Grave caso de intoxicación infantil en Puno: Solicitan medidas cautelares ante la CIDH contra el Estado peruano

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Foto: Infobae

Este caso busca exponer ante un organismo internacional cómo la corrupción vulnera los derechos humanos de niños y adolescentes en situación de pobreza y evitar que su denuncia quede impune.

Lima, 17 de marzo de 2025. — Las organizaciones PROÉTICA, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, e IDEH ILLARIY, Instituto de Derechos Humanos ILLARIY, han presentado el jueves 6 de marzo de este año una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 23 niños, niñas y adolescentes de la comunidad campesina de Cabana, Puno, quienes fueron intoxicados por alimentos en mal estado suministrados a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma” – ahora denominado “Wasi Mikuna”.

El 25 de marzo de 2024, varios menores de la institución educativa Gamaliel Churata fueron hospitalizados tras presentar cuadros severos de intoxicación. Las primeras pesquisas a cargo de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) concluyeron que la causa había sido el agua empleada para preparar los alimentos. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que los funcionarios de la DIRESA recibieron sobornos a cambio de alterar los informes y así proteger a Frigoinca, empresa contratada por Qali Warma para suministrar los alimentos en dicha región.

La evidencia mostró que Frigoinca distribuyó alimentos contaminados con carne en descomposición, gusanos y excrementos de roedores, lo que causó la intoxicación de los menores. Pese a haber transcurrido un año del lamentable suceso, los afectados siguen padeciendo secuelas físicas y emocionales sin haber recibido atención médica oportuna ni adecuada, mientras que sus familias han sido revictimizadas y estigmatizadas por las propias instituciones estatales. Algunas han sido forzadas a desplazarse debido a la presión social y el abandono gubernamental.

Este caso expuso una red de corrupción sistémica dentro del programa estatal de alimentación escolar y fue el punto de partida de otras denuncias de pago de sobornos para la adjudicación de contratos y la distribución de productos en mal estado en escuelas de otras regiones, resultando afectados millones de menores en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Las organizaciones solicitantes exigen que la CIDH, inste a través la medida cautelar MC-269-25, al Estado peruano a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud, integridad y derechos de los niños afectados, asegurar la transparencia y fiscalización del actual programa “Wasi Mikuna” y garantizar justicia para las víctimas de esta grave vulneración de derechos humanos. Este caso es representado ante este organismo internacional de justicia por el abogado especialista en litigación internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Juan Pablo Olmedo Bustos.

Comunicado | Grave amenaza a la sociedad civil: Ley anti ONG restringe la libertad y los derechos fundamentales

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Expresamos nuestra preocupación y nuestro rechazo frente a la aprobación por el Congreso de la modificación la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Es evidente que su finalidad es imponer mayores controles sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que, dado que estas ya están sujetas a regulación y control, constituye una amenaza directa a la libertad y los derechos fundamentales de asociación, expresión, opinión y participación ciudadana.

Las ONG son organizaciones no lucrativas que trabajan en la promoción del bienestar de las personas y la defensa de la libertad y los derechos fundamentales, respetando el ordenamiento jurídico vigente y, por lo tanto, sujetas a la supervisión de la APCI y las autoridades de la administración tributaria y del sector trabajo, entre otras. No es cierto que actúan fuera del marco legal y mucho menos en contra de los intereses del país. Además, cualquier persona jurídica que actúe contra la ley, incluyendo las asociaciones que funcionan como ONG, puede ser investigada y procesada conforme a la legislación vigente, para determinar su responsabilidad penal y la de quienes las dirigen o trabajan en ellas.

