(Fuente: La República) La IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos, por encargo de Proética, que involucra a 1,308 personas de 16 ciudades del país, presentada este semana confirma la presunción de su escalamiento como problema político y de la vida cotidiana y su conversión en un asunto crucial de la agenda pública de cara a las elecciones de abril próximo.
El primer dato grueso es que el 78% de los peruanos cree que la corrupción ha aumentado durante el gobierno de Ollanta Humala. Esto da cuenta del estallido de ella advertida el año pasado a raíz de sucesos como los de los gobiernos regionales de Ancash, Pasco, Loreto, Huánuco y Tumbes, y los casos que durante los últimos años han sido tramitados en el Congreso y otras instituciones del Estado, referidos a figuras públicas, entre ellas cuatro de los cinco candidatos presidenciales que se ubican en los primeros lugares en la intención de voto.
Este dato debe ser leído junto a otro muy relacionado. El sondeo da cuenta asimismo del pesimismo nacional respecto a la capacidad del Estado de controlar este fenómeno; el 53% opina que la corrupción incrementará en los próximos cinco años, mientras que el 27% señala que seguirá igual, y solo el 7% confía en que disminuirá.
Finalmente, en esa misma línea, el 47% cree que los jueces son los más corruptos por lo que el Poder Judicial es la institución del Estado de la que el ciudadano tiene la más baja percepción de transparencia pública, seguida del Congreso de la República (44%) y la Policía Nacional (42%).
Estos datos, de una batería de preguntas y respuestas más amplia, ponen sobre la mesa la dimensión de un problema complejo, confirmando lo que se sabía o intuía, es decir, la profundidad de un fenómeno que la sociedad identifica como tal con el que convive, al punto que el 46% cree que es el principal problema del país. Lo nuevo de esta medición es la falta de límites del problema o, si se quiere, su probable condición de irresoluble, a tenor de las respuestas señaladas líneas arriba y a otra percepciones como que “todos están amarrados” (53%), que “no se puede confiar en nadie” (39%) o que la política está fuertemente infiltrada por el crimen organizado (82%).
Sería lamentablemente que estas percepciones conduzcan a la adecuación de los ciudadanos a la situación descrita por la falta de seguridad de que es posible derrotar las prácticas corruptas. Si esta idea se generaliza, será muy difícil librar una lucha contra el delito en general y la corrupción en especial desde las instituciones del Estado.
La misma encuesta señala que los medios de comunicación e instituciones como la Defensoría del Pueblo mantienen un nivel de legitimidad que podría ser empleada en las demandas de transparencia pública. Esto es cierto en la medida en que ha sido la prensa la que de revelado buena parte de los casos de corrupción en los últimos años. Aun así, es muy importante que los ciudadanos asuman de modo cotidiano un compromiso contra la corrupción en los ámbitos de su vida privada y en sus relaciones con el Estado porque es preciso resolver este grave problema.