• Por el Coordinador de Auditoría Ciudadana de Proética, Carlos Arroyo.
• Publicado por la revista Intercambio.

Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y de manera periódica mide las percepciones sobre la corrupción en el Perú. Su último trabajo fue presentado en diciembre del 2015 y en él podemos apreciar una serie de conclusiones bastante interesantes, situaciones que vemos reflejadas en nuestra sociedad.

Los resultados, por ejemplo, ratifican que la inseguridad y la delincuencia (62%) son el principal problema que afronta el país y que en segundo lugar está la corrupción (46%). Cuando la consulta se hace más específica, para poder identificar cuál es el principal problema que afronta el Estado y qué impide el desarrollo del país, los encuestados no dudan en colocar a la corrupción en primer lugar con un 61%, el cual está directamente vinculado a la corrupción de funcionarios y autoridades. Estas primeras cifras revelan que peruanas y peruanos somos conscientes que la corrupción es un serio problema presente, que afecta y desacelera nuestros progresos de desarrollo y que resulta estar asociada a la burocracia del Estado y/o a quienes nos representan políticamente.

Pese a ello, el 87% acepta no haber denunciado cuando les solicitaron dar o cuando dieron regalos, propinas o coimas, esto no hace más que fortalecer la permisibilidad del problema. Debemos tener en cuenta que el 54% considera que el “capacitar en cómo denunciar los actos de corrupción”, es la mejor forma de combatir la corrupción desde la ciudadanía, luego están otras dos importantes salidas anticorrupción también priorizadas, “promover las reformas políticas” (33%), y “vigilar el gasto público y exigir rendición de cuentas” (32%).

El estudio también nos brinda datos respecto a la percepción de corrupción hacia nuestras instituciones, por un lado los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo son consideradas en un 36% y 32% respectivamente, por tener “buenas y muy buenas” gestiones contra la corrupción, frente a otras instituciones que fueron descalificadas como “mala y muy mala” en su desempeño de lucha contra la corrupción, en el siguiente orden: Congreso de la República (76%), Partidos políticos (64%), Poder Judicial (61%), Gobierno central (55%), Gobiernos Regionales (52%), Fiscalía de la Nación (50%).

En la misma línea del párrafo anterior, la población percibe como las instituciones más corruptas al Poder Judicial, el Congreso de la República y a la Policía Nacional, seguidos de los partidos políticos, gobiernos regionales y Fiscalía de la Nación.

Por otro lado, la novena encuesta consideró preguntas relacionadas a empresa y corrupción. El 89%, considera que la corrupción perjudica “mucho y bastante” el desarrollo de las empresas. Los resultados ponen énfasis que en el sector empresarial la ciudadanía percibe que los actos de corrupción suceden con mayor frecuencia desde las empresas grandes (65%), y también desde las empresas informales (49%).

Para el último trimestre del 2015, fecha en que se aplicó esta medición, el 83% consideraba que, en los próximos cinco años, la situación de la corrupción en el país no cambiaría nada o empeoraría; razón no les faltó, así como tampoco el cuestionar desde su opinión que son funcionarios en puestos clave, autoridades y grandes empresas, los involucrados en los casos de corrupción. Esa percepción hoy se materializa y se respalda en hechos tangibles, lo más visible es el reciente “Caso Lava Jato” donde empresas brasileñas, y las delaciones de sus funcionarios, vienen desenmascarado una serie de hechos de gran corrupción al más alto nivel, comprometiendo autoridades y altos funcionarios de nuestros últimos tres gobiernos. No debiera sorprendernos toparnos con similar modalidad en el nivel sub nacional.

Para este año, Proética tiene programada la elaboración de la décima edición de este estudio; el contexto en el que vivimos anuncia a todas luces que los resultados no serán alentadores, sin embargo, al mismo tiempo, sus resultados propiciarán una nueva línea de base a tener en cuenta. El gobierno y demás entidades del Estado deben iniciar procesos de reformas, implementando políticas contra la corrupción que ayuden a revertir los resultados negativos mostrados. Existe la necesidad urgente de repensar el cómo devolver y fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia el Estado que garanticen un país en democracia, hoy puede presumirse de vulnerable.

Por su parte, a la ciudadanía le toca aplicar en acciones a las respuestas que ya se validaron en este último estudio, las que tienen que ver, con incidir en reformas legislativas que mejoren nuestro sistema político y las de activar una ciudadanía alerta y vigilante que exija transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en la gestión pública, en todos sus poderes y en todos sus niveles.

