Por Alejandra Carrera y José Carlos Silvestre, ganadores del concurso “Ojo en la Inversión Pública”

En la plataforma MapaInversiones Perú País Minero, del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), se puede ver que, gracias al financiamiento proveniente de la minería, a nivel nacional se vienen ejecutando 51 403 Proyectos de Inversión Pública (PIP). De estos, 17 508 proyectos (9.49%) se vienen financiando exclusivamente con recursos del canon, sobrecanon y regalías, mientras que 33 895 proyectos (90.51%) se vienen financiando con financiamiento mixto, es decir, se consideran otros recursos además del canon, sobrecanon y regalías.

Al analizar específicamente la región La Libertad, apreciamos que ahí se están ejecutado 6392 proyectos, de los cuales 2846 (12.67%) corresponden a financiamiento exclusivamente del canon, sobrecanon y regalías, y que, en mayor proporción, 3546 proyectos (87.34%) se están financiado con financiamiento mixto. Los sectores beneficiados con estos proyectos son varios, siendo el de mayor número el de transporte (22%), seguido de educación (19%), cultura y deporte (11%), agropecuario (8.1%), vivienda y desarrollo humano (6%), entre otros (que están por debajo del 3%, como salud, medioambiente, energía, protección social, orden público y seguridad).

En Trujillo, una de las provincias más importantes que conforman la región La Libertad, se están ejecutado 1022 proyectos. De estos, 334 (8.36%) se están ejecutado con financiamiento exclusivo del canon, sobrecanon y regalías, mientras que 688 (91.64%) se están ejecutado con financiamiento mixto. Al respecto de los sectores beneficiados, del 100% de proyectos, solo el 14% se ha destinado para el sector Educación, siendo el primero el sector Transporte, con un 31%.

La pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia las grandes falencias que sufren diversos sectores del país, siendo uno de ellos el sector Educación. En base a la doctrina, se conoce que el origen de los problemas educativos radica en la limitada calidad de la demanda educativa y en las brechas existentes. Sin embargo, teniendo eso claro, somos conscientes de que el Estado no apuesta por una reforma integral que apunte por un incremento en los salarios para las y los docentes, en la calidad de la enseñanza, en la implementación de infraestructura en escuelas y universidades, entre otras acciones. Por ello, nos hemos enfocado en hacer seguimiento de un PIP (financiado por la minería) en nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Trujillo, cuya ejecución no ha culminado hasta el día de hoy.

Como egresada y egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, tuvimos conocimiento de que en el año 2014 se inició la construcción del nuevo pabellón de la facultad en mención, y que meses después su ejecución fue paralizada, quedando inconclusa hasta la fecha. Por eso decidimos realizar la búsqueda de información al respecto, a través de la plataforma MapaInversiones Perú País Minero, del MINEM, encontrando la siguiente información:

Al respecto, siendo este un proyecto que cuenta con viabilidad desde el año 2012 y que actualmente (2021), habiendo transcurrido aproximadamente nueve (9) años, tan solo tiene un avance financiero del 29.20%, resulta evidente que podría estar inmerso en situaciones que han impedido continuar con su ejecución y, en consecuencia, tampoco se habría cumplido con la finalidad pública que persigue, que en el caso en concreto es la mejora del servicio de formación académico profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (distrito y provincia de Trujillo, región La Libertad).

En tal sentido, es de interés público conocer los pormenores de la ejecución de dicho proyecto, a fin de saber por qué siendo este tan importante, hasta la fecha ha sido ejecutado en un porcentaje menor al 30%. Para ello, consideramos que es necesario saber: ¿Qué proveedor estuvo a cargo de la ejecución que sí llegó a realizarse?, ¿cuáles fueron los términos y obligaciones acordadas por las partes a través de la suscripción del respectivo contrato?, ¿qué controversias –de ser el caso– se suscitaron durante la ejecución del proyecto?, ¿cuál fue el desenlace de dichas controversias?  y ¿qué acciones adoptó la entidad durante estos años para impulsar la ejecución del proyecto?

