El director ejecutivo de Proética, Walter Albán consideró que hay mucho que investigar en relación a las presuntas irregularidades cometidas en el programa Agua para Todos, gestionado durante el gobierno del ex presidente Alan García Pérez.

Albán hizo mención a este caso a propósito del informe de la Megacomisión que ha sido aprobado en el Pleno del Legislativo y que pide acusar constitucionalmente al ex mandatario aprista y a sus exministros Jorge Del Castillo, Luis Carranza y Hernán Garrido Lecca por este tema.

Durante la novena edición de La Voz de Proética, Albán consideró que los peruanos debemos saber el porqué se recurrieron a tantos decretos de urgencia para no llevar adelante concursos y licitaciones y en cambio se prefirió escoger a dedo a empresas constructoras que pretendían dotar de servicios de agua y desagüe a la población.

Asimismo, mostró su preocupación de que en la región Lambayeque, donde se invirtieron más de 600 millones de soles para este programa, hayan numerosos testimonios de personas que recibieron un servicio deficiente o incluso dan testimonio de obras que no se concluyeron.

Por otro lado, Albán también llamó la atención sobre el hecho de que los municipios de esta región hayan aceptado cartas fianzas de entidades crediticias que no tenían la calificación legal para emitir estas garantías.

“Interesa por ejemplo, el caso de Concisa, una empresa que a pesar de haber incurrido en varios incumplimientos, fue contratada para varias obras adicionales en la región Lambayeque”, señaló al respecto.

En ese sentido, consideró necesario que se investigue la actuación que habría tenido en este caso César Velásquez Quesquén, hermano del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén de quien, se señala, habría actuado para favorecer a la cuestionada empresa.

Nuestro director ejecutivo recordó además que últimamente, César Velásquez ha sido involucrado con la organización manejada por el hoy procesado y detenido, Rodolfo Orellana, a través de la cooperativa Coopex, una entidad que ha sido utilizada para extender ilegalmente cartas fianza para contratistas con el Estado peruano.

“Hay mucho que investigar pero no con un afán revanchista, no por una cuestión de cálculo político. El Perú tiene que sanar de esta situación. Tenemos que recuperar la fe en nuestras instituciones y eso solo se logra cuando se conoce la verdad y se sanciona a quienes fueran responsables de una mala utilización de recursos públicos”, señaló.

Finalmente Albán recomendó al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo revisar la normatividad sobre la contratación pública, ya que el común de las empresas tienen que cumplir con procedimientos que resultan muchas veces engorrosos o que exigen requisitos casi imposibles de cumplir. Esta situación, explicó, es la que favorece que con frecuencia se siga el camino de la exoneración de procesos que a la larga terminan haciendo mucho daño al país.

“Busquemos mecanismos que sean aplicables a todos y que estemos seguros de que se van a llevar a cabo a fin de cautelar los recursos que deben servir a la ciudadanía y no a los bolsillos de nadie en particular”, finalizó.

Fecha de publicación: 07 de setiembre de 2015

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que el Congreso de la República no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la agilidad y la transparencia de las investigaciones que el Legislativo desarrolla a partir de las denuncias que se presentan contra altos funcionarios del Estado, así como de los propios Congresistas.

En ese sentido advirtió que, a la fecha, se han acumulado un grupo de casos pendientes que incluye, entre otros, la cuestión del financiamiento de las campañas políticas, durante las elecciones del 2011. y también el caso del congresista de Solidaridad Nacional, José Luna Gálvez, acusado de contratar trabajadores fantasmas y utilizar recursos del Estado para fines personales.

Por otro lado, Albán consideró importante que se lleven adelante las acusaciones que ha formulado la Comisión del caso Áncash contra los ex fiscales de la Nación, Carlos Ramos Heredia y José Peláez Bardales, debido a que la tarea emprendida por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en esta materia, todavía no ha concluido.

“Más aún, cuando observamos con preocupación que la nueva composición del CNM no garantiza que la tarea iniciada pueda concluir exitosamente”, señaló en la octava edición de la Voz de Proética.

