(Fuente: Equal Times / Por Jérémy Joly). “El otro huaico que hemos tenido aquí en los últimos meses ha sido el de la corrupción. Lamentablemente, con la calidad de gobiernos municipales que tenemos, que deja mucho que desear, declarar el estado de emergencia abriría la puerta a la corrupción”.
Esta afirmación de Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, durante una entrevista con CNN en español ha dado mucho de qué hablar. El país acababa entonces de vivir uno de sus peores desastres naturales y muchos habitantes exigían que el país se declarara en estado de emergencia nacional.
A fines de marzo, 630.000 personas se vieron afectadas por los grandes desprendimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. Cerca de 100.000 personas se han quedado sin hogar y los daños materiales son cuantiosos.
Sin embargo, el presidente se niega a cumplir los deseos de la población. ¿Por qué? Si bien después de la tragedia llegaron del extranjero millones de dólares de ayuda, Perú ha tenido que hacer frente a sus demonios. Si se declarara el estado de emergencia general, el problema en las municipalidades sería grave, ya que el estado de emergencia significa que se hacen obras sin concurso y sin licitación. ¿Cómo asegurar que estos fondos no se desvíen para enriquecer a unos pocos? La cuestión está lejos de ser trivial en el país andino, en donde las revelaciones sobre la corrupción han aumentado desde el comienzo del año.
En primer plano, destaca la empresa brasileña Odebrecht, que habría entregado más de 29 millones de dólares a funcionarios del país entre 2005 y 2014 a fin de asegurarse la obtención de contratos muy lucrativos.
Entrevistado por Equal Times, Jaris Mujica, investigador en la Universidad Católica de Perú (PUCP), sostiene que lo primero es distinguir los tipos de corrupción que afectan al país.
“El problema más importante es la corrupción administrativa. Aquí es generalizada. Algunos la practican para enriquecerse, pero se trata sobre todo de una lógica de ‘red’. Los funcionarios tienen contratos de corta duración, por lo que tienen que pensar en lo que van a hacer una vez terminado su contrato”.
Entre 2008 y 2016, el país ha descendido 29 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional. El país ocupa ahora la posición 101ª, con una puntuación de 35/100.
Walter Alban, director ejecutivo de Proética, la sección peruana de Transparencia Internacional, teme que lo peor aún está por llegar.
“Debido a la debilidad de nuestras instituciones y a la importancia del sector informal, se han dejado venir mafias extranjeras. Empezaron por sobornar para poder traficar fácilmente. Actualmente, la mayor parte del cuerpo policial, pero también el sistema judicial del país, son corruptos, y con el dinero han conseguido incrementar su poder. Hoy día, imponen a quién quieren en ciertas elecciones, por lo que controlan a los cargos electos”.
De acuerdo con una encuesta del diario peruano La República, la corrupción es ahora la segunda preocupación de los peruanos (52%), superada solamente por la violencia (61%).
Los cargos electos no son ajenos a este fenómeno. En 2014, el Ministerio Público encargado de la corrupción anunció que el 92% de los alcaldes del país estaban siendo investigados por corrupción… En el caso de los gobernadores regionales, los imputados son 21 de los 26 con los que cuenta el país.
Históricamente, Perú tiene un verdadero problema con la honradez de sus representantes. Alan García, presidente de 1985 a 1990 fue acusado de corrupción. Tras salvarse debido a la prescripción de los hechos, fue reelegido en 2006 por un segundo mandato. Y la lista no se detiene allí. Fernando Belaúnde, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala e incluso Pedro Pablo Kuczynski: todos los presidentes del país desde 1980 están vinculados de una manera u otra a un caso de corrupción.
Si se pregunta a un peruano de a pie, dirá que hay que remontarse hasta San Martín, el fundador de la República, para encontrar un líder de reputación intachable.
“Roba pero hace obras”
Finalmente, “roba pero hace obras” ha acabado por convertirse en un tradicional adagio peruano que se aplica a los representantes de los más altos niveles del poder.
Para gran parte de la población, son determinantes fundamentales los beneficios prácticos que pueden obtener de la actividad de un cargo electo, trátese de una carretera o un puente, para darle su voto. La convicción, profundamente arraigada, de que finalmente “todos están podridos” incita a votar por aquellos que realizan acciones concretas.
En 2014, antes de las elecciones municipales de Lima, el instituto de sondeo Datum formuló una pregunta provocadora: “En su opinión, ¿quién además de robar va a hacer más obras?”
El que obtuvo la mayoría de votos (49%) en este sondeo fue Luis Castañeda, quien posteriormente resultó elegido alcalde. Un alcalde al que hoy se cuestiona por sus actividades a raíz del desastre. En algunas zonas de la capital, los daños podrían haber sido mucho menos importantes, pero los fondos destinados precisamente a la prevención de desastres no fueron utilizados y otros se destinaron a mejorar el paseo marítimo limeño. Asimismo, un puente construido durante su primer mandato (2003-2010) se desplomó de forma extraña. La Contraloría, un organismo de control público, inició una investigación en la que aparece varias veces su nombre.
Aún así, algunos se muestran optimistas respecto al futuro. Duberlí Apolinar Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo, explica a Equal Times, las medidas puestas en marcha para mejorar la situación.
“El pasado mes de octubre, el presidente de la República aprobó la ley de ‘muerte civil’, según la cual una persona que haya sido condenada por corrupción no puede volver a formar parte de la función pública. Posteriormente, en marzo, el Congreso votó a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Normalmente, la Constitución debería modificarse en agosto para aprobar el cambio. Al mismo tiempo, hemos creado un sistema específico con 14 jueces instituidos para luchar contra la corrupción con eficacia”.
Julio Arbizu Gonzáles, procurador anticorrupción de 2011 a 2014, tiene sus dudas sobre la eficacia del sistema. “El marco legislativo contra la corrupción en el Perú fue diseñado para desmantelar la organización piramidal establecida por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Hoy día, nos encontramos ante una corrupción más segmentada, ante la cual no hemos sido capaces de organizarnos”.
Foto: AP/Andina, Carlos Lezama
24/05/2017