17/05/2017

Compartimos el siguiente pronunciamiento del Consejo Privado Anticorrupción (CPA) que expresa su preocupación frente al dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, a favor del Proyecto de Ley N°1206/2016CR, que fuera aprobado por el Pleno del Congreso de la República, el cual propone la derogación de la modificación del artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Lee el pronunciamiento completo aquí:

17/05/2017

• Por el presidente de Proética, Jorge Medina.
• Publicado en la revista Intercambio

El impacto de la corrupción es tan perjudicial para la democracia, y afecta tan gravemente a quienes menos tienen, que una sincera radiografía de sus causas y de cómo opera, es necesario para esclarecer las apremiantes tareas para enfrentarla con éxito.

Las pérdidas anuales que origina la corrupción se estiman entre el 4% y 5% del PBI, cifra similar al presupuesto que recibe el sector Educación. ¿Qué lograríamos con esos recursos que se pierden? La respuesta no es difícil: mejores programas de educación y nutrición infantil, acceso a la salud a personas en situación vulnerable, combatir eficientemente la inseguridad ciudadana, brindar más oportunidades de desarrollo, etc. Lastimosamente, el estado de confort de la clase dirigente –tanto política, empresarial, académica, como de la sociedad misma-, han permitido que la corrupción se generalice y dañe cada vez más nuestra frágil democracia e institucionalidad.

Los escándalos que hoy llenan las primeras planas demuestran la grosera manera en que el interés político se mezcla con el interés privado, para –a través de redes y complicidades- aprovecharse de las necesidades del país y, mediante licitaciones y obras públicas, beneficiarse indebidamente. Pero es tiempo de empezar a organizarnos para prevenir y combatir este mal que el historiador económico Alfonso Quiroz definió en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, como “el mal uso del poder político burocrático por parte de funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados, para obtener ventajas (…) contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de las políticas e instituciones”.

El ecosistema de la corrupción y sus vacunas

En los 90, la corrupción tuvo un control centralizado desde la cabeza del Estado. Luego, en la primera mitad de los 2000, se descentralizó debido al proceso de regionalización, y desde entonces –con crecimiento económico- se intensificó la infiltración de la corrupción en la política. El problema se nos ha ido de las manos porque fuimos incapaces de entender la naturaleza del fenómeno.

La corrupción, ¿es causa o efecto? Erróneamente se tiende a pensar que es lo primero. Pero no; es efecto. Y a lo que le tenemos que poner atención es a sus causas. Para empezar: a la forma en que se ejerce y se financia la política. Hay demasiada infiltración de dinero proveniente del narcotráfico, la minería y tala ilegales, el contrabando y otras formas de crimen organizado, que financian costosísimas campañas electorales, y luego viene el pago de favores, que no son en el mejor interés del país. Una segunda causa es la falta de transparencia y rendición de cuentas en el Estado, que hacen nula cualquier vigilancia ciudadana. Una tercera razón son los ineficientes mecanismos de control, investigación y sanción, y un desfasado Sistema Nacional de Control que hace ineficiente la labor de la Contraloría General de la República.

Una cuarta razón –la más importante quizás- es nuestra débil institucionalidad. Por ejemplo, el Poder Judicial –que debería ser la última reserva moral del país- funciona muy mal, la ley no se aplica igual para todos, se compran voluntades, y eso genera impunidad. El Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de nombrar y ratificar jueces y fiscales, es una entidad muy cuestionada, y sobre la idoneidad de sus miembros se ciernen dudas más que razonables. La Policía Nacional, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y municipales y el mismo Congreso de la República, son ejemplos de instituciones que requieren de reformas urgentes. Por tanto, entender las causas de la corrupción, es fundamental para enfrentarla. Eso va en línea directa con lo que señalan Daron Acemoglu y James Robinson en su libro “Por qué fracasan los países”: en gran parte por la debilidad de sus instituciones.

¿Qué hacer entonces? Empecemos por comprender que se requiere la participación de las clases dirigentes, pero no sólo del Estado, sino del Sector Privado, la Academia, los Medios de Comunicación y la Sociedad Civil. Si asumen su rol, podremos llevar a cabo las tantas veces postergadas reformas del Estado que requiere el país, como las reformas política, judicial, policial, entre otras, sin las cuales no avanzaremos en combatir la corrupción endémica.

