(Fuente: Radio Onda Azul) Después de interpretar el Memorándum Múltiple Nº 331-2015, emitido por el titular de la Dirección Regional de Salud de Puno, Julián Antonio Salas Portocarrero, el director de Proética, Walter Alban, y el titular de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega Luna, reaccionaron ante la posición vertida por el funcionario, y coincidieron que mientras se requiera o solicite información pública, los funcionarios están en la obligación de entregar, consignado mediante la ley de Acceso a la Información Pública.
Cabe recordar que el memorándum en mención refiere que a partir del 18 de junio de este año, los trabajadores, funcionarios y directores de línea de la entidad en mención, están restringidos para dar declaraciones a los diferentes medios de comunicación social, sobre las diferentes labores y acciones que ejecuta las direcciones de línea de la Dirección Regional de Salud.
“No cabe a mi juicio estas prohibiciones absolutas, que afecta el derecho al acceso de información pública, es decir toda persona tiene la posibilidad de exigir que se le entregue la información, sobre lo que está haciendo una autoridad o servidor público, y si, se está prohibiendo, entonces se está afectando un derecho fundamental de la persona” manifestó.
Explicó que es una práctica correcta para un buen gobierno, brindar información a quien lo solicite, siempre en cuando se respecte algunas excepciones que expresa la ley.
Mientras tanto el titular de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, refiere que toda información que se pide a una institución pública, debe de invocarse mediante la ley de Acceso a la Información Pública, siempre en cuando no afecte algunas excepciones convocada por la misma ley, caso de defensa nacional, seguridad nacional o que pueda afectar la intimida de una persona,
“La DIRESA, debe tener un responsable en la entrega de información pública y como plazo se procede en 7 días, si no declara públicamente no es una buena práctica por más que haya normas establecidas en la ley” explicó.