Mucha de la información que se trabaja en el sector pesca es muy técnica, y es necesario que esté disponible para que pueda ser usada por la sociedad civil y así garantizar verdadera transparencia”, señaló Avila.

Además, indicó que sería importante generar espacios de trabajo donde los actores vinculados puedan fortalecer sus capacidades y generar espacios sólidos para garantizar participación.

El panel de expertos y expertas estuvo conformado por el director de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción (PRODUCE), José Romero Glenny; la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena Conterno, y nuestra directora de Gobernanza Ambiental, Magaly Ávila.

Rotta: “Hemos visto un blindaje descarado de varios personajes profundamente cuestionados”

(Por La República – Sigrid.PE)

En Sigrid.PE dialogamos con Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, sobre la aprobación de la recomposición de comisiones del Congreso durante la accidentada sesión del Consejo Directivo. Además, hablamos del blindaje al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y de la corrupción en el Perú.

Samuel Rotta explicó que la recomposición de las comisiones del Congreso de la República significa un sinceramiento de la voluntad popular y un cambio en la política que había impuesto Fuerza Popular en estos años.

“Recordemos que esta mayoría abrumadora que logró Fuerza Popular en las elecciones respondió a la cuestión de las cifras repartidoras que finalmente terminó asignando muchos más congresistas”, señaló

Asimismo, resaltó la figura del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pues lo considera un político ‘hábil’ que supo alejarse en un momento oportuno de la bancada naranja.

“Ha demostrado habilidad política, él tiene una formación que viene del partido aprista y esa habilidad le ha servido para redirigirse”, comentó.

El entrevistado recalcó que durante este tiempo se ha blindado a personajes que debieron ser investigados por sus posibles vinculaciones con la corrupción.

“Lo que hemos visto durante meses es un blindaje descarado de varios personajes profundamente cuestionados, tanto es así que ayer hemos visto que se ha insistido en el blindaje de los fiscales supremos”, detalló.

Sobre la encuesta publicada por el Instituto de Estadística Peruano, el cual revela que el 62% de la población cree que Fuerza Popular a traviesa una crisis política, el director ejecutivo de Proética indicó que el porcentaje es bajo, pues su lideresa está en prisión y sus allegados están siendo investigados.

Según el Índice de la Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, el Perú mantiene un alto índice de corrupción y se ubica en el puesto 105 de 180 países. Para el invitado, esto es el reflejo de los escándalos políticos que se registraron durante el 2018.

“Se ha deteriorado el valor de nuestro índice y hemos descendido en posiciones del ranking global. La escala del índice va de 0 a 100, 0 es lo peor y 100 es lo mejor, es decir, estamos por debajo de la mitad”, aclaró.

De igual modo, cuestionó a Yeni Vilcatoma, quien ha interpuesto una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pues la acusa de “emitir opiniones que avalan el acuerdo” del Ministerio Público con Odebrecht.

“El acuerdo te marca un antes y un después, pues es diferente al acuerdo que firmó Odebrecht con la justicia norteamericana y la brasileña (…) Nuestro caso es diferente porque Odebrecht ya firmó, ya confesó y ya se sabe, por lo tanto, estamos aprovechando esas declaraciones para fortalecer las investigaciones”, puntualizó.

Índice de Percepción de la Corrupción 2018: Perú ocupa el puesto 105

(Por TV NOTICIAS)

Según los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional, el Perú ha descendido en el ranking global al obtener 35 puntos, dos menos que el año pasado.

Comparte ahora la posición 105, junto con El Salvador, Timor Oriental y Zambia, entre otros países. En esta edición se ha evaluado a 180 países.

Dinamarca y Nueva Zelandia se han ubicado en las mejores posiciones, siendo percibidos como los países menos corruptos; en tanto, Somalia, Siria y Sudán del Sur obtuvieron los más bajos resultados, agrupándose en el extremo más preocupante de la lista

En el estudio de TV Noticias 7.3, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, aseguró que el deterioro del valor del IPC del Perú se debe a los destapes de los casos de corrupción, como “Los cuellos blancos del puerto” y “Lava Jato”

“Lo que pasa es que además de los esfuerzos también se debe tomar en consideración los escándalos. El destape de Los cuellos blancos sin duda ha sido fuerte, ha tenido un impacto notorio, a eso se siguen los destapes específicos que ha habido con respecto a los actores políticos involucrados en el caso Lava Jato. Ha habido una fuerte acción por obstaculizar las investigaciones. Y todo eso estaría impactado en el deterioro del índice respecto al año anterior”, señaló.

