Alerta: El Gobierno Peruano amenaza la independencia del Osinfor

La institución a cargo de supervisar la legalidad de la madera en el Perú está en riesgo

(Comunicado suscrito por Proética, Global Witness y EIA). Mientras el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) continúa identificando la extracción y comercio de madera ilegal en el Perú y difundiendo información clave que obliga a otras autoridades a reconocer la grave situación de ilegalidad en el sector forestal peruano y a tomar acciones, desde la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), surge un nuevo intento por debilitar la muchas veces golpeada independencia e institucionalidad del Osinfor.

Esta vez se trata de un proyecto de decreto legislativo que se ha venido discutiendo en las últimas semanas y que se promulgaría dentro del paquete de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley 30823. Bajo el pretexto de fortalecer al Osinfor, la PCM modificó la propuesta de decreto presentada originalmente por el Osinfor cambiando la modalidad de designación de la persona que dirige la institución: en vez de un Presidente Ejecutivo designado a través de un concurso público y por un periodo de cuatro años, se trataría de un jefe designado directamente. El impacto inmediato que se puede anticipar con este cambio es un debilitamiento en la institucionalidad e independencia del Osinfor – ya que su jefe podrá ser removido sin aviso previo, en cualquier momento y sin explicación alguna – además de que contradice la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que se basa en el servicio civil meritocrático. A partir del rechazo del Osinfor ante esta modificación a su propuesta, la PCM sacó el artículo controversial del proyecto del Osinfor y lo incluyó en otro decreto. Al cierre de esta nota, se prevé que el Consejo de Ministros citado para las 7 de la mañana del 12 de setiembre aprobará la propuesta de PCM y rechazará el proyecto original del Osinfor.

En su momento, la autoridad nacional del servicio civil en el Perú, el SERVIR, concluyó que las condiciones y funciones del Osinfor lo colocan en situación similar a la de los organismos reguladores y, como claramente lo ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “el proceso de nominación [del director de un órgano regulador] es un momento crucial en el que la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso y los criterios que llevan a una nominación podría crear la firme impresión de una proximidad indebida.” Situación que está sucediendo justo ahora en el Perú con la propuesta a consideración.

No es novedad que el Osinfor sea víctima de las presiones descritas en el documento de la OCDE. En enero del 2016, cediendo a las fuertes presiones de un poderoso sector de la industria forestal peruana que acusaba al entonces Presidente Ejecutivo del Osinfor, Rolando Navarro, por los decomisos de madera ilegal peruana que ocurrieron en los Estados Unidos en el marco de la Operación Amazonas liderada por la SUNAT, el gobierno peruano despidió abruptamente a Navarro. Ante el fuerte reclamo de organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de artículos en medios de comunicación peruanos y extranjeros sobre el despido arbitrario de Navarro, el gobierno peruano creó un grupo de trabajo que en un plazo máximo de 30 días elaboraría los términos de referencia para convocar al concurso público que seleccionaría al nuevo Presidente Ejecutivo de Osinfor. Dos años y medio después de esta norma, aún no se convoca al concurso público, no se conoce los términos de referencia, y ahora se pretende eliminar el proceso para recurrir a un nombramiento directo y con estándares reducidos. Entre el 2015 y la fecha, se han sucedido un número de intentos por debilitar al Osinfor, incluyendo propuestas para reducir su presupuesto y sus funciones, así como para reducir su independencia reubicándolo dentro de la autoridad forestal Serfor, del Ministerio de Agricultura o del Ministerio del Ambiente – todas opciones que irían en contra del uso sostenible de los bosques peruanos y violarían normas nacionales y el Acuerdo de Promoción Comercial Peru-EE.UU.

Si bien algunas autoridades del gobierno peruano han declarado que los altos porcentajes de ilegalidad y la corrupción pública y privada del sector forestal identificadas recientemente en informes de investigación producidos por EIA, CIEL y Global Witness, entre otras organizaciones, ya no existen y que los problemas del sector forestal peruano ya han sido solucionados, información del Osinfor actualizada a Agosto del 2018 documenta lo contrario, y es probable que éste sea uno de los motivos para intentar debilitar al organismo de supervisión.

Según una reciente nota de prensa del Osinfor, sólo en la región Loreto, entre octubre del 2017 y agosto del 2018, dicho organismo documentó la extracción ilegal de al menos 274 mil metros cúbicos de madera, equivalente a la carga de 5,000 camiones. Cabe precisar que este volumen se refiere sólo a los casos en los que el Osinfor ha verificado que el 100% de la madera movilizada tiene un origen ilegal. Todos los demás casos, en los que el porcentaje de ilegalidad es menor al 100%, no han sido comunicados como alertas y – si bien están siendo investigados – no han sido incorporados en esta cifra.

