Lima, 17 de Diciembre 2015 – Tras dos semanas de negociaciones en París, la Conferencia de las Partes (COP 21) aprobó, el 11 de diciembre el denominado “Acuerdo de París”, un acuerdo vinculante que orientará la lucha contra el cambio climático a nivel global y que entrará en vigor en el 2020.

Del acuerdo se rescata el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” por parte de los 195 países miembros de la convención, y el objetivo de “Mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 ºC y proseguir los esfuerzos para limitar la temperatura a 1,5 ºC”. Sin embargo, hay una dimensión clave que ha quedado pendiente, la transparencia.

Los países miembros de la Convención deberán hacer un balance de sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC por sus siglas en inglés) para el 2018 a fin de conocer los avances realizados y a partir del 2020, cada cinco años, se deberán actualizar estas contribuciones. No obstante, el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París debe aun formular orientaciones para promover la transparencia y el mecanismo de cómo las Partes rendirán cuentas sobre estas INDC´s.

Si bien el acuerdo hace mención a un marco de transparencia que se aplicará “de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva, respetando la soberanía nacional, y evitará imponer una carga indebida a las Partes”, la funcionalidad de este marco es una incógnita.

El financiamiento es también un tema que quedó pendiente. No se dio el monto que se brindará como ayuda a los países en desarrollo, solo se especificó la necesidad de proseguir con los aportes financieros al 2020 y de establecer antes del 2025 “un nuevo objetivo colectivo cuantificado que será como mínimo de 100,000 millones de dólares anuales”. Al igual que en el caso anterior, un mecanismo de rendición de cuentas de los recursos financieros aportados y movilizados está esperando ser elaborado.

La transparencia, en el acuerdo de París, ha quedado en suspenso ya que no se cuenta con un compromiso de acción concreto y efectivo, y preocupa la ausencia de la mención de participación ciudadana en los diferentes procesos de monitoreo y rendición de cuentas. Magaly Avila, especialista de Proética, señaló que “la necesidad de generar mecanismos que viabilicen la participación de una ciudadanía activa así como dispositivos que posibiliten brindar información correcta y oportuna es vital para garantizar un uso eficaz del financiamiento climático. Así mismo se debe impulsar un mecanismo que contemple sanciones a las partes que no cumplan con sus compromisos, una posibilidad puede ser estableciendo criterios para cortar el flujo de fondos climáticos.”

Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de cambio climático, no solo hablamos de una dimensión ambiental, su complejidad e impacto pasa por lo económico, social y cultural, es decir hablamos de desarrollo y en ello radica la importancia del acuerdo.

Puede leer la nota de prensa en versión en inglés:

 

Paris Agreement leaves transparency hanging in midair by Proética on Scribd

(Fuente: Chimbote en Línea) El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, comentó recientemente los resultados que arrojó nuestra IX Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2015.

Al respecto, advirtió que se mantienen las tendencias centrales con relación a las anteriores consultas, pero el problema no solamente ha aumentado, sino que la manera en la que se viene extendiendo, con los recursos provenientes de la economía ilegal, lo hacen todavía más preocupante, toda vez que incide directamente en afectar nuestra ya débil institucionalidad.

“En este momento se hace evidente el grado de penetración de la criminalidad, a partir de dinero mal habido que reciben las organizaciones políticas y, a través de ellas, comienza a penetrar al aparato del Estado”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética.

Precisó que ya no solo se trata de un problema de debilitamiento sino de una grave descomposición institucional. “4 de cada 5 peruanos se dan cuenta de esta situación y señalan entonces cómo la corrupción está corroyendo las débiles estructuras del aparato estatal en el Perú”.

Por otro lado, Albán resaltó que se hace cada vez más evidente para la opinión pública de que hay un vínculo directo entre corrupción y criminalidad.

“La criminalidad y la inseguridad ciudadana ha crecido en la medida que ha crecido la economía ilegal del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería ilegal y del lavado de activos. Esa ilegalidad económica dota de enormes recursos a organizaciones criminales que, con la debilidad de los partidos y las instituciones del Estado, está penetrándolo todo”, manifestó.

Ante esta realidad, pidió a los ciudadanos reaccionar porque “es muy preocupante que siga siendo tan alta la tolerancia a la corrupción en el país”.

Sobre este hecho, recordó que los panelistas que participaron en la presentación de la IX Encuesta Nacional sobre percepciones de la Corrupción dijeron que no solo se trata de un tema de resignación o incluso hasta de cierta complicidad, sino que se trataría de una suerte de pragmatismo por parte de la ciudadanía, en vista de que la oferta por el lado político es poco confiable.

“La gente tiende optar por aquello que considera que le hará menos daño, en otras palabras, otra vez regresamos a este lamentable dicho: ‘roba pero hace obras’”, comentó.

