Dirigió la Defensoría del Pueblo entre el 2000 y 2005, y fue ministro del Interior del 2013 al2014. Sin duda, su vasta expe-riencia lo convierte en unavoz autorizada sobre la luchacontra la impunidad y su rela-ción con la corrupción. El Mg.Walter Albán nos recibió en su recién estrenada oficina de Proética, desde donde seguirá librando la misma batalla.

¿Qué condiciones permiten la generalización de la impunidad en nuestra sociedad? Las reglas que se establecen con demasiada ligereza no son asumidas por el conjunto de la sociedad porque existe una percepción de que no, necesariamente, se tienen que acatar. Hay poca confianza ciudadana en la importancia de su respeto y, a veces, estas reglas no tienen un correlato práctico o ponen exigencias más allá de lo razonable. Así contribuimos a que no tengan vigencia, generamos condiciones para la transgresión y, por ende, para la impunidad, porque sería materialmente imposible sancionara todos los transgresores. Ese es el caldo de cultivo de la corrupción.

Entonces, ¿deberíamos buscar soluciones más creativas que punitivas? Ciertas reglas deben tener una sanción en caso sean incumplidas, pero no basta con establecer sanciones, se necesita que la regla sea razonable y hacer una difusión de sus beneficios para la sociedad. Sin una conciencia cívica clara ya sumida sobre la necesidad de respetar reglas, la transgresión se convierte en una actitud hacia todo el conjunto de la normatividad.

¿Existe algún plan concreto de lucha contra la corrupción desde el Estado? Creo que no hay un plan articulado, sino iniciativas aisladas. A fines de la década de los 90, fue relativamente fácil cohesionar fuerzas políticas y sociales para luchar contra un régimen autoritario y corrupto, pero eso quedó en una promesa y, con la supuesta descentralización, la corrupción ha hecho metástasis, lo que se puede observar en casos como los de Orellana o César Álvarez, sin que se haya tomado ninguna medida importante para ponerle coto.

Instituciones como la Policía o el sistema judicial mantienen la peor percepción de corrupción. Claro, porque a las prácticas tradicionales de corrupción menor le sumamos esta corrupción organizada de mayores dimensiones. No es lo mismo el policía que coimea en la calle que un señor López Meneses que permea a la institución al más alto nivel. Nadie ha podido medir el nivel de corrupción de la Policía, pero es enorme.

¿Por qué aceptó dirigir el Ministerio del Interior, un sector tan asociado a la corrupción? Y, además, asociado a la violación de derechos humanos. La dimensión del reto era enorme, pero no se puede mirar el país por compartimentos y escoger uno en el que se esté más cómodo. La Policía requiere de una depuración. Hay 115 mil policías y una buena cantidad debe salir. Requerimos policías a tiempo completo y con dedicación exclusiva, pues más del 70% trabajan un día sí y otro, no. No habrá un cambio significativo mientras sigamos con una policía de medio tiempo y no se haga una depuración clara. Mi gran reto fue trabajar estos dos temas.

¿Qué margen de acción tuvo? Tuve el respaldo del presidente, aunque hubo que superar temas presupuestarios con el entonces ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Al final, acordamos poner en marcha un plan de recuperación de dedicación exclusiva que, lamentablemente, no me explico porqué quedó en el aire.

¿El Estado es capaz de construir ciudadanía? Creo que eso no va a ocurrir desde un Estado que refleja lo que pasa en la sociedad. Tenemos que trabajar desde la sociedad civil y, por eso, he aceptado el reto de Proética. Dentro del Estado hay instituciones con una responsabilidad mucho más marcada y yo encuentro ahí a la Defensoría del Pueblo, que, a pesar de sufrir atropellos, mantiene un patrón de actuación que la hace de las pocas realmente confiables. Hay que fortalecerla para que sea una socia natural de las organizaciones de la sociedad civil.

El Perú está en el puesto 85 de corrupción mundial y ha sido amonestado por faltas de transparencia. ¿Ve una res-puesta real a estos esfuerzos de la sociedad civil? A pesar de estar en una situación disminuida, estamos mucho mejor que hace una década porque el Estado ya ha asumido compromisos por voluntad propia, así no los esté cumpliendo todos. Veo voluntad de mejora, pero los avatares políticos hacen que esta pase a un segundo plano. Espero que esto se retome, pero se hará más rápido y mejor si las organizaciones de la sociedad civil hacemos de esto un tema de primer lugar en la agenda.

nerando confianza y respeto en el conjunto de la administración.

