Expresamos nuestra preocupación y nuestro rechazo frente a la aprobación por el Congreso de la modificación la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Es evidente que su finalidad es imponer mayores controles sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que, dado que estas ya están sujetas a regulación y control, constituye una amenaza directa a la libertad y los derechos fundamentales de asociación, expresión, opinión y participación ciudadana.
Las ONG son organizaciones no lucrativas que trabajan en la promoción del bienestar de las personas y la defensa de la libertad y los derechos fundamentales, respetando el ordenamiento jurídico vigente y, por lo tanto, sujetas a la supervisión de la APCI y las autoridades de la administración tributaria y del sector trabajo, entre otras. No es cierto que actúan fuera del marco legal y mucho menos en contra de los intereses del país. Además, cualquier persona jurídica que actúe contra la ley, incluyendo las asociaciones que funcionan como ONG, puede ser investigada y procesada conforme a la legislación vigente, para determinar su responsabilidad penal y la de quienes las dirigen o trabajan en ellas.
Nos preocupa de manera especial la disposición que califica como falta muy grave accionar contra el Estado en las vías administrativas y judicial, porque impide que las asociaciones ejerzan la representación legal de las personas y las comunidades frente a casos de violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y, entre otros, de afectación del medio ambiente y su entorno social, en contra de lo que establecen las normas constitucionales en materia de las libertades y los derechos de asociación, expresión, opinión y participación ciudadana, y bajo amenaza de aplicarse sanciones demoledoras que lindan con lo confiscatorio, con la finalidad de inmovilizar o liquidar a las asociaciones cuya causa esencial es defender los derechos de quienes, por falta de recursos, no tienen la posibilidad de hacerlo frente a la corrupción, la indiferencia y el abuso. Asimismo, es muy preocupante que, sin mayores precisiones, se califique como falta grave el «hacer uso indebido de recursos», abriendo un espacio indeterminado como ámbito discrecional de los funcionarios encargados de llevar a cabo tal calificación.
Nuestro país necesita que se fortalezca la institucionalidad, se fomente el respeto mutuo entre los ciudadanos, se promueva y defienda la libertad y los derechos fundamentales y se garantice la participación ciudadana organizada y libre, sea en forma individual o asociada.
La aprobación de regulaciones interventoras no solo no contribuye a esos objetivos, sino que los contradice y pone en riesgo valores esenciales, instaurando una política de persecución estatal superlativa, que debilita aún más el Estado de derecho y nuestra institucionalidad democrática. Las ONG no son órganos estatales, sino entidades privadas. Se ubican en el espacio de la ciudadanía y, por sus fines, pueden desarrollar actividades dirigidas a contener el abuso del poder, el olvido estatal, la violación de los derechos humanos, la crisis ambiental y, entre otras posibilidades, la corrupción que nos agobia.
El Congreso ha adoptado varias decisiones destinadas a controlar o mediatizar a los otros poderes estatales y a los organismos constitucionalmente autónomos, y ahora ha dirigido su ánimo controlador hacia las organizaciones que, desde la sociedad y la ciudadanía, representan el único medio de contención frente a todo aquello que nos hace daño como colectividad.
