Walter Albán: Debemos dejar en claro que los procuradores defienden al Estado

(Fuente: LaMula.pe) A raíz de la censura a la procuradora Julia Príncipe por hablar a la prensa sobre el caso Nadine Heredia, el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que el tema de fondo en todo este caso tiene que ver con una “mala manera de entender el rol de los procuradores” y de cómo se “ha reglado” de manera equivocada su trabajo.

En ese sentido, Albán indicó que a quienes les correspondería hacer las modificaciones respectivas sobre el rol de los procuradores son, por un lado, al Congreso de la República, debido a que se trata de un decreto legislativo, y por otro, al Ejecutivo en el sentido de una reglamentación.

Sin embargo, dejó en claro que lo importante es la norma, porque es ahí donde se debe dejar en claro que los procuradores defienden al Estado y no a los funcionarios públicos por mucha autoridad que tengan.

Por otro lado, Albán señaló que es importante fortalecer las procuradurías públicas ya que existe un problema de recursos. “El que haya procuradurías separadas, con equipos distintos, no contribuye a una lucha más eficiente contra el crimen organizado”.

 

Proética solicita que se investigue ejecución de Interoceánica

(El Peruano) El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que existen elementos suficientes para investigar a los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García por las presuntas irregularidades en la concesión y ejecución de la carretera Interoceánica, con la participación de empresas brasileñas.

Sostuvo que todavía están en una “etapa preliminar” de investigación de presuntos actos de corrupción, que involucraría a empresas brasileñas con autoridades y organismos estatales en dicho país, escándalo que repercutiría en el Perú.

Explicó que desde un inicio la Interoceánica Sur fue “cuestionada”, por no contar con estudios para un cálculo adecuado de los montos de ejecución. Esta deficiencia dio como resultado que una obra que comenzó en el gobierno de Alejandro Toledo con “800 millones de dólares, terminara costando 2,000 millones” en la administración de Alan García.

Walter Albán considera necesario investigación en caso de Interoceánica

(Agencia Andina) El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró hoy que existen elementos suficientes para llevar a cabo una investigación a los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García por las presuntas irregularidad en la concesión y ejecución de la Carretera Interoceánica, con participación de empresas brasileñas.

Sostuvo que todavía estamos en una “etapa preliminar”, de lo que comprende el destape de actos de corrupción que involucra a grandes empresas brasileñas, con autoridades y organismos estatales en ese país, escándalos que también repercuten en el Perú. Refirió, además, que formaría parte de un patrón de comportamiento de un grupo importante de empresas, según la investigación denominada Castillo de Arena en Brasil, centrada en la empresa Camargo Correa, y el proceso judicial “Lava jatos”, sobre actos de corrupción que involucra a grandes empresas privadas (Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS, Camargo Correa, entre otros) con la estatal Petrobras. “Estamos hablando de montos significativamente mayores (sobornos), y en una economía que ya está de alguna manera globalizada, en este caso de la región, las implicancias van más allá de la región”, precisó. En el caso de Perú, señaló, la Interoceánica del Sur desde un inicio fue “cuestionable”, ya que no contaba con los estudios suficientes para un calculo adecuado de montos de ejecución, lo que dio como resultado de que una obra que comenzó con el gobierno de Alejandro Toledo de “800 millones de dólares, termina costando 2 mil millones” en la administración de Alan García. “Esta manera en que se han ido inflando los presupuestos sin duda da pie a que esto se tenga que investigar a fondo porque esto no se habría producido si no es en función de la afectación que hicieron las autoridades de estos reajustes, que no sabemos si han estado o no sustentados”, manifestó. Añadió que las irregularidades, transmitidas también en los cinco informes que publicó recientemente la Contraloría General de la República, muestran que se precisa una investigación de los dos gobiernos involucrados, así como de todos los implicados. “Estamos hablando de gobiernos presididos por ellos (García y Toledo) y, por tanto, no solo los comprende a ellos. Hay que investigar a fondo, eso es lo que digo”. En otro momento, Albán señaló que si bien la investigación sobre la carretera Interoceánica es vista por el Ministerio Público, institución que, según refirió, ya esta tomando cartas en el asunto, también amerita una investigación en el Congreso de la República. “Por las implicancias políticas que esto podría suponer no excluye de investigaciones en el Congreso nacional, que tendría que llevar a cabo por una comisión especial, porque es un tema bastante complejo que encierra muchos aspectos técnicos”, indicó. En otro momento, aseveró que este proceso tendrá secuelas en el proceso electoral del 2016, pues “forma una opinión pública”, aunque aclaró que en este momento la ciudadanía estará en una situación de “arenas movedizas” hasta el esclarecimiento de las denuncias. En este contexto, Walter Albán mostró su esperanza de que esta situación genere un cambio en el electorado peruano, para que en su ejercicio democrático pueda elegir autoridades “que no tengan responsabilidad por temas de manejo irregular de recursos del estado y actos de corrupción”.

