(Fuente: Gestión) Proética acaba de presentar la novena encuesta nacional sobre corrupción y, lamentablemente, no hubo muchas sorpresas, por lo menos no desde el lado positivo. Si bien la mayoría de encuestados cree que la corrupción es uno de los principales problemas del país, en general los peruanos son tolerantes a ella.
Un dato que poco se ha resaltado es la vinculación entre corrupción y empresas que plantea el sondeo. Un 65% cree que las grandes empresas son las más corruptas. Por otro lado, un 75% considera que los empresarios que pagan coimas son cómplices de quien las pide, un 56% cree que son víctimas y un 52% señala que si los empresarios no pagan coimas no podrían hacer su trabajo.
Esta visión permisiva genera que se mantenga el círculo vicioso de la corrupción, pues mientras haya una persona dispuesta a pagar coimas habrá otra dispuesta a pedirlas. Además, si está actitud es considerada como “necesaria” para poder trabajar no existirá actitud de cambio.
El problema de corrupción es tan fuerte en el país que, si bien en materias como política macroeconómica estamos ubicados muy cerca a los estándares de Chile (según datos del Foro Económico Mundial), en temas como coimas en el sistema judicial, el costo que genera el crimen para las empresas, las coimas para los contratos públicos y en la ética de las empresas estamos muy cerca de Venezuela, es decir, en los últimos lugares del ranking mundial.
Las cifras mostradas por Proética hacen evidente el grado de penetración de la criminalidad, a partir de dinero mal habido que reciben las organizaciones políticas y que, a través de ellas, comienza a penetrar al aparato del Estado. Por ello resultará muy complicado atacar la corrupción desde el interior del Estado. Será necesario mirar las experiencias de otros países como Guatemala o Hong Kong. El costo que la corrupción genera es muy alto para el país, aun cuando la mayoría de la población no sea consciente de ello.
Corresponde a las fuerzas políticas, a las instituciones y empresarios mostrar si realmente están interesados en terminar con esta lacra, que según el 32% de los encuestados por Ipsos en la CADE sería la medida con mayor impacto para reactivar la economía del país.