Hay cosas muy concretas que se podrían hacer inmediatamente. Para muestra un botón: reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para permitirle identificar de dónde proviene el dinero que financia campañas y políticos, pues es inconcebible que siendo el Perú uno de los principales productores de cocaína del mundo tengamos una UIF sin el suficiente empoderamiento. Igualmente, se debería dotar de mayores facultades a los organismos electorales para que puedan ejercer los controles debidos y sancionar ejemplarmente –no solo con penas pecuniarias, sino también políticas- a quienes incumplan las regulaciones.

La responsabilidad del Sector Privado

La corrupción tiene su propia dinámica, funciona en base a redes y complicidades y se desenvuelve en un mercado de oferta y demanda con actores que miden costos y beneficios. En este entorno prospera la gran corrupción. Casos como el de Odebrecht muestran cómo se utilizan miles de millones en beneficio de unos pocos a expensas de muchos, fomentando la exclusión social e impidiendo el desarrollo.

La empresa privada tiene la responsabilidad de vacunarse contra este mal a través del desarrollo de los llamados Programas de Cumplimiento Anticorrupción, un mecanismo de prevención interna que establece estándares desde el máximo nivel de la compañía —directorio y gerencia-, que define una nueva filosofía ética para hacer negocios. Una pregunta para los miembros de los directorios de empresas es cómo harán para que la Cuarta Revolución Industrial, esa que hoy desarrolla a velocidad impresionante nanotecnologías, inteligencia artificial y hasta impresoras 3D, sea artífice de un nuevo momento en la lucha anticorrupción.

La sociedad civil está despierta

El rol de la sociedad es también vital en esta lucha, y su principal tarea es influir en la ciudadanía para que incremente su nivel de indignación y movilización.

A finales del 2016, el nuevo gobierno invitó a un conjunto de expertos de la sociedad civil, en la llamada Comisión Presidencial de Integridad, para desarrollar un informe construido sobre la escucha a líderes sectoriales. Fue así como ministros, empresarios, sindicatos, académicos, entre otros, fueron actores activos de esta hoja de ruta para el cambio que finalizó con 100 recomendaciones. Entre ellas, están el impedimento del ingreso o reingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos; transparentar el sistema de Contrataciones del Estado, evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura y fortalecer la autonomía de los organismos reguladores; impulsar el Gobierno Electrónico y la simplificación administrativa, promover la denuncia y proteger al denunciante, reformar el Sistema de Justicia para erradicar la impunidad, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, así como limitar la inmunidad parlamentaria. También, crear el Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo y fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, así como crear un Observatorio que monitoree y evalúe la implementación de las propuestas hechas.

Por otro lado, la Asociación Civil Transparencia presentó a finales del 2015 su Plan32, un proyecto que busca contribuir al fortalecimiento de las instituciones en el Perú y, con ello, a mejorar la calidad de nuestra democracia, mejorar el Congreso, el Poder Judicial, la Administración Pública y el Sistema Electoral.

Finalmente, Proética, el capítulo peruano de Transparency International, tomó la iniciativa de convocar a profesionales del sector privado, público y social a formar parte del grupo Voluntarios Proética, para que canalicen esfuerzos que hagan realidad la lucha contra la corrupción y obtengan resultados con ello.

La solución es compleja, pero no imposible. El principal desafío es tener la voluntad de todos los actores involucrados, y qué mejor momento que éste para empezar.

17/05/2017

(Fuente: Gestión).  Los recientes escándalos de Odebrecht, que evidenciaron la diseminación de la corrupción en las esferas más altas del poder, vuelven a poner en la mira a este delito como uno de los riesgos que enfrenta la clasificación crediticia del país.

La agencia Moody´s, en un reciente informe, advierte que toma en cuenta este tipo de eventos para la calificación crediticia del país.

Lee la nota completa del diario Gestión aquí:

17/05/2017

(Fuente: El Comercio). El Congreso de la República, al derogar la norma que el Ejecutivo que buscaba reglamentar los procesos arbitrales en los cuales participaba el Estado, limitándolos a que solo sean institucionales y no ad hoc, ha cometido “un grave retroceso en la lucha contra la corrupción”.

Así lo consideró la ONG Proética, al detallar que el Congreso está permitiendo de nuevo arbitrajes ad hoc que han causado pérdidas en el erario nacional.