Nos preocupa de manera especial la disposición que califica como falta muy grave accionar contra el Estado en las vías administrativas y judicial, porque impide que las asociaciones ejerzan la representación legal de las personas y las comunidades frente a casos de violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y, entre otros, de afectación del medio ambiente y su entorno social, en contra de lo que establecen las normas constitucionales en materia de las libertades y los derechos de asociación, expresión, opinión y participación ciudadana, y bajo amenaza de aplicarse sanciones demoledoras que lindan con lo confiscatorio, con la finalidad de inmovilizar o liquidar a las asociaciones cuya causa esencial es defender los derechos de quienes, por falta de recursos, no tienen la posibilidad de hacerlo frente a la corrupción, la indiferencia y el abuso. Asimismo, es muy preocupante que, sin mayores precisiones, se califique como falta grave el «hacer uso indebido de recursos», abriendo un espacio indeterminado como ámbito discrecional de los funcionarios encargados de llevar a cabo tal calificación.

Nuestro país necesita que se fortalezca la institucionalidad, se fomente el respeto mutuo entre los ciudadanos, se promueva y defienda la libertad y los derechos fundamentales y se garantice la participación ciudadana organizada y libre, sea en forma individual o asociada.

La aprobación de regulaciones interventoras no solo no contribuye a esos objetivos, sino que los contradice y pone en riesgo valores esenciales, instaurando una política de persecución estatal superlativa, que debilita aún más el Estado de derecho y nuestra institucionalidad democrática. Las ONG no son órganos estatales, sino entidades privadas. Se ubican en el espacio de la ciudadanía y, por sus fines, pueden desarrollar actividades dirigidas a contener el abuso del poder, el olvido estatal, la violación de los derechos humanos, la crisis ambiental y, entre otras posibilidades, la corrupción que nos agobia.

El Congreso ha adoptado varias decisiones destinadas a controlar o mediatizar a los otros poderes estatales y a los organismos constitucionalmente autónomos, y ahora ha dirigido su ánimo controlador hacia las organizaciones que, desde la sociedad y la ciudadanía, representan el único medio de contención frente a todo aquello que nos hace daño como colectividad.

Lima, 13 de marzo de 2025.

Corrupción en ascenso: Perú sigue descendiendo en el ranking global de Transparencia Internacional

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En solo dos años, nuestro país pasó de 36 a 31 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, reflejando un retroceso en la lucha contra la corrupción. Esta edición también analizó cómo la corrupción está obstaculizando la acción climática a nivel internacional.

Lima, 11 de febrero de 2025. Transparencia Internacional publicó hoy el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, revelando que la corrupción continúa siendo un problema alarmante a nivel mundial. Más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron menos de 50 puntos sobre 100, lo que evidencia la fragilidad de los esfuerzos anticorrupción.

Este año, el informe pone un énfasis especial en la relación entre la corrupción y la crisis climática, destacando cómo los elevados niveles de corrupción obstaculizan la adopción de políticas efectivas y permiten el mal uso de fondos destinados a combatir el cambio climático. La corrupción no solo debilita las instituciones, sino que también agrava la crisis ambiental al facilitar prácticas ilegales que destruyen ecosistemas y vulneran los derechos de las comunidades.

En la clasificación global, los países percibidos como menos corruptos son Dinamarca (90 puntos), Finlandia (88 puntos) y Singapur (84 puntos). En el extremo opuesto, los países con los niveles de corrupción más altos son Venezuela (10 puntos), Somalia (9 puntos) y Sudán del Sur (8 puntos).

Perú en su peor retroceso anticorrupción

El Perú ha registrado su mayor caída en el Índice de Percepción de la Corrupción desde 2012, descendiendo del puesto 101 al 127. Su puntuación se redujo de 33 a 31 en el último año y ha perdido cinco puntos en los últimos dos años, pasando de 36 en 2022 a 31 en 2024. Factores como la desactivación de equipos especializados en la lucha anticorrupción y la aprobación de leyes que favorecen la impunidad han debilitado los esfuerzos para combatir este problema.

En el contexto latinoamericano, Perú se encuentra entre Ecuador y El Salvador, mientras que, dentro de los países en proceso de adhesión a la OCDE, ocupa el penúltimo lugar, solo por encima de México. La corrupción sigue agravando la crisis de seguridad, marcada por el aumento de extorsiones y sicariato en el país.

