(Fuente: La República) Organizaciones de derechos humanos y de Defensa Legal demandaron al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) suspender o cancelar el concurso público en trámite para elegir a nuevos fiscales y jueces de la Corte Suprema de Justicia.
“Un Consejo de la Magistratura deslegitimado por el caso de Alfredo Quispe Pariona no garantiza una elección transparente y que los nombrados vayan a mejorar el servicio judicial”, explicó el exprocurador Julio Arbizu.
Por su parte, Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó que el CNM no ha atendido los pedidos para mostrar los exámenes de conocimientos rendidos por los aspirantes a magistrados supremos, que permita conocer de qué forma fueron evaluados.
Anotó que la Defensoría del Pueblo le ha pedido al CNM ser transparente en sus procedimientos y dar esa información. Dijo que, además, del caso Quispe Pariona, los otros integrantes también tienen cuestionamientos.
El presidente del CNM, Guido Águila, recibió en el pasado financiamiento de la Fundación Orellana para un concurso jurídico; Máximo Herrera Bonilla es investigado por reunirse con un candidato a fiscal superior; y Julio Gutiérrez Pebe, estaría ejerciendo una segunda función, pese a estar prohibido por la ley.
“Es inadmisible que se continúe con el concurso para elegir supremos, algo que afectará en el futuro la composición de la Junta de Fiscales Supremos y la elección del Fiscal de la Nación”, subrayó el ex Defensor del Pueblo y director de Proética, Walter Albán.
El Dato
El concurso que realiza el CNM para elegir nuevos magistrados supremos está en una etapa decisiva. A partir del 15 de diciembre, los consejeros empezarán a entrevistar a los candidatos y los siguientes días elegirán a los nuevos magistrados.