Los sátrapas del futuro

Comparte Comparte Comparte Comparte

Por Débora Dongo-Soria. Los nombres de Macchiavello y Chauvin se han ido adaptando para convertirse, siglos después, en términos para describir determinados comportamientos humanos. Decimos que una persona es maquiavélica cuando creemos que actúa con astucia y perfidia. Hablamos de una persona chauvinista cuando esta personifica un patriotismo exagerado.

¿Otros nombres de nuestra época ligados a la corrupción o al abuso del poder podrían también convertirse en epónimos? ¿Algo similar podría pasar con ciertos cargos públicos mal ejercidos por sus autoridades?

En la antigua Persia, el rey Darío gobernaba con ayuda de los sátrapas, los gobernantes de las provincias (llamadas satrapías) en las que dividió su reino. Su título significaba ‘protector del reino’ y estaban a cargo de los asuntos administrativos, políticos y judiciales, entre ellos cobrar impuestos. Los sátrapas eran asesorados y vigilados en sus jurisdicciones por un canciller, así como por inspectores llamados “ojos y oídos del rey”. Este sistema de vigilancia hizo que la administración del imperio fuese relativamente justa, por lo que los pueblos sometidos solían soportar la pérdida de su independencia con cierta facilidad. Podían mantener sus costumbres, religión y lengua. El único requisito era el pago de tributos. Así, el imperio llegó a recolectar grandes cantidades de riquezas, las cuales permitieron la construcción de muchos caminos, pero también de lujo desenfrenado, abuso de poder por parte de los sátrapas y, eventualmente, la decadencia del imperio persa.

Los excesos de algunos sátrapas generaron que hoy, 2.500 años después, el término haya pasado de significar protector a persona que gobierna despóticamente, que abusa de su poder y de su autoridad. El premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa ha calificado de sátrapa a Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. En nuestra región se ha usado el término para calificar a varios autócratas.

Así como estamos, cabe preguntarse si el futuro se apropiará del nombre de algún cargo público actual que, por la mala práctica de quienes lo ejercen, se van asociando a la corrupción o al abuso de poder. Actualmente, el Perú tiene un ex presidente preso y otro fugado por corrupción o lavado de activos, entre otros delitos. Además, tiene 67 gobernadores y ex gobernadores regionales investigados y procesados por corrupción, según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Los alcaldes provinciales (102) y distritales (428) no se quedan atrás en investigaciones y procesos por corrupción.

Algunos meses antes de convertirse en presidente del Congreso, Luis Galarreta, de Fuerza Popular, acusó al entonces primer ministro Fernando Zavala, de “ser una especie de Montesinitos’ por —según él— pagarle a gente “con plata de los peruanos para mover las redes [sociales]”. Zavala consideró inaceptable la comparación con el ex asesor Vladimiro Montesinos, gestor de algunos de los mayores actos de corrupción en nuestro país. “Nosotros somos un gobierno democrático, que no usa ese tipo de mecanismos para tener la aprobación de la ciudadanía. Nosotros nos dedicamos a trabajar y somos transparentes”, respondió.

¿Cómo cree que se llamará a los corruptos, estafadores y sátrapas del futuro?

 

Proética lanza “Recomendaciones al Mecanismo Financiero de REDD+”

Comparte Comparte Comparte Comparte

El diseño de un mecanismo financiero para el Perú viene desarrollándose desde hace algunos años. En el 2014, el ER-PIN del Fondo de Carbono del Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) indicaba que se estaba diseñando un programa de reducción de emisiones de carbono, el cual fuera capaz de ofrecer la compra de reducción de emisiones así como que promoviera un sistema de compensaciones ambientales a nivel nacional o internacional de productos con bajas emisiones de carbono.

El presente documento tiene como objetivo brindar recomendaciones al mecanismo financiero propuesto. Se debe entender que la propuesta del Programa Nacional de Conservación de Bosques no es la versión final del mecanismo financiero, ya que este está en proceso de evaluación y aprobación por parte del gobierno de Noruega.