Las fuentes que alimentan este instrumento abarcan un período de aproximadamente dos años. En el caso de Perú, desde 2023 hasta septiembre de 2024.

Corrupción y crisis climática

Este instrumento de medición global expone la estrecha relación entre corrupción y crisis climática. Muchos de los países más vulnerables al cambio climático presentan puntuaciones bajas en el índice, lo que evidencia una deficiente gestión de los recursos destinados a la protección ambiental. Además, la corrupción facilita la violencia contra los defensores ambientales, actores clave en la lucha contra las economías ilegales.

Desde 2019, casi todos los 1,013 asesinatos de activistas ambientales han ocurrido en países con puntuaciones del IPC inferiores a 50, entre ellos el Perú, que, con 31 puntos, se encuentra en este grupo de alto riesgo. La reciente aprobación de normativas que debilitan la buena gobernanza ambiental, como la denominada “Ley Antiforestal”, podría agravar la deforestación y aumentar la vulnerabilidad de quienes defienden sus territorios y los recursos naturales.

En el año 2023, los incendios forestales afectaron la Amazonía peruana y a otros países de la región, evidenciando la urgencia de reforzar las políticas de protección de la Amazonía. Además, el Perú figura entre los 10 países con más asesinatos de defensores ambientales, según el informe Voces silenciadas (2024) de Global Witness.

Dado su papel estratégico en la biodiversidad y la conservación de bosques y comunidades indígenas, el Perú debe asumir con urgencia la tarea de enfrentar la degradación ambiental y las economías ilegales, especialmente aquellas impulsadas por la corrupción. Combatir los actos criminales e ilegales es esencial para garantizar un futuro sostenible y justo.

Acerca del Índice de Percepciones de Corrupción

Desde su creación en 1995, el IPC se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. A partir del año 2012 se reajustó la metodología para permitir su comparabilidad anual y poder darle seguimiento a la evolución de cada país.

El cálculo del índice se basa en la revisión y estandarización de datos de 13 fuentes externas generadas por instituciones multilaterales, fundaciones privadas y think tanks reconocidos globalmente, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, The Economist Intelligence Unit, la Fundación Bertelsmann, entre otras.

El IPC debe leerse de forma invertida; es decir, mientras mayor sea su valor (100), menor percepción de corrupción hay en un país. De la misma forma, mientras más se acerca al 0, significa que la corrupción es percibida como más fuerte.

DESCARGA EL REPORTE AQUÍ (INGLÉS)

Grin Perú: el expediente perdido

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El caso fue expuesto en televisión nacional a inicios de 2023. El gerente de la Municipalidad de Miraflores fue grabado cuando pedía una “donación” a cambio de un permiso para operar en el distrito.

La víctima de la presunta extorsión era Vasco Mujica Roggero, propietario de la compañía de alquiler de scooters eléctricos Grin Perú S.A.

Dos años después, la investigación fiscal contra John Ampuero Joyo, el funcionario en cuestión, aún se encuentra en etapa preliminar. Sin embargo, lo llamativo de este caso no radica en el retardo en la administración de justicia sino en la extraña pérdida de la carpeta fiscal en su contra. La historia es como sigue.

El 17 de abril de 2023, el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de Elizabeth Berrospi Díaz, abrió investigación contra Ampuero y los que resulten responsables. Poco tiempo después, la asociación civil Kuskachay, hoy llamada Defensoría Nacional Anticorrupción (DNA), solicitó su incorporación en la investigación como parte agraviada.

Lo hizo al amparo del artículo 94.4 del Código Procesal Penal, que faculta a las asociaciones civiles como la DNA a constituirse en las investigaciones sobre “delitos que afectan intereses colectivos o difusos cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas”. Ese era el caso de la presunta extorsión contra Grin y el perjuicio causado a sus usuarios.

El pedido, sin embargo, fue denegado por la fiscal Berrospi el 23 de agosto de 2023.