Al respecto, mostró su preocupación por la situación del representante del Colegio de Psicólogos, Alfredo Quispe Pariona, quien ha sido objeto de graves denuncias por hechos de corrupción y otros, lo que pone en cuestión su idoneidad y calificaciones para cumplir delicadas funciones como las de designar magistrados, o decidir sobre sus eventuales promociones,sanciones o destituciones.

“Estaremos atentos al proceso que se siga en función de las acusaciones constitucionales que han sido anunciadas por esta comisión del Congreso de la República”, finalizó.

Fecha de publicación: 31 de agosto de 2015

El director ejecutivo de Proética, Walter Albán aseguró que las denuncias sobre hechos de corrupción presentadas por los vecinos de Los Olivos en el marco de la actividad Brigada Anticorrupción serán investigadas y obtendrán resultados.

Además, indicó que Proética, contando con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, asumirá la responsabilidad de conducir dichas denuncias y de procesarlas de forma tal que estas no conduzcan a posibles represalias contra los ciudadanos que las presentaron.

“Todo esto nos permitirá desarrollar una experiencia que esperamos replicar en diferentes lugares del país, no solo con municipios sino también con gobiernos regionales o cualquier otra entidad del Estado”, agregó Albán en la séptima edición de La Voz de Proética.

Por otro lado, nuestro director ejecutivo destacó el gesto del alcalde del distrito de Los Olivos, Pedro Del Rosario, al brindar facilidades para que la Brigada Anticorrupción no solamente haya podido ubicarse en el frontis del municipio a recibir estas denuncias, sino también para que nuestros voluntarios ingresen a la comuna, a fin de realizar una evaluación sobre los ámbitos de la actuación municipal que regularmente son motivo de reclamo por problemas de corrupción. Por ejemplo, los referidos a licencias municipales de funcionamiento o licencias de construcción.

“Estamos seguros que esto finalmente cumplirá el cometido de que la sociedad civil participe decididamente. Esto nos llena de entusiasmo para lo que viene en el país que ciertamente reclama esta vigilancia ciudadana”, finalizó.

La “Brigada Anticorrupción” se llevó a cabo la semana pasada en el distrito de Los Olivos y fue una actividad en la que actuamos en alianza con la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de combinar la capacitación de la sociedad civil para ejercer la vigilancia ciudadana

Fecha de publicación: 24 de agosto de 2015

Dando inicio a una novedosa modalidad de lucha anticorrupción, este martes 18 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, Proética dará inicio a la primera intervención de la “Brigada Anticorrupción” en el distrito de Los Olivos, una actividad en la que actuaremos en alianza con la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, indicó que éstas brigadas tienen como finalidad combinar la capacitación de la sociedad civil para ejercer la vigilancia ciudadana, con acciones efectivas, que le permitan enriquecer su formación y manejo de herramientas para esta labor, con experiencias concretas en el terreno y con resultados más inmediatos.

“Se trata de una experiencia piloto, que está reuniendo a un centenar de voluntarios y voluntarias que realizarán una labor muy intensa, recibiendo denuncias de los vecinos en Los Olivos sobre corrupción municipal, tales como cobros indebidos o trámites sometidos a prácticas corruptas”, manifestó en la sexta entrega de La Voz de Proética.

Asimismo, Albán precisó que los ciudadanos que se acerquen a nuestro módulo de atención, que estará ubicado en la parte externa, frente al local de la Municipalidad de Los Olivos, podrán realizar sus denuncias o reclamos por hechos irregulares que puedan conocer relacionado con la actuación municipal. Al mismo tiempo, los voluntarios que participen en esta actividad, llevarán a cabo una suerte de “auditoría social” en áreas claves de las oficinas municipales, como por ejemplo las que tienen que ver con el otorgamiento de licencias de construcción o licencias de funcionamiento.

“Esperamos que esta primera experiencia sirva para ser replicada en otras municipalidades, gobiernos regionales o en cualquier otra entidad del Estado”, concluyó Albán.

Fecha de publicación: 17 de agosto 2015