La crisis del suero no ha terminado. En abril de este año, un lote de suero fisiológico producido por la empresa Medifarma provocó la muerte de cinco personas y daños irreversibles en otra. Debido a su alta concentración de cloruro de sodio, el lote tuvo que ser inmovilizado y retirado de los hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud. 

Frente al desabastecimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionó una donación de 250 mil frascos de suero del gobierno paraguayo. Un avión Hércules y otro Spartan de la Fuerza Aérea con 30 tripulantes a bordo arribaron a ese país el 5 de abril y retornaron dos días después con los primeros 14 mil frascos. 

El entonces ministro de Salud, César Vásquez, inspeccionó el material y anunció que dicho suero cubriría la demanda de los hospitales públicos. “No va a morir nadie por falta de suero”, aseguró. Semanas después, sin embargo, el ejecutivo emitió un decreto de urgencia autorizando la compra internacional de este producto debido al desabastecimiento. 

Es así cómo, el 28 de mayo, la Subgerencia de Programación y Elaboración de Expedientes de EsSalud, a cargo de Juana Neciosup Piucan, dio inicio al proceso de indagación en el mercado internacional. La funcionaria envió correos electrónicos a 138 proveedores de suero solicitando fichas técnicas y cotizaciones del producto. 

Lo curioso es que  la funcionaria estableció como plazo límite de respuesta el 29 de mayo, es decir, un día después. Como era previsible, casi ningún proveedor cumplió con lo solicitado, a excepción a dos: la brasileña HALEXISTAR Industria Farmacéutica y la paraguaya Trigenesis SRL, que pidió y obtuvo una ampliación de plazo para presentar su oferta. 

Ante la ausencia de ofertas, el 29 de mayo Neciosup volvió a solicitar cotizaciones, aunque esta vez solo a un grupo de 72 proveedores. Solo contestó la empresa panameña Baxter Hospitalaria. Según una evaluación interna, el precio ofertado por esta última (1.01 dólares por 1 litro) se situaba por debajo de la paraguaya (1.59 dólares) y la brasileña (1.99). 

Sin embargo, la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de EsSalud hizo observaciones y recomendó la compra del suero a la paraguaya Trigenesis SRL. Lo extraño no queda ahí. En una siguiente etapa, EsSalud autorizó un pago de 8 millones 493 mil dólares por la adquisición de 3 millones 650 mil frascos de suero de un litro. 

De acuerdo al tipo de cambio de junio de este año, el dólar equivalía a 3.51 soles, por lo que el pago en moneda nacional debía ascender a poco más de 29 millones de soles. EsSalud, sin embargo, utilizó un tipo de cambio de 4 soles por dólar, por lo que calculó el pago a la empresa paraguaya en 33 millones 974 mil soles. Casi cinco millones de soles más. 

El precio  también era significativamente mayor al que se maneja en el mercado local, donde un litro de suero fisiológico oscila entre los 2.91 y 3.28 soles. Debido a estas irregularidades, el pasado 11 de septiembre la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino las oficinas de EsSalud en el marco de una investigación preliminar. 

EsSalud, por su parte, emitió un comunicado señalando que el proceso de compra internacional fue dejado sin efecto, aunque no explicó las razones. La entidad dirigida por Segundo Acho Mego indicó que iba a adquirir el mismo producto en el mercado nacional bajo la modalidad regular de compras públicas prevista en la Ley de Contrataciones. 

OLA solicitó a EsSalud, por la vía de transparencia y acceso a la información, la lista de laboratorios paraguayos que donaron suero fisiológico al Perú en abril de este año. Ello, con el propósito de conocer si Trigenesis S.R.L, la empresa presuntamente favorecida, se encuentra entre los donantes. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

En junio de 2024, el entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez ordenó la intervención del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol). Esto, debido a múltiples denuncias de corrupción en la entidad encargada de brindar viviendas a bajo costo a oficiales y suboficiales de la policía.

En 2019, Fovipol destinó 341 millones de soles para la construcción de 1005 viviendas. Sin embargo, al momento de la intervención apenas había adjudicado 45 de estas.

No se trató de simple ineficiencia. Un informe interno determinó que el presupuesto original – constituido a base de descuentos mensuales a los propios policías- había sufrido un severo recorte. Es decir, no había viviendas pero tampoco dinero para construirlas.