Walter Albán advierte peligros de la corrupción en Puno

(Diario Los Andes) Se advirtió sobre el peligro de la corrupción en el conversatorio sobre gobernabilidad y lucha contra la corrupción. El ponente Walter Albán remarcó que los escasos recursos que lleguen a la región no se deben ir a los bolsillos de los sinvergüenzas o gente corrupta.

Según la Contraloría General de la República, 10 mil millones de soles le cuesta la corrupción al Perú, pudiendo construirse con ese presupuesto 72 hospitales, 360 colegios, y generar 200 mil puestos de trabajo para los más necesitados.

Por su parte, el exprocurador Samuel Larico Mamani dijo que mil 908 personas vienen siendo investigadas por corrupción, y recordó los numerosos alcaldes que están en la cárcel por este delito, algunos de los cuales todavía son investigados, como los de Cojata, Caracoto, Chupa, Azángaro, Huancané, Taraco, Juliaca y Lampa.

“La población puneña se encuentra muy preocupada porque cada vez se intensifica la inseguridad ciudadana; una forma de afrontarlo es trabajar unidos contra la corrupción”, mencionó Walter Albán Peralta, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Director de Proética y Defensor del Pueblo, refieren que todos tienen derecho a recibir información, en respuesta a memorándum emitido por el director de Salud.

(Fuente: Radio Onda Azul) Después de interpretar el Memorándum Múltiple Nº 331-2015, emitido por el titular de la Dirección Regional de Salud de Puno, Julián Antonio Salas Portocarrero, el director de Proética, Walter Alban, y el titular de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega Luna, reaccionaron ante la posición vertida por el funcionario, y coincidieron que mientras se requiera o solicite información pública, los funcionarios están en la obligación de entregar, consignado mediante la ley de Acceso a la Información Pública.

Cabe recordar que el memorándum en mención refiere que a partir del 18 de junio de este año, los trabajadores, funcionarios y directores de línea de la entidad en mención, están restringidos para dar declaraciones a los diferentes medios de comunicación social, sobre las diferentes labores y acciones que ejecuta las direcciones de línea de la Dirección Regional de Salud.

“No cabe a mi juicio estas prohibiciones absolutas, que afecta el derecho al acceso de información pública, es decir toda persona tiene la posibilidad de exigir que se le entregue la información, sobre lo que está haciendo una autoridad o servidor público, y si, se está prohibiendo, entonces se está afectando un derecho fundamental de la persona” manifestó.

Explicó que es una práctica correcta para un buen gobierno, brindar información a quien lo solicite, siempre en cuando se respecte algunas excepciones que expresa la ley.

Mientras tanto el titular de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, refiere que toda información que se pide a una institución pública, debe de invocarse mediante la ley de Acceso a la Información Pública, siempre en cuando no afecte algunas excepciones convocada por la misma ley, caso de defensa nacional, seguridad nacional o que pueda afectar la intimida de una persona,

“La DIRESA, debe tener un responsable en la entrega de información pública y como plazo se procede en 7 días, si no declara públicamente no es una buena práctica por más que haya normas establecidas en la ley” explicó.

