Desde setiembre del 2011, el gobierno peruano manifestó su interés en formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una plataforma internacional de países interesados y comprometidos en asumir acciones para mejorar sus niveles de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración entre entidades públicas y sociedad civil.
El proceso avanzó bastante bien; el gobierno no solo cumplió con elaborar y enviar el primer Plan de Acción en colaboración con la sociedad civil y otras entidades estatales, sino que llegó a incorporar el gobierno abierto como eje transversal de la Política de Modernización de la Gestión Pública, una importante evidencia de un claro compromiso de avanzar en este campo.
Si bien el Plan 2012-2014 puso de manifiesto notorias limitaciones durante su implementación, el gobierno no dejó de cumplir ante la AGA con la presentación de una autoevaluación, la cual fue complementada por una evaluación independiente de parte de ésta.
Los problemas estaban claros y habían sido identificados, lo cual constituía un insumo valioso para elaborar el segundo Plan de Acción para los años 2014-2016.
El proceso de elaboración de este nuevo plan, bajo la conducción de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros, que había liderado todo el esfuerzo de sus inicios, arrancó en enero de este año de forma auspiciosa.
Incluso se logró realizar talleres participativos descentralizados en Ayacucho, Piura y San Martín para recoger las expectativas de ciudadanos y organizaciones de esas localidades y superar el “limeñismo” que caracterizó la primera fase.
Luego de los talleres sostenidos durante el verano, se abrió a consulta pública virtual el documento preliminar del Plan de Acción de Gobierno Abierto Peruano 2014-2016 y se consolidó un borrador que debía haber sido aprobado por la PCM y formalizado como una resolución ministerial hasta el 15 de junio, como figura en la programación del calendario AGA para los países participantes. Es decir, hace 138 días.
¿Por qué está demorando tanto?
El constante cambio de Presidente del Consejo de Ministros y la inestabilidad de sus equipos técnicos en el interior de PCM ha sido una causa importante. Juan Jiménez mostró interés y apoyo, no solo a la participación en AGA, sino a la agenda anticorrupción en general.
Luego, César Villanueva dejó el cargo tras escasos cuatro meses. Su sucesor, René Cornejo, nunca manifestó un real interés por fortalecer esta agenda. Fue diferente con la actual Primera Ministra, Ana Jara, quien en agosto manifestó que el Plan de Acción sería aprobado en setiembre. Pero ya pasó un mes desde que venció el plazo que ella se autoimpuso y aun nada.
Se puede presumir, además, que algunos compromisos, como la creación de una Autoridad Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que facilite y fortalezca el ejercicio de la transparencia en el Estado, generan demasiadas controversias en altas esferas de decisión del gobierno, por la inversión económica y política que implican.
Como fuere, el gobierno no solo está quedando pésimo con un esfuerzo internacional al que se adhirió voluntariamente, sino que, peor aún, está demostrando que ha claudicado en las reformas de transparencia e integridad pública que la coyuntura actual han vuelto a poner en discusión en el país.