En paralelo, un estudio encargado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad del Estado peruano a cargo de luchar contra el lavado de activos, ha identificado que en los años 2015 y 2016 el sector forestal peruano movilizó alrededor de 700 millones de soles anuales (equivalentes a más de 200 millones de dólares anuales) en activos ilícitos.

Resulta inaceptable para el Perú – además de ser una violación a tratados y convenios internacionales, incluyendo el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. – que en vez de reforzar a una institución como el Osinfor, que viene cumpliendo un rol esencial en la detección de la extracción y comercio de madera ilegal, se pretenda debilitar su institucionalidad. Además, en un mercado global de madera con leyes que cada vez exigen más información sobre el origen legal del producto e incluyen multas y prisión efectiva para quienes importen productos de origen ilegal, la independencia del Osinfor es indispensable para garantizar el ingreso de la madera legal peruana a destinos como los Estados Unidos (donde aplica la Lacey Act), Europa (donde aplica la Regulación de la Madera de la Unión Europea) e incluso China, ya que gran parte de la madera importada este país es procesada y re exportada a los Estados Unidos y Europa.

Cronología y detalles relevantes:

  • El 11 de julio del 2018 , el Osinfor envía a la PCM una propuesta de decreto legislativo para el fortalecimiento del Osinfor, en el marco de la solicitud de delegación de facultades para legislar solicitada por el Poder Ejecutivo, y que sería aprobada el 18 de julio de este año. Cerca de 40 páginas de sustento técnico y legal justifican la propuesta que, entre otros aspectos, propone: o Dar mayor fuerza a los informes de supervisión en campo del Osinfor, convirtiéndolos en prueba preconstituida. o Incluir dentro de las funciones de supervisión del Osinfor a todas las modalidades de acceso al bosque que tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y los servicios ambientales provenientes del bosque, así como – en colaboración con la autoridad competente – los actos administrativos para el retiro de la cobertura forestal (…) que permitan el acceso al aprovechamiento de los recursos forestales y comercio de productos maderables. o Facultades para visitar los lugares de acopio, depósitos y plantas de transformación para obtener información.
  • El 9 de agosto del 2018, la PCM se reúne con el Osinfor para evaluar la propuesta del Osinfor. Como resultado de la reunión la PCM solicitó al Osinfor reforzar su exposición de motivos.
  • El 17 de agosto del 2018, la PCM envía al Osinfor una propuesta para modificar el proceso de selección del Presidente de dicha institución, tema que no fue discutido en la reunión del 9 de agosto y que no fue consultado previamente con el Osinfor. La propuesta plantea modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1085 de modo que: o Osinfor ya no esté dirigido por un Presidente Ejecutivo elegido mediante concurso público para un periodo de cuatro años, sino que tenga un jefe designado por resolución suprema sin un plazo que garantice estabilidad e independencia a la institución. o Elimina el requisito de contar con un mínimo de 10 años de experiencia en el sector forestal.
  • El 20 de agosto del 2018 , el Osinfor envía a la PCM un oficio rechazando la propuesta de la PCM de modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1085, apoyado en un informe técnico y legal que señala que: o “la necesidad del concurso público para designar a su titular resulta imperativa para resguardar la independencia de la entidad (cuya labor guarda similitud con los organismos reguladores), conforme al compromiso asumido por el Estado peruano en el Acuerdo de Promoción Comercial – TLC Perú-EE.UU., a fin de garantizar la institucionalidad del sector forestal y no poner en riesgo la confianza y credibilidad de los productos de la madera en el mercado peruano”. o “En conclusión, Osinfor está en desacuerdo con la modificación al artículo 6 del DL 1085. En ese sentido, como entidad proponente del proyecto de decreto legislativo para el Fortalecimiento del Osinfor, solicitamos se excluya el mencionado artículo y se continúe con su trámite de aprobación respectivo, por las consideraciones expuestas.” o El Osinfor sugiere que, en el más breve plazo, se implemente el concurso público para seleccionar a su presidente ejecutivo.
  • A la mañana del 12 de septiembre del 2018: o Está por aprobarse la propuesta de la PCM del 17 de agosto en la parte que respecta a la selección del jefe del Osinfor (sin concurso y con menos requisitos), la misma que se ha separado del proyecto de decreto para el fortalecimiento del Osinfor y se ha incorporado en un decreto más amplio que busca fortalecer el funcionamiento de las entidades del gobierno a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, o Está por terminar de rechazarse la propuesta original presentada por el Osinfor el 11 de julio del 2018.

Lima, 12 de septiembre del 2018

Descarga el comunicado aquí.