Walter Albán denunció irregularidades en elección de miembros del CNM

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán señaló al programa La Hora N que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) “es una institución muy importante conforme a lo que la Constitución dice sobre sus funciones”.

Sin embargo, manifestó que al interior de ella se ha producido “una serie de hechos que no se conocen suficiente”, como el proceso de elección de los nuevos miembros del CNM. “Estos dos han sido elegidos por menos del 4% de los electores potenciales”, dijo en la entrevista.

“Se convocó solo a 10 colegios a votar. Solo han ido a votar 35,000 para elegir entre ellos a los dos consejeros titulares”, agregó.

Walter Albán: Es necesario otorgar facultades en materia de seguridad para combatir delincuencia

(Fuente: Ideeleradio) Exministro sostuvo que hay varios aspectos que deberían ser precisados en la legislación para permitir una actuación más eficiente de la Policía.

Medidas se han ido postergando

Tengo la impresión de que es necesario otorgar facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, afirmó el exministro y director ejecutivo de Proética, Walter Albán Peralta, tras sostener que se debe permitir que la Policía Nacional tenga una actuación mucho más eficiente.

“¿Es inevitable que se le dé facultades al Ejecutivo porque como se ha dicho la delincuencia puede crecer sustantivamente? Tengo la impresión que sí porque hay varias medidas que se han venido discutiendo desde tiempo atrás y no entiendo por qué se han ido postergando y difiriendo”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Albán Peralta dijo, a renglón seguido, que hay varios aspectos que deberían ser precisados en la legislación para permitir una actuación más eficiente de la Policía. Estimó que se requiere precisiones, por ejemplo, en el tema de la extorsión.

“Existe la necesidad de entender en qué momento se produce el delito flagrante en materia de extorsión como cuando están haciendo la llamada vía celular y la PNP no tiene la colaboración suficiente para obtener esa información, porque no es posible todo el trámite para solicitar primero que el Ministerio Público y después a un juez que dé la autorización para poder actuar de inmediato”, argumentó.

La seguridad ciudadana interesa al país

Por otro lado, sostuvo que si bien se puede criticar la oportunidad en que el Ejecutivo ha planteado estas medidas, sostuvo que hay iniciativas que se vienen discutiendo desde hace tiempo atrás en el Congreso de la República.

“¿Por qué no se han dictado estas medidas antes y eso llama la atención? En rigor hay iniciativas que han estado en discusión desde tiempo atrás en el Congreso que han sufrido modificaciones, en algunos casos por interpretaciones de que no era necesario modificar la ley. En la práctica, lo que ha ocurrido es que no ha sido posible que pudiera actuarse de la manera en que acabo de señalar porque se argumentaba que no había norma que lo faculte”, apuntó.

El exministro refirió que la seguridad ciudadana es un tema que, en lugar de convocar consensos, ha sido utilizado para realizar críticas. Enfatizó que se debe mirar este asunto con perspectiva y darle la trascendencia que necesita.

“Desde luego, este tema de la seguridad ciudadana es un tema que interesa al país y sobre eso debería haber un acuerdo para políticas de Estado y, lamentablemente, lo que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás es que se ha convertido en una cuestión contingente librada a las posiciones políticas, coyunturas”, señaló.

No se puede negar debate

Finalmente, Albán Peralta reiteró que no se puede negar el debate sobre estos temas vinculados a la seguridad ciudadana, y que al Congreso de la República le corresponde evaluar la pertinencia de las mismas.

“Acá estamos conversando que en la necesidad de un debate en una democracia tiene que producirse a iniciativa del Gobierno, y lo que le toca evaluar al Congreso, estos temas deberían salir a relucir. Esa es la manera en la que se puede poner en evidencia si la propuesta es completa, es incompleta, ineficiente o tiene sustento necesario”, indicó.

“Lo que no puede ocurrir es que se niegue ese debate, entonces dónde está la importancia, la predictibilidad que se le quiere dar a la seguridad ciudadana por parte de las fuerzas políticas”, puntualizó.