Proética presenta estudio sobre implementación de salvaguardas de REDD+ a tomadores de decisión en Perú

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Durante presentación de estudio sobre implementación de salvaguardas de REDD+. Foto: Proética

Lima, 2 mayo.- El jueves 28 de abril, el Programa Integridad de las Finanzas Climáticas presentó el estudio “Implementación de las salvaguardas REDD+ en Perú: estudio de caso FCPF, FIP y DCI con Noruega y Alemania”, este estudio tiene como objetivo analizar los estándares de las salvaguardas de la Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) con las salvaguardas presentadas por el Gobierno peruano a los fondos del FCPF, FIP y DCI-Noruega y Alemania. Además, se evalúo el estado de implementación de las salvaguardas de REDD+ en el Perú como la articulación de procesos de los fondos REDD+ en el país.

En la reunión estuvo presente Gustavo Suarez de Freitas, Director del Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático-PNBCC, punto focal para el tema REDD+ en el país; Lucas Doujoreani, responsable de salvaguardas REDD+ y MRV, Jorge Torres, responsable del mecanismo financiero de REDD+; Roxana Ramos, responsable del proyecto apoyo a la DCI-Noruega; Liliana Lozano, responsable del proyecto MDE SAWETO (mecanismo pueblos indígenas FIP) y Dave Pogois, coordinador UN-REDD del PNUD.

Como parte de las conclusiones del estudio se menciona que los documentos ER-PIN, R-PP y PI-FIP demuestran la falta de articulación de los instrumentos de salvaguardas. Además, se tiene cronogramas desactualizados, procesos no claros de participación e involucramiento de actores. Así como también que documentos analizados abordan de forma muy general los conceptos de los instrumentos de salvaguardas, como SESA, MGAS, PIA, a pesar que esta información se encuentra en las guía de implementación del FCPF y FIP.

El estudio tiene como recomendaciones principales:

– Creación de un Grupo de Trabajo de REDD+ y la Gestión de los Bosques, el cual funcione como un espacio de toma de decisión y cuente con la presencia de un representantes de instituciones públicas con poder de toma de decisión de los siguientes Ministerios: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Viceministerio de Cultura (VIC), la Contraloría General de la República (CGR), Defensoría del Pueblo (DP) y Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). Además, se debe contar con la participación con poder de decisión de las organizaciones indígenas AIDESEP, CONAP, dos representantes de las Mesas REDD+ regionales, un representante del Grupo REDD+, y un representante del sector privado.

-Impulso de mecanismos de información y acceso público anidado en la web del PNCBB para el avance o rediseño de los fondos de REDD+. Claridad en el gasto realizado por componente de los fondos REDD+ y por producto solicitado y/o pagado en el marco de ejecución de estos.

-La actualización de los documentos del FCPF y PI-FIP; en especial, lo referido a SESA y MGAS debe realizarse en un espacio abierto de discusión donde participen diferentes actores de la sociedad civil, sector público y pueblos indígenas. Asimismo, el SESA y MGAS deben servir no solo para la solicitud de fondos sino para apoyar la identificación de soluciones a las actividades que ejercen presión sobre los bosques.

Este estudio se enmarca en las acciones que realiza el Programa de Integridad en las Finanzas Climáticas, que tiene como objetivo mejorar la gobernanza en los fondos climáticos de REDD+ mediante la identificación de riesgos de corrupción durante el diseño e implementación de los documentos y/o instrumentos solicitados por DCI Noruega y Alemania y la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.

Puede ver la versión en inglés aquí:

Proetica presents study on REDD+ safeguards implementation to decision makers in Peru by Proética on Scribd

Pronunciamiento de Proética sobre caso Rafo León

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Periodista Rafo León. Foto: Perú 21

Este martes, la magistrada Susan Coronado Zegarra, del 42º Juzgado Penal de Reos Libres de Lima, hizo conocer su decisión de reservar el fallo condenatorio contra el periodista Rafael León, acusado de difamación por la ex editora de El Comercio, Martha Meier.

La misma Jueza además, ordenó que el periodista se someta a una serie de reglas de conducta durante un año, comprendiendo en ellas las de no variar de domicilio, así como acudir mensualmente a firmar un cuadernillo de registro. Asimismo, fijó en 6 mil soles el pago que León deberá abonar por concepto de reparación civil.

Al respecto, Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, deplora la decisión de la citada magistrada, que constituye un pésimo precedente en lo que atañe al ejercicio de la libertad de expresión y de opinión en el Perú. En efecto, Rafo León no hizo otra cosa que brindar una opinión, refiriéndose a una publicación hecha por la demandante días antes.

En consecuencia, nuestra institución hace un llamado a la ciudadanía, a fin de no solamente solidarizarse con el periodista víctima de este atropello, sino a considerar la trascendencia del caso, que constituye una real amenaza a los derechos fundamentales de cada peruano o peruana, así como a la vigencia de los principios democráticos que inspiran a todo Estado de Derecho. En el mismo sentido, esperamos una rectificación de lo ocurrido al interior de propio Poder Judicial, independientemente de que, en paralelo, el Congreso de la República de curso a un debate que permita derogar las figuras delictivas que han dado pie a tan desproporcionada, injusta e inconstitucional decisión.