Finalmente, Albán aseguró que en situaciones de esta naturaleza, la movilización ciudadana articulada puede dar buen resultado, como lo hace evidente experiencias de otros países se la región, como Guatemala, Brasil o Chile.

“Tenemos que recuperar la indignación frente a lo que viene ocurriendo en el país y esa indignación nos debe conducir a una tarea indesmayable y sostenida para encontrarnos en situación de revertir este fenómeno tan grave, que origina tanto daño y afectación a los derechos ciudadanos”, finalizó.

(Fuente: Gestión) Proética acaba de presentar la novena encuesta nacional sobre corrupción y, lamentablemente, no hubo muchas sorpresas, por lo menos no desde el lado positivo. Si bien la mayoría de encuestados cree que la corrupción es uno de los principales problemas del país, en general los peruanos son tolerantes a ella.

Un dato que poco se ha resaltado es la vinculación entre corrupción y empresas que plantea el sondeo. Un 65% cree que las grandes empresas son las más corruptas. Por otro lado, un 75% considera que los empresarios que pagan coimas son cómplices de quien las pide, un 56% cree que son víctimas y un 52% señala que si los empresarios no pagan coimas no podrían hacer su trabajo.

Esta visión permisiva genera que se mantenga el círculo vicioso de la corrupción, pues mientras haya una persona dispuesta a pagar coimas habrá otra dispuesta a pedirlas. Además, si está actitud es considerada como “necesaria” para poder trabajar no existirá actitud de cambio.

El problema de corrupción es tan fuerte en el país que, si bien en materias como política macroeconómica estamos ubicados muy cerca a los estándares de Chile (según datos del Foro Económico Mundial), en temas como coimas en el sistema judicial, el costo que genera el crimen para las empresas, las coimas para los contratos públicos y en la ética de las empresas estamos muy cerca de Venezuela, es decir, en los últimos lugares del ranking mundial.

Las cifras mostradas por Proética hacen evidente el grado de penetración de la criminalidad, a partir de dinero mal habido que reciben las organizaciones políticas y que, a través de ellas, comienza a penetrar al aparato del Estado. Por ello resultará muy complicado atacar la corrupción desde el interior del Estado. Será necesario mirar las experiencias de otros países como Guatemala o Hong Kong. El costo que la corrupción genera es muy alto para el país, aun cuando la mayoría de la población no sea consciente de ello.

Corresponde a las fuerzas políticas, a las instituciones y empresarios mostrar si realmente están interesados en terminar con esta lacra, que según el 32% de los encuestados por Ipsos en la CADE sería la medida con mayor impacto para reactivar la economía del país.

(Fuente:La República/ Por Ricardo Uceda) Hace pocos días fue presentada, con los comentarios de un panel de expertos, la Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, que Ipsos prepara hace nueve años para Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional. En cierto sentido, los resultados podían preverse. Permiten concluir que la gente percibe que hay mucha corrupción y que aprendió a vivir con ella, al punto que apoyaría políticamente al que roba y hace obra. Este extremo es el que siempre llama la atención, aunque a estas alturas ya no es novedad.

¿Qué es lo nuevo este año? Que muy pocos esperan que el problema se resuelva.

LA PEOR NOTICIA

Al presentar la encuesta en la Universidad del Pacífico, el presidente de Ipsos, Alfredo Torres, confirmó que la corrupción es el segundo mayor problema del país. Desde hace varios años el primero es la inseguridad. Los encuestados no vacilan, sin embargo, en señalar a la corrupción como la principal dolencia del Estado. Es percibida como una mancha creciente en las entidades públicas. Por otra parte, solo los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo tienen nota aprobatoria como instituciones que luchan contra la corrupción. Los partidos políticos son los peor calificados respecto de esa tarea. Le siguen, en orden de deméritos, el Congreso, el gobierno central, la policía, los gobiernos regionales, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Contraloría.

Quizá la peor noticia es que una mayoría absoluta cree que el problema empeorará en los próximos cinco años. Del nuevo gobierno no se espera una solución. El motivo de la desesperanza, según la encuesta, son los acuerdos que habría entre los corruptos y quienes están llamados a combatirlos. “Todos están amarrados”, responden los consultados. Es la frase que resume la consulta.

RESPUESTA SORPRESA

Como queriendo confirmar las suspicacias, los candidatos a la Presidencia de la República ignoraron el problema en sus presentaciones en el CADE. Y eso que el auditorio era más que propicio. Jorge Medina, quien fuera CEO de EY en el Perú antes de presidir Proética, dio a conocer en la Universidad del Pacífico los resultados de otra encuesta hecha por Ipsos a los participantes de esta reunión empresarial durante la primera semana de diciembre. Era sobre lo más importante que hizo o dejó de hacer el gobierno. El 83% de los entrevistados dijo que no se había avanzado o se había retrocedido en el combate a la corrupción. En otra respuesta, más del 50% sostuvo que esta labor debía ser una de las cinco prioridades del próximo presidente.