No fue fácil. Sobre todo, por el clima de creciente autoritarismo en el que vivíamos. Es larga la lista de importantes actuaciones que la Defensoría del Pueblo impulsó y que contribuyó a concretar: atención a víctimas de la violencia política, libertad de presos inocentes, mejora en el diseño y procesamiento del régimen de pensiones, derechos de la mujer y freno a los casos de esterilizaciones forzadas, fin del reclutamiento militar compulsivo y discriminatorio, entre otros.

Asimismo, realizó supervisión electoral, documentando los casos que atentaban flagrantemente contra una elección limpia y respetuosa de la voluntad popular; así como la apuesta por la transparencia, el acceso a la información pública y el desarrollo de prácticas de buen gobierno.

Han sido sin duda estas intervenciones y otras muchas, cuyo recuento resulta imposible en estas líneas, las que han dado lugar a un amplio reconocimiento de la labor cumplida por esta institución, navegando la mayor parte del tiempo con viento en contra y escasos recursos. Y es quizá también por esta importante trayectoria y relevancia nacional, que le resulta tan difícil al Congreso de la República llegar a una decisión, obligación que sin embargo mantiene con la Constitución y con el país.

Y es que a una situación de extremo nivel de fraccionamiento de la representación política que obviamente dificulta los consensos, hay que agregarle la equivocada comprensión demostrada hasta el momento por quienes deben realizar esta elección. Y es que los criterios que deben orientarla, tienen que estar vinculados a la idoneidad e independencia de la persona y no basarse en su aproximación o simpatías con el poder.

Los contextos cambian, pero los problemas más complejos de la realidad del país, en términos sustantivos, continúan vigentes y demandan un defensor(a) capaz de asumir estos retos. El primero de ellos, sin embargo, lo tiene el Congreso.

Jorge Medina y Walter Albán, ocuparán el cargo de Presidente y Director Ejecutivo, respectivamente, de PROÉTICA.

El empresario Jorge Medina y el jurista Walter Albán, fueron nombrados Presidente y Director Ejecutivo, respectivamente, de PROÉTICA, el consorcio anticorrupción integrado por la Asociación de Exportadores (ADEX), la Comisión Andina de Juristas, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Civil Transparencia.

PROÉTICA, fundada en el 2002, es el Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, un movimiento global cuya visión es un mundo en el que gobiernos, empresas y ciudadanos trabajen juntos para mitigar los efectos perversos de la corrupción, la cual atenta contra el desarrollo económico, social y humano de las naciones.

Los nombramientos de Medina y Albán se produjeron al cabo de una intensa jornada de análisis sobre la compleja problemática de la corrupción en nuestro país, en la que además de los asociados de PROÉTICA, participaron también expertos, empresarios y altos funcionarios públicos. El proceso estuvo dirigido por Adrián Revilla, presidente saliente de la institución.

Próximamente PROETICA presentará iniciativas de políticas públicas efectivas, que mejoren la transparencia y la rendición de cuentas, reforzando la ética pública y privada en el Perú. Para ello, esta institución buscará concertar con amplios sectores empresariales, políticos y sociales.

Los asociados de PROÉTICA reconocen muy especialmente la importante labor de Cecilia Blondet, Directora Ejecutiva saliente, quien dirigió la institución desde el 2006.

Jorge Medina Méndez ha sido CEO de EY Perú y Regional Managing Partner de EY para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Asimismo, ha sido presidente del Comité de Transparencia e Integridad Empresarial del Directorio de Perú2021 y del Comité de Ética del Directorio de IPAE Acción Empresarial. Entre sus otros cargos ejercidos, están el haber sido Presidente del Instituto Peruano de Auditores Independientes (IPAI) y miembro de los consejos Directivo y Ejecutivo de la CONFIEP, entre otros gremios profesionales y empresariales. Actualmente es miembro de la Asamblea de la Asociación Civil Transparencia y del Directorio de Endeavor Perú; también forma parte de los consejos consultivos de las escuelas y programas de negocios de las universidades Pacífico, UPC y Adolfo Ibáñez School of Management de Miami, entre otras organizaciones.