Parte de las recomendaciones plasmadas en este documento son:

  • El convenio de apoyo presupuestario al ser un instrumento del presupuesto público, el diseño queda solo entre actores públicos. Por ellos recomendamos que el seguimiento del diseño de los convenios deben ser realizados por miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas. Una de las propuestas es que dos miembros del Grupo de Trabajo Interdisciplinario-GTI participen como observadores en las reuniones de diseño de los convenios.

  • La gobernanza del mecanismo financiero debe ser dinámico y en paralelo al diseño de los convenios. Recomendamos que el GTI tenga mayores funciones como el monitoreo del diseño de los Convenios de Apoyo Presupuestario y reuniones mensuales para brindar recomendaciones sobre rendición de cuentas, transparencia y participación durante la implementación de la DCI.

  • Es necesario que en la suscripción de los convenios de apoyo presupuestal se incluya a otras áreas de la entidad pública como las oficinas de control interno para que puedan supervisar y monitorear el gasto de los desembolsos económicos.

  • En la firma de los convenios de apoyo presupuestal se debe incluir como parte de las condiciones para los desembolsos las auditorías financieras, informes de rendición de cuentas a los beneficiarios y una partida económica para el fortalecimiento de las oficinas de control interno de los Gobiernos Regionales.

  • En la suscripción de los convenios, como parte de los compromisos se implementen mecanismos de alerta temprana, identificación de riesgos y seguimiento a los productos y resultados.

 

Puedes descargar el documento a través de Dropbox aquí.

 

6/02/2018

Los árbitros como funcionarios: Una propuesta mal enfocada

Comparte Comparte Comparte Comparte

 

Por Franz Kundmüller. El proyecto de Ley No. 1774/2017.MP, presentado al Congreso de la República el 11 de agosto de 2017, entre otras iniciativas, propone modificar el artículo 425 del Código Penal. La propuesta incluye un inciso 7 que define transitoriamente a los árbitros como funcionarios públicos, siempre y cuando entidades u organismos del Estado sean parte del arbitraje. El documento precisa que “la presente ley tiene por objeto fortalecer la lucha contra la corrupción en la administración pública”.

Debe tenerse en cuenta que el árbitro, por la propia naturaleza de sus servicios y funciones, se distingue claramente del juez, por la fuente no disponible de derechos y obligaciones que le dan origen y finalidad especializadas. Eso establecen las normas que regulan al convenio arbitral y al arbitraje como disciplina adjudicativa.

De modo que si bien el árbitro podría tener ciertas facultades de juzgamiento similares a las de un juez, lo cierto es que su régimen económico, legal, es el de un prestador de servicios profesionales, obligado a laudar y mantener la debida imparcialidad e independencia, por mandato de la ley y de la Constitución Política del Estado.

La prevención de actos de corrupción en el nombramiento de un árbitro, no es igual a la corrupción judicial o administrativa. La estructura jurídica subyacente es diferente en cada caso. Sostener lo contrario por vía de generalización, equiparando árbitros con funcionarios, sienta un precedente negativo, es contrario a Derecho y al carácter especializado del arbitraje nacional e internacional. De otro lado; ¿quién supervisa a los que designan a los árbitros? El proyecto no considera ese tema fundamental.

La norma propuesta no es proactiva ni eficaz para prevenir prácticas corruptas, que sin duda han quedado en evidencia en el Perú bajo las actuales circunstancias. Por lo demás, el no calificar a los árbitros como funcionarios, no los exime de su eventual responsabilidad penal por conductas impropias. Se requieren sin embargo medidas sistemáticas y estrategias complejas para eliminar corrupción desde la raíz y no cuando los actos corruptos están consumados y los sobornos cobrados, ocultos en algún paraíso fiscal.

