Por Walter Albán. Tuvieron que pasar más de nueve años para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pudiera contar finalmente con las atribuciones con las que debió nacer una entidad como ésta, dedicada a investigar las actividades ilícitas que configuran el lavado de activos y que, año a año, siguen creciendo en el Perú de manera alarmante. Tales medidas son: acceso a la información bancaria y tributaria.
Pero las condiciones en las que el actual Congreso de la República aprobó estas atribuciones, que posibilitaron al Poder Ejecutivo promulgar el Decreto Legislativo 1249, de noviembre del año 2016, distan mucho de calificar como las herramientas idóneas con las que debería actuar una agencia como la UIF. En efecto, lo primero que debemos tener presente es que se mantiene el procedimiento de acceder a esa información sólo a través de una autorización judicial. Además, el pedido al Juez no puede ser de carácter general, sino limitado al caso que, en concreto, se encuentre en investigación en ese momento.
Esta última y seria restricción, implica que la UIF esté en la práctica imposibilitada de hacer estudios e investigaciones de una dimensión más amplia, lo que la priva de una mirada estratégica para su operación regular. Resta entonces presionar al Congreso para un real fortalecimiento de esta institución y, dado que uno de los pretextos para mantener el trámite judicial, fue que de otra manera se hubiera requerido una modificación constitucional, bien haríamos en exigirla, porque tal modificación no puede constituir un obstáculo insalvable, como ha quedado demostrado con la reciente y debatible reforma sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Lo que tampoco podemos dejar de lado sin embargo, es que la tarea será difícil. Recordemos que el actual Congreso, como los anteriores, tampoco quiso en un primer momento al menos, aprobar estas facultades limitadas para la UIF. Fue la presión ciudadana y de medios, lo que dio pie a la delegación otorgada al Ejecutivo, pero con los límites señalados y negándose también la posibilidad de que la información obtenida pudiera ser compartida con los organismos electorales.
Un Congreso en el que casi el 90% de sus miembros continúa resistiéndose a declarar sobre posibles conflictos de intereses, no puede dejar de encontrarse bajo sospecha, y sobran ejemplos de quienes al interior del mismo, debieran estar haciendo frente a procesos judiciales por delitos graves. Hasta el momento ellos han burlado estas responsabilidades amparándose en la nefasta inmunidad parlamentaria, cuya vigencia tendrá que ser evaluada, más temprano que tarde, por el bien del país y la ciudadanía.
- Fecha de publicación: 07/03/2018
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