Ideeleradio.- El cobro de los 15 mil 600 soles por concepto de instalación que efectuaron los congresistas de Lima y El Callao de todas las bancadas, excepto la de Gana Perú, es indignante, inmoral y representa en la práctica un hurto al país, estimó Cecilia Blondet, directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética).

“Es indignante que congresistas de Lima y El Callao, y los reelectos cobren los 15 mil soles por instalación; es indignante y además es inmoral. Efectivamente, puede ser legal, pero es inmoral que cobren. […] Esos señores [los parlamentarios que recibieron esta asignación] saben qué es legal y qué es ilegal, pero no saben qué es moral y lo qué es inmoral”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Blondet Montero calificó el desembolso de este monto como un hurto al país y lo comparó con el controversial caso del exministro aprista Fernando Barrios, quien cobró 90 mil nuevos soles por concepto de indemnización, cuando abandonó la presidencia del Seguro Social de Salud (EsSalud) para asumir el despacho del Interior, bajo el argumento de un supuesto ‘despido arbitrario’.

“Es exactamente lo que sucedió con Fernando Barrios y la autoindemnización, que no era ilegal, pero se hizo indemnizar como si lo hubieran botado de EsSalud, cuando se fue para ser ministro del Interior. No es ilegal, pero resulta ser en la práctica un hurto al país, porque son en ese caso [de Essalud] 90 mil soles y en este caso 15 mil soles”, apuntó.

Preocupa que Martín Belaunde haya cobrado por instalación | Inicio Comentó, en ese sentido, que le parece preocupante que el parlamentario por Lima, Martín Belaunde (Solidaridad Nacional) haya afirmado que invertirá los 15 mil 600 soles en el mantenimiento de su automóvil, que –según él– está despedazándose. En general, Blondet Montero dijo que la ciudadanía espera tener parlamentarios responsables, honestos y morales.

“Esto es dinero de todos los peruanos y nos cuesta mucho pagar impuestos, y nos cuesta mucho que nos [lo] quiten, a través de una serie de mecanismos. Lo que queremos son congresistas responsables, con una buena moralidad, honestos, que den una buena información y que cobren lo que tengan que cobrar por lo que les corresponde y no por estos mecanismos que realmente no corresponde y no justifica que estos señores cobren”, acotó.

“Me parece muy preocupante, que el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Martín Belaunde, que ha sido además zar anticorrupción, con muchas ínsulas diga que va a cobrar porque tiene que arreglar su carro”, estimó.

Actividades del Congreso tienen que ser transparentes | Inicio Por otra parte, recomendó al segundo vicepresidente del Congreso, Yehude Simon, que revise bien su propuesta de modificar el reglamento del Parlamento, para establecer que las sesiones del Pleno sean de carácter reservado. La directora de Proética insistió en que las actividades del Congreso tienen que ser transparentes.

“Tiene que revisar ese planteamiento de principio a fin porque además Yehude fue el primer presidente regional que aceptó que en su gobierno los actos sean totalmente transparentes, dio un paso muy importante en la modernización y en el uso de la transparencia en el gobierno regional; así que por favor hay que pedirle que revise su planteamiento y lo ponga acorde a lo que ha sido su práctica y su trayectoria”, remarcó.

“Es muy importante que se entregue información y que sea transparente, y todo lo que discuta el Congreso debe ser transparentado, todo debe tener una cámara, y de todo debemos de enterarnos, porque finalmente están allí porque nosotros le dimos el voto, que no vengan con esos criterios de eso es bueno para ti y eso no; ellos no son los que tienen que decidir qué información tienen que darnos y qué no”, apuntó.

Estimados amigos y amigas,

Con el fin de contribuir al debate generado por la Ley Nº 29703, que modifica el Código Penal respecto de los delitos contra la Administración Pública, compartimos esta nota escrita por el Abogado Dr. Roberto Pereira:

 

Comentarios a la Ley Nº 29703, que modifica el Código Penal respecto de los delitos contra la Administración pública

En mi opinión los cuestionamientos que se vienen difundiendo a la reciente Ley Nº 27903, que modifica algunos delitos de responsabilidad de funcionarios públicos son exagerados. Nada de lo que se expresa en el texto de la norma resulta apocalíptico para la lucha contra la corrupción, tal como sostienen tales críticas.