El proyecto solo ofrece un esquema de reacción meramente punitivo, que hará que se multipliquen las denuncias contra los árbitros, elevando costos ocultos, ahuyentando del arbitraje con participación del Estado a los profesionales más serios e íntegros, beneficiando a corruptos y corruptores; siendo evidente que todo eso no contribuirá a erradicar corrupción. Lo que se requiere con urgencia es promover la transparencia y la competencia en la contratación pública, erradicando el direccionamiento de las bases en los contratos que celebra el Estado, así como las adendas contractuales hechas a medida,[1] exigiendo además que los responsables designen árbitros de alta calidad ética y profesional.

Proética demanda una mayor supervisión y control de las denominadas ‘puertas giratorias’ en el Estado

Comparte Comparte Comparte Comparte

El Director Ejecutivo Adjunto de Proética, Samuel Rotta demandó un mayor mecanismo efectivo de supervisión y control sobre el fenómeno de “las puertas giratorias” en el Estado y así evitar que altos funcionarios del sector público que han tenido una relación laboral con el sector corporativo utilicen sus cargos para inclinar injustamente la elaboración de políticas o aplicación de normas para favorecer a sus ex empleadores.

5/02/2018

Agente 003 (o tres a cero), por José Ugaz

Comparte Comparte Comparte Comparte

Por José Ugaz,  ex presidente de Transparencia Internacional
Publicado en el diario El Comercio

Hace un año, el gobierno promulgó el Decreto de Urgencia 003-2017, titulado “Decreto de urgencia que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción”.

Entre sus fundamentos, la norma declara que quiere evitar la desaceleración de las inversiones y promover a nuevos inversionistas en los proyectos contaminados de corrupción.

El decreto dispuso que las empresas cuyos representantes han sido condenados o han confesado haber incurrido en casos de corrupción, y sus vinculadas, no pueden hacer transferencias al exterior ni vender sus activos sin permiso del Ministerio de Justicia (Minjus). Si alguien está interesado en comprarles a esas empresas sus activos, acciones o derechos, deberá solicitar permiso al Minjus y depositar en un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación el íntegro del monto que la procuraduría “haya estimado a ese momento de la reparación civil a favor del Estado”. A ello se agrega que las entidades del Estado que le deben a estas empresas o consorcios retendrán los pagos según una fórmula dispuesta en el DU 003.

¿Cuál ha sido el resultado de la norma? Exactamente el contrario. Solo en el caso de Odebrecht, 147 empresas de 247 proveedores ya quebraron, lo que ha dejado sin empleo a 9.000 trabajadores. Con la paralización del gasoducto del sur, el año pasado dejaron de salir de la pobreza 150.000 peruanos. El proyecto de la hidroeléctrica de Chaglla, valorizado en US$1.400 millones, está entrampado en una negociación con inversionistas chinos.

Al margen de los problemas de constitucionalidad que contiene el DU 003, este ha demostrado ser una norma defectuosa y mal diseñada. Equipara al condenado (que ha negado haber cometido actos de corrupción), con el colaborador que confiesa su delito. Es decir, castiga al que ayuda al Estado entregando información y devolviendo dinero como si se hubiera negado a reconocer su responsabilidad.

De otro lado, obliga a los interesados en adquirir estas empresas o sus proyectos a depositar al Estado una suma de dinero arbitrariamente “estimada” por parte interesada en el proceso (procuraduría), sin que exista fallo de responsabilidad o decisión final sobre el monto de la reparación civil. ¿Quién en su sano juicio va a comprar una empresa o proyecto que además del precio le va a costar un monto adicional “estimado” al libre albedrío de la procuraduría?

El fracaso de la norma ha sido evidente por goleada. Se han paralizado importantes obras de infraestructura, se ha roto la cadena de pagos y se ha desincentivado a los interesados en comprar. Ello pues, por un lado, el Minjus ha actuado con temor ante las pocas solicitudes que ha recibido y, por otro, los potenciales compradores se han asustado ante la amenaza de que se declare nula su compra y encima tengan que pagar solidariamente con el corrupto el íntegro de la reparación civil y ser inhabilitado para contratar con el Estado.

