Desde que las investigaciones por corrupción contra el presidente de la República, Pedro Castillo, empezaron a cobrar más consistencia, este ha tomado una serie de decisiones que apuntan a obstruir la acción de la justicia y además agravan el daño a la institución presidencial, que ya venía debilitándose a lo largo de los años:
- Anoche se removió sin ninguna explicación al ministro del Interior nombrado dos semanas atrás, Mariano González, quien había organizado un equipo policial de alto perfil para apoyar las pesquisas dirigidas por la Fiscalía de la Nación en las investigaciones al presidente Castillo y su entorno.
- En enero se había removido ilegalmente al procurador general del Estado, Daniel Soria, que denunció al presidente y preparaba una solicitud para que la entonces Fiscal de la Nación deje sin efecto la suspensión de la investigación al presidente Castillo.
- En junio se conocieron preocupantes señales de que la procuradora designada por el gobierno, María Caruajulca, actuaba en función del interés del presidente investigado, en vez de los intereses del Estado peruano.
- A inicios de julio se presentó ante el Congreso un proyecto de ley para criminalizar la publicación de información de interés público sobre investigaciones en curso, coincidiendo con una propuesta similar ya avanzada en el Legislativo.
Todo esto, sumado a su recurrente falta de transparencia, afecta el sentido de ética pública que debe orientar la actuación presidencial y constituye una seria amenaza al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Por ello, consideramos necesaria la salida, por vías constitucionales, del presidente de la República y el adelanto inmediato de las elecciones generales, como parte de una respuesta que enfrente los problemas de una crisis estructural.
Es necesario que líderes políticos junto con la ciudadanía comprometida con la democracia entendamos la gravedad de la degradación de la primera magistratura de la Nación y asumamos una defensa aún más decidida de las instituciones y de los valores que sostienen a nuestra bicentenaria, pero frágil, república, que estamos obligados a preservar.
Lima, 20 de julio de 2022