Presidente de TI, Jose Ugaz, expone sobre el efecto de la gran corrupción en el mundo

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El lunes 04 de abril, Proética en alianza con la Universidad del Pacífico realizó el taller “¿Por qué la corrupción debe importarnos más? “, evento que contó con la participación del presidente de Transparency International, Jose Ugaz.

Durante su exposición, Ugaz habló sobre el efecto que provoca la corrupción a gran escala en las sociedades más pobres del mundo y los desafíos que tanto la sociedad civil como las instituciones gubernamentales deben afrontar para acabar con este flagelo social.

Proética presentó los resultados de la auditoría ciudadana realizada a las campañas proselitistas

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El jueves de la semana pasada, Proética presentó los resultados del “Hackeo al Financiamiento Político: Auditoría Ciudadana de Gastos de Campaña”. Al respecto, el Director Ejecutivo de esta institución, Walter Albán, señaló que este reporte permitirá comparar la información entregada por las organizaciones políticas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y conocer si tales organizaciones han sido transparentes al momento de rendir cuentas ante el citado organismo electoral.

“Sabemos que el financiamiento de las organizaciones políticas constituye una preocupación creciente en el Perú, y expresa un delicado problema al cual debemos hacer frente. Una manera de lograr esto, es precisamente a través de un seguimiento detallado a las actividades realizadas por estas organizaciones en las diferentes regiones del país, a fin de recabar información acerca de los recursos efectivamente invertidos por cada una de ellas, durante la campaña electoral, allí donde difícilmente sería posible hacerlo para la propia ONPE”, indicó Albán, en la última edición de La Voz de Proética.

Fueron más de 150 voluntarios y voluntarias que se encargaron de seguir los mítines, pasacalles y actividades pro fondos que se llevaron a cabo en 10 ciudades del país, durante la primera vuelta electoral.

Por ello, Albán destacó la labor realizada por este equipo de ciudadanos y ciudadanas, que no solo dedicaron durante varias jornadas parte importante de su tiempo, sino que lo hicieron con el mayor compromiso y seriedad para garantizar un resultado exitoso.

“Esto es vigilancia ciudadana, y es así como podemos hacer más sólida nuestra democracia. Sólo de esta manera estaremos seguros de superar los actuales retos que el Perú tiene por delante”, sostuvo.

Finalmente, resaltó que esta iniciativa contó con el apoyo de la cooperación internacional a través de los proyectos “23 Millones” y “Candidatazos” de la Unión Europea y USAID, respectivamente, y fue ejecutada en colaboración con la Asociación Civil Transparencia e Idea Internacional.

2 de mayo de 2016

Presentación del informe: “Hackeo al Financiamiento Político”

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En el mes de abril, Proética presentó el informe preliminar del Hackeo al Financiamiento Político, una auditoría ciudadana realizada a los gastos de campaña de los candidatos presidenciales durante la primera vuelta electoral. Este trabajo fue realizado por un grupo de voluntarios en coordinación con el equipo de 50+1.

28/04/2016

Proética se pronuncia sobre caso de periodistas Fernando Valencia y Rafo León

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El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró preocupante el caso de los periodistas Fernando Valencia y Rafael León, el primero sentenciado por difamación y el segundo a punto de ser condenado por el mismo delito, no obstante que, en ambos casos, no han hecho sino ejercer su libertad para expresarse y brindar opinión.

Como se sabe, Valencia fue sentenciado a un año y 8 meses de prisión suspendida, bajo el cargo de haber publicado en una portada de Diario 16, publicación de la que era director en ese entonces, declaraciones del presidente del Perú, Ollanta Humala, en contra del ex mandatario Alan García.

En el caso de León, éste fue denunciado por escribir una columna de opinión en la revista Caretas, en la que comentó un artículo de la entonces editora del diario El Comercio, Martha Meier Miró, cuyo texto contenía fuertes críticas a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Al respecto, Walter Albán consideró que estos hechos tienen una transcendencia que va más allá de las personas afectadas, Valencia y León, toda vez que no solo se trata de la vulneración de sus derechos fundamentales, con el agravante de que se trata de profesionales del periodismo, sino porque, además, “nos encontramos una vez más ante la evidencia de una instrumentalización del Poder Judicial para impedir la crítica”.

“Resulta inaceptable que este tipo de utilización de un Poder del Estado, pueda finalmente afectar la democracia y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Por eso tenemos que reaccionar”, señaló en la última edición de La Voz de Proética.

“Más allá de impedir de que se consumen las condenas a estos periodistas, se trata de que nadie en el país tenga que encontrarse en riesgo de perder su libertad o patrimonio como consecuencia de expresar una opinión crítica”, agregó.

En ese sentido, Albán ser sumo al parecer de quienes vienen planteando la necesidad de revisar la vigencia de estos delitos de calumnia o difamación, ya que vienen siendo utilizados con mucha frecuencia para afectar derechos ciudadanos.

“Estos atropellos deben motivar una reacción ciudadana y las autoridades, en este caso el Congreso de la República, deben proceder para impedir que nuestra democracia se vea afectada por tan graves arbitrariedades y excesos de poder”, finalizó.

25 de abril de 2016