También se ha desmotivado a potenciales colaboradores que no ven razón para acogerse si los van a tratar igual o peor que a aquellos que cínicamente niegan su responsabilidad, poniendo en riesgo, por anticipado, la viabilidad de sus empresas.

Es entendible la encrucijada del gobierno. Por un lado, debe evitar la impunidad de corruptos que han afectado gravemente al país. Por otro, debe asegurar la buena marcha de la economía y la continuidad de grandes proyectos de desarrollo. Sin embargo, en el dilema, intimidado ante la demagogia de los políticos que irresponsablemente exigían a gritos la inmediata expulsión del país de las empresas corruptas sin importarles las consecuencias sociales, optó por el peor camino.

El emblemático juez brasileño Moro usa una frase que resume lo que debe ser un principio rector en estos casos: “No hay que ahorcar al cantante”. No hay que castigar al colaborador, hay que incentivarlo. Que pague su culpa en términos razonables y proporcionales a su delito y su colaboración. No es dable que al día siguiente que una empresa decide colaborar, le caigan desordenadamente y sin coordinación alguna la Sunat, el OSCE, el Indecopi, los bancos y todos los que tienen una pretensión económica o legal, estrangulándola a diez manos.

Ahora que vence este DU fracasado, es tiempo de promulgar urgentemente una norma que impida que miles de peruanos vayan al desempleo y se pare el desarrollo del país. Puede implementarse un sistema similar al de las empresas que solicitan su reestructuración: una vez que se acogen a ese régimen, el Estado las protege de la depredación caótica y caníbal, y busca una salida ordenada para beneficio del Perú, no para satisfacer a los demagogos de siempre. Que la fiscalía y el Poder Judicial se ocupen de evitar la impunidad que, en ese ámbito, vienen haciendo un buen trabajo.

Ilustración: Victor Sanjinéz García

5/02/2018

¿Perdonamos los peruanos la corrupción?, por Sofía Vera

Comparte Comparte Comparte Comparte

Por Sofía Vera*

Dada la conmoción política generada por los últimos escándalos de corrupción en América Latina, estudiar las actitudes de los ciudadanos hacia la corrupción se ha vuelto de vital importancia. Casos como el de Odebrecht en Brasil, y sus ramificaciones en otros países de América Latina, han reavivado el debate sobre la tolerancia ciudadana a la corrupción. ¿Cómo perciben los ciudadanos a los gobiernos envueltos en casos de corrupción? ¿Acaso la corrupción se percibe como una realidad inevitable tan enquistada en la cultura y el sistema político que no tiene solución, o más bien es vista como un problema que puede combatirse desde la sociedad y frente al cual los ciudadanos toman acción y dicen “basta ya!”?

Se dice que los peruanos toleramos la corrupción y que preferimos un político corrupto pero eficiente a uno honesto pero ineficiente, pero en realidad esta afirmación no ha sido estudiada a profundad con evidencia empírica que lo demuestre. Algunas encuestas afirman que la tolerancia a la corrupción es de 78%.[1] Otras encuestas encuentran que el apoyo ciudadano al “roba pero hace” está entre el 41%[2] y 59%.[3] Pero la idea del intercambio de bienestar económico por corrupción es muy difícil de medir con encuestas ordinarias porque mucha gente responde como cree que debería responder y no como realmente piensa y opina.

Para reducir los problemas de medición y de inferencia causal, aplicamos una metodología experimental de viñetas de encuesta que ha sido utilizada con éxito en otros países del mundo.[4] El experimento se aplicó en la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2015 de Proética.[5] Encontramos que los peruanos son menos tolerantes a la corrupción de lo que usualmente se cree. Si comparamos a dos candidatos hipotéticos promedio, iguales en todo excepto por su record de corrupción, el candidato honesto recibe 49.74% de apoyo electoral, mientras que el corrupto recibe solo 30.10%.[6] Es decir, en promedio, el candidato corrupto recibe 19% menos intención de voto que el candidato honesto.