Foto: Osinfor

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, la BRIGADA ANTICORRUPCIÓN realizó una auditoría ciudadana a los planes de gobierno de las organizaciones políticas, la que sirvió para identificar las propuestas enfocadas en materia anticorrupción y a través de este espacio darlas a conocer a la ciudadanía haciendo posible contar con más elementos para emitir un voto responsable.

 

¡Todos cumplimos un rol importante en la lucha contra la corrupción!

-Los planes de gobierno revisados corresponden a aquellos, cuyas organizaciones políticas presentaron al 19 de junio, fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante Jurado Electoral Especial, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Se encuentran disponibles a la ciudadanía en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones.

-No se han considerado contextos políticos ni antecedentes partidarios.

-Se consideran, exclusivamente, las propuestas anticorrupción concretas, aquellas que puedan ser sujetas de rendición de cuentas.

-Fecha de revisión de planes de gobierno: 20 y 21 de julio de 2018.

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, la BRIGADA ANTICORRUPCIÓN realizó una auditoría ciudadana a los planes de gobierno de las organizaciones políticas, la que sirvió para identificar las propuestas enfocadas en materia anticorrupción y a través de este espacio darlas a conocer a la ciudadanía haciendo posible contar con más elementos para emitir un voto responsable.

 

¡Todos cumplimos un rol importante en la lucha contra la corrupción!

-Los planes de gobierno revisados corresponden a aquellos, cuyas organizaciones políticas presentaron al 19 de junio, fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante Jurado Electoral Especial, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Se encuentran disponibles a la ciudadanía en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones.

-No se han considerado contextos políticos ni antecedentes partidarios.

-Se consideran, exclusivamente, las propuestas anticorrupción concretas, aquellas que puedan ser sujetas de rendición de cuentas.

-Fecha de revisión de planes de gobierno: 20 y 21 de julio de 2018.

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, la BRIGADA ANTICORRUPCIÓN realizó una auditoría ciudadana a los planes de gobierno de las organizaciones políticas, la que sirvió para identificar las propuestas enfocadas en materia anticorrupción y a través de este espacio darlas a conocer a la ciudadanía haciendo posible contar con más elementos para emitir un voto responsable.

 

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-No se han considerado contextos políticos ni antecedentes partidarios.

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-Fecha de revisión de planes de gobierno: 20 y 21 de julio de 2018.

ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL SOLICITAN A PAÍSES DE AMÉRICA LATINA FIRMEN ACUERDO DE ESCAZÚ

Este 27 de septiembre, 33 Estados de Latinoamérica y el Caribe pueden hacer historia si firman el Acuerdo de Escazú, el acuerdo más importante de los últimos 20 años sobre los derechos humanos y protección ambiental. Por ello, más de 200 organizaciones de sociedad civil, entre ellos Proética, vienen solicitando a los gobiernos a que firmen este acuerdo y se adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en sus respectivos países.

Aprobado el 4 de marzo en San José (Costa Rica) por representantes de 24 países, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en América Latina que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.

Para que este acuerdo entre en vigor, al menos 11 países deberán firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020. Hasta la fecha, solo tres países se han comprometido abiertamente a suscribirlo.

Puedes leer la carta completa suscrita por las organizaciones políticas aquí: https://bit.ly/2CerdLQ

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, la BRIGADA ANTICORRUPCIÓN realizó una auditoría ciudadana a los planes de gobierno de las organizaciones políticas, la que sirvió para identificar las propuestas enfocadas en materia anticorrupción y a través de este espacio darlas a conocer a la ciudadanía haciendo posible contar con más elementos para emitir un voto responsable.

 

¡Todos cumplimos un rol importante en la lucha contra la corrupción!

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-No se han considerado contextos políticos ni antecedentes partidarios.

-Se consideran, exclusivamente, las propuestas anticorrupción concretas, aquellas que puedan ser sujetas de rendición de cuentas.

-Fecha de revisión de planes de gobierno: 20 y 21 de julio de 2018.

Pronunciamiento: Medidas de excepción para superar la crisis del sistema de justicia

En el informe de la fiscal provincial del Callao, Sandra Castro, sobre la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” se involucra en graves hechos delictivos a un grupo de fiscales y jueces del más alto nivel, incluyendo al actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Esta información es profundamente preocupante y agrava la crisis en la que ya se encontraba el sistema de justicia desde la publicación de los llamados “CNM audios”.

Al respecto, Proética considera que todas las autoridades involucradas deben suspender sus funciones, al menos mientras duren las investigaciones, para evitar el riesgo de obstaculizarlas o contaminarlas.

