Catalina Durand
Es conocido que el Congreso de la República no cumple apropiadamente su función de representación de los peruanos y peruanas, quienes perciben la labor que realiza como muy alejada de sus preocupaciones cotidianas. Y, más aun, hoy en día es una de las instituciones más desacreditadas por el comportamiento anti ético y, en ocasiones, delictivo de algunos de los denominados “padres de la patria”.
Recientemente, el Pleno del Congreso sancionó a tres congresistas de distintas bancadas por brindar información falsa en su Hoja de vida al momento de su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. No obstante, no se aplicó la misma sanción para los congresistas de Wilder Ruíz de Gana Perú, y Néstor Valqui de Fuerza 2011 acusados por la misma falta. Otros casos como los congresistas de Gana Perú Walter Acha, acusado de violación sexual, y Celia Anicama, denunciada por robar la señal de una empresa de cable, ameritaron suspensión del Congreso por 120 días sin goce de haber hace unos meses atrás.
Del mismo modo, por recomendación de la Comisión de Ética, el Congreso aprobó durante el verano de este año el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los congresistas Eulogio Amado Romero de Gana Perú, investigado por sus vínculos con la minería ilegal, y María López Córdova de Fuerza 2011, acusada de delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Estos acontecimientos del último año, con bastante repercusión mediática, le han costado al Congreso la confianza de los ciudadanos. Según la VII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú (2012), cerca del 50% de los consultados considera que el Congreso es corrupto; lo cual significa que gran parte de los ciudadanos da por sentado que los congresistas buscan favorecer intereses personales, más que representar los intereses de quienes votaron por ellos para dar leyes que beneficien al país.
Tomando en cuenta que la presencia de un Congreso que represente efectivamente a los ciudadanos, legisle en beneficio del país y fiscalice a las demás instancias del Estado es indispensable para la existencia de la democracia, consideramos necesario que desde la sociedad civil debemos contribuir para fortalecer la labor del Congreso en el ejercicio de sus funciones prioritarias de forma transparente y eficaz.
En tal sentido, nuestros amigos de la Asociación Civil Transparencia ejecutan el proyecto “Congreso Responsable y Transparente”. Esta iniciativa no partidaria se propone fortalecer las acciones fundamentales del Parlamento, a través de la colaboración con algunas comisiones congresales de gran importancia, como la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Representación, la Comisión de Constitución, la Comisión de Ética Parlamentaria y la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Este trabajo conjunto permitirá promover la aprobación de reformas importantes, como el proyecto presentado por el Ejecutivo que posibilita la alternancia de género en las listas electorales para el Congreso y los Consejos Regionales y Municipales; o impulsar el financiamiento público a los partidos políticos como medida para fortalecer la democracia y prevenir la corrupción. La realización de audiencias públicas descentralizadas también será una estrategia que se aplicará buscando la articulación de congresistas con la ciudadanía.
Desde la Red Nacional Anticorrupción que impulsa Proética estamos dispuestos a contribuir con esta iniciativa, estimulando la participación activa de los miembros en las audiencias y difundiendo entre la población local estos espacios privilegiados de encuentro entre congresistas y ciudadanos, apostando de esta manera por un Congreso más representativo y transparente.