Perú continúa desaprobado en lucha contra la corrupción, según evaluación anual de Transparencia Internacional

Crisis judicial y política explicarían el bajo resultado

El continuo fracaso de la mayoría de los países para controlar de forma eficiente la corrupción está contribuyendo a una crisis de la democracia en todo el mundo, según la interpretación que hace Transparencia Internacional de los resultados del más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2018), que fueron publicados hoy a nivel mundial por esta organización con sede en Berlín.

En esta edición se ha evaluado a 180 países. Dinamarca y Nueva Zelandia se han ubicado en las mejores posiciones, siendo percibidos como los países menos corruptos; en tanto, Somalia, Siria y Sudán del Sur obtuvieron los más bajos resultados, agrupándose en el extremo más preocupante de la lista. Más de dos tercios del total de países han sacado menos de 50 puntos (la mitad de la escala), reafirmando la persistencia de la corrupción a través de todo el mundo. Al contrastar el IPC 2018 con otros índices que miden la calidad de la democracia, Transparencia Internacional constata que, en líneas generales, aquellos países con peores niveles de institucionalidad y respeto por los derechos humanos también presentan los peores niveles de percepción de corrupción.

Este año, el Perú ha descendido en el ranking global, al obtener 35 puntos, dos menos que el año pasado, compartiendo ahora la posición 105, junto con El Salvador, Timor Oriental y Zambia, entre otros países.

Crisis de corrupción en el sistema de justicia y en la política

El deterioro del valor del IPC de nuestro país puede deberse a la exposición de graves casos de corrupción durante el 2018, particularmente en el sistema de justicia, señaló el Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla.

“El destape de la red conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que supuestamente buscaba capturar puestos claves en las entidades autónomas de justicia, y conformada por altos magistrados, debe haber impactado en el comportamiento del índice. A esto deben sumarse los intentos para entorpecer las investigaciones que vienen llevando los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato.” agregó el representante del capítulo de Transparencia Internacional en nuestro país.

También advirtió que, si bien estos casos han congregado una gran atención pública, no debe olvidarse la gravedad de la corrupción a nivel descentralizado. En efecto, según datos del Jurado Nacional de Elecciones, más de 100 autoridades sub-nacionales fueron vacadas o suspendidas por corrupción durante el 2018. De otro lado, un reporte de la Procuraduría Anticorrupción informó que en el 2017 se acumularon más de 1,400 investigaciones contra autoridades locales y regionales por delitos de corrupción.

Investigaciones y reformas necesarias

El Perú recibe estos datos en un momento en que está próxima la suscripción del acuerdo de colaboración fiscal con la compañía brasileña Odebrecht, así como en plena discusión sobre las reformas judicial y política.

“Esta es la peor ubicación que logra nuestro país en este ranking. Para revertir la caída es indispensable que los procesos de investigación arrojen la verdad sobre los políticos que se corrompieron y que se les imponga las mayores sanciones posibles. A la vez, es necesario adoptar e implementar las reformas con responsabilidad, audacia y, sobre todo, liderazgo. Nos estamos jugando tanto la lucha contra la impunidad como asegurar una institucionalidad que tenga a la ética pública en sus cimientos”, finalizó Rotta Castilla.

Descarga el mapa del Índice de Percepción de la Corrupción 2018 AQUÍ

Proética: Ejecutivo debe plantear al Congreso un plazo breve para la discusión de proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público

El Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, consideró que es importante que el presidente Martín Vizcarra determine un plazo breve para que el Congreso de la República discuta el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público tras la decisión del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de apartar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del caso Lava Jato justo en un momento clave de las investigaciones que se están llevando a cabo por este caso de gran corrupción.

“El presidente Martín Vizcarra debe plantear un plazo muy breve para la discusión del proyecto de ley que declara la emergencia del Ministerio Público. Para que quede claro desde qué momento podrá hacer cuestión de confianza”, sostuvo Rotta luego que el Jefe de Estado anunciara que presentará esta iniciativa legislativa ante el Congreso este miércoles 02 de enero por la tarde.