Es así como procedimos a buscar mayores datos sobre este proyecto a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), encontrando la información que mostramos a continuación:

Tal como podemos apreciar, el 10 de mayo del 2013 se realizó, por primera vez, la convocatoria para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de formación académico profesional en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo”, a través de la Licitación Pública N° 05-2013/UNT, procedimiento de selección que fue reiniciado hasta en tres (3) oportunidades. Posteriormente, el 20 de noviembre del 2013, se convocó, nuevamente, a la ejecución de dicha obra, pero como Adjudicación de Menor Cuantía N° 37-2013/UNT. Aproximadamente siete (7) años después, el 13 de agosto del 2020, se vuelve a convocar la ejecución de dicha obra a través de la Licitación Pública N° 03-2020-UNT, para, posteriormente, convocarla a través de la Adjudicación Simplificada N° 14-2020-UNT-I convocatoria y Adjudicación Simplificada N° 14-2020-UNT-II convocatoria.

Ante tal situación, con la finalidad de llegar a conocer los motivos de la dilación excesiva de la ejecución del proyecto, solicitamos ante la Universidad Nacional de Trujillo, a través del Oficio N° 001-2021-ACCG y Oficio N° 001-2021-JCCSC, ambos de fecha 4 de mayo del 2021, en ejercicio de nuestro derecho de acceso a la información pública, se nos informe el estado actual de la obra, así como del laudo o laudos arbitrales que hayan resuelto las controversias suscitadas en la ejecución de la obra.

Es así que pudimos tomar conocimiento de que, mediante Resolución Rectoral N° 2465-2014-UNT, de fecha 1 de diciembre del 2014, la Universidad Nacional de Trujillo resolvió el Contrato N° 003-2014-PS-ABAST-UNT, suscrito con el Consorcio Empresarial Trujillo el 15 de enero del 2014, por paralizar injustificadamente la ejecución de la prestación objeto del contrato y por acumulación del monto máximo de penalidad por incumplimiento de contrato, siendo sometida dicha resolución contractual a arbitraje, culminando dicha controversia el 23 de julio del 2018.

Por otro lado, mediante el Informe Legal N° 028-2021-LAJVP/UNT-UIF, de fecha 10 de mayo del 2021, se informa que se adjudicó al Consorcio TAIPEI la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 14-2020-UNT/CS y que, el 30 de marzo del 2021, el rector envió una solicitud de consultas sobre requisitos de calificación, solvencia económica y carta de línea de crédito al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), hecho que nos causa profunda preocupación y asombro, toda vez que desde el 30 de marzo del 2021, hasta el 10 de abril del 2021, no se suscribió el contrato respectivo, excediendo todos los plazos legales establecidos en la normativa de contrataciones del Estado para el perfeccionamiento del contrato.

• El PIP para ejecutar un nuevo pabellón de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo es de gran importancia. Sin embargo, la comunidad desconoce los hechos y motivos de las reiteradas dilaciones en su ejecución, que hasta la fecha se presentan.

• La población tiene derecho a conocer el estado detallado de los proyectos que se ejecutan en su localidad, toda vez que estos son ejecutados con recursos públicos (en este caso, de fondos producto de la minera). En tal sentido, se debe contar con total transparencia en la ejecución de estos.

• Los PIP están orientados a cumplir fines públicos, satisfaciendo diversas necesidades básicas de la población como educación, salud, seguridad, transporte, entre otros. Por lo tanto, la administración pública debe actuar con eficiencia y eficacia en el manejo de sus recursos, para una atención oportuna de dichas necesidades, que mejoren la calidad de vida de la población.

• Es necesario poner a disposición de la población una plataforma sencilla, amigable, de fácil acceso, con información completa y actualizada sobre los PIP que se vienen ejecutando, sobre todo en su localidad.

• Sería importante contar con información más detallada sobre el estado actual de los PIP: en ejecución, suspendido, en solución de controversias o culminado.

• Se recomienda incluir en la plataforma MapaInversiones Perú País Minero, accesos rápidos hacia la Ficha Única del Proveedor, al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), a la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), a reportes de monitores ciudadanos de control, así como a reportes de vigilancia ciudadana.