(Fuente: El Comercio).- Tras las tensiones, sorpresas e incertidumbres que este accidentado proceso electoral trajo consigo, por fin sabemos entre qué candidatos debemos escoger el 5 de junio. No pocas dudas restan sin embargo sobre la manera como, quien finalmente resulte elegido, habrá de enfrentar los problemas que la ciudadanía ha venido señalando como los que afectan de forma más alarmante su calidad de vida: la inseguridad y la corrupción.

Al respecto, al margen de la mínima posibilidad que tuvimos para conocer en general los planes de gobierno de cada postulante, resulta crucial revisar las escasas y no siempre consistentes propuestas sobre los temas antes señalados. Así, atendiendo aquellas que han sido expresadas a nombre de las organizaciones políticas participantes en la contienda, constatamos que su formulación ha carecido de una perspectiva integral, capaz de asumir, por ejemplo, la cada vez más evidente vinculación entre el exponencial incremento de la corrupción y el de la criminalidad en el país.

En efecto, el notable crecimiento experimentado por nuestra economía durante más de una década, que ha contribuido sin duda a reducir significativamente los niveles de pobreza, ha ido aparejado sin embargo, dada nuestra profunda debilidad institucional, del incesante desarrollo de una economía ilegal, sustentada en actividades como el narcotráfico, lavado de activos o minería y tala ilegal, entre otras, que han dotado de ingentes recursos a sendas mafias del crimen organizado. En este contexto, tales mafias han desarrollado una eficaz estrategia de penetración del Estado, valiéndose en buena medida de la debilidad de las organizaciones políticas.

Así, los actuales niveles de corrupción en el aparato estatal registran una magnitud inédita y, si bien atraviesan al conjunto de sus instituciones, incluido el propio Congreso de la República, resulta particularmente preocupante que hayan alcanzado grados extremos en entidades claves para la lucha contra la criminalidad, como ocurre con la Policía Nacional, el Poder Judicial o el Ministerio Público y, en relación con estos últimos, también el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Al respecto, es equivocado sostener que se trata de un problema menor o aislado en cada caso, porque nos encontramos ante un mal que ha ido enquistándose y extendiéndose durante años en estas organizaciones, al punto de perforar las bases mismas de su estructura institucional.

Es entonces indispensable realizar un esfuerzo monumental para revertir esta situación y ello demanda, por cierto, madurez y sentido de responsabilidad de la clase política para construir, por encima de los resultados electorales y de la cuota de poder que lleguen a alcanzar en el próximo Congreso, los necesarios consensos para diseñar políticas públicas eficaces, dirigidas a superar exitosamente los actuales desafíos.

Es bajo esta perspectiva que deben ser abordadas medidas indispensables para nuestra recuperación institucional, como la de reformular la actual composición del CNM, orientando decididamente su actividad a encarar los graves problemas de corrupción, ineficiencia, lentitud, provisionalidad y desconfianza ciudadana, que afectan a nuestro sistema judicial.

Asimismo, el Congreso no puede continuar dilatando la aprobación de normas que otorguen facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para acceder a la información tributaria y bancaria con que combatir el lavado de activos, así como la competencia de la SBS para supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, que hoy actúan sin ningún control.

Cuestiones como la elección del contralor a base de un concurso público, la independencia de las procuradurías anticorrupción, la creación de una autoridad autónoma para la transparencia y el gobierno abierto, así como una nueva y efectiva ley de gestión de intereses, son solo algunas de las propuestas planteadas en el foro de candidatos a la presidencia que organizó Proética en enero. Pero todo ello, para su viabilidad, demanda sumar esfuerzos, definir una estrategia en común y la adopción de acuerdos mínimos, para convertir esos contenidos en verdaderas políticas de Estado.

A lo anterior debemos añadir el rol clave de la vigilancia ciudadana, a través de una activa participación de la sociedad civil en la cruzada a emprender. Sin ella, como lo ha demostrado más de una vez nuestra historia reciente, no habrá consensos ni rectificación de errores, sino solo un juego político en la superficie, en tanto los cimientos del país continuarán deteriorándose hacia una total descomposición.