Walter Albán Peralta es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente es Director de la Maestría con mención en Política Jurisdiccional y ha sido Decano de la Facultad de Derecho. Ejerció las funciones de Defensor del Pueblo entre los años 2001 y 2005, habiéndose desempeñado también como Embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Ministro del Interior. Ha sido miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana y del Jurado de los premios para las Buenas Prácticas en la administración pública, que organiza anualmente la institución Ciudadanos al Día (CAD). Entre sus otros cargos anteriores, se incluyen el haber sido Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica Peruana, y director adjunto de la Comisión Andina de Juristas.

Adrián Revilla

Presidente de PROÉTICA

 

NP-Designan a Jorge Medina y Walter Albán Presidente y Director Ejecutivo de Proética by Proética on Scribd

El 16 de diciembre del 2014, Proética (capítulo peruano de Transparencia Internacional, institución que lucha contra la corrupción) decidió suspender su participación en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) por considerar una falta de coherencia que el doctor Carlos Ramos Heredia, como fiscal de la Nación, estando cuestionado públicamente en su actuar por el Congreso y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), integre la instancia nacional que debe velar por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Luego de la suspensión ordenada por el CNM, Proética decidió retomar su participación en la CAN.

Acciones como las de Proética faltan en nuestro país, donde, por un equivocado concepto de tratar de quedar bien con todos, no se toman decisiones firmes frente a quienes atentan contra los principios y valores de una sociedad democrática. Por ello, en la edición 2014 del Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional, el Perú se ubica en el puesto 83, con un valor de 38 puntos. Si nos comparamos con otros países de la región, aparentemente quedamos entre los mejores, pero “mal de muchos consuelo de tontos”, pues la mejor calificación posible de 100 puntos está muy lejana. En realidad, tenemos una nota desaprobatoria, peor aun si tenemos en cuenta que desde hace más de una década aparecemos con una nota similar sin visos de mejoría.

Entre el 2002 y el 2013, se dio una preocupación creciente por la corrupción que afecta al Estado, pero a su vez una tolerancia a actos de corrupción en trámites menores, así como una grave tasa de no formalizar denuncias que se conocen. En efecto, de cada diez peruanos que participaron o se vieron afectados por un acto de corrupción, solo uno se atrevió a denunciarlo.

Entre las razones señaladas por los encuestados para no hacerlo confluyen el temor a las represalias por los denunciados y la creencia de que el soborno es el camino para superar las trabas burocráticas. Mientras muchos trámites dependan de la discreción de un funcionario, los incentivos para buscar agilizarlos serán altos.

Además, nos encontramos en un contexto que viene marcado por una seguidilla de escándalos, desencadenados en febrero del 2014 con el caso de César Álvarez y que mostró cómo las irregularidades y abusos se daban de forma extendida en los niveles de gobierno regional y municipal, salpicando incluso al ámbito nacional. En medio de los destapes, la procuraduría anticorrupción informó que 92% de los alcaldes del país estaban bajo investigación. Meses después, en las recientes elecciones, se ha elegido a presidentes regionales con acusaciones de corrupción, incluso algunos con prisión preventiva o que no pagaron su reparación civil. Esto nos demuestra que las áreas más afectadas tienen que ver con las adquisiciones públicas y las ejecuciones de obras públicas. Si a esto se suma la práctica de la corrupción en trámites menores y, por otro lado, la presencia cada vez más perturbadora de actividades criminales vinculadas al contrabando, tráfico de madera ilegal, tráfico de personas, narcotráfico y minería ilegal, se tiene un mapa más o menos claro de qué retos enfrentamos como país en esta materia.

Con el actual gobierno, el Estado Peruano recuperó la capacidad de plantear iniciativas para luchar contra la corrupción: se reanimó y fortaleció la procuraduría anticorrupción, se estableció un espacio de coordinación interinstitucional de alto nivel de las políticas anticorrupción (CAN) y se decidió participar de la Alianza Global para un gobierno abierto. Además, se relanzó la política de modernización de la gestión pública y, más importante, se articuló esta con buena parte de los esfuerzos señalados.

Sin embargo, el mencionado contexto de escándalos ha empañado todos esos esfuerzos, con el agravante que el Gobierno no ha sabido reaccionar con propiedad, enrareciendo más aun el ambiente, pues se ha extendido la sensación de que estamos a la deriva, a merced de poderes corruptos que amenazan desde todos lados. Es fundamental por ello que se retome el liderazgo y que se saneen las relaciones que echan sombra en las más altas esferas para que quede clara la ruta en materia anticorrupción, transparencia y modernización del Estado.