Al explorar la idea de que el castigo a la corrupción disminuye con las obras, encontramos cierta evidencia de que este es el caso en esta muestra. Mientras que los candidatos eficientes reciben una sanción de 16.59% por acusaciones de corrupción, los candidatos ineficientes acusados por corrupción pierden hasta 22.89% de apoyo electoral. Esto quiere decir que aunque ser eficiente ayuda a amortiguar el peso electoral de la corrupción, el candidato eficiente no se salva por completo del castigo electoral. Incluso para un candidato eficiente ser corrupto tiene un costo alto.

Este es uno de los primeros estudios experimentales en el Perú que nos permite afirmar con precisión que la corrupción tiene un precio político tanto para políticos que hacen obra como para los que no hacen obra. Sus resultados sugieren que la típica frase “roba pero hace” tiene algún fundamento empírico pero que requiere de una precisión importante: las obras reducen el costo de la corrupción pero no garantizan su impunidad.

Esperamos que este estudio motive nuevas investigaciones empíricas sobre este y otros aspectos de la corrupción en el Perú.

*Sofía Vera es candidata a doctora por la Universidad de Pittsburgh e investigadora visitante en el German Institute for Global and Area Studies (GIGA) en Alemania.

__________________________

[1] https://elcomercio.pe/politica/actualidad/78-peruanos-son-tolerantes-corrupcion-389838

[2] http://semanaeconomica.com/article/economia/144060-roba-pero-hace-obra-por-que-los-peruanos-toleramos-la-corrupcion/

[3] http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/roba-hace-obra-noticia-11024

[4] En América Latina resaltan los estudios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, y Uruguay que utilizan esta metodología: Winters y Weitz-Shapiro 2013, Botero et al 2015, Carreras y Vera 2017, Klašnja et al 2017, Weitz-Shapiro y Winters 2017

[5] Link a los resultados y detalles tecnicos de la encuesta.

[6] La probabilidad de apoyo al candidato es medida en una escala del 1 al 7 (donde 1 es muy improbable y 7 es muy probable) y ha sido transformada a una variable de 0-100 para facilitar la interpretación.

Referencias:

Winters, M. S., & Weitz-Shapiro, R. (2013). Lacking information or condoning corruption: When will voters support corrupt politicians? Comparative Politics.

Botero, S., Cornejo, R. C., Gamboa, L., Pavao, N., & Nickerson, D. W. (2015). Says who? an experiment on allegations of corruption and credibility of sources. Political Research Quarterly.

Klašnja, M., Lupu, N., & Tucker, J. (2017). When Do Voters Sanction Corrupt Politicians? Paper presented at the 2017 Annual Meeting of the European Political Science Association.

Carreras, Miguel, & Vera, Sofia (2017). Do Corrupt Politicians Mobilize or Demobilize Voters? A Vignette Experiment in Colombia.

Weitz-Shapiro, R., & Winters, M. S. (2017). Can Citizens Discern? Information Credibility, Political Sophistication, and the Punishment of Corruption in Brazil. Journal of Politics, 79(1).

2/02/2018

Artículos similares

¿Qué tan dispuestos estamos los peruanos a votar por candidatos que “roban pero hacen obras”?

La normalización del perjuicio

Comparte Comparte Comparte Comparte

Por Tania De la Torre. Hace algunos días, caminaba con Gianfranco por la calle, cuando escuchamos una sirena cada vez más estruendosa. Pensé en la viveza de los policías por eludir semáforos. Gianfranco no. Él fue dando saltitos hasta la esquina con inexplicable emoción para ver al policía en acción. Me comentaba feliz cómo ese policía ha de estar siguiendo a un ladrón para llevarlo a la cárcel.

