- Por el Coordinador de Auditoría Ciudadana de Proética, Carlos Arroyo.
- Publicado por la revista Intercambio.
Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y de manera periódica mide las percepciones sobre la corrupción en el Perú. Su último trabajo fue presentado en diciembre del 2015 y en él podemos apreciar una serie de conclusiones bastante interesantes, situaciones que vemos reflejadas en nuestra sociedad.
Los resultados, por ejemplo, ratifican que la inseguridad y la delincuencia (62%) son el principal problema que afronta el país y que en segundo lugar está la corrupción (46%). Cuando la consulta se hace más específica, para poder identificar cuál es el principal problema que afronta el Estado y qué impide el desarrollo del país, los encuestados no dudan en colocar a la corrupción en primer lugar con un 61%, el cual está directamente vinculado a la corrupción de funcionarios y autoridades. Estas primeras cifras revelan que peruanas y peruanos somos conscientes que la corrupción es un serio problema presente, que afecta y desacelera nuestros progresos de desarrollo y que resulta estar asociada a la burocracia del Estado y/o a quienes nos representan políticamente.
Pese a ello, el 87% acepta no haber denunciado cuando les solicitaron dar o cuando dieron regalos, propinas o coimas, esto no hace más que fortalecer la permisibilidad del problema. Debemos tener en cuenta que el 54% considera que el “capacitar en cómo denunciar los actos de corrupción”, es la mejor forma de combatir la corrupción desde la ciudadanía, luego están otras dos importantes salidas anticorrupción también priorizadas, “promover las reformas políticas” (33%), y “vigilar el gasto público y exigir rendición de cuentas” (32%).
El estudio también nos brinda datos respecto a la percepción de corrupción hacia nuestras instituciones, por un lado los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo son consideradas en un 36% y 32% respectivamente, por tener “buenas y muy buenas” gestiones contra la corrupción, frente a otras instituciones que fueron descalificadas como “mala y muy mala” en su desempeño de lucha contra la corrupción, en el siguiente orden: Congreso de la República (76%), Partidos políticos (64%), Poder Judicial (61%), Gobierno central (55%), Gobiernos Regionales (52%), Fiscalía de la Nación (50%).
En la misma línea del párrafo anterior, la población percibe como las instituciones más corruptas al Poder Judicial, el Congreso de la República y a la Policía Nacional, seguidos de los partidos políticos, gobiernos regionales y Fiscalía de la Nación.
Por otro lado, la novena encuesta consideró preguntas relacionadas a empresa y corrupción. El 89%, considera que la corrupción perjudica “mucho y bastante” el desarrollo de las empresas. Los resultados ponen énfasis que en el sector empresarial la ciudadanía percibe que los actos de corrupción suceden con mayor frecuencia desde las empresas grandes (65%), y también desde las empresas informales (49%).
Para el último trimestre del 2015, fecha en que se aplicó esta medición, el 83% consideraba que, en los próximos cinco años, la situación de la corrupción en el país no cambiaría nada o empeoraría; razón no les faltó, así como tampoco el cuestionar desde su opinión que son funcionarios en puestos clave, autoridades y grandes empresas, los involucrados en los casos de corrupción. Esa percepción hoy se materializa y se respalda en hechos tangibles, lo más visible es el reciente “Caso Lava Jato” donde empresas brasileñas, y las delaciones de sus funcionarios, vienen desenmascarado una serie de hechos de gran corrupción al más alto nivel, comprometiendo autoridades y altos funcionarios de nuestros últimos tres gobiernos. No debiera sorprendernos toparnos con similar modalidad en el nivel sub nacional.
Para este año, Proética tiene programada la elaboración de la décima edición de este estudio; el contexto en el que vivimos anuncia a todas luces que los resultados no serán alentadores, sin embargo, al mismo tiempo, sus resultados propiciarán una nueva línea de base a tener en cuenta. El gobierno y demás entidades del Estado deben iniciar procesos de reformas, implementando políticas contra la corrupción que ayuden a revertir los resultados negativos mostrados. Existe la necesidad urgente de repensar el cómo devolver y fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia el Estado que garanticen un país en democracia, hoy puede presumirse de vulnerable.
Por su parte, a la ciudadanía le toca aplicar en acciones a las respuestas que ya se validaron en este último estudio, las que tienen que ver, con incidir en reformas legislativas que mejoren nuestro sistema político y las de activar una ciudadanía alerta y vigilante que exija transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en la gestión pública, en todos sus poderes y en todos sus niveles.
17/05/2017