Así, es de destacar que la norma trabaja fundamentalmente sobre los marcos de pena privativa de libertad, incrementándolos, en los delitos de abuso de autoridad, colusión y peculado doloso e imprudente. En el caso del peculado de uso, se precisa que el límite mínimo de la pena privativa de libertad en dos años. Hasta donde se, nadie ha objetado esta decisión político criminal de incremento de pena, sino todo lo contrario.

A su vez, la norma mejora la redacción típica de los delitos a través de conceptos mucho más técnicos. De otro lado, resulta acertado que se haya trabajado un agravante en el peculado en función del monto afectado. Así, si el valor del patrimonio afectado supera las 10 UIT (36,000 nuevos soles) la pena será entre 8 y 12 años.

Sin embargo, habría sido interesante que se establezca un monto mínimo de afectación, para dejar algunas conductas de apropiación o utilización del patrimonio del Estado en el ámbito de las faltas o del Derecho Administrativo Sancionador. Me refiero a casos en los que la afectación patrimonial al Estado es mínima.

Se ha objetado la eliminación de la pena de inhabilitación para el ejercicio de la función pública para el caso del delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, este cuestionamiento no advierte que esa pena está prevista con carácter general para todo delito de responsabilidad de funcionario público tanto en el artículo 29º como en el artículo 46º del Código Penal. Parece ser que no se leyó prolijamente el Código Penal antes de formular esta crítica.

En la colusión se cuestiona que se haya precisado que la defraudación al Estado deba ser de naturaleza patrimonial, así como que dicha defraudación sea efectiva o real. Bueno, esta es la forma como se viene interpretando y aplicando mayoritariamente la colusión, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Por ende, lo único que se ha hecho es acoger de manera mucho mas clara esta opción interpretativa. En los casos que la defraudación patrimonial no se concrete siempre es posible sancionar por tentativa. Quizá, no se advierte que el Derecho no solo es lo que las normas establecen sino tambien su interpretación consolidada por los intérpretes y, entre ellos y sobre todo, por los tribunales.

Tampoco me parece reprochable que se haya excluido de la sanción como tráfico de influencias, las “influencias simuladas” o “irreales”. Este tipo de conductas no afecten o ponen en riesgo el bien jurídico “administración pública”, tal como ha sostenido la doctrina nacional de manera casi unánime.

Finalmente, considero que es incompatible con las exigencias de un Derecho Penal de un Estado democrático, donde se tomen en serio la presunción de inocencia y la obligación de la acusación de probar toda imputación delictiva, la crítica que se hace a la eliminación del enriquecimiento ilícito de la obligación que tenían los funcionarios de justificar la licitud de su patrimonio. Parece elemental que sea el Ministerio Público el que lleve la carga de la prueba respecto del origen ilícito de un patrimonio. Conozco casos en los que algunos funcionarios públicos tiene que estar sometidos meses y hasta años a la exigencia de acreditar el origen lícito de su patrimonio, porque al Ministerio Público no le parece razonable las justificaciones que exponen.

Si bien la corrupción es uno de los principales problemas que afecta al país, su sanción no puede hacerse a toda costa o a cualquier precio. Debe hacerse, en primer lugar, desde una politica criminal racional, que tome en cuenta fundamentalmente las causas o incentivos principales de la corrupción, los distintos mecanismos o instrumentos para prevenirla, investigarla y sancionarla, sin caer en el populismo penal, que es tan reprochable como la impunidad.

Roberto Pereira Chumbe

Nota: La versión y posición del Poder Judicial sobre el tema, puede ser consultada haciendo click aquí.

El 29 de abril en el Hotel Ariosto, Proética y ProDescentralización presentaron “El Barómetro de Gobernabilidad“, el cual es un instrumento para apoyar a los gobiernos descentralizados comprometidos con la gestión democrática y el perfeccionamiento de sus instituciones. El Barómetro ha sido desarrollado por el Proyecto USAID/Perú ProDescentralización.

El día de la presentación se contó con la presencia de la Embajadora de los Estados Unidos, Rose M. Likins, y del Embajador de España, D. Javier Sandomingo, también acompañó en la mesa de inauguración Alejandro Salas, director del departamento de Américas de Transparencia Internacional, a la cual Proética representa en el Perú.