“En esta investigación van a rodar cabezas no solo de generales sino de otros oficiales y subalternos, quienes estuvieron a cargo del directorio y de la administración del Fovipol. Estas personas son las que han originado millonarias pérdidas en agravio de miles de policías”, aseguró Santiváñez.

Un año y tres meses después, sin embargo, no se conocen sanciones contra los responsables. Un ejemplo es lo ocurrido con la compra de un terreno de 35 hectáreas en Piura a la hoy quebrada Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz. por el cual Fovipol pagó 21 millones de soles.

En 2019, Fovipol llevó a cabo una licitación para la construcción de viviendas en Piura. La empresa Kinsa obtuvo la buena pro, pero a inicios de 2021 el coronel PNP Samuel Peralta, entonces gerente general de la entidad, se negó a recibir las viviendas aduciendo deficiencias.

Para acreditar las supuestas fallas, Peralta convocó al fiscal anticorrupción Marco Huamán, quien viajó de Lima a Piura para levantar un acta sin presencia de ningún perito. Tras ello, Fovipol se abocó a la compra de un terreno en Piura con la supuesta intención de construir nuevas casas.

Según documentos internos, el único postor en el proceso de compra fue la Caja Raíz, a través de su apoderado Hipólito Mejía. El terreno ofertado a Fovipol estaba ubicado en la zona de Simbilá, a las afueras de Piura, y supuestamente estaba valorizado en 21 millones de soles.

Es así cómo, a lo largo de 2022, el sucesor de Peralta en el cargo, el coronel PNP José Álvarez Rosario, llevó a cabo la compra. del terreno. Lo hizo pese a que en el proceso se descubrió que el bien había sido adquirido originalmente a 2500 soles en 2005. 

Es decir, el terreno habría multiplicado su valor de forma exponencial sin haber recibido mejoras en casi diecisiete años. Lo insólito, sin embargo, es que al momento de la compraventa Caja Raíz mantenía un contrato de arrendamiento financiero con un tercero sobre el bien en cuestión.

Aunque seguía siendo de su propiedad, Caja Rural tuvo que hacer un trámite extra para resolver dicho contrato y así poder inscribir la propiedad a nombre de Fovipol. El problema es que nunca cumplió con presentar los documentos requeridos por la notaría, por lo que el trámite quedó trunco.

Poco tiempo después, en agosto de 2023, Caja Raíz fue intervenida por la Superintendencia de Banca y Seguros y fue declarada en insolvencia. Con ello, hasta la fecha Fovipol no ha podido acceder al terreno y menos comenzar a construir viviendas, como había sido su plan inicial.

El nuevo gerente general de Fovipol, el coronel PNP José Luis Alarcón Camacho, no hizo nada por remediar la situación. En una clara maniobra por desviar la atención, promovió una denuncia contra la constructora Kinsa por una supuesta falsedad documental en la licitación de 2019.

La denuncia fue archivada en abril de 2024 por prescripción, al mismo tiempo que Álvarez Camacho era detenido por su presunta participación en una organización criminal que facilitó la fuga del sobrino del expresidente Pedro Castillo y su ministro de Transportes, Juan Silva.

¿Qué sanción recibieron Álvarez Camacho y sus antecesores por la compra del terreno fantasma? Ninguna. Pese a los anuncios de Santivañez y las conclusiones del grupo de trabajo conformado para investigar estos casos, los policías de mayor rango quedaron excluidos de las investigaciones.

En el 2024, el coronel Peralta fue designado jefe de la Región Policial del Callao, mientras que Álvarez Rosario fue transferido a la División Policial del Centro 2. En cuanto a Álarcón Camacho, aún se desempeña como Jefe de Inteligencia de la División del Medio Ambiente de la PNP.

Por su parte, en julio de 2024 la fiscal anticorrupción Norah Córdova inició diligencias preliminares contra Álvarez Rosario y el representante de Caja Raíz, Hipólito Mejía, así como contra otros diecisiete policías y funcionarios de Fovipol por el presunto delito de colusión.

Mientras tanto, este año la empresa Kinsa logró un laudo arbitral a su favor que le permitió proseguir con el contrato con Fovipol y así entregar un primer lote de viviendas en Piura. ¿Para qué servirá entonces el terreno adquirido a Caja Raíz? Nadie responde por ello.