La DNA, buscando revertir esa decisión, recurrió entonces al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional mediante una tutela de derechos. Este fue el punto de partida de un embrollo que acabó con la pérdida de la carpeta fiscal, compuesta por un total de 502 páginas.

En una disposición de enero de este año, Berrospi aseguró que tras llevarse a cabo la audiencia de tutela de derechos el 15 de diciembre de 2023, su despacho remitió la carpeta fiscal al juzgado a cargo de Soledad Barrueto Guerrero. Los documentos llegaron al despacho de Barrueto el 18 de diciembre y cuatro días después, el 22 de diciembre, la jueza resolvió declarar improcedente el pedido de la DNA.

Esta segunda denegatoria fue impugnada por la asociación civil ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. Mientras el pedido era evaluado por dicha sala, la fiscal Berrospi solicitó a la jueza Barrueto la devolución de la carpeta fiscal hasta en tres oportunidades a través de oficios del 11 de enero, el 7 de marzo y el 3 de abril de 2024.

Pese a la insistencia, la fiscal no recibió ninguna respuesta por parte del juzgado. Algunos meses después, el 19 de agosto de 2024, la sala dispuso declarar fundado en parte el recurso de apelación presentado por la DNA y ordenó que la fiscal Berrospi reevalúe la incorporación de la asociación como parte agraviada en la investigación contra Ampuero.

Entonces Berrospi volvió a pedir la carpeta fiscal a la jueza Barrueto el 18 y el 26 de noviembre e incluso ordenó al asistente en función fiscal Iván Gonzales Ozejo que se comunicara telefónicamente con el juzgado para insistir con el pedido. Pero, como había ocurrido a inicios de ese año, la fiscal no recibió ninguna respuesta.

Recién el 2 de diciembre del año pasado, el tercer juzgado de investigación preparatoria informó a la fiscalía de la “pérdida y extravío de la carpeta fiscal” sin precisar las circunstancias ni los posibles responsables. Para entonces, habían transcurrido once meses desde el primer pedido oficial de devolución del expediente.

En la práctica, la pérdida de la carpeta fiscal supuso un retraso importante en la investigación fiscal contra Ampuero, quien continúa desempeñándose hasta hoy como gerente de la Municipalidad de Miraflores. Pero también un impedimento para que la fiscal Berrospi pudiera reevaluar el pedido de la DNA, como le había ordenado la sala.

Sin otra alternativa, el 8 de enero de este año Berrospi ordenó recomponer la carpeta fiscal y para ello solicitó a las partes que remitan en forma física o digital todos los actuados que estuvieran en su poder. La solicitud, por cierto, incluyó a la Municipalidad de Miraflores que, como ya se dijo, mantiene a Ampuero a la cabeza de su aparato administrativo.

La jueza Barrueto se ha limitado a informar de la pérdida del expediente a la Administración del Módulo Penal para que proceda de acuerdo a sus atribuciones, pero en opinión de los representantes de la DNA los responsables de este acto podrían haber incurrido en los delitos de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

Transparencia en deuda: un llamado a fortalecer la rendición de cuentas en el sector forestal

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El Programa de Gobernanza Ambiental de Proética ha presentado el estudio “Transparencia en deuda: Análisis del Cumplimiento en las Declaraciones Juradas de Intereses en la Gestión Forestal (2021-2023)”, un análisis pionero que aborda un aspecto clave en la lucha contra la corrupción en la gestión forestal peruana: los conflictos de intereses.

El informe revela deficiencias graves en el cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) por parte de funcionarios del sector forestal durante el periodo 2021-2023, poniendo en evidencia no solo el incumplimiento, sino también las fallas en el diseño del sistema de acceso a la información. Estas deficiencias limitan la efectividad de las declaraciones juradas de intereses  como herramienta para prevenir conflictos de interés y promover la transparencia.

El estudio subraya la relevancia de las DJI como mecanismo esencial para garantizar la integridad en la gestión pública. Además, ofrece un análisis detallado del cumplimiento de estas declaraciones entre los funcionarios públicos clave en la gobernanza forestal peruana. A través de solicitudes de acceso a la información pública, se obtuvo datos oficiales de instituciones como el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y los Gobiernos Regionales de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, así como del Sistema de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República.

