Casos de corrupción durante la pandemia, investigaciones por gran corrupción y designaciones cuestionadas explicarían el cambio, según Proética.
En el año 2018, cuando las investigaciones del caso “Lava Jato” estaban en auge y con el destape de la red de corrupción de los “Cuellos Blancos del Puerto”, nuestro país obtuvo su peor ubicación en el ranking del Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional desde 2012: puesto 105 de 180 países evaluados. En los dos años siguientes, posiblemente debido al avance de las investigaciones contra la gran corrupción, así como por la discusión y aprobación de algunas reformas, como la creación de la Junta Nacional de Justicia y los ajustes al régimen de financiamiento de campañas políticas, el Perú recuperó algunos puestos.
Sin embargo, la nueva edición 2021 del IPC, publicada hoy por Transparencia Internacional, trae malas noticias, pues del puesto 94 en el que nos ubicamos en la edición 2020, volvemos al 105.
El promedio global este año es de 43 puntos, en una escala que va de 0 (percepción de grave y extendida corrupción) hasta 100 (percepción de corrupción apropiadamente controlada). Nuestro país ha obtenido 36 puntos, cuando el 2020 había obtenido 38.
¿Cómo interpretar este ligero, pero negativo movimiento?
El IPC ha sido construido con datos que cubren el 2020 y los primeros nueve meses del 2021, es decir, no llega a registrar los escándalos más graves del gobierno actual, vinculados al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, pero sí llegaría a capturar las cuestionadas designaciones de los dos primeros meses, así como el problema de la falta de transparencia en las reuniones del propio presidente Pedro Castillo.
El marco de tiempo permite considerar en la evaluación los casos de contrataciones en la atención al Covid-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria, así como el caso de vacunaciones irregulares o “Vacunagate”. También permite añadir a la lectura de los datos los lentos avances en las investigaciones del caso “Lava Jato” y la irrupción del caso “Dinámicos del Centro”, vinculado al partido de gobierno.
Corrupción y derechos humanos
El análisis de Transparencia Internacional de este año cruza los datos del IPC con el componente de libertades civiles del Índice de Democracia (The Economist Intelligence Unit) y verifica la fuerte relación existente entre los esfuerzos para combatir la corrupción y el respeto por los derechos humanos, en tanto aquellos países que se ubican mejor en el IPC también muestran un mejor desempeño en esta dimensión.
Sin embargo, sucede lo opuesto. Un ejemplo de ello es que, de los cientos de asesinatos de defensores de derechos humanos registrados en todo el mundo, el 98% ocurrieron en países que se ubican por debajo del promedio global del IPC. En este grupo se incluye nuestro país, donde la situación es dramática principalmente para los defensores ambientales de nuestra Amazonía.
¿Qué debe hacerse?
En agosto pasado, Proética presentó una agenda priorizada de medidas para combatir la corrupción en nuestro país. Entre los puntos más saltantes de esta agenda se encuentran reimpulsar la reforma del servicio civil, fortalecer el marco de transparencia y acceso a la información, continuar con la implementación de las reformas política y judicial, y mejorar los mecanismos de articulación para investigar crímenes complejos, que vinculan corrupción con organizaciones criminales y delitos ambientales.
Actualmente, el gobierno se encuentra revisando la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En opinión del Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, este proceso es una oportunidad para recuperar el espacio perdido.
“Esto solamente será posible si las medidas van acompañadas de una indispensable inyección de recursos, sobre una base técnica, si hay un adecuado mecanismo de rendición de cuentas de los avances y si se aclaran los cuestionamientos que envuelven al entorno cercano del presidente Castillo”, advierte Rotta Castilla.
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