(Fuente: Gestión) Pese a que contamos con un Portal de Transparencia, Samuel Rotta, subdirector de Proética, señala que no podemos conocer aún si los procesos de licitación ‘dirigido’ han aumentando o disminuido.
“Aún no existe un indicador que diga si está en aumento o si disminuyen las irregularidades en los procesos de licitación. Eso es un síntoma que te indica que no estamos sabiendo usar la herramienta”, menciona.
Y es que, según señala, la información que está disponible no está completa e incluso las obras pequeñas que se llevan a cabo a través de una concesión no cuentan con los expedientes técnicos.
“Nosotros hemos estado haciendo revisión y no encontramos los expedientes técnicos. Cuando de empieza a ver a detalle uno se encuentra con vacíos; no hay un cumplimiento cabal del portal de Transparencia y debería implementarse”, sostiene.
En ese sentido, Rotta señala que hay muchas formas de “sacarle la vuelta” a la norma de contratación ya que no existe un control en los procesos de licitación y adjudicación.
¿Cuáles son los mecanismos más usados para dirigir las licitaciones? El funcionario explica que en su mayoría tienen que ver en cómo las autoridades diseñan las bases y cómo declaran una necesidad -con urgencia o no- de comprar o desarrollar algo. “Aquí se suele plasmar las características de un servicio específico que es provisto solo por un interesado (a participar)”, refiere.
Los plazos en los que se dan estos concursos también son factores claves. “En los plazos también se aprovecha para beneficiar a alguien, se realizan los procesos o convocatorias en fiestas patrias o Navidad. Aprovechan fechas cortas”, resalta.
¿Se puede llevar un control? Tal como mencionábamos anteriormente, es difícil contar con el Portal de Transparencia ya que muchos de los documentos que suben son fotocopias, lo que “reduce la posibilidad de poder hacer un seguimiento a los procesos”.
De otro lado está -lamenta- el que los perdedores siempre se van a quejar y van a decir que el proceso han sido dirigidos “y eso refuerza el argumento de contar con estándares de transparencia mínimos en los que uno pueda acudir a los archivos, que todo sea público, y que los procesos se den en los plazos oportunos”.
Agrega que otra de las cosas que debería estar funcionando es un sistema de control que acompañe a los procesos de licitaciones, que no solo estén los autores. “Las licitaciones deben indicar los montos y el impacto social que implica la obra”.
“Hay algunos casos en que se dicen que sí se tiene un control, pero en la práctica no hay las posibilidades materiales para hacer el acompañamiento de estos procesos. Eso se facilitaría si es que los documentos cumplieran ciertos estándares”, puntualiza Rotta.
Licitaciones cuestionadas
El último caso cuestionado es el concurso que se hizo -entre el 24 y 28 de diciembre del 2015- para fabricar los pasaportes biométricos que dio como ganador al consorcio conformado por Gemalto México S.A. e It Continue Et Services, que es la Imprenta Nacional de Francia.
Y es que, Cancillería esperó hasta el jueves 24 de diciembre, víspera de Navidad, para pedir a las empresas las cotizaciones para fabricar los pasaportes electrónicos, colocando como plazo máximo para enviar la información el 28 de diciembre antes del mediodía. Es así, que se le adjudicó al consorcio los S/87.9 millones para la fabricación de los pasaportes. Monto superior a la que solicitaba otro postor que era de S/80 millones.
Pero esta no es la primera licitación que ‘gana’ la Imprenta Nacional de Francia. En agosto del año pasado Migraciones dejó en manos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) un concurso para comprar 1.2 millones de pasaportes electrónicos.
La OACI por ser un organismo internacional -que no pasa por la ley de contrataciones- adjudicó al consorcio mencionado unos S/102 millones para los pasaportes. El primer lote de los pasaportes, recién serán emitidos a partir del 26 de febrero de este año, dentro de una semanas.
Otro caso que ha dado qué hablar y ha generado diversos cuestionamientos es el proceso de adjudicación de la distribución de gas natural al norte a solicitud de la empresa Gases del Norte (Gasnorp), que no es otra que la empresa colombiana Promigas.
En el fondo se cuestionan la falta de base y sustento de la propuesta tarifaria presentada, el alto costo de las tarifas finales que asumirían los usuarios residenciales y del pequeño comercio, por los altos montos de inversiones injustificados que encarecen indebidamente el proyecto; además de las notorias diferencias entre la propuesta original anulada en competencia con Sechura Oil & Gas y la propuesta final de Gasnorp como único participante ante el Ministerio de Energía y Minas en el proceso de solicitud de la concesión.
Lote 192 en Loreto. Ante la falta de ofertas en la licitación internacional de dicho lote, Perupetro se vio en la necesidad de flexibilizar las bases y hacer una adjudicación directa. Por motivos que hasta hoy no son públicos, se eligió a la canadiense Pacific Stratus, como ganadora. Empresa que a nivel de cotización bursátil estaba en rojo en 2015.
Retrocediendo un poco más, en el 2014 el proceso de concesión de lotes III y IV (Piura) generó duras críticas ya que el único postor fue Graña y Montero Petrolera. En ese entonces, la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú expresó su rechazo al proceso al señalar que “existe una sospechosa entrega de las concesiones de los lotes petroleros por parte de Perupetro”.