En los hallazgos presentados, se evidencio que el OSINFOR logró un cumplimiento total de las DJI por parte de los funcionarios analizados, alcanzando un 100% de cumplimiento. Sin embargo, SERFOR reportó un cumplimiento parcial, con solo el 41% de sus funcionarios cumpliendo con la obligación de presentar las DJI. En las tres principales regiones amazónicas, los resultados son preocupantes: en Loreto, apenas el 4% de los funcionarios cumplió completamente con la presentación de sus DJI; en Madre de Dios, el 81% presentó incumplimientos, y en Ucayali, un alarmante 89% no cumplió o lo hizo parcialmente.

Estos resultados evidencian graves deficiencias que debilitan la gobernanza forestal y dificultan la identificación de posibles conflictos de interés, contraviniendo los principios de transparencia que deben regir las acciones gubernamentales.

Proética hace un llamado a fortalecer los mecanismos de transparencia e integridad en el sector forestal. Solo a través de estas medidas será posible garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales y recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.

Descarga el estudio “Transparencia en deuda” aquí.

Taller especializado de Proética capacita a operadores de justicia en gobernanza forestal, lucha contra la corrupción y los delitos ambientales

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El Programa de Gobernanza Ambiental de Proética organizó el taller “Gobernanza forestal, corrupción y delitos ambientales” los días 10 y 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y normativas de los operadores de justicia en la identificación y enfrentamiento de los delitos ambientales en la gestión forestal.

Desarrollado en un contexto de creciente preocupación por la criminalidad ambiental en la Amazonía, el taller reunió a especialistas de diversas áreas para abordar temas clave como el fortalecimiento de la gobernanza forestal con estándares internacionales, la lucha contra la corrupción en el sector y el análisis práctico de casos emblemáticos de delitos contra los bosques.

Durante la primera jornada, Samuel Rotta, especialista en prevención de corrupción, presentó la exposición “Lucha anticorrupción: Teoría y análisis de riesgo de corrupción”, seguida de la intervención de Frank Rivero, especialista forestal de Environmental Investigation Agency (EIA), quien abordó “Institucionalidad del sector forestal – SINAFOR: Roles y funciones de las entidades forestales”. La jornada culminó con un panel sobre delitos forestales, con los destacados especialistas Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudio de la Violencia, y César Romero, coordinador del Área Penal de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM).

El segundo día, José Luis Cerón, especialista forestal de Proética, profundizó en las modalidades de acceso a los recursos forestales, explicando los procesos de formulación y aprobación de planes de manejo forestal, autorizaciones de cambio de uso y desbosque. Asimismo, abordó temas de supervisión y fiscalización de planes de manejo forestal y fauna silvestre. La jornada concluyó con la intervención de Julia Urrunaga, directora de EIA en Perú, quien ofreció un análisis sobre la trazabilidad de la madera, destacando su importancia en la lucha contra la tala ilegal y el comercio ilícito de productos forestales.

Este taller fue un espacio clave para fortalecer las capacidades de los operadores de justicia y avanzar en la protección de la Amazonía, una de las regiones más biodiversas y vulnerables del mundo. Proética reafirma su compromiso con la promoción de la transparencia, la integridad y la gobernanza ambiental en el país.

Creatividad y conciencia ambiental: Conoce a las y los ganadores del Concurso de Dibujo y Pintura “Delitos Ambientales en la Amazonía”

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La Red Anticorrupción Forestal de Loreto llevó a cabo este 5 de diciembre el Concurso de Dibujo y Pintura al Aire Libre: “Delitos Ambientales en la Amazonía”, una iniciativa que convocó a estudiantes de quinto de secundaria de Iquitos Metropolitano a expresar, a través del arte, el impacto devastador de actividades ilegales como la minería ilegal, incendios forestales, tala y tráfico ilegal de flora y fauna, entre otros, en el medio ambiente, la biodiversidad y las comunidades indígenas.