Gianfranco tiene seis años y va en primer grado. Su inevitable inocencia le impide entender cómo funciona el mundo real, porque, bajo mi perspectiva, ese policía no iba a atrapar a un ladrón, solo quería “sacar ventaja”. Entonces pensé que la confianza en estos funcionarios “corruptos”, únicamente podría responder a desconocimiento e ingenuidad. Los funcionarios se roban la plata de obras públicas y nos sacan propinas por infracciones de tránsito. Y eso es lo “normal”.

La decepción frente a una institución corrupta es lamentable, pero no lo es tanto como su normalización. Se dice comúnmente que el nivel de satisfacción está representado por el resultado menos las expectativas. Así, si las instituciones funcionan por debajo de como esperamos, la disconformidad será inminente. Por su parte, normalizar la corrupción, nos lleva a perder la sorpresa e indignación. Toleramos la corrupción a tal punto de que el 48% de los peruanos cree que no se debe condenar a los funcionarios corruptos mientras hagan obra (Fuente: Décima Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción 2017 – Proética). Pero claro, si al final “todos roban”.

Ahora bien, pese a que solemos vincular la corrupción al funcionario y en el marco de la gran escala, la corrupción es un mal endémico, presente en la cotidianidad del día a día. Nos hemos resignado a su incidencia, convivimos con ella y nos acomodamos bajo esta dinámica. En ocasiones, podemos rescatar su supuesto beneficio. Con ella, podemos pagar una propina en lugar de una multa, nos permite agilizar trámites, o conseguir algún puesto en el Estado.

Al normalizar la corrupción, normalizamos su perjuicio. La corrupción es un problema transversal, un obstáculo al desarrollo y un alimentador de la pobreza. Según el Banco Mundial, los países pierden alrededor de 4% de su PBI por casos de corrupción, es decir, de confiarse en su veracidad, todos los peruanos perdemos en promedio S/ 20 000 millones al año, lo que equivale a, aproximadamente, 24 veces el programa “Pensión 65” o 54 veces “Cuna Más”. En la misma línea, de acuerdo a declaraciones del ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, únicamente el caso Odebrecht, le cuesta al Perú medio punto de su PBI, con lo que podríamos pagar casi 3 millones de sueldos mínimos.

Normalizar un perjuicio, no es lo normal. Para Gianfranco, el policía atrapa a los ladrones y nos protege en las calles, para él, el presidente de la República trabaja por nosotros y el Congreso nos representa. Gianfranco no es ingenuo, porque es la misma premisa que todos deberíamos asumir. No perdamos la indignación, exijamos mejores instituciones y autoridades íntegras; pero sobre todo, no seamos parte del problema. No nos dejemos arrastrar por los tentáculos de esta plaga que nos somete al ensimismamiento y la desidia.

  • Fecha de publicación: 02/02/2018
  • Foto: esejotas.jesuitas.pe

¿Qué tan dispuestos estamos los peruanos a votar por candidatos que “roban pero hacen obras”?

Comparte Comparte Comparte Comparte

En unos meses se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales 2018. Nuevamente, los peruanos iremos a las urnas a elegir a nuevas autoridades. ¿Cuántos peruanos estaremos dispuestos a votar por candidatos que ofrezcan hacer obras, aunque tengamos la seguridad de que nos robarán?

Para tratar de entender mejor las actitudes detrás de la frase “roba, pero hace obra”, Sofía Vera, investigadora peruana que cursa su doctorado en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), elaboró el primer estudio experimental realizado en nuestro país sobre cuánto toleramos la corrupción. Vera tomó como materia prima las respuestas a una batería de preguntas diseñadas por ella y aplicadas el año 2015, como parte de la Novena Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética.

Este estudio analiza si los candidatos percibidos como corruptos son castigados electoralmente, utilizando una serie de situaciones y combinaciones de escenarios.

Veamos los resultados en la siguiente infografía:

 

Artículos similares:

 

1/02/2018