Sin embargo, nuestra institución considera que es más urgente enfrentar el problema de la falta de un mecanismo vigente que permita, de forma ágil, apartar del cargo a fiscales y jueces vinculados a investigaciones criminales, pues este vacío aumenta la vulnerabilidad en que se encuentran las instituciones de justicia de nuestro país. Mientras no se apruebe la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para crear un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), urge adoptar normas de excepción que permitan, a la brevedad: i) la separación de jueces y fiscales mientras duren las investigaciones en contra de ellos, ii) el nombramiento de jueces y fiscales provisionales y iii) la revisión de los nombramientos que realizó el CNM que fue recientemente desactivado.

Para poner en práctica esta solución, Proética exhorta a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) a que asuma un rol facilitando la elaboración de los proyectos de ley que deben llenar excepcionalmente los vacíos señalados y que el Congreso de la República, como miembro de la CAN, viabilice la aprobación de los mismos en atención a su urgencia. Este mecanismo debe dejar de funcionar en cuanto un nuevo CNM sea creado y entre en actividad.

Por supuesto, en caso de que el actual Fiscal de la Nación insista en no dar un paso al costado, los demás miembros titulares de la CAN deben pedirle que se abstenga de participar de las discusiones que tengan lugar en ese foro.

Finalmente, exigimos que se desplieguen todas las garantías necesarias para que el cuerpo de fiscales responsable de las investigaciones contra la organización criminal que involucra a altos funcionarios del sistema de justicia continúe con su labor. Esto involucra no solo dotar los recursos necesarios sino, principalmente, impedir cualquier tipo de amedrentamiento u hostigamiento desde dentro de la propia institución. A ese grupo de profesionales le hacemos llegar nuestro respaldo institucional.

Lima, 01 de setiembre de 2018.

Descarga nuestro pronunciamiento aquí.

Transparencia Internacional condena los intentos de bloquear la lucha anticorrupción en Guatemala

El Presidente es acusado de intimidación contra las personas e instituciones que luchan contra la corrupción.

(Comunicado de Transparencia Internacional). El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, revocó el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala (CICIG), el organismo auspiciado por la Naciones Unidas y encargado de apoyar las investigaciones contra la corrupción en el país. La Comisión Internacional ha trabajado con las autoridades nacionales desde 2007 y ha tenido un éxito significativo en el procesamiento de numerosos casos de corrupción de alto nivel.

El Presidente hizo el anuncio rodeado de líderes militares y policiales mientras los medios informaban del despliegue simultáneo de militares en las inmediaciones de las oficinas de la CICIG. La medida fue anunciada precisamente cuando el Congreso de Guatemala inició audiencias preliminares contra el Presidente Morales por irregularidades en el financiamiento de campañas, y es otro intento de atacar y debilitar la lucha contra la corrupción en el país.

La decisión no cuenta con respaldo nacional ni internacional. Una encuesta reciente muestra que el 70% de los guatemaltecos confía en el trabajo de la CICIG. De hecho, la Comision Internacional ha producido excelentes resultados, desmantelando redes de corrupción en el país. La Fiscal General de Guatemala, contraparte nacional de la CICIG, afirmó que estará vigilante ante las consecuencias para el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad y la corrupción causada por la no renovación del mandato de la Comisión.

Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional dijo: “El anuncio del presidente Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala representa un duro golpe contra la transparencia y la integridad en Guatemala y en toda América Latina. La CICIG ha sido un modelo en la lucha contra la corrupción. El hecho que el Presidente hiciera el anuncio rodeado de militares y el despliegue de fuerzas militares cerca de las oficinas de la CICIG son un intento de intimidación. Es muy peligroso involucrar a los militares en asunto políticos o de justicia”.

“Transparencia Internacional reconoce el excelente trabajo y los resultados del CICIG, apoya plenamente su continuación en Guatemala y expresa su solidaridad con el Comisionado Iván Velázquez. Esta es una decisión política que sólo beneficiará a los corruptos, quienes podrán actuar con impunidad mientras los guatemaltecos continúan sufriendo de la corrupción endémica”.

Esta decisión es la continuación de una serie de intentos del Presidente y sus aliados para detener la lucha contra la corrupción, reducir la libertad de expresión y restringir a las organizaciones de la sociedad civil. Manfredo Marroquin, Presidente de Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia International en Guatemala, fue víctima de acoso político por parte del Congreso de la República en abril de 2018. Transparencia International está muy preocupada por la tendencia a socavar las normas democráticas, cuyo resultado es la proliferación de corrupción, impunidad y autoritarismo.

Transparencia Internacional insta a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a que muestren un apoyo enérgico a la lucha contra la corrupción en Guatemala y apoyen la continuación e la independencia del CICIG.

 

Berlin, 01 de septimebre de 2018

Descarga el comunicado aquí.