“La propia Contraloría General de la República, en el estudio que realizó sobre el arbitraje en las contrataciones públicas, advertía que, hasta el año 2013, el Estado había resultado perdedor en más de 70% de los arbitrajes en los que había participado y, de estos, más del 62% habían sido ad hoc”, informó Proética a través de un comunicado.

Según esta organización, el Parlamento ha rechazado la modificación que había establecido el Gobierno “sin expresar un solo argumento para sustentar su decisión, sin ningún debate” durante el pleno del 4 de mayo último.

“Sería muy saludable que se produzca una rectificación en el propio seno del Congreso, evitando una medida que, claramente, va en una dirección contraria a lo que urge implementar para el interés del país”, concluye Proética.

Foto: TV Perú

16/05/2017

(Fuente: El Comercio / Por Karem Barboza Quiroz). Un total de S/96.5 millones fue el perjuicio económico que causaron los presuntos actos de corrupción cometidos por el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno y otros funcionarios, informó la fiscalía del primer puerto.

A través de un comunicado detallaron que el perjuicio se desprende de la investigación que realiza en Ministerio Público del Callao, en cuatro obras públicas ejecutadas en dicha región.

Debido a que las investigaciones aún continúan, la fiscal superior Janet Vizcarra Choque de la fiscalía corportativa especializada en delito de corrupción de funcionarios, no descartó que la cifra aumente.

Las obras

Una de las obras bajo la lupa fiscal fue la construcción de la avenida Néstor Gambetta, donde el perjuicio alcanza los S/5.5 millones, debido a las ampliaciones indebidas y a las adendas otorgadas al Consorcio Gambetta, ganador de la buena pro y que estuvo conformado por las empresas brasileñas Queiroz Galvao y Camargo Correa.

Recordaron que en la investigación por el Caso Gambetta está siendo procesado el actual encargado del Gobierno Regional, Walter Mori Ramírez, por el presunto delito de colusión.

También se indicó que por la contratación de la empresa municipal FINVER para la construcción de un local de la Corporación Peruana de Aeropuerto y Aviación Comercial (Corpac), el perjuicio asciende a S/31 millones. El convenio, acotó la fiscalía, infringió la Ley de Contrataciones del Estado y cuya obra hasta el momento se encuentra inconclusa.

Además, siempre en líneas fiscales, la venta irregular de terrenos del Fundo Oquendo ubicado en el distrito de Ventanilla, causó otros S/10 millones en perjuicio económico para la región chalaca.

En este caso, tanto Félix Moreno como otros funcionarios de la región Callao, estarían inmersos en una negociación incompatible al presuntamente haber beneficiado a terceros mediante la venta subvaluada de dicho predio.

Finalmente, por la apropiación de S/500 mil, durante la construcción de un sauna en la Comandancia General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja; por parte de Félix Moreno Caballero junto a Paul Tito Da Silva y el ex comandante general del Ejército Mario Revoredo Castañón. Todos ellos, por este caso, habrían incurrido en el supuesto delito de peculado.

Foto: Agencia Andina

16/05/2017

Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, denuncia que en el Congreso de la Republica se ha producido un grave retroceso en la lucha contra la corrupción. En efecto, en un procedimiento silencioso y sin la menor transparencia, se ha procedido a derogar la norma que el gobierno del Presidente Kuczynski aprobó mediante Decreto Legislativo 1341 en enero de este año, estableciendo que los procesos arbitrales en los que participa el Estado deben ser necesariamente institucionales.

 

Lee nuestro pronunciamiento completo aquí:

(Fuente: La República). Debido al modo como quedaron reducidas a simples amonestaciones las sanciones dadas por el Pleno a tres congresistas cuyos procesos disciplinarios arrojaron indudables responsabilidades, el Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, advirtió que debe modificarse el sistema por el cual los congresistas se fiscalizan a sí mismos.

“Es tiempo de establecer un mecanismo que nos aleje del viejo y negativo ‘otorongo no come otorongo’ y hacer que quienes ventilen y sancionen estos procesos no sean los mismos congresistas. Fórmulas puede haber muchas, lo urgente es discutirlas de una vez y encontrar una que funcione. Un Congreso desprestigiado no es bueno para el país ni para la democracia”, apuntó.

Los congresistas Clayton Galván y Yesenia Ponce de Fuerza Popular, y Elías Rodríguez, del APRA, fueron solo amonestados en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 10, pese a que la comisión de Ética había planteado sanciones de suspensión hasta por 90 días para el primero, 120 días para la segunda y 30 días para el último.

16/05/2017