El concurso reunió a 12 estudiantes de diferentes instituciones educativas de los distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan de la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto.

Los colegios que participaron fueron: Rosa Agustina Donayre de Morey, Virgen de Loreto, Experimental UNAP, San Agustín, Jack Wolff 601608 – Delfines, Petronila Perea de Ferrando, Generalísimo José de San Martín, Nuestra Señora de Fátima, Juan Pablo II 61004, Tnte. Manuel Clavero Muga, Fernando Lores Tenazoa y la Institución Educativa Coronel FAP Francisco Secada Vigneta.

Los ganadores del concurso fueron los siguientes estudiantes:

Pintura: “Naturaleza muerta”

Paula Samanta Quispe Bolaños
Edad: 16 años
Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima

Pintura: “Juntos protegiendo nuestra fauna, el futuro en nuestras manos”

Jhoanny Mosquera Barrera
Edad: 16 años
Colegio San Agustín

Pintura: “Ironía y contradicción”

Andrea del Carmen Vera Centeno
Edad: 16 años
Institución Educativa Coronel FAP Francisco Secada Vigneta

Pintura: “La madre naturaleza en peligro”

Hildemaro Vargas Curico
Edad: 16 años
Institución Educativa Jack Wolff 601608 – Delfines

El jurado calificador estuvo conformado por Luis Peña Silva de la Escuela de Bellas Artes “Víctor Morey Peña”, Orieta Gonzáles Ramirez de la UGEL Maynas Arte y Cultura, y Joannela Reyna Mendieta de la Gerencia Regional del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Loreto.
El evento contó con el apoyo de Proética y Rainforest Foundation Norway, reafirmando nuestro compromiso con impulsar la formación de ciudadanos críticos frente a la lucha contra la corrupción, los delitos ambientales, y la protección y acceso a derechos de los pueblos indígenas amazónicos.

Capacitación de la Mochila Forestal en lengua Shipibo-Konibo refuerza la lucha contra la corrupción en la Comunidad Nativa Nueva Palestina

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Mediante la Mochila Forestal del OSINFOR y el apoyo de Proética, se desarrolló una capacitación inclusiva y participativa en Ucayali, reafirmando el compromiso de la Comunidad Nativa Nueva Palestina con la lucha contra la corrupción y los delitos ambientales. Además, fortalecieron sus conocimientos en institucionalidad.

El pasado 29 de noviembre de 2024, en la Comunidad Nativa Nueva Palestina, ubicada en la región Ucayali, se llevó a cabo una capacitación sobre “Institucionalidad y Lucha Contra la Corrupción”. Esta actividad fue realizada mediante la réplica de la Mochila Forestal del OSINFOR, una herramienta diseñada para fomentar buenas prácticas y fortalecer capacidades en comunidades indígenas.

La capacitación estuvo liderada por Hicler Rodríguez Guimaraes, destacado líder indígena, quien transmitió los conocimientos en la lengua originaria Shipibo-Konibo. Este enfoque inclusivo fue clave para asegurar que los contenidos fueran comprendidos y apropiados por las y los participantes, de los cuales el 40% fueron mujeres, destacando la participación activa de las mujeres de la comunidad indígena.

Un momento significativo de la jornada fue la exposición de uno de los comuneros en su lengua originaria, evidenciando la efectividad de la metodología participativa e intercultural de la Mochila Forestal. La actividad fue impulsada por Proética, organización que impulsa iniciativas para fortalecer la institucionalidad, prevenir la corrupción en la Amazonía y promover la gestión transparente de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Los participantes destacaron la importancia de continuar con estas iniciativas fundamentales para enfrentar los desafíos en sus comunidades para mejorar la gobernanza ambiental, luchar contra la corrupción y fortalecer la democracia. Con esta capacitación, la Comunidad Nativa Nueva Palestina refuerza su compromiso con la integridad y la sostenibilidad de sus recursos naturales y el manejo de sus territorios.