LA INVESTIGACIÓN DE LOS PAPELES DE PANAMÁ DESENMASCARA A NUMEROSOS OFICIALES PÚBLICOS USANDO COMPAÑIAS SECRETAS PARA ESCONDER SU PATRIMONIO

Una investigación global sobre el uso que hacen los ricos, poderosos y corruptos de compañías secretas ha mostrado cómo una red de abogados, banqueros y otras personas esconden patrimonio ilícito alrededor del mundo. Transparency International hace un llamado a la comunidad internacional a actuar inmediatamente para adoptar leyes de transparencia para prohibir las compañías secretas.

Los Papeles de Panamá, una fuga masiva de documentos financieros, revelan los intereses en empresas offshore de 140 políticos y oficiales públicos, incluyendo 12 líderes mundiales, del presente y pasado, quienes usaron más de 214,000 entidades offshore para esconder la propiedad de sus activos.

“La investigación Papeles de Panamá desenmascara el lado oscuro del sistema financiero global, donde los bancos, abogados y profesionales financieros permiten a las compañías secretas esconder dinero corrupto ilícito. Esto debe parar. Los líderes mundiales deben ajustarse y prohibir estas compañías que son el combustible a gran escala de la corrupción; y que permiten a los corruptos beneficiarse de las ganancias obtenidas ilícitamente” dijo José Ugaz, Presidente de Transparency International.

Transparency International está convocando para un impulso renovado por parte de los países del G20 para acordar que los registros de accionistas nominales y públicos deben ser estándar global; y que se apliquen sanciones para jurisdicciones que no se ajusten a éste estándar. Esto incluiría no solamente al G20, sino también a los numerosos países, grandes y pequeños, donde la creación de compañías secretas es un gran negocio.

“¿Cuántas fugas masivas de documentos adicionales necesitan ver los líderes mundiales, para entender que la falta de registros públicos y nominales de accionistas beneficiarios de las compañías es lo que mantienen a salvo y bien a los grandes proyectos globales de corrupción?” dijo Ugaz.

Transparency International quiere que todos los países tengan registros públicos y nominales de los beneficiarios de las empresas, de tal manera que se mucho más difícil para los corruptos esconder su patrimonio ilícito en compañías secretas y fideicomisos que usan testaferros para registrar la propiedad. El G20 ha respaldado medidas para incrementar la transparencia sobre los verdaderos beneficiarios de la propiedad, pero ha hecho poco para implementarlas.

“Cuanto más información se revela acerca de cómo una red de intermediarios financieros, abogados, contadores y grandes bancos facilitan ambos, el movimiento de propiedad ilícita y la manera de ocultar de hecho a quién pertenecen dichas propiedades; de hace más claro lo que debe hacerse. Los facilitadores que ayudan a las compañías a establecer compañías secretas deben ser sancionadas y las jurisdicciones que acojan la confidencialidad deben ser prohibidas,” dijo Elena Panfilova, vicepresidente de Transparencia Internacional.

Transparency International ha nombrado al estado de Delaware, hogar de cientos de compañías fantasmas anónimas gracias a sus estrictas reglas de confidencialidad corporativa, como parte de su campaña Desenmascara la Corrupción (Unmaskthecorrupt.org) específicamente porque sus reglas de registro corporativo ayudan a la gente a esconder a los verdaderos propietarios de las compañías.

Puede leer el comunicado original aquí.

Este lunes 04 de abril, Proética en alianza con la Universidad del Pacífico realizó el taller “¿Por qué la corrupción debe importarnos más? Porque la solución está en nuestras manos”, un evento que tuvo como invitados a importantes líderes de opinión del ámbito empresarial, académico, medios de prensa y sociedad civil.

El último domingo, el programa Cuarto Poder realizó un reportaje sobre la labor de seguimiento de gastos de campaña que viene realizando Proética a los partidos políticos en diez provincias en las regiones Áncash, La Libertad, Loreto, Puno y Ucayali desde febrero de este año.

Puede ver el reportaje aquí: