(Vía El Comercio) Lo ocurrido ayer constituye el golpe más grande asestado a la defensa jurídica del Estado, que reclama con urgencia una actuación independiente, sobre todo ante un gobierno que ha sido incapaz de combatir la corrupción. La separación de la doctora Julia Príncipe Trujillo, quien se desempeñaba hasta ayer como jefa de la Procuraduría Pública encargada de defender los intereses del Estado ante delitos de lavado de activos, se produce cuando ella encabezaba una investigación en el caso de las agendas vinculadas a la esposa del presidente de la República, que podría revelar la infiltración de dineros oscuros en la campaña electoral del partido de gobierno.
Se censura a una funcionaria que ha demostrado en estos últimos 12 años un trabajo independiente en casos complejos, como el de Rodolfo Orellana, quien lideró una red de tráfico de influencias, lavado de activos y narcotráfico. La actuación del Gobierno es un mensaje nefasto para los procuradores que defienden los intereses del Estado: declarar a conveniencia del Ejecutivo. Si no, procesamiento y despido.
Asimismo, resultan indignantes las declaraciones hechas ayer en RPP por el renunciante ministro de Justicia, quien ofreció argumentos similares a los que utilizó Orellana en la revista “Juez Justo” para tratar de mellar la credibilidad de la doctora Príncipe. Esto, aunado a la destitución meses atrás de la ex procuradora Yeni Vilcatoma de la Cruz –quien denunció públicamente reuniones poco transparentes entre el entonces ministro de Justicia y el ahora abogado de la pareja presidencial, en las que se revelaba una excesiva preocupación por la situación del procesado Martín Belaunde Lossio–, termina por convencernos de que el Ministerio de Justicia actúa para cubrir a la primera dama ante investigaciones que deben desarrollarse y ante las cuales el presidente debió mantenerse al margen.
Algo muy grave –que no pasa inadvertido– es que con la desafortunada defensa del Gabinete al tan criticado hoy ex ministro Gustavo Adrianzén se termina arrastrando a todo el Gobierno a una situación de cuestionamiento, lo cual es nefasto para el país.
El jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, ha señalado que la censura a un ministro desestabiliza el clima de inversiones. Se equivoca, nada desestabiliza más a los inversionistas y a la posibilidad de crear empleos y generar bienestar que un aparato de justicia débil y sumiso, como el gestado en este último tramo de la administración Humala.
Desde Proética, al tiempo de condenar esta torpe actuación del Gobierno, alentamos a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) –de la que somos parte la sociedad civil y los gremios empresariales– a pronunciarse sobre este atropello y exigir un diseño de defensa del Estado que otorgue suficiente independencia a los procuradores como defensores de los intereses generales de los peruanos y no de los gobiernos. La CAN no puede continuar con su evidente esterilidad.
Finalmente, invocamos a toda la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir al Gobierno actuar con firmeza frente a la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico, venga de donde venga, y caiga quien caiga.