Perú obtiene una alta valoración en el eje Financiamiento de la política (2.05), y en Cooperación jurídica internacional (2.01).
Sin embargo, tiene muy baja valoración en el eje Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, al no propiciar la inclusión de grupos vulnerables (1.1) y promover la equidad de género (1.44) en las estrategias anticorrupción
Perú, 18 de octubre de 2021. Este día Desco, junto a 12 organizaciones de la sociedad civil de Perú, como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.
Entre los hallazgos del informe se revela que el Perú ha logrado avances significativos en la lucha anticorrupción, como la adopción de normas y planes que impulsaron, por ejemplo, la modernización de los sistemas de control vigentes de estándares de transparencia, gobierno abierto y electrónico, así como el control de financiamiento privado a partidos políticos; medidas que en su mayoría estuvieron vigentes de manera previa a la suscripción del Compromiso de Lima. Estos avances se han materializado en los últimos años en la creación de comisiones especiales como Lava Jato y el establecimiento de cooperaciones jurídicas con otros Estados, facilitando la labor de fiscales y demás autoridades a cargo de grandes casos de corrupción vinculados a últimos gobiernos; así mismo se logró la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del deslegitimado Consejo Nacional de la Magistratura.
Pese a estos logros, el Estado peruano carece aún de mecanismos y una política integral, descentralizada, con enfoque de género e intercultural que permita la participación activa de las poblaciones en condición de vulnerabilidad (mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidad LGTBI, personas con discapacidad) y a la ciudadanía en su conjunto, para lograr mejores resultados en la lucha anticorrupción y conseguir la disminución de las desigualdades vinculadas a este flagelo. Por otro lado, se evidencia también limitaciones para implementar políticas de seguimiento y vigilancia ciudadana a nivel regional y local, que se refuerza por el uso de un lenguaje oficial no inclusivo y poco amigable, la no implementación de tecnologías adecuadas y dirigidas a personas con discapacidad; y la vigencia de políticas sesgadas que no están acorde a la realidad y necesidad de cada población o comunidad.
Entre sus recomendaciones, la información recolectada muestra la necesidad de concientizar a la población y autoridades sobre el impacto negativo de la corrupción, que refuerza las brechas de desigualdad vigentes como la de género y la exclusión de población vulnerable; resulta necesario motivar y establecer prioridades para facilitar una mayor participación ciudadana en la lucha anticorrupción. Así mismo, fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades a cargo en los gobiernos regionales y locales, a fin de optimizar las herramientas para disminuir la corrupción, no solo punitivas sino también preventivas.
Debido a los logros conseguidos en el último proceso electoral, es importante fortalecer mecanismos para una mejor fiscalización de los organismos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en torno al financiamiento de campaña de partidos políticos; así mismo impulsar la asignación de capacidades a las autoridades para ejecutar acciones sancionadoras efectivas. Por último es importante la adopción de medidas preventivas de actos de corrupción, siendo necesario que se simplifiquen los mecanismos administrativos vigentes y prevenir malas prácticas arraigadas al interior de las instituciones públicas.
El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, el soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.
El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 organizaciones de sociedad civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.
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