La aprobación por parte del Congreso del Proyecto de Ley 5981/2023-CR, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado y aprueba una reforma que desnaturaliza las regulaciones sobre allanamientos, constituye un retroceso normativo que favorece el crimen organizado y la corrupción. Así, según la nueva definición de crimen organizado, solo se consideraría como delitos graves aquellos sancionados con penas privativas de la libertad mayores de seis años, lo que excluiría un número importante de actos ilícitos que relacionan la corrupción con el crimen organizado.
El debilitamiento de la institucionalidad y la desconfianza en el sistema de justicia son condiciones que favorecen el crecimiento y la consolidación de la corrupción y del crimen organizado. Por ello, en este contexto, es un despropósito aprobar y poner en vigencia una reforma de la legislación penal que debilita gravemente la capacidad del Estado para combatir la criminalidad organizada; sin dejar de reconocer, por otro lado, que la legislación punitiva necesita reformas, las cuales requieren ser mejor estructuradas y consensuadas con el fin de revertir la proliferación del crimen organizado y de la corrupción.
Creemos en principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el favorecimiento del reo en caso de duda, pero sobre todo creemos en el conjunto de principios que sostienen el concepto de integridad como marco conductual en los ámbitos público y privado.
Nuestras autoridades y también la ciudadanía tenemos la obligación de defender, promover y fortalecer la institucionalidad democrática, lo que implica mantener estándares de justicia que garanticen la sanción y no la impunidad de los delincuentes. Por lo tanto, por el bien de nuestro país, exhortamos al Gobierno a observar esta ley aprobada por el Congreso, así como a retomar el camino hacia la recuperación de la confianza tanto en el ámbito interno como frente a la comunidad internacional, sin perjuicio de iniciar un proceso serio y concertado de reforma y fortalecimiento de la administración de justicia.
Lima, 6 de julio de 2024