La presentación del Barómetro de Gobernabilidad estuvo a cargo de Thomas Reilly, Jefe de ProDescentralización. Esta presentación fue seguida del Panel “La importancia de los instrumentos de medición para el buen gobierno descentralizado” en el cual participó Hernán Charosky, Director de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional y Marisa Remy, Coordinadora del proyecto Mejorando la Inversión Municipal – MIM.

Las autoridades regionales y locales también estuvieron presentes: Javier Atkins, Presidente Regional de Piura y representante de los Gobiernos Regionales; Fermín García, alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago y representante de AMPE; Esguard Rodríguez, alcalde de Santa Catalina de Mossa y representante de REMURPE; y Alberto Sánchez Aizcorbe, Alcalde de La Victoria y representante de MUNIRED; junto a Rocío Vargas, representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, comentaron sobre las potencialidades del uso del Barómetro de Gobernabilidad para una eficaz gestión descentralizada.

Finalmente, Nilda Rojas, Secretaria de Gestión Pública de la PCM, y Mirko Peraltilla, consultor de ProDescentralización, presentaron el “Catálogo de Recursos para una eficaz Gestión Pública Descentralizada”. Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo de Luis Matos, Secretario de Descentralización de la PCM.

Si deseas conocer más sobre esta herramienta, te invitamos a revisar la “Guía de Uso del Barómetro de Gobernabilidad“.

Lima, jul. 05 (ANDINA). La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, consideró que la Alianza por el Gran Cambio debería presidir la Comisión de Fiscalización del Congreso, y se pronunció en contra de que ese rol sea asumido por el fujimorismo o por un representante de Perú Posible.

Según explicó, la Comisión de Fiscalización del Congreso debe ser asumida por un grupo parlamentario que tenga independencia tanto del gobierno saliente, como del entrante.

En ese sentido, mencionó que ni el fujimorismo no cumple esta condición porque –dijo- mantuvo cierta cercanía con el actual gobierno.

“Necesitamos que esta comisión sea muy independiente, por eso pienso que si bien tiene que ser una oposición al gobierno en acciones, también tiene que ser una oposición al gobierno saliente, y esa no es la situación de los fujimoristas”, declaró.

En el caso de Perú Posible, argumentó que Perú Posible tampoco debería presidirla porque su líder, el ex presidente Alejandro Toledo, está en conversaciones muy cercanas con el electo mandatario Ollanta Humala, con lo cual se estaría comprometiendo con el siguiente gobierno.

“Perú Posible estaría perdiendo objetividad para dirigirla, podría ser juez y parte, habría que ver cómo evolucionan las conversaciones entre el presidente Toledo y el presidente electo Humala, pero de hecho esta cercanía los limita para presidir esta comisión”, dijo.

En ese sentido, Blondet mencionó que Alianza por el Gran Cambio no presenta estos impedimentos, por lo que sería correcto que asuma la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

“Si tendría que ser algún grupo político tendría que ser Alianza Por el Gran Cambio, porque califica para serlo”, subrayó.

Voceros del grupo fujimorista han defendido su derecho de presidir la Comisión de Fiscalización argumentando que les corresponde hacerlo al haberse convertido en el principal partido de oposición.

No obstante, representantes de Gana Perú han objetado ello y han manifestado que la vinculación de algunos de los miembros del fujimorismo en irregularidades descalifica a ese grupo para presidir la comisión encargada de investigar denuncias de corrupción.

“El Consejo Nacional para la Ética Pública, Proética, ha escrito una nueva etapa en la historia de la democracia peruana”. Lo afirmó en Lima la embajadora de Estados Unidos en el Perú, Rose Likins, al clausurar la ceremonia en la que se graduaron 100 participantes de la Primera Escuela Nacional Anticorrupción El acto se desarrolló en el marco de la instalación de la II Escuela promovida por Proética con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID Perú) y la Corporación Millenium.

Rose Likins remarcó que “como representante de los Estados Unidos, que hemos acompañado y apoyado al proceso de la democracia en el Perú, sabemos que la participación de todos los ciudadanos y las respuestas a sus preocupaciones, a sus necesidades, son ingrediente bastante importantes para el éxito de cualquier país democrático”.

Junto con la embajadora norteamericana, en la mesa estuvieron el presidente de Proética, Adrián Revilla; el ex Fiscal de la Nación adjunto, Avelino Guillén, la directora ejecutiva de este organismo Cecilia Blondet y Samuel Rotta, organizador de la Escuela y jefe de formación de Proética.