Medina dijo que lo que más llamó la atención fue la respuesta colectiva de los empresarios cuando les preguntaron qué medidas tendrían mayor impacto en la reactivación de la inversión privada. La respuesta mayoritaria no fue “destrabar la inversión minera” ni “impulsar proyectos de inversión” ni “flexibilizar el mercado laboral”. Fue “combatir eficientemente la corrupción”. Por otra parte, la honestidad era una de las tres cualidades más importantes que debería exhibir el próximo presidente, junto con liderazgo y visión de futuro. ¿Por qué, entonces, la falta de propuestas?

NO SE PUEDE

Cynthia Sanborn, vicerrectora de la Universidad del Pacífico, una de las comentaristas de la encuesta, recordó que varios candidatos tenían acusaciones por corrupción. El economista Ricardo Lago, otro de los panelistas, sacó un argumento descarnado. Dijo que la corrupción del Perú es sistémica, y por lo mismo muy difícil de cambiar por dentro.

—Sería como buscar una aguja en un pajar. Si tratas de hacerlo, el sistema te margina. Una maraña de intereses: los partidos, las empresas, los lobbies, los sindicatos.

Con encuestas o sin ellas, se sabe lo que hay que solucionar, por ejemplo erradicar la corrupción en el Poder Judicial, el Congreso y la Policía Nacional. Son las tres más corruptas, de acuerdo con los encuestados. Con excepción de la policía, ninguna de ellas puede ser intervenida desde el gobierno, porque son autónomas. Pero si hay que creer a Lago, tampoco se podría desde dentro.

TRES EJEMPLOS

Lago sugirió seguir uno de los ejemplos en los que, desde fuera, se intervino en varios frentes de manera concertada y enérgica. Mencionó dos casos, uno de ellos el de Hong Kong, donde en 1974, en un contexto de corrupción generalizada, se creó la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC). Tenía potestades investigativas, pero no realizaba juzgamientos. Los resultados fueron sobresalientes, aunque varios intentos por imitarla fracasaron por falta de presupuesto o de acción concertada en varios frentes. Quince años después tuvo éxito en Australia otra comisión similar, con potestades dentro del sector público, menos en la policía y el Poder Judicial. Como en Hong Kong, tenía capacidades para realizar campañas preventivas y no obedecía al gobierno. La independencia es fundamental. Hay presidentes que, pensando en sus enemigos, quieren dirigir su propia anticorrupción.

El segundo ejemplo mencionado por Lago es más cercano y resonante: el de la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este año desbarató una mafia de contrabando que sobornaba al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes fueron destituidos y son procesados en prisión. “Algo menor, inferior a mil millones de dólares”, dijo Lago. Creada en 2006, inicialmente para investigar violaciones humanitarias durante la lucha contrasubversiva, la CICIG es dirigida por un magistrado extranjero nombrado por las Naciones Unidas. La comisión tiene amplios poderes investigativos pero no reemplaza al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Sin embargo, los jueces y fiscales no habrían hecho nada sin ella.

PIDIENDO LO MENOS

En México ya se habla de crear una CICIG. En sus comentarios, el sociólogo Jorge Nieto, que ha ejercido allí varios años, hizo notar que Colombia se ha desembarazado de las mafias y que México podría hacerlo. —¿Y entonces —preguntó— a qué país vendrían con fuerza? Al más amable para ellos: el Perú.

Apoyando la idea de Lago, otro economista, Juan Mendoza, ha propuesto que se cree una fiscalía especial anticorrupción, integrada por magistrados extranjeros nombrados por las Naciones Unidas. Así, como en el caso de la CICIG, el organismo no estaría violentando la estructura del sistema judicial sino incrustado en el mismo. Pero es muy difícil que un candidato acepte una idea tan audaz, que chocaría contra elementos del sistema pertenecientes a su tienda. Jueces y fiscales comprometidos con la corrupción tampoco la van a aceptar. Pero, visto de otro lado, la recurrencia a una ayuda internacional puede caerle bien al desencantado votante. Un juez extranjero puede dar más confianza que el peruano, como ocurre con el entrenador de la selección de fútbol. Por lo menos sabrá que no estará amarrado con todos.

Fuerza Popular ha encargado el tema a la ex procuradora Yeny Vilcatoma, quien antes de ser expectorada de su puesto por el gobierno tuvo destacada gestión en las fiscalías de Áncash y Loreto. Vilcatoma ha planteado un procurador anticorrupción independiente, nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Pero quién descontaminará al CNM? Las candidaturas principales están obligadas a presentar una propuesta seria y coherente para salir del atolladero. En ese empeño anda Jorge Medina, quien los invitará a una sesión pública en la que se vería quién canta más bonito.