(Fuente: El Comercio/Por Gino Costa) Para los peruanos la corrupción es el segundo problema más importante después de la delincuencia. No es novedad, es el caso desde el 2010. Durante la década pasada los problemas más importantes fueron el desempleo y la pobreza, cuyo peso relativo se redujo gracias al crecimiento económico. Curiosamente el estancamiento de los últimos años no ha trastocado esta tendencia, pues el desempleo y la pobreza siguieron perdiendo importancia en la medida en que la han ganado la delincuencia y la corrupción.
Así lo demuestra la novena encuesta nacional de Proética, publicada la semana pasada. La misma confirma una notoria percepción de deterioro en esta materia y un gran pesimismo frente a la posibilidad de superar este problema, lo que es grave no solo por el daño que la corrupción hace al patrimonio de los ciudadanos, las familias y las empresas, y el descrédito que causa en las instituciones, sino por las implicancias que tiene frente al progreso económico y la seguridad ciudadana.
La encuesta de Ipsos a los asistentes a CADE da luces sobre esto. En efecto, los empresarios opinaron que, por lejos, la medida de mayor impacto para reactivar la inversión privada, imprescindible para retomar el crecimiento, es combatir la corrupción. Preguntados sobre cuáles serían las medidas más importantes para disminuir la inseguridad, respondieron mayoritariamente que combatiendo la corrupción en el sistema judicial y la policía.
Si tanto la opinión pública como los empresarios concuerdan en la importancia de combatir la corrupción, ¿por qué tenemos tan poco éxito en hacerlo? La misma encuesta de Proética nos lo responde. El 82% de los encuestados considera que el crimen organizado está muy infiltrado en la política, especialmente a través del financiamiento de las campañas con dinero ilícito, así como la infiltración de funcionarios en puestos claves y las contrataciones públicas ficticias para lavar dinero.
La única forma de salir de este círculo vicioso es por la vía del voto, eligiendo un presidente sin compromisos con la corrupción y decidido a prevenirla y perseguirla. Ese es el desafío principal, al que, a su manera, contribuyen quienes hacen pedagogía ciudadana como Proética y los medios de comunicación, estos últimos considerados por la opinión pública como la institución más comprometida en la lucha contra la corrupción.
Menos difícil es saber qué hacer para enfrentar el problema, especialmente después de las propuestas hechas por Transparencia y presentadas en CADE, para reformar nuestro sistema institucional –partidos y elecciones, Congreso de la República, sistema de justicia y administración pública–, que aunque tienen como meta mejorar la gobernabilidad democrática, son también valiosas herramientas para acorralar y derrotar la corrupción.
Sería ideal que Transparencia, con la autoridad moral que la caracteriza y que le otorga su distinguida plana de asociados, invitara a los candidatos presidenciales a hacer suyas sus propuestas.